martes, 30 de julio de 2019

“POLÍTICOS DE CARRERA” Y “POLÍTICOS DE CHEQUERA”

“POLÍTICOS DE CARRERA” Y “POLÍTICOS DE CHEQUERA”

Popayán, 30 de julio de 2019

En Colombia como en América Latina y el mundo entero, los “políticos de carrera”, sean de izquierda, derecha o “centro”, están fracasando en toda la línea. De luchar por “lo público” pasaron a solo batallar por su imagen y poder personal. Algunos, en el fragor de los debates, discursos, reuniones y tuits, todavía  no se han percatado de ese hecho.

Lo ocurrido en Puerto Rico es una buena lección para los “políticos de carrera”. Tanto el renunciado gobernador Roselló como sus rivales políticos se vieron obligados a hacerse a un lado frente al pueblo borincano que, liderado por cantantes y artistas, se movilizó por verdad y dignidad. Y se logró un triunfo que va desencadenar grandes cambios en ese país.

Los políticos boricuas de oposición tuvieron que ayudar con “bajo perfil”, obligados por la avalancha popular que no iba a permitir que esa lucha fuera apropiada por un sector político en particular. La exigencia era no “partidizar” esa lucha colectiva para poder ganarla.

En Colombia, a pesar que tenemos problemas mucho más graves, no hemos podido construir verdaderos movimientos ciudadanos que movilicen a las mayorías. El afán de figurar, la supuesta “polarización” y los apetitos personales de nuestros políticos (del color que sean), han “privatizado la política” y obstaculizado la acción colectiva.  

Ad portas de las elecciones locales y regionales en Colombia, son muchos los ejemplos de esa “privatización” de las causas sociales y ciudadanas. El metro subterráneo de Bogotá ya tiene “dueño político” como lo tiene la lucha contra la corrupción, la lucha por la paz, la defensa del medio ambiente o la defensa de la vida de los líderes sociales.

Al actuar de esa manera, los “políticos de carrera” debilitan la lucha social y política. La causa de oponerse a un metro elevado en la capital de la república, que es desde todo punto de vista una causa justa, termina siendo debilitada por ese tipo de actitudes personalistas que desgastan la verdadera lucha por lo público y ahuyentan de la acción política a la gente.

Hay que aprender de lo ocurrido en América Latina con los gobiernos progresistas, en Grecia con Siryza, y en España con Podemos, que lideraron importantes y exitosos procesos electorales y de gobierno. Ellos se montaron sobre olas de indignación y de movilización popular, pero, para nuestra desgracia, en poco tiempo se “cerraron”, le pusieron nombre propio a la causa social, y le hicieron –tal vez sin querer– un favor a los poderosos capitalistas que, después, derrotaron a los “políticos de carrera”, y lo más grave, aplastaron el espíritu de lucha de millones de personas que fueron su aliento y fuerza.

Claro, el debilitamiento de la verdadera lucha social y política se convierte en una ventaja para los “políticos de chequera”, que no necesitan de ideas ni programas, sino solo de acuerdos por debajo de la mesa y una buena “inversión monetaria”, para hacerse con los gobiernos, y seguir robando y estafando a la gente. ¿Podremos aprender?

Volver sobre las causas transformadoras parece ser la senda para rescatar la acción política de la mediocridad en que ha caído por efecto de tanta exposición mediática y de la falta de debate y construcción colectiva de los movimientos y agrupaciones políticas. 

E-mail: ferdorado@gmail.com

miércoles, 24 de julio de 2019

DE CÓMO PETRO Y URIBE DEBILITAN SU FUERZA POLÍTICA

El arribismo político se toma la gobernanza regional…

De cómo Petro y Uribe debilitan su fuerza política

Popayán, 24 de julio de 2019

Dos hechos marcaron el final de la escogencia e inscripción de candidatos a elecciones locales y regionales en Colombia. Ambos ocurrieron en torno a la disputa por la alcaldía de Bogotá. Por un lado, se rompió la convergencia que apoyaba a Claudia López y, por el otro, se  vigorizó la alianza en torno a Miguel Uribe; continuador de Peñalosa, actual alcalde.

