El fracaso
de la alianza con la burguesía burocrática
Popayán, 22 de junio de 2023
Los últimos
acontecimientos (hechos reales, concretos y tozudos) que ratifican el
debilitamiento parcial del gobierno de Petro son relativamente fáciles de
explicar. Es el fracaso de la aplicación práctica de una política que, en
general, está bien pensada y formulada,
pero que no cuenta con una visión estratégica para impulsarla en
correspondencia con lo planteado.
Los hechos son evidentes.
El trámite legislativo de las reformas sociales (salud, laboral, pensional) ha
sido obstaculizado en el Congreso y el resultado de tanto trabajo es una
verdadera derrota para el gobierno y la bancada del Pacto Histórico. Los avances
logrados con la aprobación de la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo
han sido –en parte– dilapidados, fruto de una visión equivocada.
Otros sucesos
están a la vista. Entre ellos, los graves errores de funcionarios de alto nivel
que han sido explotados con eficiencia y efectividad por los enemigos y los
medios de comunicación. Crisis ministeriales que dejan mal sabor de boca porque
muestran improvisación administrativa, afanes innecesarios y métodos errados y
caprichosos, lo que genera incertidumbre entre las propias fuerzas.
Para algunos,
tales fracasos y derrotas parciales son resultado de las alianzas con políticos
corruptos (Barreras, Benedetti, etc.). Otros, resaltan el papel de Petro y su
personalidad hermética y poco comunicativa con sus ministros. Unos más, responsabilizan
a los aliados y a los contradictores políticos, entre ellos, el gran poder económico y los medios de
comunicación.
Los hechos son los
hechos y deben ser asimilados. Todos los factores juegan, pero la tarea
principal es identificar, por un lado, el
movimiento de la vida, o sea, la
lucha y los intereses de clases y sectores de clase, y por el otro, la correspondencia (o no) entre nuestras
ideas y acciones para incidir en esa lucha social y política. Se trata de entender
la trama y la complejidad de la vida.
La política formulada por el gobierno progresista
En Berlín (FES), el presidente Petro ratificó su
idea central: En los
países periféricos –como Colombia– es posible y necesario impulsar la
industrialización del aparato productivo combinada con una transición urgente y
decidida hacia fuentes de energía no fósil (“descarbonización”). A nivel global,
por el contrario, el capitalismo está en proceso de autodestrucción y anomía; degrada
a la sociedad y a la naturaleza.
Para impulsar ese
proceso, hay que romper con los paradigmas tradicionales. Las izquierdas (o “progresismos”)
deben proponer un plan a corto plazo (10 años) para evitar la hecatombe
ambiental y la extinción de la vida humana en la tierra. “Hay que volver a
soñar” y superar la idea de que “por decreto se puede acabar el mercado”, y,
por tanto, unificar y liderar a la humanidad en torno a una acción de
salvamento.
Además, insistió
en la idea que la transición energética es mucho más que el simple cambio
tecnológico. No basta que los grandes conglomerados que monopolizan las
energías fósiles (carbón, petróleo y gas) inviertan en energías limpias y renovables,
sino que dicho cambio debe incluir importantes transformaciones frente a las necesidades
de las comunidades y de la vida en general. Es el modelo de vida el que tiene
que cambiar (decrecimiento diferenciado y sostenible).
Es claro que,
para impulsar esa política en nuestro país, los progresistas (o “izquierdas”)
tendrían que encontrarse con los sectores o sujetos sociales que, por su propia
naturaleza, por su historia y sus prácticas productivas y culturales, estén
interesados en impulsar dichos cambios. Y, en Colombia, afortunadamente tenemos
por doquier a dichos sectores sociales y productivos.
Solo hay que revisar el último informe
sobre el avance de nuestras exportaciones “no tradicionales”. Existen numerosos pequeños y medianos
productores rurales y urbanos, empresarios de diferentes niveles, que le
aportan a la economía colombiana un importante valor agregado en varios sectores
y ramas de la producción diferentes a las economías depredadoras. Dichos
sectores deben ser ganados para esa política y es posible hacerlo porque la
economía extractivista y rentista no tiene futuro. Además, están en desarrollo
y avance importantes experiencias comunitarias en agroecología, manejo y
defensa del agua, y otras similares.
Las alianzas del gobierno progresista y el primer
gabinete de coalición
Decíamos en
anteriores artículos que la dinámica para lograr la “paz santista” en Colombia
(o sea, derrotar a Uribe) nos condujo a la conformación “de hecho” de una “alianza interclasista”. El triunfo electoral de Petro fue en gran
medida resultado de ese proceso. Pero no fue un triunfo contundente. La ventaja
fue mínima y el Pacto Histórico llegó en minoría al Congreso.
