lunes, 20 de febrero de 2017

LAS CONDICIONES HAN MADURADO...

Retomando las tareas frente a la coyuntura electoral de 2018

 LAS CONDICIONES HAN MADURADO…

Bogotá, 20 de febrero de 2017

“Estoy seguro de que las condiciones están madurando. Pero yo no tomaré la iniciativa, no voy a alimentar en nadie la sensación de que tengo avidez de poder político. Si hacemos algo, será a mi pesar, y eso es lo más conveniente. Cuando hay tanto ambicioso a punto de saltar, conviene que quien ama a esta tierra tenga que ser obligado.”

William Ospina

En Colombia de cara a las elecciones de 2018 se configuran cuatro bloques políticos: a) Izquierda-liberal “santista”; b) Centro-izquierda; c) Derecha-populista; d) Extrema derecha-seudo-fascista.

Los principales temas que han escogido para construir identidad son: a) Continuidad de la paz; b) Anti-corrupción; c) Autoridad y obras de infraestructura; d) Lucha contra el “castro-chavismo”.

Las personalidades y candidatos que van ubicándose en cada bloque son: a) Humberto de La Calle Lombana, Clara López, Piedad Córdoba, Iván Cepeda; b) Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo; c) Germán Vargas Lleras; d) Oscar Iván Zuluaga y demás pre-candidatos “uribistas”.

Otros precandidatos que “suenan” de los partidos de la U, liberal y conservador, como Juan Carlos Pinzón, Roy Barreras, Armando Benedetti, Juan Manuel Galán, Aurelio Iragorri (hijo), Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez, no se han definido.  

Las fuerzas políticas que se van alinderando en cada bloque son: a) Partido Liberal; un sector de la U, conservador y del Polo; PC, UP, PTC, Voces de Paz; b) Alianza Verde, Polo “robledista”, Compromiso Ciudadano; c) Cambio Radical; d) Centro Democrático. 

Esos bloques van a jugar como atractores para el resto de fuerzas políticas, incluyendo a Progresistas, ASI, MAIS, otras agrupaciones y la organización política que creen las FARC y el ELN (si su proceso de negociación avanza con prontitud).

Sin embargo, existe un gran margen de opinión y de electores que –como se observó el 2 de octubre de 2016 en el plebiscito– son abstencionistas y/o indecisos, y no creen o no son motivados por el régimen político o por las dinámicas electorales existentes.

Es decir, hay condiciones para que un “nuevo movimiento” irrumpa en la política colombiana. Es evidente que para incidir en la coyuntura actual –dada la cultura política de nuestro país– tendría que apoyarse en un candidato “outsider” con características especiales.

Esa situación se puede observar con mayor nitidez si se analiza el contenido de los discursos y la dinámica de los actuales bloques políticos. En verdad, son resultado de precarias sumas de fracciones desgastadas, unión de divisiones residuales, coaliciones que se forman por necesidades electorales. Nada que ver con verdaderos proyectos basados en una coherencia política y en una narrativa común. Por ello, no entusiasman al conjunto de la sociedad.

A pesar de los esfuerzos individuales de Claudia López, que ha picado en punta con la consulta anti-corrupción, no se perciben formas nuevas de hacer política. El espíritu colectivo está ausente, no se aprecia una visión estratégica, todo juega alrededor de individuos y candidatos, no se construyen programas en forma incluyente. ¡Es más de lo mismo!

Hoy la forma es mucho más importante que cualquier otro aspecto. Gustavo Petro encabezó el último experimento que logró romper con algunos esquemas tradicionales pero no lo pudo consolidar desde la Alcaldía de Bogotá. Al contrario, lo deterioró. Su margen de resistencia es muy alto con respecto a otros candidatos bien posicionados. De allí que todavía no sepa dónde ubicarse o que al final decida actuar en forma independiente. Está atado al pasado.

Además, la propuesta de “gobierno de transición” planteada por las FARC en el Teatro Colón durante la firma definitiva de los acuerdos (24.11.2016), que incluiría a todas las fuerzas que apoyaron el SI –que ha sido ratificada por diversas personalidades de izquierda–, no sólo se ha visto mermada en sus posibles componentes sino que carga con la imagen negativa de las FARC y el desgaste del gobierno Santos. Por tanto, no es una alternativa confiable para derrotar a las derechas que –indudablemente– se unificarán en la recta final de las elecciones.

Un “nuevo movimiento” de ciudadanos del “común”, apoyándose en un candidato “outsider”, puede oxigenar la actividad política en Colombia, colocando temas de fondo que tienen que ver con la verdadera democratización del país y la construcción de una paz social. Si no le alcanza, sea por un motivo u otro, dicho movimiento podrá jugar como un importante refuerzo y estímulo para derrotar tanto al “progresismo neoliberal” (santismo) como a los “populismos de derecha” (uribo-varguismo) y desencadenar un proceso de moralización de la acción política y de construcción de amplias ciudadanías activas y protagónicas, empezando por la juventud.

Además, puede servir de punto de apoyo para continuar con la construcción de un Nuevo Proyecto Político que siga proponiendo y empujando las transformaciones estructurales que exige el país y el mundo. Y claro, deberá jugar un papel de control social del nuevo gobierno que se elija en 2018 (cualquiera que sea), estimulando la organización social y popular “desde abajo” y visualizando un “proceso constituyente de nuevo tipo” que sólo podrá ser impulsado por un gobierno alternativo.    

Todo es cuestión de voluntad y decisión. Las condiciones están dadas.

Nota: Queda pendiente el análisis de clase y sectores de clase, incluyendo otro tipo de antagonismos heredados de la "colonialidad del poder" como lo étnico, racial, cultural, género, regiones, etc.

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado


jueves, 16 de febrero de 2017

LLEGÓ LA HORA DE “FUETIAR” A LOS CORRUPTOS

Recordando la Veeduría Ciudadana en el caso de PROBOLSA…

LLEGÓ LA HORA DE “FUETIAR” A LOS CORRUPTOS

Bogotá, 17 de febrero de 2016

Ahora, que se puso de manifiesto –¡ya era hora!– el tema y el destape de la corrupción político-administrativa, es oportuno recordar la actitud de múltiples personas (políticos, funcionarios, dirigentes sociales, etc.) frente al sonado caso de PROBOLSA[1] (octubre de 2008) y, sobretodo, a la iniciativa de conformar una Veeduría Ciudadana para hacerle seguimiento al proceso de investigación y posible sanción.

Primero, la cara de sorpresa del Secretario de Hacienda de la Gobernación del Cauca. Cuando un grupo de personas del común nos presentamos ante su despacho para oficializar “de hecho” una veeduría ciudadana –una herramienta más de control social–, el hombre no sabía qué hacer. ¡No lo podía creer! Vaciló, consultó y tuvo que aceptar que era legal y viable.

Segundo, nuestros propios compañeros (as) que no habían vivido ese tipo de experiencias, al principio vacilaban porque no estaban muy seguros. El legalismo de siempre aparece en estos casos. Las veedurías han terminado siendo utilizadas por los mismos funcionarios y contratistas corruptos para tapar y legalizar sus robos y desmanes al erario público. Ya hay hasta “expertos” en el tema. De eso viven y les pagan por hacer la pantomima.

Tercero, algunos políticos de turno que “vieron el papayaso” se sumaron a la veeduría ciudadana o se aliaron con ella, facilitaron información, movieron sus influencias y quisieron utilizar a la veeduría para saldar deudas pasadas o para –oportunistamente– debilitar al Gobernador para tratar de colocar allí a otro corrupto igual o peor al que se robó o permitió que se robaran más de 16.000 millones de pesos de las transferencias de salud y educación.

Cuarto, otros políticos que eran asesores, abogados o defensores de los funcionarios comprometidos, especialmente del Gobernador, se “arrimaban por los laditos” a la veeduría ciudadana, enviaban a sus agentes o fichas para supuestamente “asesorar” a los veedores pero en realidad era para espiar, enterarse qué tanto habían averiguado, qué pruebas tenían, o también, para tratar de desestimular ese tipo de acciones poco acostumbradas en Popayán.

Quinto, la prensa de la región inició una campaña de difamación en coordinación con el personero de la ciudad para deslegitimar a la veeduría ciudadana, planteando que no era legal, que no se había inscrito ni legalizado ante la Personería y otra serie de argumentos, cómo el que las veedurías ciudadanas no tenían competencia en esa materia.

Sexto, muchos dirigentes sociales que están al frente de las luchas por “proyectos” (de obras, servicios públicos, titulación de tierras y demás) se mostraban de palabra “solidarios” pero ¡vaya!... nunca arrimaban a las reuniones que se hacían públicamente en el salón principal de la Asamblea Departamental, donde nos escuchaba todo el mundo, sin secretos, con total transparencia (sabemos que el Gobernador de entonces ordenó realizar seguimientos y grabaciones de nuestras sesiones). Dichos “dirigentes” hoy los vemos haciendo cola detrás de los pequeños proyectos y escasos recursos del “post-conflicto”. En realidad era un tema candente, “quemante” y ellos no se querían “quemar”.

Séptimo, el señor Contralor General de la República de ese momento quien nos recibió en Bogotá rodeado de un numeroso séquito de bellas secretarias y asesoras. Esa y otras citas se lograron fruto de la gestión de una parlamentaria que fungía como “anti-corrupta” pero que después se volvió a aliar con los mismos de siempre. Después de mucho protocolo el Contralor nos repitió el contenido del discurso que 28 años atrás su padre (presidente de la República) había planteado: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.

Octavo, los secretarios de la Gobernación y otros funcionarios de medio pelo de la Procuraduría Regional y de la Contraloría Departamental, que al igual que muchas personas no podían creer que unos “pobres diablos”, sin más poder que su propia decisión y convicción, pudieran hacer “toda esa bulla y escándalo” por un tema que sólo debía ser investigado por los famosos “órganos de control”.

Hasta la fecha –como lo preveíamos algunos de los integrantes de la veeduría ciudadana–, sólo se condenaron y castigaron a funcionarios menores, mandaderos de ocasión que fueron “echados a las fieras” como carne de segunda mientras los ladrones de cuello blanco compraban haciendas y se daban las anchas con los recursos públicos. Todavía el Gobernador comprometido figura como un prócer, es el “gastrónomo número uno del Cauca” y jura por Dios que no tocó un solo peso de ese oscuro negocio. Sus herederos políticos siguen allí, de candidatos al Senado o de campantes gobernantes.  

Esa experiencia debe ser recogida ahora. La única forma de derrotar a los corruptos es sacándolos del gobierno, de la Presidencia, del Congreso, de Alcaldías y Gobernaciones, de Asambleas departamentales y Concejos Municipales, eligiendo gente nueva que haya demostrado comportamientos éticos y honestos, y paralelamente, organizar a la población para hacerle control social a todos los contratos, a los nombramientos y convenios, reformando la legislación nacional para dotar de “afilados dientes” a las veedurías ciudadanas, participando en la ejecución de los proyectos, “respirándole en la nuca” a funcionarios y contratistas. No hay otro camino.

Ya lo hemos hecho, tenemos experiencia… ¡hay que volverlo a hacer!

Nota: Quienes no confiábamos en el papel y función de los órganos de control planteamos en ese tiempo que había que realizar un castigo simbólico al Gobernador. La idea era elaborar un gran muñeco con la cara del gobernante corrupto, con su trasero “pelao”, y llamar al pueblo a asistir al Parque de Caldas a calentarle esa parte del cuerpo con unos cuantos y buenos fuetazos… ¡al estilo indígena! Lástima, el legalismo y el espíritu cortesano se impusieron en la veeduría ciudadana y no fue posible hacerlo pero era una buena idea. Ahora, hay que apoyar todas las iniciativas “anticorrupción” (consultas, referendos, denuncias, etc.) y prepararnos para en el próximo año 2018, “fuetiar” a todos los corruptos del Cauca y de Colombia derrotándolos en las urnas. Es nuestra oportunidad. ¡Y lo haremos!

