Plantón ciudadano en Bogotá frente a la sede de la Fiscalía General |
EN COLOMBIA, LAS
LINTERNAS CIUDADANAS ENFRENTAN LA OSCURIDAD DEL FISCAL GENERAL
Popayán, 14 de enero de 2019
La protesta
ciudadana realizada en numerosas ciudades de Colombia el pasado viernes 11 de
enero para exigir la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martínez
Neira, mostró un enorme potencial de lucha que augura que se puede desencadenar
un gran movimiento por la “restauración moral de la república”[1].
El Fiscal
NHMN al igual que el renunciado fiscal de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, se
encuentra cuestionado por sus vínculos con el Grupo Aval, socio de la empresa Odebrecht,
protagonista de las más grandes y escandalosas operaciones de corrupción en
América Latina. Hoy está acorralado por las denuncias de valientes periodistas
independientes como Daniel Coronel, María Cecilia Orozco Tascón y Maria Jimena
Dussán, entre otros (as).
Siguiendo
el ejemplo mostrado por el pueblo peruano que logró presionar la salida del
Fiscal Chávarry, miles de personas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali,
Armenia, Pasto, Riohacha, Popayán, Villavicencio, Ibagué y otras ciudades, salieron
a las 6 pm a alumbrar la noche con sus linternas, como símbolo de que existe la
suficiente conciencia y dignidad para sacar de la oscuridad a Martínez Neira y enfrentar
decididamente a quien representa el poder criminal de una oligarquía
plutocrática descompuesta y de toda la casta política que lo apoya.
Las decenas
de plantones que se realizaron frente a las sedes de la Fiscalía en todo el
país, fueron convocadas por las redes sociales por activistas virtuales que
consiguieron mover a miles de colombianos en una fecha que no parecía ser la más
oportuna por cuanto recién se terminaban las fiestas de principio de año y mucha
gente estaba todavía en “modo vacacional”.
Numerosos
sectores políticos y sociales exigen a Martínez Neira la renuncia por
considerar que no garantiza la independencia e imparcialidad en esa importante
institución de justicia. De hecho, no puede ser juez y parte frente a sus
antiguos empleadores, pero, lo más grave, es que todos los días aparecen pruebas
irrefutables de la forma como utiliza su alto cargo para ocultar y tapar
numerosos delitos en los cuales aparece comprometido él o sus protegidos.
Pero, para
empeorar el ambiente, se presenta paralelamente una oleada de asesinatos de
líderes sociales que tienen atemorizados a amplios sectores sociales en zonas
rurales, en donde grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, a
economías criminales como la minería ilegal, a mega-proyectos energéticos y a
mafias locales y regionales, asolan los territorios sin que la justicia o la
fuerza pública les garanticen las mínimas condiciones de seguridad.
Está por
verse si las organizaciones sociales y los movimientos y partidos políticos
alternativos, progresistas y de izquierda son capaces de coordinar sus acciones
para encauzar la rabia y la indignación de cientos de miles de personas que
apoyan la causa de lograr la renuncia del Fiscal General. Además, se trata de
construir un gran movimiento ciudadano y popular que asuma las tareas
necesarias para el momento como son:
- Presionar
al presidente Iván Duque para que rompa con el Fiscal General y se logre su
renuncia, dado que se hizo elegir con la frase de “Quien la hace la paga”, aunque también está comprometido con los
sobornos de Odebrecht.
- La
creación de una Comisión Internacional de Justicia avalada por la ONU para intervenir
en los casos de corrupción y proponer soluciones estructurales al aparato de
justicia en Colombia.
- Construir
un proceso de masiva participación ciudadana para impulsar una iniciativa popular
para reformar estructuralmente todo el aparato de justicia y los órganos de
control.
- Organizar
y posicionar una Gran Veeduría Ciudadana y Popular que intervenga en los
procesos judiciales que comprometen a la empresa brasileña Odebrecht, al Grupo
Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a otras empresas comprometidas y a toda
la casta política corrupta.
Ojalá que
los apetitos electorales de los partidos políticos democráticos no se conviertan
en obstáculo para lograr esa articulación, que unifique los esfuerzos ciudadanos
para sacar al Fiscal corrupto y lograr la intervención de la comunidad internacional
para detener la masacre de líderes populares que hoy desangra a nuestro país.
Hay que
insistir en algo elemental. Nada obtenemos con elegir alcaldes y gobernadores honestos
si desde la Fiscalía, la Justicia y los órganos de control, los bloquean, encauzan
y encarcelan por tratar de beneficiar a los sectores populares como tratan de
hacer con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o con el actual alcalde de
Bucaramanga, Rodolfo Hernández.
Todo está
servido para avanzar; que la mezquindad no obnubile a la dirigencia democrática.
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