En consecuencia,
se conformó una “amplia coalición de gobierno” en donde estaban representados
amplios sectores populares, las burguesías emergentes (agraria-rural y citadina,
de origen legal e ilegal, y otras), la burguesía burocrática y algunos sectores
de la oligarquía financiera. Decíamos que dichos sectores se sumaron para
impulsar algunos cambios y, a la vez, defender sus intereses.
Fue lo que ocurrió
y había que enfrentarlo. El primer gabinete de Petro representaba esa diversidad.
José Antonio Ocampo (hacienda) y Cecilia López (agricultura), representaban una
clase “casi inexistente”, la antigua y débil burguesía industrial, heredera de
López Pumarejo, Lleras Restrepo y Echavarría Olózaga. Eran ministros de la
escuela “cepalina” y fueron nombrados autónomamente por Petro.
La burguesía
burocrática obtuvo varios cupos en el Congreso, en algunos ministerios y en
la diplomacia. Alejandro Gaviria (educación), así estuviera cerca de César
Gaviria, jefe del partido liberal, representaba a la oligarquía financiera, y
de acuerdo a lo conocido, no fue nombrado como resultado de un acuerdo con
algún partido político. Fue una deferencia de Petro con quién lo apoyó en la
última fase de su campaña.
Los sectores
populares tenían su cuota con algunos ministerios, en instituciones nacionales
(tierras, víctimas, etc.), en el Congreso y en la diplomacia. Los trabajadores
y sindicatos, especialmente, los del Estado (maestros, trabajadores de la
salud, etc.) tenían en Gloria Inés Ramírez (trabajo), Carolina Corcho (salud) y
Patricia Ariza (cultura), una representación clave de cara a las “reformas
sociales”.
Esa composición
burocrática, más allá de ciertas presiones y tensiones, era necesaria e indispensable
para contar con mayorías parlamentarias y arrancar la gestión gubernamental con
cierta estabilidad. Sirvió para aprobar la reforma tributaria, lograr el Pacto
con los ganaderos (Fedegan) y avanzar con el Plan Nacional de Desarrollo. “Logramos generar confianza en el país”, decía Ocampo por entonces.
Las reformas sociales y la alianza con la
burguesía burocrática
A pesar de que
teórica y correctamente el presidente Petro y varios dirigentes del Pacto
Histórico plantean que el proceso de cambio en Colombia contempla una fase de transición
que puede durar varios períodos de gobierno, en la práctica no se ha diseñado
una estrategia coherente con esa idea. Por el afán de presentarle al pueblo
resultados inmediatos, el gobierno progresista se traicionó y aceleró.
Petro se dejó
presionar y llevar a la idea tradicional de que durante el primer año se debían
realizar las principales transformaciones para aprovechar la existencia y “fuerza”
de la “coalición de gobierno”. Se entró en afanes y aceleres innecesarios para
sacar adelante las “reformas sociales”; se priorizó como “único” el escenario
legislativo y prevaleció la alianza con la burguesía burocrática y su “familia”
más cercana, la burocracia sindical (que representa escasamente al 4% de los trabajadores).
Se desechó o
aplazó el acercamiento con la burguesía emergente de carácter productivo, los
pequeños y medianos productores (rurales y urbanos), y los profesionales
precariados, muchos de ellos emprendedores y asalariados, que también se
expresaron en el “estallido
social” (2019-2021) pero que, definitivamente, tienen otros intereses y
lecturas que los alejan de las visiones tradicionales de la izquierda. Algunos puntos
de la reforma laboral los afectan negativamente, y, sobre todo, se distancian
de los enfoques asistencialistas de los “subsidios para población vulnerable”
(tema por desarrollar en otro escrito).
Una errada
lectura de la evolución y naturaleza de las clases sociales en Colombia (y en
el mundo) llevó a fortalecer la alianza con sectores burocráticos, parasitarios
e improductivos, que no son ni siquiera “progresistas” y menos revolucionarios.
Son sectores débiles y volátiles, proclives a la corrupción, que juegan al mejor
postor, y son fácilmente manipulables por la oligarquía financiera, como lo ha
comprobado con creces la praxis social y política de los últimos meses (caso
Benedetti).
Así, fruto de
querer derrotar a la oligarquía financiera en temas tan sensibles como afectar
sus intereses en el manejo de los enormes fondos de la salud (EPS) y fondos de pensiones
(AFP), usando como principal instrumento una precaria coalición de gobierno
basada en la alianza con la burguesía burocrática, el gobierno de Petro se ha
auto-saboteado y puesto diversas zancadillas, que indudablemente lo han
debilitado frente a sus propias bases sociales y frente a sus contradictores y
enemigos.