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado     




[1] Desfalco de recursos públicos del departamento del Cauca por $16.000 millones en donde se utilizó a una intermediaria financiera llamada Probolsa para camuflar y facilitar el robo. Ver: http://bit.ly/2loKro5

miércoles, 15 de febrero de 2017

EL POPULISMO DE DERECHA ATACA

EL POPULISMO DE DERECHA ATACA

Bogotá, 15 de febrero de 2017

Hace 51 años muere Camilo Torres Restrepo, el ideólogo del Frente Unido.

El triunfo del Brexit en Reino Unido, del “NO” en Colombia y de Trump en EE.UU., son expresiones de los avances del “populismo de derecha”. Ya venía de atrás fortaleciéndose, sobre todo en Europa. Pero es un fenómeno global. Un ejemplo es el actual presidente filipino Rodrigo Duterte. La “mano fuerte”, el “sentido común”, el lenguaje “crudo y directo”, la xenofobia, el racismo, la homofobia, el estímulo a una “nueva lucha de clases”, el nacionalismo estrecho y rabioso, han sido las herramientas de esa derecha populista. Todo ello, presentado como una confrontación al establecimiento oligárquico neoliberal. En Colombia, como siempre, adelantándose, Uribe fue una expresión precoz de ese fenómeno en auge.

El ascenso del populismo de derecha es, a la vez, la derrota de la “izquierda liberal” (Zizek), del “progresismo neoliberal” (Fraser), o sea, de la “izquierda domesticada”. La izquierda termina acomodada al sistema capitalista cuando entra a administrar el “Estado heredado” sin tener un verdadero programa y una estrategia revolucionaria. La derecha populista cabalga sobre los lomos del fracaso de los proyectos de cambio que sólo aplican “paños de agua tibia”. “Si la revolución no se repite” (Zizek-Lenin), la reacción termina imponiéndose. Si las fuerzas revolucionarias no evolucionan desde lo nacional a lo global, desde lo pragmático a lo revolucionario, desde lo administrativo a lo realmente político, desde la democracia “de arriba” a la democracia “de abajo”, desde el "dar y ofrecer bienestar" (subsidios) a generar verdaderos procesos transformadores, sus esfuerzos y buenas intenciones son asimilados por el sistema. Terminamos a la defensiva, con el pecado y sin el género. Nos quedamos con la ilusión y los capitalistas con sus arcas llenas.

No quiere decir que no debamos luchar por “ser gobierno”. Podemos y debemos hacerlo pero sólo como una tarea más, ni siquiera como la principal. La labor que tenemos entre manos es construir las herramientas organizativas entre las comunidades y la población, “órganos de nuevo poder” (soviets o comités revolucionarios), formas de “democracia de abajo”, así sean gérmenes incipientes pero que sean “cualitativamente nuevos”. Esa forma de nuevo poder debe combinar una acción legislativa y ejecutiva (comuna) con acciones concretas en campos de la producción y la cultura, como "pro-común colaborativo" (Rifkin-Ostrom). Es la única garantía de que puedan ejercer "verdadera hegemonía”, de que cuando las fuerzas revolucionarias controlen el Estado heredado, esos órganos de nuevo poder no sucumban ante las presiones y formas de cooptación que vendrán “desde arriba”. Es la única forma de mantener y fortalecer las "reservas de la revolución", el pueblo de verdad empoderado y movilizado. 

Hoy (2018) en Colombia es posible que una coalición de centro-izquierda logre acceder al gobierno. Vivimos una verdadera crisis de régimen. Pero si no tenemos claro cómo actuar en esa eventualidad, si como ocurrió en los gobiernos de izquierda en Bogotá (incluyendo el de Petro) no sembramos conciencia y organización a todos los niveles (no sólo con los "más pobres" sino con todos los sectores de la sociedad), lo que ocurrirá será que repetiremos la experiencia y los fracasos que estamos observando en nuestros pueblos vecinos. Pero, no será culpa de los Robledos, Claudias, Fajardos o Petros (como no es culpa de Lula, Chávez, Correa o Evo-García Linera), será culpa de todos nosotros que hemos perdido nuestra capacidad crítica y desechamos el debate y la autocrítica. El pragmatismo nos ha embelesado y paralizado.

Pero... ¿es posible reaccionar?


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viernes, 10 de febrero de 2017

¡CUIDADO! VARGAS LLERAS QUIERE EMULAR A TRUMP

¡CUIDADO! VARGAS LLERAS QUIERE EMULAR A TRUMP

Bogotá, 10 de febrero de 2017

Hoy todo está patas arriba. Trump, un multimillonario xenófobo, es –supuestamente– el gran enemigo de Wall Street y Frankfurt. Los trabajadores afectados por la globalización neoliberal y derrotados por el capitalismo salvaje, en los EE.UU. y Europa se apoyan en los populistas de derecha (Trump, Le Pen, etc.) que lo único que les pueden ofrecer son muros de contención para los inmigrantes o la expulsión de los mismos. Mientras tanto, la izquierda liberal no sabe qué hacer y al interior de los movimientos sociales, populares y libertarios, recién se inicia el debate sobre qué camino coger. La confusión es mayúscula.  

En Colombia, el vicepresidente Vargas Lleras inició su campaña electoral estimulando el nacionalismo contra los venezolanos. Empoderado y alentado por el presidente Santos para andar por ciudades y pueblos –con chequera en mano y coscorrones a granel– entregando soluciones de vivienda como si salieran de su bolsillo, va construyendo su entramado electoral con políticos corruptos y toda clase de contratistas mientras el resto del gobierno trata de contener las críticas acudiendo al argumento de “la defensa de la paz”.  

Vargas Lleras quiere emular a Trump y arrebatarle la bandera derecho-populista a Uribe, quien construyó gran parte de su capital político atacando a Chávez y al proyecto bolivariano. Pero éste no se había atrevido a agredir al pueblo venezolano en el entendido de que en los últimos 30 años, el hermano país recibió, alojó, trató bien y nacionalizó a millones de colombianos. Además, Uribe sabe que los recientes migrantes venezolanos no simpatizan con el actual régimen de Maduro y, por tanto, en vez de ser rechazados deben ser atraídos.

Sin embargo, los intentos por revivir en Colombia el populismo de derecha, que ya tuvo su auge temporal durante los dos gobiernos de Uribe, no van a prosperar. Eso creemos. La amenaza “castro-chavista”, bandera de los guerreristas, ya no asusta tanto. Los escándalos de corrupción político-administrativa que –con el caso de Odebrecht– han rebosado la copa, afectando a uribistas y santistas, y la acertada decisión de un sector de los demócratas de centrar sus acciones en ese tema, aglutinan la atención de la población cansada de la demagogia “pacifista”.

No obstante hay que afinar la estrategia. ¡Hay que tener mucho cuidado! Debemos tener en cuenta que la base económica y social del populismo de derecha en nuestra sociedad es muy diferente. Aquí el peso de las economías criminales (unas legales y otras no) es enorme. La minería a gran escala y a cielo abierto, la producción y tráfico de narcóticos y otras “drogas ilícitas”, el tráfico ilegal de insumos, armas y personas, los juegos de azar, la prostitución a diferentes escalas, la pornografía virtual y real, los turismos ilegales e informales de nuevo tipo, las economías informales (moto-taxismo, venta de minutos, ventas ambulantes, e infinidad de formas de rebusque que se apoyan en la corrupción e ineficacia del Estado, etc.), hacen parte de nuevas formas de acumulación e irrigación de capital, y generan sectores sociales descompuestos, “burguesías emergentes” que no tienen escrúpulos y tienen mentalidad mercenaria. Además, sabemos que al final, todas esas ganancias de esa economía parásita siempre “llega” a los bancos e instituciones financieras de las metrópolis híper-desarrolladas.

Por otro lado, el despojo de territorios y riquezas a cargo de conglomerados transnacionales y “nacionales”, y en medio de ello, la reaparición de nuevas formas de economías de pequeños y medianos productores (del campo y de la ciudad), exigen nuevos enfoques en la investigación de nuestras realidades y nuevas miradas que capten la complejidad de un desarrollo socio-económico y cultural que, a más de contradictorio, es caótico y turbulento.

Lo que se observa a simple vista (no hay estadísticas) es que esas “economías” –incluyendo todo el aparataje financiero que se mueve alrededor de préstamos y refinanciaciones de préstamos (caso de los créditos de libranza)– logra que de una forma algo artificial y artificiosa, la gente –de todas las clases y estratos–, mueva “billete” a diestra y siniestra. Decenas de centros comerciales son construidos aceleradamente en ciudades, pueblos y localidades de Bogotá y el auge constructor de vivienda mantiene su ritmo. Pareciera que más quebrado está el Estado que la gente misma. Y además, ese Estado no sabe cómo quitarle ese dinero, sobre todo a “los de abajo”, mientras en las grandes ciudades se generaliza la inseguridad y criminalidad que es la respuesta de una juventud que no tiene oportunidades de educación y/o empleo digno.

Es indudable que la actual crisis fiscal del Estado, acrecentada por el impacto de la corrupción político-administrativa va a convertirse en mayores impuestos (directos e indirectos) sobre todo para los trabajadores y medianos empresarios formales, pero ese otro gran espectro económico ilegal y hasta criminal, seguirá siendo una especie de colchón de amortiguamiento que evita la profundización de una crisis general que afecte a toda la población por parejo. Es la particularidad de este país, que no es fácil de encuadrar ni de entender.

Frente al desorden y el caos de la economía, de la sociedad y del Estado, la mayoría de la población está pidiendo “mano fuerte”. Los demócratas deben tomar atenta nota de esa situación. El populismo de derecha siempre ha utilizado ese argumento para crecer y consolidar su política. La izquierda liberal nunca resolvió ese problema por temor a afectar los llamados “derechos humanos”. Se requiere mucha firmeza para impulsar un proceso de moralización de la sociedad y entender que hay que empezar por la cabeza, por los grandes cabecillas de la corrupción y de la economía criminal (transnacional).

No se puede repetir la caricatura de Mockus que se empoderó con la consigna de la lucha contra la corrupción y cuando estaba de cara a la Presidencia, centró su política en la “corrupción” del tendero que no paga el IVA o la del peatón que viola las normas de tránsito. Hoy y siempre el desorden lo ponen “los de arriba”. Por allí toca empezar a barrer la casa.


E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado

martes, 7 de febrero de 2017

CONQUISTAR LA DEMOCRACIA ES HACER LA REVOLUCIÓN

Por qué los demócratas deben deslindarse de las FARC

CONQUISTAR LA DEMOCRACIA ES HACER LA REVOLUCIÓN

Bogotá, 6 de febrero de 2017

“Los demócratas colombianos no pueden cargar con el peso negativo acumulado por las FARC en su proceso de degradación guerrerista.”

En Colombia –por fin– se están dando las condiciones para derrotar a los principales agentes de la corrupción político-administrativa. Por lo menos, a nivel del gobierno central es posible someter la “patota” politiquera y clientelista. El desmantelamiento de ese entramado ilícito que carcome al Estado y a la sociedad debe ser iniciado por la cabeza. Y de inmediato, hay que continuar con las mafias políticas territoriales y locales pero hay que iniciar por el nivel central. Ese paso es esencial para después impulsar verdaderos procesos constituyentes convocados por un gobierno alternativo.

