martes, 31 de julio de 2018

LA LUCHA POR LA VERDAD


¿Uribe será sacrificado por la casta dominante?

LA LUCHA POR LA VERDAD

Popayán, 1° de agosto de 2018

El ex-presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez afronta en la actualidad un proceso judicial por manipulación y soborno de testigos que está en manos de la Corte Suprema de Justicia CSJ. Es consecuencia del fallo en su contra a la denuncia que instauró en esa misma Corte contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro. A Uribe le salió el tiro por la culata. 

La citación a indagatoria al ex-presidente por parte de la CSJ es un hecho judicial y político de gran trascendencia en Colombia. Esa circunstancia se presenta porque ese jaleo jurídico está íntimamente ligado a los múltiples casos en que Uribe, su hermano Santiago y muchos de sus amigos y colaboradores, aparecen relacionados con la conformación y las acciones criminales de grupos paramilitares desde la década de los años 90s del siglo pasado (XX). 

Después de las elecciones es el acontecimiento que marca la vida política del país porque el ex–presidente notificó su renuncia al Senado “para afrontar con dignidad su defensa” cuando la CSJ ratificó esa decisión. A partir de allí pululan en los medios de comunicación y entre la gente del común las conjeturas sobre el futuro de Uribe, del nuevo gobierno y del país.     

Dependiendo de cómo se califique ese hecho surgen diversas posiciones que se pueden agrupar así:

a) Para los sectores leales al ex-presidente es un tropiezo jurídico superable. Dice Everth Bustamante, ex-militante del M19 y ex-senador del CD: “Al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar”. Ellos llaman a cerrar filas para defender a ojo cerrado al “presidente eterno”. 

b) Para otros, es el inicio del fin del proyecto político de Uribe, lo que podría derrumbar al gobierno de Duque al ser su principal soporte. Ellos están tentados a empujar esa caída. 

c) Para unos más, la institución de la justicia puede asumir la responsabilidad del juzgamiento de Uribe e independientemente del resultado (a favor o en contra), salir avante para garantizar el fortalecimiento del Estado social de Derecho. Ellos llaman a la calma y a la serenidad.

Intentaremos en este escrito prever la evolución de este proceso jurídico-político y ayudar a definir la posición correcta para derrotar a las fuerzas reaccionarias que –a pesar de su reciente triunfo electoral– están a la defensiva pero expectantes y dispuestas a frenar a como dé lugar el avance y la consolidación de lo logrado por las fuerzas democráticas en las pasadas elecciones presidenciales.

Personajes como Uribe y su relación con la casta dominante

Observando la reciente rueda de prensa ofrecida por Uribe en su finca de Rionegro, cerca de Medellín (30.08.2018), y comparándola con una rueda de prensa ofrecida por Pablo Escobar cuando siendo parlamentario empezó a ser acusado abiertamente de ser un narcotraficante (1983), un amigo recordó esas similitudes. Hacer esa comparación nos puede ofrecer buenas pistas.

Escobar fue un delincuente metido a político; Uribe es un político avenido en delincuente. El primero, utilizó a políticos y empresarios para fortalecer su empresa criminal; el segundo, usó a delincuentes para construir su fuerza política. Escobar fue liquidado por la casta dominante cuando se les convirtió en un problema; Uribe logró ascender y aunque “viene de abajo” y a veces no coincide enteramente con los intereses hegemónicos de la oligarquía financiera, no puede ser liquidado tan fácilmente porque conoce secretos que comprometen a mucha gente en crímenes de lesa humanidad, no solo cometidos por paramilitares sino por políticos, empresarios y el mismo Estado. Escobar fue convertido en leyenda negativa; Uribe hasta ahora es una falsa leyenda positiva.

¿Hasta dónde podrá tensar la cuerda Uribe? Y, ¿hasta dónde aguantarán “los de arriba”? Noriega en Panamá y Fujimori en Perú son buenos referentes para analizar y prever lo que puede ocurrir.  

En ese sentido es importante entender que no hay que hacerse ilusiones con la llamada “separación de poderes” y menos con la independencia de la CSJ. Los grandes poderes ocultos –como ocurre en todo el mundo– son los que determinan “lo importante”. Pero bueno, avancemos.

Uribe y la “paz imperfecta”         

Los que mandan en Colombia, o sea, la oligarquía transnacional, los Slim, Sarmiento Angulo, Gilinski, Ardilas Lülles, Santodomingos y demás poderosos empresarios y aliados estadounidenses y europeos, tienen trazada su hoja de ruta alrededor de consolidar la “paz imperfecta” de Santos y no se van a echar para atrás por ningún motivo.

En medio del forcejeo que hace Uribe por “modificar” los acuerdos firmados (incumplidos en gran parte por el Estado) aparece este lío judicial que se puede convertir en el inicio del fin para su proyecto político y en un motivo para que la clase dominante lo abandone a su suerte. De acuerdo a todas las señales que ha enviado en los últimos días, su situación es desesperada.