No se puede desconocer
que el gobierno y Petro ha realizado ingentes esfuerzos durante estos diez (10)
meses por cumplir con sus propuestas de cambio y de beneficio para los sectores
populares. No obstante, la línea estratégica escogida, la alianza con la
burguesía burocrática que es insaciable y que se ha incrustado hábilmente en
las regiones dentro de las fuerzas del Pacto Histórico y de las organizaciones
sociales, es el principal problema que se observa y que debe ser atacado y
solucionado con urgencia.
El futuro inmediato y el peligro del “golpe duro”
Si Petro y toda
la dirigencia del Pacto Histórico logran entender que el Congreso no tiene por
qué ser el principal escenario de lucha, van a poder explorar y explotar otros escenarios
regionales, sociales y productivos (y una efectiva lucha contra la corrupción),
que son nuestros verdaderos escenarios de lucha, de fortalecimiento de la
fuerza social y política, y de una alianza de clases efectivamente progresista
y transformadora.
Si se apoyan de
verdad en la gente como ha planteado Petro en el discurso del 7 de junio (“asambleas populares”),
se puede retomar la iniciativa y pasar a una “ofensiva sistemática y pausada”, “seria
y consistente”. Si ese viraje se hace entre julio y agosto (así sean sólo
señales en esa dirección), ello puede movilizar a las organizaciones sociales e
incidir positivamente en las elecciones locales y regionales. Lo cual, sería
muy importante hacia el inmediato futuro.
Para hacerlo, es
importante sintonizarse con amplios sectores populares. Muchos de ellos no
entienden cómo un “gobierno del cambio” se esfuerza tanto por cumplir la regla
fiscal incrementando el precio de la gasolina para llenar el hueco fiscal
creado por el anterior gobierno en el Fondo de Estabilización de Precios de los
Combustibles, mientras no ataca de frente la corrupción administrativa que se
roba –según
cálculos– más de 50 billones de pesos anuales.
Así, teniendo en
cuenta la realidad existente en las llamadas “instituciones del Estado”, las “asambleas
populares” no pueden ser “agencias del Pacto Histórico y/o del gobierno”, o una
“guardia pretoriana” de Petro, sino que deben ser construidas con autonomía,
amplias e independientes, no politiqueras, cualificadas y diversas en torno a
sectores priorizados y fundamentales, “con dientes” y efectivo “poder
vinculante”.
No deben ser grandes
asambleas para “botar corriente” y proponer “nuevas leyes”. Tienen que ser espacios
donde se debatan temas concretos que tengan posibilidades de convertirse en “política
pública de hecho”, o sea, que se traduzcan en proyectos e inversiones públicas
apoyándose en la gente. Y si se requieren declaratorias de “emergencia económica
y social” para hacerlas realidad, Petro debe actuar con decisión y
contundencia. Lograría un apoyo mayoritario y recuperaría la iniciativa
política.
Todo esto es
posible si hay un cambio en la visión de los dirigentes sociales y populares.
Deben entender que su papel no es estar a la cola del gobierno y el parlamento sino
al frente de la sociedad.
De no corregir el
rumbo, de mantenerse la idea de que con la fuerza acumulada hasta ahora (que
está en franco deterioro) o de que la alianza con la burguesía burocrática se garantiza
el logro de las transformaciones propuestas, en poco tiempo (meses) se pueden
crear las condiciones para que los sectores más extremos de los grandes
terratenientes y de la oligarquía financiera, pasen de la estrategia del “bloqueo”
y “golpe blando” a la del “golpe duro”.
El diseño lo tienen
claro y lo han experimentado. Si logran unir la inconformidad popular frente a
temas como el aumento del precio de la gasolina (ya
los taxistas y moto-taxistas están programando “paros” y protestas) con
otros temas coyunturales, y consiguen movilizar –como lo han empezado a hacer–
mayores fuerzas sociales contra el gobierno, van a tratar de provocar disturbios
y generar muertos para achacárselos al gobierno y, generar desestabilización y
caos.
Los intentos del
Fiscal por vincular a Petro con hechos dolorosos como la muerte violenta
(suicidio) del coronel Ojeda, que fue utilizado –fanática y obsesivamente– como
consigna en las marchas de la oposición del pasado 20 de junio, muestran lo que
esos sectores extremos son capaces de hacer para defender sus intereses. De
hecho, la “revolución de color” está en marcha y hay que estar alerta.