Es por esa razón que las fuerzas sanas de la nación, representadas por los sectores políticos que no se han dejado permear por la politiquería y el clientelismo, que hoy están parcialmente presentes en el Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde, Progresistas, Compromiso Ciudadano y otras agrupaciones, deben diseñar una estrategia creativa y consistente para unificarse y, así evitar que la “izquierda liberal” (santismo) y el “populismo de derecha” (uribismo y vargas-llerismo) continúen polarizando y distrayendo a la sociedad con la falsa disyuntiva entre la paz y la guerra, entre la “debilidad” y la “autoridad”, entre la apariencia reformista y la realidad ultra-conservadora.

Esas fuerzas sanas de la nación, que tienen identificada a la corrupción política-administrativa como el cáncer que ha hecho metástasis en todos los niveles del Estado y de la sociedad, recogen los intereses de gran parte de los trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes y clases medias, pero también, de importantes sectores empresariales (pequeños, medianos y hasta grandes) que están resueltamente interesados en enfrentar ese fenómeno. Entenderlo, es de gran importancia para el momento actual. Podemos romper el celofán y sacarla del estadio.

Es evidente que no estamos hablando de la corrupción inherente al sistema capitalista y de las mafias financieras que carcomen al mundo con el pillaje de los poderosos bancos. Sin embargo, desencadenar un movimiento contra la corrupción que afecte la contratación del Estado y el funcionamiento de las instituciones de justicia y los órganos de control, permitirá que los movimientos sociales ejerzan –organizadamente– nuevas formas de control social, “desde abajo”, “con afilados dientes”, avanzando hacia nuevos espacios de lucha.

No obstante, para poder construir ese gran frente social y político contra la corrupción, las fuerzas democráticas deben aclarar y ajustar su posición frente a la terminación del conflicto armado. La tesis que desarrollo en este escrito parte de plantear que además de respaldar el proceso de cumplimiento de los acuerdos firmados, debemos deslindarnos –total y absolutamente– del proyecto político que organizarán las FARC. Si se consigue afrontar con propiedad y claridad ese tema, el año 2018 podría ser histórico para el país.

En este largo artículo, que recoge brevemente aspectos históricos de nuestro país y en los que incluyo parte de mis experiencias y encuentros personales con el conflicto armado, intento contribuir a superar ese dilema que impide que algunas corrientes políticas e intelectuales se sumen a la lucha contra la corrupción que han planteado varios precandidatos presidenciales como Jorge E. Robledo, Claudia López, Sergio Fajardo, Antonio Navarro y otras personalidades que tienen autoridad moral para hacerlo.

Hay que ayudar para que las FARC tengan condiciones viables para hacer política, en eso no debe haber dudas. Démosle la bienvenida a la civilidad y contribuyamos para que actúen en ese terreno. Pero, ello no significa que las fuerzas democráticas tengan que cargar con el peso negativo que se han ganado, que es un efecto directo de la degradación que sufrieron durante esa larga guerra. Además, mientras los dirigentes guerrilleros y sus cercanos –tanto de las FARC, ELN y EPL– no reconozcan la existencia de ese proceso de degradación y no superen conscientemente las causas internas (propias de esas organizaciones) que llevaron a esa situación, no lograrán avanzar ética y moralmente y ganarse el favor de las mayorías sociales y ciudadanas.

Ese es el tema que desarrollo a continuación.

Síntesis de una posición reiterada

Desde el punto de vista revolucionario y democrático no se cuestiona el paso que han dado las FARC. Es acertado y oportuno acabar con una guerra que terminó instrumentalizada por el imperio y la oligarquía. La crítica central consiste en que la dirigencia guerrillera, en su afán por ocultar el fracaso de la estrategia armada, se han prestado para ilusionar al pueblo con supuestas reformas que traerían la democratización del país y la construcción de una “paz estable y duradera”. 

Sería como decir… no pudimos transformar el país por la vía armada pero ahora que dejamos las armas, la oligarquía y el imperio nos premian haciendo la revolución por decreto. Porque en eso si no pueden haber duda: ¡Conquistar la democracia en Colombia es una verdadera revolución! Pero, al contrario de lo que piensan los jefes guerrilleros y las fuerzas políticas de su entorno, ello no se logrará con reformas en el papel como ocurrió en 1991. Es una experiencia comprobada con creces. Sólo sacando del gobierno a las castas dominantes podrá iniciarse un verdadero proceso de democratización del país. Las reformas legales serán resultado y no causa de ese proceso.

Pero además, la identificación que se hace de la terminación negociada del conflicto armado con la conquista de la paz, no sólo le sirve al establecimiento neoliberal para ilusionar a la población con la promesa de cambios sustanciales en la vida del país sino que le permiten –bajo esa cobertura– impulsar sus política de arrasamiento de territorios y de mayor entrega de nuestras riquezas con el argumento de que es para “construir la paz”. Nada más contradictorio y falso.

Los factores estructurales que eternizan las violencias no se van a superar a corto plazo. Por el contrario, se van a fortalecer. La economía del narcotráfico, la explotación de nuestras riquezas naturales a manos de empresas transnacionales, las economías ilegales ligadas al tráfico de drogas, insumos, armas, personas, prostitución, juegos de azar, etc., la debilidad estructural del Estado y la cultura de enriquecimiento fácil (“traqueta”), no van a ser enfrentadas por un régimen que no está interesado en impulsar alternativas productivas autónomas o políticas sociales viables para atacar esos fenómenos. Es un hecho visible.

Si en realidad el gobierno estuviera interesado en acabar con la economía del narcotráfico ya habría planteado la legalización global de toda la cadena productiva para acabar con un negocio que se funda en la política prohibicionista. Si quisiera acabar con las violencias intrínsecas a un tipo de explotación de los recursos naturales que se basa en el despojo y atropello a las comunidades, ya habría declarado la emergencia ambiental y social movilizando al ejército y a la población para acabar con esas prácticas anti-sociales. Pero, eso nunca lo harán. Nunca.

Las guerrillas deben luchar –como lo hacen– por obtener garantías para reinsertarse a la vida civil y hacer política. Hasta allí les da la fuerza. Pero, querer agregar conquistas que solo puede obtener la sociedad y el pueblo organizado y movilizado, sólo sirve al interés demagógico de las castas dominantes que les interesa ilusionar a la gente con salidas cómodas. ¡No hay soluciones fáciles!

Pero además, hay que reiterarlo una vez más, las guerrillas no son los actores ideales para generar una gran movilización social porque perdieron –hace rato–, su perfil ético y político para encabezar esa tarea. Es la causa de que durante todo el proceso de diálogos no haya sido posible vincular las reivindicaciones y organizaciones sociales con la conquista de la paz. Es algo que muchos no se explican, no entienden o quieren negar.

De alguna manera, las FARC, por no perder el escaso capital político construido a lo largo de décadas, juegan a lo que le interesa jugar a la oligarquía: a la apariencia de reformas democráticas. Su descolocación frente al momento político es visible y hasta comprensible. Han vivido de espaldas a una realidad que les pedía que acabaran con una acción armada que impedía el desarrollo político y cultural de la sociedad. Al fin lo comprendieron pero quieren cosechar muy temprano lo que no supieron sembrar desde el monte y la clandestinidad.

No caen en cuenta que fueron instrumentalizados en la guerra y ahora lo están siendo en la paz.

El problema de fondo

Para abordar el problema de fondo es necesario entender, por un lado, nuestra formación social histórica que es la que en verdad hay que superar, y por el otro, las concepciones políticas e ideológicas heredadas por nuestras izquierdas, que recién hoy empiezan a estudiarse y entenderse a nivel mundial después de los fracasos históricos de las revoluciones del siglo XX (Rusia, Europa Oriental, China, Corea, Vietnam, Cuba, etc.) y las recientes experiencias en países árabes, norte de África, Grecia y América Latina. Ambas formaciones (social y política), están entrelazadas e imbricadas. Nuestro conflicto armado es un ejemplo de ello.

En América Latina se presentó un fenómeno muy interesante que no ha sido estudiado por la academia, y menos, por los partidos políticos. La colonización se realizó con cierta facilidad porque se hizo con base en la confluencia de dos tipos de élites cortesanas que se coaligaron para hacerlo. La una, la proveniente de la península ibérica (castellanos, andaluces, extremeños, catalanes, vascos, gallegos, lusitanos, etc.). Las otras, élites de cacicazgos indígenas pertenecientes a los imperios precolombinos (inca, azteca, muisca). De una forma especial se construyó una alianza entre esas cúpulas para mantener y expandir su poder a lo largo y ancho del territorio.

Con la fuerza de esa coalición (así haya sido subordinada para las élites indígenas) se construyeron las instituciones coloniales más poderosas de la región: Real Audiencia de Nueva España (México); Nueva Castilla (Lima-Perú) y Nueva Granada (Bogotá-Colombia), que después fueron Virreinatos y que en la actualidad siguen siendo los centros de poder colonial, pro-imperial, oligárquico, racista y reaccionario en América Latina[1]. Hoy son la cabeza de la Alianza del Pacífico y no es casual que en esos países se hayan presentado las últimas rebeliones y alzamientos armados (EZLN, Sendero Luminoso, MRTA, FARC, ELN, etc.).

Esas oligarquías, en cuya cabeza siempre se mantuvo una élite blanca que reclamaba su pureza europea pero que estableció relaciones de parentesco, padrinazgo, compadrazgo y otras formas de relacionamiento cercano con indios, negros y mestizos, aprendió desde muy temprano a manejar las rebeliones y alzamientos armados. Conocían al detalle qué pueblos y sectores eran “malos” (mapuches, nasas, kichés, negros antillanos, mestizos rebeldes, etc.), cuáles eran controlables, quienes eran sobornables, y sabían provocar, manipular e infiltrar los levantamientos armados. Incluso, aprendieron a estimularlos para depurar de “malvados” a sus “comunidades protegidas”[2].

Esa realidad –que debe ser estudiada a profundidad– era desconocida por los luchadores y dirigentes de los movimientos insurgentes que aparecieron después del triunfo de la revolución cubana. No es casual que sólo en aquellos países en donde se impusieron dictadores como Batista (Cuba) y Somoza (Nicaragua), que se salieron de la línea “cortesana” y “democrática” que usaban las oligarquías latinoamericanas, fue donde logró imponerse una insurrección armada de tipo popular. Y esa falta de conocimiento de la realidad los llevó a impulsar alzamientos armados que, desde un enfoque estratégico y complejo, no tenían formas de movilizar a las mayorías y de triunfar frente al poder imperial-colonial-oligárquico.

El otro aspecto, la formación política de los dirigentes populares revolucionarios es muy importante de caracterizar. Fue heredada de los avances de la humanidad y de los trabajadores europeos de los siglos XVIII, XIX y XX. Sin embargo, como lo están aclarando estudios y análisis críticos, dichas concepciones estaban plagadas de concepciones deterministas, economistas, dogmáticas, de idealización de los objetivos y formas de lucha. En realidad, era un cristianismo con apariencia de “marxismo” y de revolución popular. Los revolucionarios –todos– se creyeron “salvadores supremos”. Y claro, el voluntarismo guerrillerista idealizado en el “Ché” se convirtió en el modelo del revolucionario que se iba al monte a montar su guerrilla y esperar la insurrección popular.

