martes, 20 de agosto de 2013

POR UNA NUEVA POLÍTICA POPULAR

POR Una nueva política POPULAR

Popayán, agosto 20 de 2013

El Polo Democrático Alternativo fue un buen intento por desarrollar en Colombia una nueva forma de hacer política. Recogía en su seno las iniciativas que se identificaban con la “franja amarilla” que apareció en la década de los años 90s del siglo XX. Se juntó el “progresismo” con la Izquierda e intentaron renovar la política en Colombia.

Sin embargo, algo falló.

Ahora estamos en otra etapa. La Izquierda – multifacética como corresponde a un país con un desarrollo desigual y complejo – estalló en sus diferentes corrientes y hoy busca en el movimiento social sus fuentes renovadoras y energías transformadoras.

El progresismo se refugia en gobiernos que considera “progresistas” y busca aliados en los “verdes” que surgieron como respuesta al vacío que empezaba a dejar el Polo. Por ese camino se irá diluyendo y será – a lo sumo – el sustituto del partido liberal. Hacia allá apunta.

Pero la necesidad de una “nueva política” sigue allí pendiente.

Muchos piensan que el error fue el programa del Polo, pero allí no está el problema. El programa del PDA recoge – en gran medida – las transformaciones que requiere el país. Democracia, soberanía, Paz, justicia social, defensa de lo público, transparencia, equidad.

Sin embargo, el diablo está en los detalles. En lo táctico no hubo acuerdo. Las prioridades nos dividieron. Para unos, era la soberanía nacional; para otros, Paz con justicia social; para otros más, la lucha contra la corrupción; y, para algunos mas, la defensa de lo público. Faltó diálogo sincero y franco, predominó la intemperancia, ganó el interés grupista y particular.   

Pero lo que más hizo daño fue la forma de hacer política. Se cayó en prácticas estrictamente parlamentaristas. Todo giraba – y aún es así – alrededor del “congresista”. Muchos para hacerse elegir recurrieron al clientelismo y la politiquería. Por ahí se filtró la corrupción y el grupismo rompió el saco. El individualismo se impuso sobre la causa colectiva.

Pero la vida jala y continúa.

Los pueblos, los trabajadores, las clases subordinadas, siguen allí, con sus diferencias y particularidades, empujando hacia adelante. La lucha por soberanía, que muchos le reclaman a la “burguesía nacional” se va concretando en reivindicaciones populares. Así ha ocurrido en diversos países de América Latina que están en proceso de consolidar su liberación nacional pero que paralelamente luchan por construir una sociedad post-capitalista.

Es importante recordar que en esos países (Venezuela, Ecuador, Bolivia), sólo cuando el pueblo derrotó políticamente a las oligarquías entreguistas, los medianos empresarios capitalistas se pusieron del lado del pueblo. Y lo hicieron para defender sus intereses. Hoy son una traba para el desarrollo de verdaderas revoluciones sociales: jalan hacia atrás, pujan por el pasado.

La dinámica de la lucha de clases en Colombia que ha sido dominada desde 1991 por un pacto de clases, entre la oligarquía y las capas medias de la población[1], tiende a romperse en pedazos por la irrupción en la política de los sectores sociales que siempre han estado subordinados y oprimidos. Indios, afrodescendientes y mestizos pobres, tanto de la ciudad como del campo, están construyendo nuevos caminos para decidir su futuro.

Su fuerza va a transformar las formas de hacer política.

La Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y otros procesos que están en construcción, son fruto y reflejo de ese movimiento social que, por ahora, se expresa en paros y protestas, pero que en poco tiempo se van a manifestar como movimiento político.

Y será, de nuevo tipo.

Esas nuevas expresiones políticas están por superar los errores cometidos por sus antecesores. Se trata de realizar un trabajo innovador en lo local y regional, combinado con un proceso de transformaciones a nivel nacional. Así se derrotará el parlamentarismo distorsionado, que ha devenido en una forma que el establecimiento oficial (colonial[2]) utiliza para cooptar las nuevas expresiones políticas. Las absorbe y cercena por la cabeza.