Esas circunstancias muestran que las fuerzas políticas que estaban detrás de los candidatos, Duque y Petro, o sea, el Centro Democrático y la Colombia Humana, que disputaron la presidencia de la república en 2018, no lograron fortalecerse durante este año y muestran enormes flaquezas de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

Ni Petro ni Uribe lograron posicionar una candidatura fuerte para la alcaldía de la ciudad capital. Mientras el primero se distanció de la candidata verde, el segundo apoyó al candidato avalado por liberales y conservadores. Ambos muestran su debilidad de diferente forma: el uno, resta a las fuerzas democráticas; el otro, suma a las fuerzas antidemocráticas.

Son las paradojas de la política colombiana. Ni el partido de gobierno, ni el principal dirigente de la oposición, han logrado en el último año fortalecer su organización política. Al interior del uribismo se notan las fisuras que genera la acción débil y vacilante del presidente Duque, y la Colombia Humana no arranca como proyecto político colectivo.

Además, en municipios y departamentos proliferan candidatos por firmas o unipersonales. Hacen parte de la tendencia a conformar alianzas por conveniencia particular. Son fruto de la banalización extrema de la política, del papel dominante del dinero en las campañas electorales, de la precariedad de los partidos políticos y de la acción de mafias e intereses económicos que manipulan a los gobiernos locales y regionales en beneficio propio.  

Todo lo anterior, en un ambiente de polarización política que no toca ni le interesa a las mayorías. Los “agarrones” en el Congreso no pasan de ser motivo de “tendencias virales” en las redes sociales. Las propuestas posicionadas por Petro, como la defensa del medio ambiente, la superación de la economía dependiente del petróleo y la minería, la industrialización de nuestras materias primas, etc., parecieran  no ser parte del debate político local o regional. Hay una desconexión evidente que debilita la acción política.

Mientras tanto, el presidente Duque utiliza, algunas de esas propuestas para mostrarse como un gobernante visionario y moderno, pero no mueve un dedo para concretarlas. Por el contrario, todas sus acciones van en contravía de lo que el país requiere; crecen los focos de violencia y conflicto, se prepara la aspersión aérea con glifosato de los cultivos de coca, el desempleo se dispara y la economía se estanca. Y las mafias corruptas ni se inmutan.

Definitivamente, hay que fortalecer otras formas de acción política, ser conscientes de las enormes limitaciones de la acción institucional y hacer más pedagogía política sin pretender resultados inmediatos. Tendrán que surgir nuevos liderazgos y nuevas prácticas políticas.   

