El Estado colombiano nunca
protegerá a los líderes sociales
Popayán, 17 de
julio de 2019
Ha hecho carrera entre los
dirigentes de “izquierda” y de las organizaciones sociales de Colombia, incluso
entre los integrantes de las guerrillas desmovilizadas y reincorporadas a la
vida civil, la creencia de que el Estado les va a brindar seguridad, frente a la
acción criminal de los grupos armados ilegales que están en crecimiento en la
actualidad, llámense paramilitares, guerrillas, bacrim, disidencias o grupos delincuenciales.
Es indudable que hay que exigir
esa seguridad porque se supone que el Estado debe ofrecer ese servicio público a
toda la población. Pero creer que el gobierno les va a garantizar plena protección
a los líderes sociales o a los dirigentes políticos que enfrentan las políticas
del gran capital transnacional o de las mafias empotradas en todas las áreas de
las economías ilegales y criminales existentes, es ser demasiado ingenuo. Mucho
más, con lo vivido en Colombia.
Para los teóricos del liberalismo
clásico o de las teorías políticas en boga (Kelsen, Rawls, Habermas, Mouffe,
etc.), el Estado es garante de derechos para todos los ciudadanos. No obstante,
la realidad del mundo, de Latinoamérica y de Colombia, nos indica que no es
cierto y que nunca lo será. Pueda que en los países más “desarrollados” en
donde las castas dominantes “subsidian sus democracias” con los recursos
extraídos y robados a las colonias (viejas y nuevas), esa apariencia “garantista”
engañe a muchos “creyentes”. Pero la realidad es muy diferente.
Lo visible es que los “Estados
democráticos” muestran hoy su verdadera naturaleza despótica. La crisis acumulada
por el capitalismo, que se manifiesta con el actual derrumbe de la globalización
neoliberal, que, a su vez, provoca la aparición y el fortalecimiento de “nacionalismos
populistas” (algunos de ellos con tintes claramente fascistas), es una demostración
de lo que siempre hemos sabido: El Estado es una máquina de opresión al
servicio de los poderosos (Marx).
En Europa los “Estados democráticos”
son garantes de derechos para “sus” ciudadanos, especialmente, “contribuyentes”.
Pero para los trabajadores precariados, para los granjeros empobrecidos, para
la población invisibilizada de áreas rurales, para los migrantes pobres e
ilegales, para la juventud desempleada, esos Estados son verdaderas máquinas de
opresión y de guerra. Y lo mismo ocurre en EE.UU. y en todo el mundo. No debe
haber la menor duda.
“Quien paga impuestos tiene
derecho, los demás que se vayan” repiten a coro Trump, Orbán, Salvini, y otros.
Ellos saquean y destruyen nuestros pueblos y países y cuando los migrantes pobres
expulsados de África, Asia o América Latina, llegan a sus territorios en busca
de trabajo, los discriminan y les ponen muros, los persiguen, encierran y expulsan,
y en algunos casos, los matan sin ningún pudor. Sus falsas democracias ya no
engañan a nadie. Han perdido la
Por ello, frente a una realidad
que no se puede ocultar, seguir creyendo que esos Estados van a proteger a
nuestros líderes, además de ingenuidad es un crimen (inconsciente). Lo que
ocurre en Colombia es un exterminio sistemático. Las comunidades organizadas
deben rediseñar su estrategia de resistencia. Las “guardias indígenas” deben
servir de ejemplo y referencia, sirven para hacer inteligencia, vigilancia y alerta,
pero, ahora toca “poner
el cuerpo” –como dice Raúl Zibechi–, pero también hay que hacerlo bien. No
podemos dejarnos matar pero tampoco caer en la trampa y la provocación que busca
producir masacres y desplazamientos masivos.
Hay que identificar a los
sicarios, aislarlos y golpearlos. Si en verdad, hay trabajo organizado, no
podemos pedirle a nuestra gente más sacrificios. El derecho a la defensa está
garantizado en todo el mundo. No se trata de dejarnos llevar a una guerra
abierta, que ya mostró sus grandes limitaciones en Colombia, pero la protección
de nuestras comunidades y líderes ahora debe correr por cuenta nuestra. ¡No se
puede seguir llamando al ratón a cuidar el queso!
E-mail: ferdorado@gmail.com
Es una consecuencia del desarme y entrega de las FARC, que dejó inermes a las poblaciones en las zonas en donde esta guerrilla actuaba; sus dirigentes fueron irresponsables a la hora de no tener en cuenta este aspecto de su existencia
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