Ya existe el núcleo de ese proceso. Las comunidades indígenas vienen transformando su entorno. Van tras el espíritu de los “municipios rebeldes autónomos” de los neo-zapatistas mexicanos. En esa misma dirección deben transitar las Zonas de Reserva Campesina, sin pedirle permiso al Estado y colocando a la insurgencia en su verdadero lugar, creando nuevas formas de democracia directa y participativa.

A nivel urbano también se debe intentar ese camino transformador. El Estado colombiano deja abiertos grandes espacios para que una autonomía popular crezca en comunas y barrios populares. Ya existen gérmenes de importantes iniciativas en el terreno de la cultura y la comunicación. La resistencia civil que surge entre sectores populares contra los abusos de las empresas privatizadas de los servicios públicos también marcha en esa dirección.

La autonomía popular implica nuevas formas de poder democrático construidas en veredas y corregimientos, barrios y comunas, municipios y regiones. Significa también, idear modelos de desarrollo que rompan con la hegemonía capitalista imperial. La autonomía popular no negocia con el Estado, carcome y subvierte “desde abajo” las formas de dominación colonial y capitalista. 

En verdad, una nueva forma de hacer política está emergiendo.

Pero claro, no podemos renunciar a la lucha por el poder político central. No obstante, dicha lucha debe ser revisada. El aparato estatal colonial que existe es una verdadera trampa para quienes en nombre de los sectores populares llegan a esos escenarios. Debemos llegar allí con objetivos precisos: destruir la máquina estatal opresora y sustituirla por un sistema que se apoye progresivamente en la acción administrativa y coactiva de las masas.

La experiencia de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia nos muestran los nuevos retos que tenemos por delante. El Estado Colonial se resiste a desaparecer. Las fuerzas políticas que constituyeron los gobiernos “progresistas” no tenían fuertes lazos con los movimientos sociales y rápidamente han sido absorbidos por una dinámica burocrática. En Colombia esa experiencia ya se ha vivido en el ejercicio de los gobiernos locales y regionales.

La verdadera revolución social está pidiendo pista. Una nueva forma de hacer política se requiere para impulsarla.



[1] Pacto de clases de 1991 que le dio vida a la Constitución vigente. El M-19 representaba los intereses de las capas medias de la población (pequeña burguesía citadina, especialmente) que pactaron con la oligarquía y la burguesía burocrática una Constitución “garantista” que aprobó derechos en el papel y legitimó el neoliberalismo.    

[2] Cuando hablamos de “Colonial” nos referimos a la dominación económica, política, ideológica y cultural que el imperio capitalista impone de forma integral. Va más allá del viejo colonialismo.  Sin embargo, el Estado colonial de viejo tipo subsiste en los actuales Estados latinoamericanos con su patrimonialismo, burocratismo, leguleyismo, clientelismo, corrupción y otras características.  

martes, 13 de agosto de 2013

SANTOS: JUGADAS, ENGAÑOS Y APARIENCIAS

SANTOS: JUGADAS, ENGAÑOS Y APARIENCIAS

Popayán, agosto 12 de 2013

Se hacen por estos días balances de los 3 años de gobierno de Santos. Se colocan como aspectos “positivos” el inicio de los diálogos con las FARC, la distención con los órganos de justicia, la ley de víctimas y de restitución de tierras, y el restablecimiento de las relaciones con los países vecinos. De resto, la mayor parte de su gestión – reforma de la justicia, reforma tributaria, impulso de la “locomotora” minero-energética, promoción de la Alianza del Pacífico, aprobación e implementación de múltiples TLCs., manejo de los conflictos sociales y otros aspectos – es calificada como “negativa”.

Intentaremos hacer un balance con un enfoque diferente. Trataremos de responder los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el carácter de clase que ha mostrado este gobierno a lo largo de los últimos tres años? ¿Qué sectores de la oligarquía colombiana apoyan sus políticas y cuales son sus intereses? ¿Cuáles son sus logros, desde el punto de vista de quienes apoyan al gobierno? ¿Cuál es el devenir de quienes adversan esa política?