De esa manera se fue olvidando la consigna de la I Internacional: “La emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos”, y se reemplazó por la lucha de grupos y vanguardias armadas, muchas de las cuales confluyeron con verdaderas resistencias armadas campesinas como en el caso de Colombia. No obstante, al no poder convertir esa resistencia en una ofensiva popular de gran envergadura se vieron involucradas en una trampa histórica de la cual recién estamos saliendo. Es parte de nuestra historia y legado por superar.

Algunos encuentros personales con el conflicto armado

Para ilustrar algunos de los aspectos que he señalado anteriormente voy a realizar un ejercicio breve de memoria personal que les puede servir a los jóvenes que no conocen detalles de nuestro conflicto armado. Son parte de nuestras experiencias y deben ser compartidas para ser evaluadas.

Algunas personas saben que mi abuela materna, una india de Usme, fue sirvienta en casa del cura Camilo Torres R. Mi madre se crio como hermana “entenada” en esa familia. Esa relación influyó enormemente en nuestra vida. Despedimos en octubre de 1965 en Popayán con mi madre y hermanos al cura que se iba para el monte a encabezar la insurrección que liberaría a nuestro pueblo. Sin embargo, a los pocos meses ocurrió su muerte. En forma emotiva y a temprana edad llegué a la misma conclusión que elaboró Joe Broderick en su libro sobre el cura Pérez[3]: El ELN sacrificó al cura para convertirlo en mártir de la revolución y alentar la insurrección popular que nunca llegó. Una verdadera estafa y tragedia. Así empecé a conocer a nuestras guerrillas.

El segundo encuentro se presentó en forma paralela. Frecuentaba por esos mismos años a una organización de artesanos revolucionarios de Popayán que se autodenominaba ORC (Organización Revolucionaria del Cauca). Entre algunas de sus tareas populares y pedagógicas, ellos conformaron un grupo de jóvenes para que se le presentaran a los jefes de las FARC para integrarse a la guerrilla. Entrenaron a lo largo de muchos meses y viajaron a Riochiquito (Cauca) para presentarse ante Ciro Castaño Trujillo, segundo al mando por esos días. Este guerrillero los conversó y los devolvió con amabilidad a la ciudad. Les dijo que ellos no estaban allá por propia voluntad. Les afirmó que si pudieran, harían el trabajo de organización y concientización que hacia la ORC pero que no podían hacerlo porque los mataban. Ellos estaban “enmontados” para defender su vida pero –insistió–, solos no harían nada. Se necesitaba un trabajo serio de tipo revolucionario en las ciudades. Les agradeció su valentía pero los rechazó fraternalmente. Era un guerrillero liberal gaitanista que no alimentaba expectativas falsas e ilusiones vanas. (Esa línea de pensamiento se perdió en las FARC y después se impuso la visión militarista).

El tercer encuentro sucedió en mi barrio Alfonso López de Popayán. Allí realizábamos durante la década de los años 70s del siglo XX un trabajo de organización y educación popular con jóvenes, todos casi adolescentes. Íbamos bien, o eso creíamos. Sin embargo, debido a temas de trabajo algunos de los jóvenes más experimentados tuvimos que ausentarnos unos meses. Ese tiempo fue aprovechado por sectores del ELN y EPL para reclutar a muchos de los integrantes del Comité Juvenil que en pocos meses murieron o fueron a parar a la cárcel por verse involucrados en atentados y “trabajos de expropiación”, que aunque fueran presentados con un carácter heroico y rebelde, para el común de la gente no eran más que acciones delincuenciales totalmente desvinculadas de cualquier lucha popular. Mucho dolor y frustración nos dejó esa experiencia.

El resto de situaciones ocurren en muchos y variados municipios del Cauca. Trabajábamos con organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Siempre nos encontrábamos con las guerrillas. No entendían cómo podían existir procesos de organización popular que ellos no pudieran controlar. La constante que aplicaban era el principio de la guerra que dice… “si no estás conmigo, estás contra mí”. La lucha por mantener nuestra autonomía frente a los actores armados, lucha que ha sido desarrollada con especial capacidad por parte de las comunidades indígenas del Cauca, se convirtió en una constante. En el caso de El Tambo sufrimos persecuciones a cargo del 8° Frente de las FARC, que en 1997 se alió con Aurelio Iragorri Hormaza para quemar los votos al Movimiento Campesino y Popular y perseguir a sus dirigentes. No fueron los únicos casos. En algunas ocasiones se aliaban con grandes terratenientes que tenían capacidad para pagar impuestos, colocándose al lado de los poderosos en los conflictos con campesinos pobres. Ello explica que hoy en el Cauca, la principal organización campesina –la ANUC reconstruida–, está muy lejos políticamente de la insurgencia.

Son solo algunos ejemplos de cómo la degradación de nuestras guerrillas no fue sólo resultado de la estrategia de “guerra sucia” utilizada por el imperio y la oligarquía sino que desde el principio existían problemas de formación ideológica que permitieron que esas fuerzas guerrilleras fueran entrando en un proceso de descomposición política que es la principal causa del rechazo actual por parte de amplios sectores populares. Es parte de lo que deben superar en la vida legal ya que la firma de los acuerdos y su desmovilización no generan –por sí mismas y en forma automática– la transformación de sus concepciones y prácticas políticas.

Diez (10) graves errores de las FARC

Es muy importante que se entienda que la crítica que se le plantea a las FARC tiene como objetivo mostrar una realidad que no ha sido abordada desde el campo popular y de las izquierdas. Claro, el miedo, una errada solidaridad o el sectarismo, impidió que el debate se desarrollara con seriedad y rigurosidad para bien de las mismas guerrillas y el pueblo. Sin embargo, no es tarde para hacerlo. En nuestro caso, ya lo hemos hecho sin ser escuchados. Pero ahora, que dichas fuerzas entran en el juego de la “legalidad” y de la construcción de convivencia, es todavía más trascendental que se profundice en este tipo de problemas.

Hemos ubicado las siguientes formas de degradación de las guerrillas en medio del conflicto armado. Sabemos que la guerra descompone a sus actores, que las FARC pueden enorgullecerse y vanagloriarse de haber resistido los embates de uno de los ejércitos más grandes del mundo (el colombiano) que contaba con el apoyo del imperio más poderoso del planeta (EE.UU.), pero es necesario identificar las falencias propias que permitieron que el proceso de degradación llegara a niveles muy graves para la causa revolucionaria. Es un deber hacerlo. Se hace en forma sintética pero cada punto da como para un tratado.   

1. El secuestro: de ser un instrumento eminentemente político, individualizado y concentrado en personajes detestables o en grandes empresarios, que también, en forma secundaria, sirvió para obtener ingresos económicos para la insurgencia (M19), se pasó a utilizar como una exclusiva herramienta de extorsión económica, afectando principalmente a campesinos ricos y medios. Además, se mostró una enorme crueldad y falta de sensibilidad humana. Después, se generalizó su práctica hacia amplios sectores de la población con las llamadas “pescas milagrosas” que se realizaban en cualquier carretera. Hoy, como acaba de pasar con la liberación de Odín Sánchez a cargo del ELN, con ese tipo de prácticas convierten a politiqueros corruptos en héroes por el solo hecho de sobrevivir un largo y cruel secuestro;   

2. Los impuestos al narcotráfico: en un principio las guerrillas tenían claro que no debían involucrarse directamente en el negocio del narcotráfico. Con solo aplicar el impuesto del “gramaje” era suficiente. No obstante, a partir de 1983 ese comportamiento cambia en muchas regiones y frentes. La concepción militarista, la mala lectura de la correlación de fuerzas, la obsesión por conseguir el poder al costo que fuera y muchos fenómenos complementarios, facilitaron que comandantes de frentes decidieran involucrarse en prácticas que deshonraron a las fuerzas insurgentes, colocando el objetivo económico y la fortaleza logística por encima de cualquier otro propósito político y sus relaciones con la población. No podemos afirmar que se hayan convertido en el “cartel más grande del mundo” como hacen los “uribistas” pero, es importante señalar que las guerrillas se enredaron en pactos con mafias y con prácticas que contribuyeron a que las castas dominantes los hicieran ver ante amplios sectores de la sociedad como unos delincuentes y criminales del montón;  

3. Los impuestos a la minería ilegal y otras prácticas frente a terratenientes y empresas transnacionales: Ser conniventes con la minería ilegal e incluso en algunas zonas con grandes terratenientes, mafias (Magdalena Medio[4]) y hasta con empresas transnacionales que pagaban las “vacunas”, se convirtió en muchas regiones en formas de sobrevivencia económica que enfrentaba a las guerrillas con sectores populares;

4. Realizar atentados generalizados y crímenes atroces que afectaron gravemente al pueblo;

5. Creer que podían llegar al poder solo con fuerza económica y militar, y sin el apoyo del pueblo;

6. Convertirse en muchas zonas en verdaderos ejércitos de ocupación;

7. Permitir que jefes degradados y personajes descompuestos hicieran parte de sus filas;

8. No medir los errores y crímenes de “otros” con el mismo rasero con que miden los de ellos. Los fallos de la guerrilla se cometían por una causa superior mientras que los de sus enemigos se hacían por intereses mezquinos;

9. Caer en la politiquería y en el triunfalismo en la fase del plebiscito: el pedir perdón a diestra y siniestra para buscar votos por el Sí;

10. Creer en las promesas demagógicas de Santos, ser cómplices de ese engaño y contribuir con que el pueblo las crea (aunque poco las cree, como hemos visto).  

Para finalizar este aparte podemos resumir la posición de las FARC: Nos llaman a soñar con la paz. Según ellos, con solo reformar las leyes se avanzará hacia la democratización del país y la conquista de la paz. Su llamado a constituir un “gobierno de transición” integrado por todas las fuerzas comprometidas con el “proceso de paz” (o sea, la terminación negociada del conflicto), que incluye a todos los politiqueros “santistas” que se han pintado de pacifistas, implica una coalición con el establecimiento neoliberal. Esa fórmula no es más que el resultado de su degradación moral que ahora se transforma en descomposición política. Por ahí no es.     

La coyuntura política nacional e internacional

Avanza en el mundo el populismo de derecha. Trump es su adalid pero en Europa otros políticos como Marie Le Pen, le siguen sus pasos. Usan el fanatismo nacionalista, religioso, racista, xenofóbico y homofóbico, para conseguir el apoyo del electorado. Se apoyan en la frustración de millones de trabajadores que perdieron sus empleos con la globalización neoliberal. Su política “proteccionista” se basa –principalmente– en el rechazo a los inmigrantes. Aprovechan la debilidad de la “izquierda liberal” que terminó apoyando los paquetes de austeridad y privatización.

En Colombia, Uribe trata de re-engancharse a ese carro de la reacción mundial. Se puede decir que él encabezó una precoz avanzada de esa ola populista de derecha. Germán Vargas Lleras quiere empatar con esa tendencia emulando a Trump con sus ataques a los venezolanos. Sólo falta que proponga un muro para impedir la migración desde ese país. La lucha contra el “castro-chavismo” es la forma que adquiere dicha estrategia. La campaña por el NO durante el plebiscito fue el escenario donde el populismo de derecha colombiano mostró sus cartas.

Al igual que en EE.UU., importantes sectores de la izquierda liberal proponen que hay que construir una gran coalición anti-uribista para impedir su regreso al gobierno. Quieren enfrentar una Hilary nacional (De la Calle Lombana) a un Trump colombiano (el heredero de Uribe o Vargas Lleras). Tal estrategia no tiene en cuenta la evolución de nuestra vida política y pone en bandeja –como ha ocurrido en el país del norte y va a ocurrir en Francia– el triunfo al populismo de derecha.