E-mail: ferdorado@gmail.com

miércoles, 17 de julio de 2019

EL ESTADO COLOMBIANO NUNCA PROTEGERÁ A LOS LÍDERES SOCIALES

El Estado colombiano nunca protegerá a los líderes sociales
Popayán, 17 de julio de 2019
Ha hecho carrera entre los dirigentes de “izquierda” y de las organizaciones sociales de Colombia, incluso entre los integrantes de las guerrillas desmovilizadas y reincorporadas a la vida civil, la creencia de que el Estado les va a brindar seguridad, frente a la acción criminal de los grupos armados ilegales que están en crecimiento en la actualidad, llámense paramilitares, guerrillas, bacrim, disidencias o grupos delincuenciales.
Es indudable que hay que exigir esa seguridad porque se supone que el Estado debe ofrecer ese servicio público a toda la población. Pero creer que el gobierno les va a garantizar plena protección a los líderes sociales o a los dirigentes políticos que enfrentan las políticas del gran capital transnacional o de las mafias empotradas en todas las áreas de las economías ilegales y criminales existentes, es ser demasiado ingenuo. Mucho más, con lo vivido en Colombia.
Para los teóricos del liberalismo clásico o de las teorías políticas en boga (Kelsen, Rawls, Habermas, Mouffe, etc.), el Estado es garante de derechos para todos los ciudadanos. No obstante, la realidad del mundo, de Latinoamérica y de Colombia, nos indica que no es cierto y que nunca lo será. Pueda que en los países más “desarrollados” en donde las castas dominantes “subsidian sus democracias” con los recursos extraídos y robados a las colonias (viejas y nuevas), esa apariencia “garantista” engañe a muchos “creyentes”. Pero la realidad es muy diferente.
Lo visible es que los “Estados democráticos” muestran hoy su verdadera naturaleza despótica. La crisis acumulada por el capitalismo, que se manifiesta con el actual derrumbe de la globalización neoliberal, que, a su vez, provoca la aparición y el fortalecimiento de “nacionalismos populistas” (algunos de ellos con tintes claramente fascistas), es una demostración de lo que siempre hemos sabido: El Estado es una máquina de opresión al servicio de los poderosos (Marx).  
En Europa los “Estados democráticos” son garantes de derechos para “sus” ciudadanos, especialmente, “contribuyentes”. Pero para los trabajadores precariados, para los granjeros empobrecidos, para la población invisibilizada de áreas rurales, para los migrantes pobres e ilegales, para la juventud desempleada, esos Estados son verdaderas máquinas de opresión y de guerra. Y lo mismo ocurre en EE.UU. y en todo el mundo. No debe haber la menor duda.
“Quien paga impuestos tiene derecho, los demás que se vayan” repiten a coro Trump, Orbán, Salvini, y otros. Ellos saquean y destruyen nuestros pueblos y países y cuando los migrantes pobres expulsados de África, Asia o América Latina, llegan a sus territorios en busca de trabajo, los discriminan y les ponen muros, los persiguen, encierran y expulsan, y en algunos casos, los matan sin ningún pudor. Sus falsas democracias ya no engañan a nadie. Han perdido la vergüenza. 
Por ello, frente a una realidad que no se puede ocultar, seguir creyendo que esos Estados van a proteger a nuestros líderes, además de ingenuidad es un crimen (inconsciente). Lo que ocurre en Colombia es un exterminio sistemático. Las comunidades organizadas deben rediseñar su estrategia de resistencia. Las “guardias indígenas” deben servir de ejemplo y referencia, sirven para hacer inteligencia, vigilancia y alerta, pero, ahora toca “poner el cuerpo” –como dice Raúl Zibechi–, pero también hay que hacerlo bien. No podemos dejarnos matar pero tampoco caer en la trampa y la provocación que busca producir masacres y desplazamientos masivos.  
Hay que identificar a los sicarios, aislarlos y golpearlos. Si en verdad, hay trabajo organizado, no podemos pedirle a nuestra gente más sacrificios. El derecho a la defensa está garantizado en todo el mundo. No se trata de dejarnos llevar a una guerra abierta, que ya mostró sus grandes limitaciones en Colombia, pero la protección de nuestras comunidades y líderes ahora debe correr por cuenta nuestra. ¡No se puede seguir llamando al ratón a cuidar el queso!             
E-mail: ferdorado@gmail.com

jueves, 4 de julio de 2019

SANTRICH Y LA TRAMPA DE LA “LEGALIDAD”


SANTRICH Y LA TRAMPA DE LA “LEGALIDAD”

Popayán, 4 de julio de 2019

En Colombia un ejercicio de rebeldía armada “itinerante” o “errante” (o sea, de unas guerrillas sin bases sociales arraigadas y organizadas en un territorio), que se hizo a lo largo de 55 años, terminó sin pena ni gloria. Su intento de transformar la rebelión en un proyecto político como lo hizo el M19 con el proceso de paz, entró en la dinámica del desastre. Lo ocurrido esta semana con el comandante Jesús Santrich es una muestra de esa realidad.