El “viraje” frente a los 8 años de Uribe

La burguesía transnacionalizada – sector hegemónico al interior de la oligarquía colombiana – comprendió al final del 2° gobierno de Uribe que la ansiada pacificación por la vía militar no iba a ser posible. Pudo comprobar que la estrategia desarrollada contra la insurgencia – alianzas con narcomafias y uso sistemático de paramilitares –, no sólo descomponía su precaria “democracia” sino que creaba problemas con la comunidad internacional. Además, frente al cambio táctico-estratégico de la guerrilla, ésta ya no era efectiva.

Así mismo, se hizo evidente que los recursos comprometidos en la guerra contrainsurgente desequilibraban sus finanzas y mermaban sus ganancias. Además, la crisis económica mundial obligó al gobierno de los EE.UU. a recortar el nivel de ayuda financiera y militar. Pero, lo principal: la burguesía colombiana entendió que frente a la situación económica internacional se hacia necesario un viraje para garantizar condiciones óptimas para la inversión extranjera en áreas estratégicas como el sector minero-energético y la agroindustria. Por ello, antes de terminar su segundo gobierno, Uribe ya no era la ficha favorita para ejercer un nuevo período de gobierno. 

Esa burguesía – con asesoría gringa – pensó y diseñó el camino de la desmovilización de la guerrilla vía diálogos y negociación. No porque sea amante de la paz y de la convivencia sino porque sus necesidades materiales la obligaban a buscar esa alternativa. Y lo hacen sobre el convencimiento de que la estrategia utilizada desde el gobierno de Pastrana – pasando por los gobiernos de Uribe –, habían fortalecido al ejército, mermado las fuerzas guerrilleras, y por sobre todo, le habían quitado la bandera de la Paz a la insurgencia. Según sus cálculos, la derrota política obligaba a la guerrilla a concertar el fin del conflicto.

Con ese presupuesto Santos inicia su gobierno. Había que mostrar una cara humanitaria y para ello impulsó la ley de víctimas y de restitución de tierras. No importaba que el otro sector de las clases dominantes – grandes latifundistas y empresarios del campo gestores del paramilitarismo – se fuera a resentir. Tenían que aprobar esa política pero sin colocarle dientes ni herramientas. Por ello a lo largo de los años dicha ley no ha traído resultados efectivos para las víctimas y desplazados. Se trataba de un gesto. Nada más. Una jugada, un engaño, una apariencia.

Por ello calificar de “positiva” esa política es errado. Sus intenciones son oscuras; su fin, engañar. Están dispuestos a devolver algunas áreas despojadas por narcos y paramilitares pero en el fondo es una simulación de “reforma agraria” para simultáneamente entregar millones de hectáreas a los conglomerados capitalistas transnacionales (extranjeros y “nacionales”) que aspiran a “invertir” en el campo en grandes proyectos minero-energéticos, de agrocombustibles y agro-negocios industriales. La fórmula de la “asociación” entre campesinos y empresarios está en su cabeza.

Las investigaciones y denuncias realizadas por Wilson Arias, congresista del PDA, sobre el apoderamiento ilegal de tierras en la altillanura oriental por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo (Riopaila), Cargill y otras empresas nacionales y extranjeras, y la insistencia del gobierno por elaborar a las carreras una ley para legalizar dichas adquisiciones y convertirla en una política hacia el futuro, demuestran la anterior apreciación.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y Ecuador tenía esa misma lógica. Están dispuestos a “integrarse” con el resto de Sudamérica pero con la intención de aprovechar los beneficios comerciales, ser parte del bloque frente a otros polos de desarrollo e inversión mundial (Brasil, China, Rusia, etc.), pero a la vez, convertirse en “caballo de Troya” neoliberal y “librecambista”. Con esa intención construyen el eje México, Colombia, Chile y Perú, que hoy es la Alianza del Pacífico. Otra jugada, otro engaño, otra apariencia.  