En esa dinámica están los dirigentes de las FARC. Obligados por las circunstancias de su desmovilización, afanados por la presión de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, y preocupados –justamente– por la continuidad del proceso de paz, caen en las dinámicas tradicionales de una izquierda cortesana y tradicional. Su lectura es errada. La única garantía de cumplimiento pleno de los acuerdos es la derrota del santismo y el uribismo en 2018.

La tarea que está planteada en Colombia es construir y consolidar una convergencia democrática que ofrezca al país una alternativa alejada del autoritarismo populista de Uribe (o Vargas-Lleras) y de la demagogia neoliberal de Santos. Esa convergencia debe presentar un programa de gobierno unificado y postular una candidatura única de las fuerzas independientes. Tal iniciativa hoy está encabezada por Robledo, Claudia López y Fajardo. Ellos llaman a la lucha contra la corrupción como uno de los temas centrales de la próxima campaña. Sin embargo, esa iniciativa debe ser reforzada con la participación y acción de amplios sectores ciudadanos y organizaciones sociales.

Esa alianza de las “fuerzas sanas de la Nación” tiene todas las posibilidades de unificarse en torno a otros temas. La lucha contra la corrupción debe entenderse como una tarea democrática de alto contenido ético. El fortalecimiento de los nacionalismos estrechos y agresivos en las grandes potencias económicas (EE.UU., China, Rusia, Reino Unido, Francia, etc.), crean condiciones y facilitan los acercamientos en aspectos económicos, sociales y culturales. La mesa está servida.

En Colombia el populismo de derecha no volverá y la izquierda liberal ya agotó su capital político. Todo está dispuesto para avanzar. Podemos volver a tomar la iniciativa pero esta vez será para romper con nuestro pasado colonial y cortesano. Si lo intentamos, lo lograremos.    

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado




[1] No es casual que México, Perú y Colombia sean sociedades que mantengan la tauromaquia. Es un símbolo.
[2] La rebelión de Benkos Biohó en los alrededores de Cartagena de Indias (Colombia), es una de las experiencias más notables en ese aprendizaje realizado por los colonizadores. Pero también, la rebelión de Túpac Amaru, y de los Comuneros en Nueva Granada y Paraguay, son ejemplos de esa materia.  
[3] Broderick, Joe (2000). “El guerrillero invisible”. Intermedio Editores. http://bit.ly/2kDshi4   
[4] En el Magdalena Medio las guerrillas permitieron durante la década de los años 70s que los narcotraficantes se convirtieran en terratenientes. Alimentaron a su enemigo mortal. 

lunes, 6 de febrero de 2017

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, EN LA NUEVA COYUNTURA DE COLOMBIA

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, EN LA NUEVA COYUNTURA DE COLOMBIA

Lucía Vásquez Celis M.Sc.
Febrero 2017, cuando la Paz se vuelve Esperanza para unos y diatriba para otros
Abordo esta reflexión, sin pretender erudición, ni mucho menos respuestas o verdades absolutas, sino como una reflexión de una ciudadana del común, en la coyuntura actual de Colombia en la que pese al proceso  de implementación de los Acuerdos de la Habana, Gobierno- Farc,  la corrupción se evidencia y percibe como uno de los males mayores de la política y del sine quanom social, y la lucha contra ésta, se plantea como la bandera reivindicativa  más poderosa para la contienda del 2018 por parte de partidos, movimientos y procesos  políticos que se pueden alinear en el genérico de alternativos.
 Me interesa aportar algunas pistas en la perspectiva de la construcción de agendas hacia el debate electoral del 2018, abordando tres componentes: 1. Etimología, dimensiones política, jurídica, ética y cultural implícitas en el término corrupción; 2. ¿El poder y la corrupción son una asociación inherente?; 3. ¿La lucha contra la corrupción político-administrativa es suficiente como bandera de movimientos políticos alternativos, en la nueva coyuntura de Colombia?
ETIMOLOGÍA, DIMENSIONES POLÍTICAS, JURÍDICAS, ÉTICAS Y CULTURALES IMPLÍCITAS EN EL TÉRMINO “CORRUPCIÓN
Etimológicamente, “corrupción”, emana del vocablo “corruptio” del latín, el cual está conformado por tres elementos: i. El prefijo “con” que significa “junto”; ii. El verbo “rumpere”, que hace alusión a “hacer pedazos”; iii. El sufijo “tio” que hace referencia a “acción y efecto”, esto nos conlleva a que etimológicamente, corrupción, es acción y a su vez efecto de depravar, echar a perder, pervertir, dañar, sobornar.
Para el diccionario de la Real Academia Española, la corrupción es el vicio o abuso en cosas materiales y no materiales. Esta definición, implica que la corrupción es también una depravación moral o simbólica[1].  
Platón y Aristóteles consideraban la corrupción como “la degeneración de las formas de gobierno a consecuencia de la pérdida de la virtud del gobernante que, embriagado por el poder, pospone la utilidad común al interés propio y para Roma una cultura universal que así como se había convertido en un eje del mundo, también fue una cuna para la aparición de funcionario corruptos, que ante el poder que ejercían estos comenzaron a manipular su economía siempre a favor de la clase que oprimía a las más baja”
Desde el sentido clásico del pensamiento político, la corrupción se asume como el abuso autoritario del poder, hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente[2]. Por su parte, Humberto Njaim en 1955, señalaba, que “la corrupción es un importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro”.
En el discurso político actual, la corrupción se asume desde el sentido clásico de abuso del poder, aunque predomina el entenderla  como el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades (corrupción personal) o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien personalmente (corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen, bien sea en el sector oficial o empresarial para afectar lo oficial. En este sentido, la corrupción se percibe por un lado, como manejo deshonesto de recursos públicos o recursos en torno a una gestión pública y por otro, como deshonesto en particular, en un sentido individual, dirigidas hacia actividades del estado, empresas o actores privados en general.[3]
En América Latina se pasa del uso del término corrupción administrativa o peculado desde la década de los cuarenta hasta mediados de los setenta del siglo XX, al empleo predominante del vocablo corrupción política o, simplemente, corrupción.
El Banco Mundial - BM (2000) desglosa el concepto, y hace principal hincapié en la distinción entre la corrupción como captura del Estado y la corrupción administrativa. La corrupción como captura del Estado, la define como las acciones de individuos, grupos o firmas, tanto en el sector público como en el privado, para influir sobre la formación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas gubernamentales para beneficio propio y la corrupción administrativa como la imposición intencional[4]
Por su parte, el ex fiscal de Colombia Alfonso Gómez Mendez, (2016)[5], señala “La corrupción se refiere al ejercicio indebido de lo público para satisfacer, por torcidos métodos, ambiciones económicas y por lo tanto es política” y agrega, “La ausencia de control político, y de separación real de poderes, unida a la falta de partidos políticos, es el gran catalizador de la corrupción”.
Dentro de la corrupción política se señalan las siguientes formas o modalidades:
Cleptocrácia: Término que se usa para calificar a un gobierno corrupto y ladrón, que desarrolla su poder basado en el robo de capital al Estado institucionalizando la corrupción, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del poder están comprometidos.
Nepotismo: Es la deferencia que algunos gobernantes o funcionarios públicos que tienden a dar empleos públicos a familiares, amigos o pertenecientes al partido político dominante
Plutocracia: Sistema de gobierno en el poder que está favor de los que ostentan las fuentes de riqueza, donde la representación atiende únicamente a aquellos que le apoyaron, sin corresponder a la voluntad de los ciudadanos.
Peculado: Entendido como los delitos cometidos generalmente por servidores públicos o en su defecto, cualquier persona que aplique de forma distinta a la de su objeto o fin: dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
Varios autores, incluyen el clientelismo político, como elemento constitutivo de la corrupción. Para estos autores, el clientelismo político es el intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por apoyo político y votos que perdura como una institución extremadamente influyente, informal y como  estrategia aggiornada de reproducción del poder a veces oculta, en la  que las y los ciudadanos asisten y participan[6].  
 “Los distintos actores, patrones, mediadores y clientes se ubican en redes y se enlazan. La estructura de estas “redes de dominación” y los sujetos que en ella participan implican relaciones clientelares y son vistas como arreglos jerárquicos, como lazos de control y dependencia; verticales y basados en diferencias de poder y en desigualdad. Al ser altamente selectivas, particularistas y difusas, las relaciones clientelares se basan en el intercambio simultáneo de diferentes de recursos y servicios: políticos o económicos y promesas de lealtad y solidaridad. Constituyen una esfera de sumisión, un conjunto de lazos de dominación, con el agravante de que ésta práctica política, que adquiere nuevas configuraciones en cada elección y que sigue el mismo proceso nacional, quizás, no el mismo ritmo, logra regular la ciudadanía. Hay algo nuevo y algo viejo, hay sujetos sociales y políticos que se resisten al cambio porque son los principales beneficiarios de las peores prácticas de la democracia, pero que detrás de su mantenimiento ‘formal’ logran su reproducción y la de su poder. Y no sólo los políticos, también los empresarios – que viven al calor de las prebendas que pueden extraer al estado”[7]
Para otros autores, Graziano (1974 y 1980)[8] el clientelismo y la corrupción poseen una función instrumental similar, como fenómenos que privatizan la vida pública y consideran a los bienes públicos como elementos divisibles y excluyentes, a los que se les da un precio y los cuales no se desenvuelven dentro de los parámetros de legalidad sino en un intercambio cimentado sobre una fuerte desigualdad en cuanto al poder de que dispone cada uno de los protagonistas. Para Graziano, el elemento crucial de la relación clientelar en la corrupción, es el monopolio del que disfruta el político, “patrón” sobre ciertos recursos que, aunque para él fueran marginales, resultan importantes, incluso críticos, para manipular al votante, quien entonces entrega el voto para acceder a esos recursos a veces tan pírricos como un almuerzo o una teja de zinc. Por su parte, Cazzola (1988 y 1992)[9], señala que hay una continuidad entre estos dos fenómenos, considerando aspectos como el intercambio de favores, la desconfianza generalizada o la ausencia de una cultura política.
En lo que respecta a la corrupción en el  ámbito institucional, se identifican tres factores: la falta de formación de las/os servidoras/es públicas/os, el tráfico de influencias e irregularidades en los procesos de contratación de servidores/as públicos/as y las evaluaciones que se realizan sin parámetros de ética pública, ni de calidad eficacia y eficiencia, en el servicio público, lo que genera desconfianza en la capacidad de gestión y transparencia del sector público por parte de la sociedad civil.
Desde el campo jurídico,  la corrupción se asume desde varias tipologías,  el pedido, la oferta o el recibo de sobornos, peculado, consideraciones o comisiones clandestinas,  extorsión, concusión, tráfico de influencias, valimiento, peculado, abuso de información privilegiada, o de bienes, el tráfico de influencias.
Esta diversidad de tipologías jurídicas en que se sitúa la corrupción, conlleva a que la corrupción no sólo sea política en cuanto que en ella estén envueltos políticos sino también en cuanto que los políticos ya no pueden prescindir de producir políticas y normas contra ella y que estas políticas y normas deben orientarse a crear fuertes restricciones al actuar político.
En cuanto a la dimensión legal, se señalan dos nudos críticos, en primera instancia los vacíos legales que dan espacio para lo ilícito a pesar de la abundante legislación que rige en el país. En segundo lugar, la falta de credibilidad de la justicia debido a la demora, la morosidad en la tramitación de los procesos, la falta de personal, la impunidad, la ausencia de sanciones y falta de garantías para los y las denunciantes de actos de corrupción, factores que contribuye a la desconfianza ciudadana en la lucha contra la corrupción, desde el sistema de administración de justicia. En Colombia como en otros países de América Latina, predomina la corrupción en la administración de justicia, varios analistas señalan también que la aplicación de las leyes y los esfuerzos de reforma se ven obstaculizados por jueces, abogados, fiscales, agentes de policía, investigadores y auditores corruptos. “Esas prácticas son contrarias al derecho de igualdad ante la ley y el derecho a un juicio imparcial. En especial, van en menoscabo del acceso de los pobres a la justicia, pues no pueden permitirse ofrecer o prometer sobornos. Un aspecto importante es que la corrupción contribuye a una cultura de la impunidad, dado que los actos ilegales no se castigan sistemáticamente y las leyes no siempre se respetan”.
Adicionalmente, varios autores consideran que la dimensión ética también es implícita al abordaje de la corrupción porque “en la política también operan argumentaciones y se emprenden acciones que no pueden ser comprendidas si no se tienen en cuenta valores que los actores postulan como absolutos e incondicionados por contraposición a argumentaciones y actuaciones fundamentadas en filosofías puramente utilitarias. Al respecto, se cita entre otros ejemplos, que en la actualidad en el campo de los derechos humanos y cada vez más en materia ecológica y de conservación  de la naturaleza, se manejan posiciones éticas que van más allá de cálculos de costos y beneficios y con base en este análisis se afirma que pese a toda la dificultad que para regular la corrupción deriva de su conexión con la política, se trata también de un asunto donde tiene mucha fuerza y hasta predomina la posición de que debe ser perseguida y reprimida independientemente de los costos que ello acarree[10].
La ONU[11] menciona la dimensión cultural de la corrupción, señalando que  en  general “persiste una escasa implementación de una cultura de la transparencia, y que más bien se mantiene una cultura de tolerancia entre servidor público y ciudadanía, que dificulta el acceso ciudadano a los servicios y fomenta el ocultamiento de información de tal suerte que se afectan los derechos de acceso a la información y de libre expresión  y que adicionalmente, la falta de una cultura de denuncia obstaculiza la promoción de la investigación y sanción de actos de corrupción, abonando al desprestigio de lo público y/ o fomentando en el imaginario ciudadano la normalidad de la corrupción que impide reaccionar frente a abusos y arbitrariedades aunado al debilitamiento del ejercicio de valores éticos y democráticos” y agrega: “La corrupción debilita el deber de rendición de cuentas de los funcionarios del Estado, reduce la transparencia en la labor de las instituciones públicas y permite que las violaciones de los derechos humanos queden impunes. La corrupción repercute negativamente en la realización de los derechos básicos. Las prácticas corruptas desvían fondos destinados a los servicios sociales y con ello socavan la capacidad del Gobierno para prestar un conjunto de servicios, entre ellos servicios sanitarios, educativos y de seguridad social, que son indispensables para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En particular, la corrupción afecta a los más pobres y más marginados, que dependen en gran medida de los servicios públicos. La corrupción también discrimina en el acceso a los servicios públicos en favor de los que tienen capacidad para sobornar y están dispuestos a hacerlo. La corrupción puede debilitar las instituciones democráticas tanto en democracias bien establecidas como en democracias nuevas. Los funcionarios corruptos dejan de tener presentes los intereses de la sociedad cuando adoptan decisiones, lo que lleva a una pérdida de apoyo público a las instituciones democráticas. En esas situaciones, se desalienta a los ciudadanos a ejercer sus derechos civiles y políticos y a exigir que esos derechos sean respetados”.
En este primer abordaje epistemológico y de las dimensiones implícitas en el concepto “corrupción”, se ilustra que:
En la corrupción confluyen dimensiones de orden político, jurídico, cultural y ético. La corrupción va más allá de la apropiación ilegal de recursos del Estado para beneficio particular, incluye prácticas aberrantes como el clientelismo, se manifiesta no solo en la política interna sino en el ámbito internacional y en situaciones en las cuales no están en juego simples operaciones comerciales, sino también luchas de poder, donde los estados, en el mundo de la competitividad y el globalismo, tienden a identificar su interés con el de sus empresas. Por ser un fenómeno multifactorial, la corrupción se debe resolver en la dimensión moral en la familia, el sistema educativo, las iglesias y en otras instancias públicas y privadas así como en las estructuras de justicia, económica, política, social y ambiental. Solo lo punitivo no resuelve el problema estructural de la corrupción.