Que se apoye en testimonios de forajidos, presos unos y libres otros, en una ex-fiscal que está en la cárcel, en un abogado de los grandes mafiosos, y que recurra a nuevas mentiras e inventos para desprestigiar a la CSJ, recusar a los magistrados que lo investigan y atacar al presidente Santos, al vicepresidente Naranjo, al presidente de la CSJ, al senador Cepeda y a las Farc de estar concertados y complotados para perseguirlo, deja ver que se siente acorralado.

Lo que es evidente es que el daño político está hecho y se puede agrandar. Uribe, quien con sus asesores políticos y jurídicos conocen bien la normatividad colombiana, con recusaciones e impugnaciones, alargamiento de tiempos y de plazos, y toda clase de trampas jurídicas en la que son expertos sus abogados Lombana y Granados, va a ganar tiempo y tratarán de utilizar a Duque para presionar y negociar con los verdaderos poderes.

Este caso no va a poner a prueba a las instituciones colombianas como creen muchos demócratas y hasta gentes de izquierda. Lo que sí podrán observarse serán las fisuras del Poder y dependiendo de la capacidad de las fuerzas del cambio, nuestro pueblo podrá hacer un curso intensivo de análisis político para entender quienes realmente ponen y quitan en nuestro país.    

Es muy posible que este apretón de la CSJ esté en la dirección de poner en su sitio a Uribe y obligar a Duque a continuar por el camino de la paz neoliberal con tintes democráticos y limitadas garantías para los guerrilleros desmovilizados, aunque con algunos ajustes para tranquilizar a los terratenientes y empresarios que colaboraron con el paramilitarismo. Le están “midiendo el aceite” y Uribe también los mide jugando a la víctima para obtener apoyo popular y poder negociar en mejores condiciones.

El proyecto de la “nueva derecha”

La casta dominante tiene claro que si Álvaro Uribe Vélez se convierte en causa de una mayor desestabilización de su Estado, se pueden crear las condiciones para que las fuerzas democráticas consoliden un proyecto transformador que ponga en peligro su hegemonía.

Por ahora esos potentados capitalistas transnacionales apoyaron “al candidato que dijo Uribe” para atravesársele a Gustavo Petro, en quien no confían y todavía no controlan. Pero si Uribe y Duque no saben manejar el triunfo precario que consiguieron en las elecciones pasadas, ellos saben que tienen que negociar con la nueva clase política en ascenso.

Un ejemplo reciente fue lo sucedido con AMLO en México, pero ya ocurrió parcialmente con Chávez, Lula, Kirchner, Mujica y Tabaré, Correa, Evo y hasta con Ortega, como lo muestran los acontecimientos que se han destapado en Nicaragua. En todos esos países tuvieron que compartir el gobierno con sectores “emergentes” para ganar tiempo, desarmar ideológica y políticamente a los movimientos populares, y desgastar a los proyectos progresistas ante la imposibilidad de cumplir con las expectativas y promesas ofrecidas. Es la lucha en el terreno de “un subsistema del Estado”[1].

Es decir, para no poner en peligro la “estabilidad” de su régimen en medio de la precariedad de un Estado fallido, la oligarquía financiera que domina Colombia (transnacional) no va a dudar un instante en sacrificar a Uribe, que fue lo que hizo parcial pero torpemente Santos. Él, como ya lo hemos afirmado, por su naturaleza cortesana y por su torpeza política, con su demagogia y triunfalismo (compartido con las Farc y una buena parte de la izquierda) ayudó a que Uribe se fortaleciera en lo político, usando el odio a las Farc y el miedo al modelo bolivariano de Chávez-Maduro que hoy hace crisis en Venezuela. Es decir, Uribe es sacrificable para el gran poder y si en medio de su odio o su temor no negocia, lo van a sacrificar como pasó con Fujimori.

Pero lo más seguro es que negociarán por arriba. Las clases dominantes tienen listo su nuevo proyecto político como respuesta al “neo-populismo nacionalista” de Trump. Lo están diseñando sobre la marcha en todo el mundo y pretende no ser “ni de derecha ni de izquierda”. Ese nuevo proyecto lo podríamos definir como una especie de “post-neoliberalismo de derecha”. 

Duque ya representa a esa nueva derecha. Su gabinete es eminentemente técnico-corporativo pero la “mermelada” funciona entre telones; apoya la consulta anti-corrupción aunque no va a mover un dedo; dice que no firmará nuevos TLCs porque va a proteger a los productores nacionales pero tiene en su agenda las nuevas inversiones globales del posconflicto; se presenta como abanderado de la educación, la ciencia y la tecnología pero como parte de la colaboración “armónica” entre lo público y lo privado; y aunque seguirá apoyando los proyectos extractivistas minero-energéticos ya se presenta como el gran campeón de la defensa del medio ambiente. La nueva derecha es así: dice una cosa y hace otra, como Santos, pero ahora con más perfeccionamiento digital-mediático. La “posverdad” en pasta.