Y el proceso de Paz va por el mismo atajo. La bandera de la Paz ha servido para que bajo su cobertura se impulsen políticas regresivas y anti-populares en todos los terrenos. Se realizan negociaciones en La Habana, se permite cierto proselitismo de las FARC, se posa de ser un gobierno “democrático” y de estar buscando la “reconciliación”, pero en los hechos – en la realidad – frente a amplios sectores populares que se han movilizado por justas reivindicaciones sociales, se contesta con dilación y represión. Otra jugada más, otro engaño, otra apariencia.

Los logros de Santos y de la burguesía transnacionalizada

Esa política de apariencias se patentizó durante la campaña electoral con el nombramiento como candidato a la Vicepresidencia de Angelino Garzón. Así consiguió resultados inmediatos: la elección de Santos. Ya en la presidencia, una vez posesionado, Santos da el “viraje” a nivel internacional reuniéndose con el presidente Hugo Chávez. Se distensionan las relaciones con Venezuela y más adelante con Ecuador. Se recoge parte del programa de Petro sobre las víctimas y las tierras, y se llama a constituir la “unidad nacional”. Se hacen todos los esfuerzos por mostrarse no sólo diferente sino contrario a Uribe, se restablecen relaciones con la Corte Suprema de Justicia y se nombra una Fiscal General (Viviane Morales) que inició su gestión llevando a la cárcel a algunos de los principales cómplices y compinches de Uribe.

Los logros para la clase dominante se pueden sintetizar así:

-       Neutraliza el aislamiento en que estaba el gobierno colombiano en el ámbito internacional, sobre todo en el terreno de la violación de los derechos humanos y asesinato de sindicalistas, que eran las principales trabas para la aprobación de los TLCs con EE.UU. y la UE.

-       Inicia la recuperación de las relaciones comerciales con los países vecinos Venezuela y Ecuador, y logra ser mirado con nuevos ojos por el bloque de Unasur, Mercosur y Celac.

-       Divide a la izquierda colombiana entre quienes califican como positivas esas políticas y quienes no perciben ningún cambio.

-       Consigue presentar su gobierno como “reformista” y “progresista”.
-       Inicia diálogos con la insurgencia con el mensaje de que está dispuesto a “jugársela por la Paz” y se muestra ante la opinión pública como el presidente que va a obtener la reconciliación sin sacrificar la “institucionalidad democrática”.

-       Envía un mensaje de tranquilidad y estabilidad a sus socios capitalistas transnacionales que están ansiosos por invertir en agro-negocios, infraestructura, exploración y explotación de petróleo y otras áreas estratégicas (mega-proyectos energéticos, minería, agro-combustibles, biodiversidad ambiental, comunicaciones, tierras, turismo, etc.).

-       Aprueba una reforma tributaria que otorga todas las ventajas al gran capital y descarga las obligaciones impositivas sobre los hombros de la clase media y los trabajadores.
Con el tiempo se ha hecho visible que su “reformismo” sólo eran jugadas, engaños y apariencias.

La encrucijada de la Paz y la movilización social

Faltando un año para terminar su gobierno, Santos se ve enfrentado a una situación muy particular. Sus logros, que desde los intereses de la burguesía transnacionalizada son notables, no le tienen garantizada la reelección. A medida que pasa el tiempo su popularidad se ha ido mermando y las luchas sociales – que empezaron lentamente y fueron estimuladas por la movilización estudiantil de 2011 – se han ido incrementando, no parecen decaer y por el contrario construyen mayores niveles de coordinación y contundencia.

Santos se ha encontrado en el tema de la Paz frente a una paradoja. En el país ha hecho carrera el escepticismo y la incredulidad. Es una situación propia de un país que ha vivido durante décadas en medio de la violencia. La desconfianza marca la tendencia mayoritaria. Por ello Santos enfrenta el “proceso de diálogos” al filo de la navaja. Mientras una gran mayoría de la población apoya la iniciativa de superar el conflicto por medio de la negociación con la guerrilla, a la vez, amplios sectores de colombianos no confían en la voluntad de Paz de la insurgencia y por ello no están dispuestos a conceder mayores ventajas para su inserción en la vida civil.