¿SON EL PODER Y LA CORRUPCIÓN UNA ASOCIACIÓN INHERENTE?

Una amplia gama de estudiosos y expertos en el tema, sustentan con análisis de diferentes épocas a lo largo de la historia que poder y corrupción son inherentes. “Todo poder conlleva elementos de corrupción[12]. Otros van más allá, al considerar que el acceso al poder, es a su vez inherente a la corrupción y señalan como evidencia el “clientelismo”, en el que sitúan dos tipos de sujetos, el político y el sujeto (ciudadano), articulados mediante lazos clientelares verticales que debilitan la democracia y las posibilidades de Estados Sociales de Derecho. No obstante, también en diferentes momentos históricos y en el siglo XX, se evidencian iniciativas encaminadas a otras formas de hacer política, con estrategias y mecanismos para mitigar y/o prevenir la corrupción en el ejercicio de la política, en lo administrativo y en la vida social. En los siguientes párrafos, retomo algunos ejemplos en los dos sentidos:
ejemplos que sostienen la tesis de que poder y corrupción son inherentes, así como que el acceso al poder, es a su vez inherente a la corrupción
En el estudio comparativo de economías antiguas Grecia y de Roma y actuales, se mencionan diferentes casos de corrupción. Se señala: “La corrupción existió en Grecia aunque se legislo contra ella, sin mucho éxito, por supuesto. Ni siquiera dejó de existir en la democracia recién inventada, de la que se sintieron tan orgullosos los atenienses. la corrupción ha estado presente desde los inicios de la civilización muy especialmente cuando el hombre se agrupa, inteligente y sistemáticamente, dando lugar a múltiples formas de organización social, política y económica, como las naciones y la propiedad privada, y con ello dando lugar también a valores y conductas relativas a sus actividades comerciales, de gobierno y religiosas nace la competencia por recursos económicos, poder y posición social que los propios grupos humanos reglamentan a través de sus gobiernos como ocurrió en la antigua Grecia. Un famoso ejemplo de corrupción es el “adjudicado al gran Demóstenes el duro nacionalista ateniense que se opuso al avance de Filipo, el rey de Macedonia padre de Alejandro, con sus famosos y duros discursos, fue siempre coherente en la defensa de Atenas, pero cedió abecés en su labor como abogado al mejor pagador, como nos cuenta Aulo Gelio en Noches Áticas” según Antiquitatem (2014). Historia sobre los embajadores de Mileto y el orador Demóstenes escribió que llegaron a Atenas unos embajadores de Mileto por un asunto de estado, se diría que para pedir ayuda. Entonces los abogados, que pareció que habían llamado para hablar en su favor, hablaron. como se les había ordenado, ante el pueblo a favor de los Milesios; Demóstenes respondió con dureza a las peticiones de los milesio, planteando que ni los milesios eran dignos de ayuda ni aquello fuese una cuestión de estado. El asunto se pospuso para el día siguiente. Los embajadores acudieron a casa de Demóstenes y le rogaron con gran insistencia que no hablase en contra; él (Demóstenes) les pidió dinero y recibió cuanto había pedido. Al día siguiente, cuando el asunto comenzó a tratarse de nuevo, Demóstenes se presentó ante el pueblo con el cuello y la garganta tapados con una gran bufanda alrededor y dijo que padecía de “anginas” y que por eso no podía hablar contra los milesios. Entonces uno del pueblo gritó que de lo que Demóstenes padecía no era de “anginas” sino de platangina “refiriéndose al dinero que había recibido”.  En el caso de Roma, señalan, “en la Roma antigua, además del clientelismo y del favoritismo, o lo que es lo mismo, del tráfico de influencias y de favores, reinaba la extorsión y la mordida (coima) desde los más simples funcionarios hasta el emperador; por lo que ni aun las provincias fueron la excepción, dado a que esto ya era parte de su sistema.” Por tal diremos que la corrupción es una enfermedad la cual ha sido originada desde inicios de la civilización, presentándose en sus diversas formas y adaptándose al sistema contemporáneo en el que se convive, desequilibrándolo y convirtiéndolo en algo normal e inevitable, ya que inicialmente se creía, especialmente en la escuela romana, que la corrupción estaba interrelacionado con la administración pública la cual era considerado un cargo honorifico, al mismo tiempo que significa “poder”, y para acrecentar este último, muchas veces se tenía que cometer actos ilícitos, tales como cobrar coimas, sobornos, extorciones, practicar el clientelismo, etc. ya que solo las personas ricas podían aspirar a cargos públicos dado que prácticamente estos últimos eran vendidos, los que gustosamente eran pagados al precio que sea necesario, ya que al estar en el poder estos podrían gobernar en beneficio propio, de tal forma que recuperaban todo su capital invertido, aun a costas de las dificultades que le podría ocasionar a la población estos actos ilícitos, los cuales ya prácticamente estaban acostumbrados a ser gobernados por este tipo de personalidades. [13]
En www.forosperu.net , se cita el estudio de Alfonso Quiroz sobre la corrupción en el Perú desde la época del imperio Inca, hasta la época republicana,[14] quien expone que el ejercicio del poder en el imperio Inca así como el ejercicio del poder en las épocas colonial y republicana han estado marcados de hechos de corrupción, “El Inca y sus parientes, la nobleza privilegiada, bajo el pretexto de las guerras, habían formado una casta aparte, excluida del trabajo, parásita y holgazana. En torno de ella se quebraban todos los viejos principios. El pueblo trabaja rudamente para ellos; tenía que labrar no solamente las tierras del Inca y del Sol, y las de la comunidad, sino la de estos nuevos señores. El Inca, rompiendo la unidad económica del Imperio, obsequiaba tierras a los nobles y curacas, quienes las daban en arrendamiento a indios que las cultivasen, con obligación de entregar cierta parte de los frutos. Estas propiedades individuales, dentro de un pueblo acostumbrado al colectivismo, herían el espíritu mismo de la raza y presagiaban la disolución, o un ciclo nuevo bajo normas diversas. Los nobles favorecidos trataban de perpetuar el favor recibido, trasmitiendo la propiedad individual. El reparto periódico de las tierras se hacía cada vez más formal y simbólico”. Para el caso de la corrupción de los conquistadores españoles, se señala: "La gente de guerra tiene muy sojuzgada a los que son labradores o gente del campo que entienden la agricultura".  
ejemplos de iniciativas hacia otras formas de hacer política, con estrategias y mecanismos para prevenir y/o mitigar la corrupción.
Las Naciones Unidas en el 2008 en su documento “Prácticas de buen gobierno para la protección de los derechos humanos”, presenta 21 estudios de casos de reformas en materia de buena gobernanza, entre los cuales 6 ilustran, estrategias, políticas y medidas contra la corrupción en el entendido para la ONU de que la lucha contra la corrupción también, forma parte del marco de la buena gobernanza. Igualmente, la ONU sustenta que las estrategias encaminadas a combatir la corrupción comparten muchas cosas con los principios de derechos humanos. En los 6 casos que ilustran iniciativas anticorrupción, se subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas y hace hincapié en el derecho a solicitar y obtener información de los funcionarios del Estado, así como en la importancia de proporcionar información de forma fácilmente accesible y comprensible[15].
1.    Establecimiento de comisiones anticorrupción (Botswana). Sobre esta iniciativa la ONU arguye que “desde que alcanzó la independencia en 1966, Botswana ha experimentado elevadas tasas de crecimiento económico, posee un sistema político multipartidista y celebra elecciones periódicas pero que sin embargo, a principios de los años noventa, el país sufrió una serie de escándalos de corrupción en los que estaban involucrados ministros del gabinete y funcionarios de alto rango. Para la ONU, la gravedad del problema se hizo evidente cuando la clase política no adoptó las medidas apropiadas en respuesta a los escándalos hasta que fue empujada a hacerlo por los medios de información y los ciudadanos. Se sustenta que el alcance de la corrupción entre los altos funcionarios no sólo amenazaba con convertirse en un obstáculo para la sostenibilidad del crecimiento económico, sino que también minó la confianza de la ciudadanía en las instituciones y los procesos democráticos.  Se señala que para enfrentar la escandalosa ola de corrupción, se propuso un sistema nacional de promoción de la integridad, en el que confluyen una amplia gama de instituciones públicas y organismos oficiales y los ciudadanos e incluye medidas tanto preventivas como punitivas. En el marco de dicho sistema, en 1994 se aprobó la Ley contra la corrupción y los delitos económicos y se estableció la Dirección de Corrupción y Delitos Económicos, cuyo mandato incluye,  la investigación de denuncias y presuntos delitos, la educación del público y la mejora de los procedimientos de lucha contra la corrupción dentro de los organismos públicos. El objetivo de la Dirección  es combatir la corrupción como un problema sistémico que exige una respuesta en varios frentes: investigar cualquier denuncia de corrupción en un organismo público; investigar cualquier delito presunto o sospechado en relación con la Ley o con la legislación del país; examinar las prácticas y los procedimientos de los organismos públicos y garantizar la revisión de los métodos de trabajo o procedimientos que, a juicio del Director, pudieran conducir a prácticas corruptas. En este marco, la Dirección también ha llevado al Parlamento un nuevo código ético que exige que todos los diputados hagan público su patrimonio y que esa información se ponga a disposición del escrutinio público; asesorar a los jefes de los organismos públicos acerca de cambios en sus prácticas o procedimientos habituales a fin de reducir la corrupción; educar al público acerca de los efectos negativos de la corrupción. En este campo, tanto la Dirección como los medios de información han realizado una amplia campaña de sensibilización del público, así como un programa de educación pública que hace hincapié en el daño que causa la corrupción, el hecho de que la corrupción equivale a la apropiación de fondos públicos y el deber que tienen los ciudadanos de denunciar las conductas corruptas de los funcionarios. La Dirección ha llevado la lucha contra la corrupción a las escuelas, la universidad, los ministerios, las cooperativas y otras organizaciones de voluntariado como sindicatos e iglesias; conseguir y promover el apoyo de los ciudadanos para eliminar la corrupción.
2.    Adopción de medidas para mejorar la transparencia y el acceso a la información (el Líbano): Señala la ONU, a finales de los años noventa, la corrupción era uno de los problemas más urgentes  de resolver en Libia,  la esfera de actividad económica particularmente afectada por la corrupción era el entonces floreciente sector inmobiliario y de la construcción, y las cinco instituciones y varios departamentos oficiales, relacionados con este sector se identificaban como los más corruptos bajo la modalidad del soborno de funcionarios. “Si no se pagaban sobornos, la demora en la obtención de una licencia podía ser de hasta un año”. Se plantea por parte de la ONU que la falta de transparencia en las distintas etapas para la obtención de una licencia y en el valor de las tasas violaba el derecho de los ciudadanos a la información, incluido el derecho a ser informado acerca de las actividades y los procedimientos de la administración y favorecía a los que podían y están dispuestos a pagar sobornos.  Se señala que para afrontar esta creciente corrupción, en 2002, la Asociación Libanesa pro Transparencia, impulsó una estrategia de elaboración, información y difusión de medidas y procedimientos unificados para mejorar la transparencia en las solicitudes de licencias de obras y el acceso a la información, en un folleto muy didáctico en el que se daban a conocer a los ciudadanos, los instrumentos y los conocimientos necesarios para no tener que someterse a prácticas corruptas. Según la ONU este instrumento de información ha servido como punto único de referencia para los ciudadanos al aclarar los distintos documentos, etapas y tasas que se requieren para completar los trámites. También ofrece consejos para ayudar a los ciudadanos a evitar la corrupción.