Santrich se convirtió en una figura paradigmática y contradictoria de la Justicia Transicional de Paz (JEP). Para los defensores y los enemigos del “proceso” tenía que aceptar un juicio montado con falsas pruebas de la DEA para demostrar, no tanto su inocencia –que poco les importa–, sino su lealtad con las decisiones tomadas recientemente por las FARC.

Pero el problema no es de ahora. Desde mucho tiempo atrás gran parte de nuestro pueblo desconfiaba de todo. Una parte de la gente, incluso que simpatizaban con la guerrilla, pensaba que solo era una estrategia para ganar tiempo y volver a fortalecerse. Y la otra parte, no confiaba en el Estado (y menos en este “gobierno”) y pensaba que les darían algunas gabelas a los jefes que se entregaran, pero exterminarían a los militantes más consecuentes.

Desde el punto de vista de la guerrilla, creían que los acuerdos con el gobierno se podrían sostener por el gran apoyo popular que consideraban iban a encontrar en las mayorías del pueblo. Pero confundían el apoyo a su desmovilización y entrega de armas con el apoyo a su “proyecto”. Y creyeron en las promesas de la oligarquía sin calcular la perfidia y la traición, y menos que el uribismo ganara el “referendo” y recuperara el gobierno.

Las experiencias de Centroamérica mostraban otra realidad. Nos decían que a la oligarquía y al gobierno de los EE.UU., les importa muy poco si nuevos grupos armados ilegales se propagan a lo largo y ancho del país, o se arman disidencias de las Farc o se fortalece el Eln. Todos sabemos que mientras la economía del narcotráfico tenga un fabuloso mercado global, la violencia tendrá suficiente combustible en Colombia. Las inversiones para compañías extranjeras requerirán más seguridad y más gabelas tributarias, pero no será mayor problema.

El gobierno colombiano seguirá diciendo que tiene voluntad de paz y que es la democracia más estable de Latinoamérica, mientras los grupos paramilitares asesinan a diestra y siniestra a líderes sociales y a militantes revolucionarios (sean o no cercanos a las guerrillas) que consideren un estorbo para sus planes de despojo de territorios y apropiación de nuestras riquezas. Y Uribe y Santos seguirán jugando al policía malo y bueno; siempre fue el plan.  

Si Santrich se fugó para esquivar el juicio montado que la DEA orquestó en alianza con el ex-fiscal Martínez Neira, es entendible. Tanto su extradición a los EE.UU. o su asesinato, muy previsible, tendría el mismo efecto dinamitador para el llamado “proceso de paz”. Y si no lo extraditaba la Corte Suprema de Justicia con ese “conjunto de pruebas” que, desde la Fiscalía, Procuraduría y medios de comunicación se posicionaron como “evidencias contundentes de su culpabilidad”, sería la JEP y las Cortes las que pagarían los platos rotos.

Definitivamente las Farc tenían que haber declarado la paz unilateral al pueblo colombiano, sin pedirle permiso a la oligarquía y sin acuerdos de ninguna naturaleza. Hubieran tenido que renunciar a unas prácticas no éticas que los separaron del ideario revolucionario y de la histórica resistencia campesina. Y no hacerse ninguna ilusión más allá de reincorporarse modesta y calladamente a las luchas populares que nuestro pueblo siempre ha desarrollado.

Al final, ese ejercicio demagógico con Santos en torno a la “falsa paz” terminó dividiéndolos entre los reincorporados legalizados, los disidentes no armados y los disidentes armados. Mientras tanto, la “guerrillerada” tendrá que sobrevivir apoyándose en pequeños proyectos económicos y enfrentar la tentación de “enmontarse” para continuar una guerra sin pueblo y contra el pueblo, que no tiene más futuro que seguir siendo la “policía rural de los narcos”.

Es una lección para el Eln. Toda guerra sin pueblo se vuelve contra el pueblo.