Y esa desconfianza se acrecienta con la oposición del ex-presidente Uribe. Éste dejó la presidencia siendo el supuesto “campeón anti-guerrillero” y se ha opuesto a los diálogos de Paz. Su argumento es que “se va a entregar el país a la guerrilla”, “se va a negociar el Estado” y “se les va a premiar con la impunidad”. Se refuerza así, la duplicidad entre esperanza e incredulidad.

La fórmula de negociar en medio de la confrontación también se ha vuelto un embrollo. Santos dice jugársela por la Paz pero le pone plazo a las negociaciones. Dialoga en La Habana pero trata a sus interlocutores como “bandidos” y “terroristas”. Habla de justicia social pero aplica políticas que agudizan la desigualdad y la injusticia. Se compromete a ampliar la democracia pero incumple los acuerdos que las organizaciones populares han concertado con su gobierno y reprime las protestas populares a sangre y fuego.

Sin embargo, es tal la urgencia por conseguir condiciones para la inversión capitalista que, la gran burguesía está dispuesta a ofrecer una Paz reducida a cambios no estructurales. Ellos tienen claro que no corren riesgos inmediatos ante la situación de “derrota política de la guerrilla”. Por ello se muestran dispuestos a “tragarse algunos sapos”. Esa burguesía no teme plasmar algunas reformas institucionales no determinantes. Está dispuesta a “compartir” ciertos espacios de poder con la guerrilla. Aprendieron del proceso constituyente de 1991. Mientras ellos tengan el poder, la ley puede “estirarse” sin ningún peligro. Otra jugada, otro engaño, otra apariencia.

El devenir desde la Izquierda

Desde las fuerzas de Izquierda – fuertemente divididas – no ha existido capacidad de reacción. Existen tres posiciones básicas: quienes en aras de la Paz le aceptan a regañadientes los engaños al gobierno; quienes recogen la bandera de la Paz y hacen esfuerzos porque la movilización social obligue a Santos a ceder cambios sustanciales en lo social, político y económico; y quienes al no ver diferencias entre Santos y Uribe – desde un principio – se oponen de plano a su política.

La primera actitud termina legitimando la política neoliberal de Santos. La segunda se ilusiona con el posible auge del movimiento social por la Paz, que hasta ahora sólo crece en torno a reivindicaciones concretas (zonas de reserva campesina y política agraria). Y la tercera actitud se contenta con ser oposición pero no logra canalizar el desgaste de Santos. 

Hace falta una política que consiga desenmascarar ante el pueblo esa estrategia de la burguesía que oculta sus verdaderos intereses detrás de poses reformistas. Hace falta la unidad de la Izquierda para actuar con más contundencia. Hace falta un bloque de izquierdas que impida que quien canalice la situación sea el derechista “Centro Democrático” de Uribe.

Por ello es urgente caracterizar al gobierno y al proceso de Paz. Hay que establecer la búsqueda de la Paz negociada como una política de Estado, que vaya más allá de un gobierno u otro. Se debe definir al gobierno de Santos como demagógico. Llegó el momento de las definiciones. En aras de conseguir la Paz no podemos permitir que se engañe al pueblo. El paro nacional agrario del próximo 19 de agosto obligará a las diferentes corrientes de Izquierda a asumir una posición: o están con el gobierno o se distancian de él. No hay término medio.

Paralelamente se requiere desarrollar una consistente labor política y social en las ciudades. La insurgencia pacífica de los pequeños y medianos productores del campo sólo será exitosa, siempre y cuando haya un levantamiento masivo de la población citadina. Temas como el desempleo, los servicios de salud, la educación, los servicios públicos, requieren nuestra atención y acción unificada. De lo contrario el alzamiento campesino será neutralizado y debilitado.

El auge de la rebelión popular estimula e impulsa las definiciones políticas.