3.    Establecimiento de alianzas entre grupos sociales y grupos de intereses en apoyo de las medidas contra la corrupción India. La ONU arguye que: - la corrupción y la falta de transparencia son comunes en los gobiernos locales de la India  con efectos muy negativos para los trabajadores rurales y los agricultores; - Los funcionarios locales corruptos ponen en peligro los medios de sustento de los pobres al desviar recursos destinados a proyectos de desarrollo, obras públicas o sueldos de trabajadores y que en estos casos, los fondos públicos son gestionados sin transparencia ni rendición de cuentas, y sin apenas esfuerzo alguno por incluir a los ciudadanos en el diseño y la ejecución de los proyectos de desarrollo, así como que tampoco, se publicasen documentos oficiales sobre presupuestos y proyectos públicos. Se señala que para enfrentar este problema, se vienen implementado medidas de prevención y mitigación, sustentadas en la práctica de auditorías sociales, motivada por la convicción de que las prácticas corruptas van en contra de la protección de los derechos humanos y dejan sin poder a los pobres. La ONU enfatiza en que la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos obstaculiza los esfuerzos encaminados a proteger los derechos de los pobres. Para hacer frente a la falta de transparencia y responsabilidad en el gobierno local, señala que se promovió el derecho a la información, incluido el derecho a consultar y copiar documentos oficiales, como uno de sus instrumentos básicos para combatir el abuso de poder y la corrupción. Además, se introdujeron las audiencias públicas como instrumento participativo de la auditoría social a fin de someter a escrutinio los proyectos y los gastos públicos. La ONU resalta “un aspecto importante es que la práctica de las auditorías sociales sensibilizó a la sociedad civil, los políticos y los ciudadanos sobre el vínculo entre la corrupción, el derecho a saber y el derecho a un medio de subsistencia”.  Igualmente, se exige un compromiso sostenido y alcanzar el derecho a la participación tanto en la formulación como en la aplicación de políticas.
4.    Lucha contra el soborno en la sanidad pública – Polonia. En este caso que  aborda la corrupción en el sector de la salud en Polonia, la ONU  señala: los sobornos son comunes en el sistema médico y de atención sanitaria debido a varios factores, entre ellos la falta de normas claras para evaluar la actuación profesional de los proveedores, la falta de una supervisión efectiva y la ausencia de seguimiento.  Referencia  una encuesta realizada en 2001, la cual muestra que los médicos eran percibidos como el grupo profesional más corrupto y, en 2003, la sanidad era percibida como el segundo sector más corrupto; el 61% de los pacientes reconocían ofrecer sobornos a los médicos. Los bajos sueldos de los profesionales sanitarios combinados con una falta de capacitación ética, la falta de transparencia del sistema de financiación por los Servicios Nacionales de Salud y la deficiente financiación de los centros de salud abonaban el terreno para que prosperase el soborno.  Argumenta la ONU que “la prevalencia del soborno en la sanidad pública hace que la práctica sanitaria viole el derecho de toda persona al disfrute del más alto grado posible de salud física y mental porque el soborno crea discriminación en el acceso a la atención médica en favor de los pacientes que tienen capacidad para pagarlo”.
Para enfrentar la prevalencia de la corrupción en la sanidad pública en Polonia, se abordaron varios y distintos métodos articulados a una legislación apropiada que prohibiese los sobornos en el sector sanitario, el reconocimiento del problema y el establecimiento de alianzas entre activistas sociales, medios de información y la profesión médica. Además, de mecanismos de gobernanza apropiados para inyectar responsabilidad y transparencia en la gestión de los servicios públicos. En 2001, ese conforma el Grupo de Trabajo sobre Medicina, formado por activistas civiles y de derechos humanos, médicos, periodistas y representantes del Gobierno, el cual inició el debate público sobre los sobornos en el sector de la salud, dirigió campañas de concienciación del público y elaboró normas de buen gobierno para la gestión de los servicios sanitarios, incluida la gestión de las listas de espera de los servicios de salud especializados. Adicionalmente, se señala que en enero de 2000, la Fundación Batory y la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos de Polonia, establecieron un programa anticorrupción conjunto, el cual pretendía cambiar la actitud de los ciudadanos hacia la corrupción publicando informes y patrocinando campañas de sensibilización. En 2001, el programa anticorrupción estableció un grupo de trabajo formado por médicos y encargado de abordar los problemas éticos en la sanidad pública y mejorar el acceso a los servicios médicos. El Grupo de Trabajo está formado por periodistas, representantes del Fondo Nacional de Salud, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, la Cámara de Médicos de Polonia, el Banco Mundial y la Fundación Batory. Respondiendo a la necesidad de mayor transparencia, el Grupo de Trabajo lanzó el proyecto piloto “Listas de espera para cirugía”. Se agrega que el Grupo de Trabajo también intensificó el diálogo con el Ministerio de Salud para contribuir a los debates en el Gobierno sobre la enmienda de la Ley de organizaciones de gestión sanitaria. En particular, propuso que la Ley estableciese criterios claros para las listas de espera, garantizase el derecho del público a acceder a la información y previese la supervisión por los ciudadanos de los tiempos de espera. En 2003, el Ministerio estableció un departamento consultivo de expertos, que incluía a miembros del Grupo de Trabajo, para que elaborarse un sistema de gestión de las listas de espera de pacientes para servicios médicos especializados. En 2004, el Grupo de Trabajo elaboró un proyecto de reglamento sobre listas de espera públicas para los servicios médicos racionados, que fue incluido en la Ley sobre instituciones de atención sanitaria adoptada por el Parlamento. A raíz de los cambios legislativos, los proveedores financiados por el Fondo Nacional de Salud deben establecer un registro de pacientes en lista de espera y adoptar criterios transparentes para su gestión.
5.    Reforma municipal para combatir la corrupción y mejorar la prestación de servicios – Bolivia Se plantea en el documento que a mediados de los años ochenta, la corrupción impregnaba todas las esferas del gobierno municipal en la capital de Bolivia, La Paz, desde la prestación de servicios hasta la ejecución de obras públicas, la inspección de mercados municipales y la concesión de permisos y licencias. La corrupción generalizada había producido tal deterioro institucional que la autoridad municipal prácticamente había desaparecido. Esta situación se vio agudizada por la grave crisis económica que atravesaba Bolivia y por el mal estado de las finanzas de las ciudades, causado por los recortes en la asistencia económica del gobierno nacional y el agotamiento de los ingresos municipales. El declive de las instituciones municipales y la gestión fraudulenta de los recursos públicos pusieron en peligro la capacidad del municipio para garantizar derechos humanos como el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación y a una educación de calidad. Se señala en el documento que la corrupción era un problema sistémico, más que un problema debido a personas corruptas. Se trataba de un fenómeno profundamente arraigado en la cultura política de la ciudad y que por consiguiente, era importante emprender una reforma amplia y conseguir la participación de los empleados municipales en el esfuerzo.
Para prevenir y mitigar la corrupción, se señala que en 1985, los habitantes de La Paz eligieron por primera vez en 40 años su gobierno municipal, el cual adelantó como una de sus primeras medidas contra la corrupción, conseguir la participación de los empleados municipales, y de ciudadanos, en la elaboración del diagnóstico sobre la naturaleza y el alcance de la corrupción, así como autoanálisis y autoprescripción. Con base en el diagnóstico, refiere la ONU que se liberalizó el proceso de concesión de permisos y licencias de obras, también se reformó el sistema de solicitud de permisos, se creó un registro único para todas las solicitudes de permisos y licencias, gestionado por funcionarios que no intervenían en la concesión. Además, para aumentar la transparencia, se imprimió y difundió ampliamente un manual para informar a los ciudadanos sobre las tasas de los permisos de obras, los trámites de solicitud de distintos servicios, qué organismo era responsable de cada servicio y cuánto tiempo llevaba prestar cada servicio. En segundo lugar, se hizo un esfuerzo por reducir la corrupción en la oficina municipal de obras públicas, en la que trabajaban 4.000 empleados y de la cual se sustraían habitualmente maquinaria, piezas y combustible. Se modificó la función principal de esta oficina de modo que pasase a realizar reparaciones de emergencia, pero no grandes proyectos de construcción. Las grandes obras públicas se contrataban en el exterior con arreglo a un proceso basado en incentivos que vinculaba los pagos al logro de objetivos y a la conclusión satisfactoria de los proyectos. La oficina de obras públicas se transformó en un organismo de reglamentación que funcionaba con arreglo a este proceso basado en incentivos. En tercer lugar, un conjunto de iniciativas contra la corrupción ayudaron a simplificar el sistema fiscal, recortando el número de impuestos desde 126 hasta 7, con el fin de restringir las oportunidades de connivencia entre recaudadores de impuestos y propietarios, contratar a jóvenes bolivianos en el servicio municipal y aumentar los sueldos gracias a la asistencia internacional. Además, a lo largo de todas las actuaciones, los dirigentes municipales informaron al público sobre los progresos realizados en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se señala que el esfuerzo por reducir la corrupción en el cuerpo de policía topó con importantes obstáculos y en última instancia fracasó.
Con base en los ejemplos señalados, se evidencia que aunque difícil, SI, es posible prevenir y/o mitigar la corrupción,  requiriéndose, entre otros: - Políticas Públicas de Participación, Control Social, Rendición de Cuentas, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción; -   Impulsar y/o fortalecer la organización social, el liderazgo democrático, los consensos, para que prevalezca el manejo ético y transparente, sobre la cultura clientelar y autoritaria que desvaloriza lo público; - Desarrollar programas de formación a la ciudadanía, autoridades y servidores/as públicos/as con énfasis en derechos humanos, interculturalidad, ética, diversidad e inclusión para promover la participación ciudadana democrática, la gestión transparente de los sectores públicos y privados que maneja fondos públicos, atendiendo al desafío de la escasa organización social que existe en algunas regiones, al debilitamiento del tejido social en casi todo el país, a la incipiente formación ciudadana y a la necesidad de una cultura pública de transparencia, control social y rendición de cuentas; - Impulsar la coordinación multinivel e intersectorial entre los Gobiernos  locales  y las políticas sectoriales del ejecutivo, para atender los problemas de descoordinación institucional, la desconfianza y disputa de espacios entre las institucionales y la poca continuidad de acciones; - Apoyo y promoción de veedurías y contraloría social que aseguren la gestión transparente y eficaz de lo público, que enfrenten el fuerte escepticismo, promuevan el interés y compromiso de funcionarios/as públicos/os frente a la participación, y el ejercicio de gobiernos transparentes y éticos; - Esfuerzos de alianzas institucionales, redes y plataformas; fortalecimiento del carácter vinculante de los ejercicios de control social, así como de la relación con los organismos de control[1].La organización de un gran proceso social-político para ejercer un nuevo tipo de control social, permanente, incisivo, “con dientes”, que actúe desde la licitación y adjudicación de los contratos”.

¿LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ES SUFICIENTE COMO BANDERA DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS ALTERNATIVOS?

En lo interno de los estados la variable compleja que parece crucial para entender el auge de la corrupción como issue central de opinión pública es la generalización de la democracia como régimen político y del mercado como principio fundamental de organización económica. Perdida la conexión revolucionaria, ya desde antes de la caída del muro de Berlín, que el llamado socialismo científico pretendía establecer entre economía y política, la oposición interna de izquierda desprovista de grandes consignas ha tenido que buscar otros cauces. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción que ha venido a sustituir la lucha por la revolución (Njaim 1995) y curiosamente converge con las corrientes de derecha tradicionalmente enemigas de la democracia, nacionalistas, militaristas, etc. Una consecuencia teórica de esta situación es que la discusión vuelve al terreno de los clásicos del pensamiento político. Para estos, en efecto, la cuestión fundamental no era la economía; ésta debía ser disciplinada en cuanto a los excesos en que podían incurrir los particulares, pero no se cuestionaba que, en lo fundamental, bastaba dejarla correr por los rieles muy firmes que le trazaba el interés egoísta. La cuestión crucial era más bien de tipo político-ético y estaba constituida por la pregunta de si el régimen realizaba los fines de bien general que proclamaba o si, por el contrario, había degenerado en despotismo. La situación es muy semejante en la actualidad porque aunque usamos el término corrupción en un sentido más delimitado, que era secundario o no problemático para los clásicos, en el fondo el robo de fondos públicos o, en general, los fenómenos de privatización de lo público, los tomamos como manifestación de una decadencia más profunda. Por ello no hay en este momento un factor de desestabilización y deslegitimación de los sistemas políticos más virulento que la corrupción
Colombia ha obtenido 37 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2015, así pues sus ciudadanos mantienen estable su percepción de la corrupción en Colombia. A pesar de ello, Colombia empeora su posición respecto al resto de los países hasta el puesto 90 del ranking de percepción de corrupción formado por 176 países.
La percepción de la corrupción en los últimos cinco años en Colombia ha mejorado, aunque ha sufrido un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción.
Éste índice clasífica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes[16]
Desde mi punto de vista de optimista modera que no pesimista mal informada, desde mi visión de mujer-ciudadana, que aún le apuesta a la Esperanza de un mundo, un país, nuestro país mejor, considero que la corrupción como un factor  de desestabilización tan virulento, se deberá incluir como preponderante en la agenda política de movimientos o partidos alternativos, en la actual coyuntura de Colombia y en la perspectiva de la contienda electoral del 2018 pero, en el marco de una gran agenda estratégica que no se limite al fenómeno de la corrupción, como tampoco a administrar coyunturas impuestas por la dinámica mundial, sino que se proponga la construcción de un mejor país para todas y todos y el compromiso con la implementación de los Acuerdos de la Habana. Dicha agenda deberá ser construida en un gran consenso nacional con movimientos sociales y populares cada vez más originales y activos como los movimientos de Jóvenes, movimientos agrarios, étnicos, feministas, ambientalistas, urbanos, no para cooptarlos de manera pasiva sino para  potenciar sus autonomías y la de las nuevas formas de resistencia civil, siendo urgente como punto de partida, la definición de unos nuevos términos de relación con dichos movimientos sociales  y en la perspectiva de acometer de manera definitiva la tarea de asegurar la gobernabilidad futura  del país. Así  mismo en ese consenso nacional se deben incluir alianzas fundamentadas en acuerdos programáticos con partidos y movimientos políticos.
El consenso nacional se plantea como  estrategia de integración política hacia un gobierno que: -  involucre la participación directa de las comunidades, la sociedad civil y los pueblos indígenas en la gestión del Estado”[17],-  trabaje por la transformación de las estructuras socio-económicas, territoriales, culturales y políticas del país para propiciar la equidad, el buen vivir y la paz, - favorezca la complementariedad entre  la representación política y la creación de redes territoriales autónomas de producción de poder económico y social, - promueva cambios políticos e institucionales que eviten nuevas justificaciones para el uso de las armas, - facilite mecanismos que permitan avances en la consolidación del Estado Social de Derecho así como en los términos de un nuevo concepto de ciudadanía, basado en “el derecho a tener derechos y que sustente su quehacer en la concertación plural de acuerdos”.
Recogiendo diversas propuestas, propongo que para la agenda programática se consideren los siguientes ejes estratégicos:
Ø Implementación de los Acuerdos de la Habana
Ø  PAZ, DDHH, Democracia
Ø Política y nuevos Paradigmas para  la seguridad integral en el postconflicto y la Paz
Ø Ni corrupción ni impunidad
Ø Reformas estructurales, laboral, educativa, salud, en el marco de Derechos y fiscal en el marco de la justicia social
Ø Política de soberanía y autonomía alimentaria
Ø Cambio político básico referido a los ciudadanos (se hace necesario replantear los mecanismos de construcción de ciudadanía y derechos políticos, sociales, económicos y culturales reconocidos a los ciudadanos)[18]
Ø  Nuevas formas de acción política, para la promoción e interconexión de la democracia económica y la democracia política
Ø Institucionalización de iniciativas de economía solidaria, innovación social y estrategias de convergencia de iniciativas dispares en un imaginario político común
Ø Articulación de iniciativas estatales y autónomas en el marco del Estado Social de Derecho
Ø Preservación de la universalidad del Estado de Bienestar, fomentando al mismo tiempo el control social y las concepciones y prácticas de las instituciones estatales como ‘nuevos comunes’
Ø Política minera-energética que respete las capacidades y limitaciones de ecosistemas naturales, los Derechos y expectativas de poblaciones locales, refuerce la soberanía nacional y el bienestar de las regiones y que posibilite repensar e implementar, un nuevo modelo minero-energético, alternativo al modelo neo-extractivista tipo enclave, predominante y vigente en la actualidad en Colombia.
Ø Investigación científica y tecnológica que promueva el desarrollo territorial regional, fortalezca los planes de vida de los pueblos indígenas y grupos étnicos,  la economía campesina y garantice la conservación de la naturaleza
Ø La convergencia de la inversión pública y privada en el marco de estrategias de desarrollo territorial regional, del respeto de los planes de vida de los pueblos indígenas y grupos étnicos,  con la participación activa y concertada  de los diferentes  sectores sociales y de los agentes económicos de las propias regiones.
Ø Política exterior sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación de la naturaleza.






[1] http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3
[2] John Emerich Edward Dalberg Acton, 1er Barón de Acton fue un historiador inglés.
Frases y Citas - 
http://akifrases.com
[3] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm para la BIBLIOTECA CATÓLICA DIGITAL
[4] Citado en Yamacero Vargas et al. 2015. LA CORRUPCIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA, ROMA Y EN LA ACTUALIDAD.
[5] www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-corrupcion-es-politica...el.../16772330
[6] Audelo Cruz, Jorge M. ¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la política en los países en vías de consolidación democrática Estudios Sociales, vol. XII, núm. 24, julio-diciembre, 2004, pp. 124-142
[7] Luorno, Graciela Elvira y Favaro, Orietta. 2005. Poder político y estrategias de reproducción en los territorios de Neuquén y Río Negro, Argentina (1983-2003)
[8] Graziano, L., ed. (1974) Clientelismo e mutamento político, Milano, Angeli. (1980) Clientelismo e Sistema Político, Il caso dell’Italia, Milan.
[9] Cazzola, F. (1988) Della Corruzione, Bologna, Il Mulino. (1992) L’Italia del pizzo, Torino-Einaudi.
[10]  http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm op. cit         
[11] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 2008. PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

[12] Gumucio  Rafael. Chile: corrupción y poder 

[13] Yamacero Vargas et al. 2015. LA CORRUPCIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA, ROMA Y EN LA ACTUALIDAD.

[14] Quiroz Alfonso Historia de la corrupción en el Perú
[15] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 2008. PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

[17] Bruckmann Mónica. 2016. La Democracia en Jaque: por una agenda para América Latina. ALAI

[18] Patiño Villa, Carlos Alberto. POSCONFLICTO EN COLOMBIA: RETOS COMPLEJOS