Esa nueva derecha está diseñada para disputarle las clases medias a la izquierda. Es su objetivo.  

¿Qué hacer?  

Lo sucedido en Perú con Fujimori envía un mensaje claro. Los demócratas no pueden fiarse de la oligarquía que posa de reformista y demócrata. Se debe respaldar a los magistrados más independientes de la CSJ pero con reservas y siempre alertando sobre los verdaderos hilos del poder y los intereses ocultos. Ningún cheque en blanco como el que muchos le firmaron al presidente saliente (Santos).

La tarea central es lograr que la sociedad conozca la Verdad; no la justiciera y vengativa sino la que libera con base en el reconocimiento y el perdón compartido entre los bandos enfrentados.

La “paz imperfecta” de Santos, aunque logró la desmovilización y desarme de las Farc, y nos ha ahorrado miles de muertos, tiene un tufillo legalista que se convierte en obstáculo para que todos los sectores degradados de la sociedad no tanto por la guerra sino por el narcotráfico– reconozcan su descomposición y sus crímenes como un ejercicio liberador y sanador para construir las bases efectivas y duraderas de una verdadera reconciliación.

No hay que caer en el triunfalismo. Hay que fortalecer la independencia política y actuar pensando en grande y en el mediano plazo. Sin una fuerza democrática y popular fuertemente unificada y cohesionada, la caída de los criminales al servicio de la oligarquía fácilmente sirve para engañar y reencauchar a falsos salvadores supremos y a unas instituciones absolutamente descompuestas.

Ninguna ilusión justiciera, lo único que libera es la Verdad.

E-mail: ferdorado@gamail.com / Twitter: @ferdorado   



[1] El imperio y las oligarquías han logrado entender que a veces pueden compartir el gobierno con sectores subalternos de la sociedad. El gobierno aquí es concebido como un “subsistema del Estado”, tal como lo define Heinz Dieterich Steffan. Ver: https://bit.ly/2Kdngpt

miércoles, 18 de julio de 2018

EL VERDADERO LEGADO DE SANTOS


¿Duque será el continuador de Santos bajo la tutela de Uribe?

EL VERDADERO LEGADO DE SANTOS

Popayán, 18 de julio de 2018

Se veía venir desde la campaña electoral. Después del 11 de marzo, cuando Uribe logró posicionar a Duque como el único candidato de las derechas, se dedicó a ganar parte del electorado de Fajardo y a estigmatizar a Petro con la amenaza “populista” y “castro-chavista”.

Duque se arrogó la lucha contra la corrupción[1] y no habló más de hacer trizas los acuerdos de paz sino de modificar puntos específicos. Hasta algunas propuestas de Petro relacionadas con el cambio climático y la educación fueron asumidas por Duque sin ningún rubor ni recato.     

Ni Fajardo ni Petro acertaron con la respuesta. El primero cayó en la trampa, se sumó a los ataques a Petro, creció a sus expensas pero no le alcanzó para pasar a 2ª vuelta. Petro reaccionó un poco forzado después de la primera vuelta pero ya era tarde. Las derechas habían posicionado el miedo a “que Colombia se convirtiera en Venezuela” y habían asegurado su triunfo electoral.

Ahora Duque se prepara para ser el “continuador-corrector” de Santos. Derrotaron a las llamadas “fuerzas de la paz”, pero todo apunta a que van a recoger y a “mejorar” lo logrado por Santos. Se cierra el círculo Uribe-Santos-Uribe sin verdadera paz (https://goo.gl/71qUjb) pero con viejas y nuevas violencias alimentadas por la economía del narcotráfico y la lucha por el control del territorio[2].   

Y aunque Uribe califique ese legado como un retroceso (https://goo.gl/VpVWYo), y Santos diga que “No siento que Duque pueda poner en peligro mi legado” (https://goo.gl/sTCDu7) lo evidente es que el desarme de las Farc es un hecho positivo e innegable. Es –para ellos– la “paz imperfecta” hecha casi a la perfección. Con bajos costos económicos y políticos.  

En forma paralela, los dirigentes de la Farc no superan la falsa dicotomía (Uribe-Santos) que no logran entender o desentrañar. Para unos, el proceso de paz es un éxito que debe ser conocido por todo el mundo, mientras que para otros, es una traición del Estado y el establecimiento oficial. Y la oposición que pretende encabezar Petro también pareciera estar atrapada en esa misma lógica.

¿Lo que vendrá?

Podemos afirmar que la oligarquía financiera que le apostó a Santos para desactivar la guerra con las Farc está satisfecha con la tarea realizada, mucho más cuando Colombia ha sido aceptada en la OCDE y en la OTAN como “observadora”. Su balance es positivo y bien valorado, con Nobel de Paz incluido como trofeo y premio de parte de la “comunidad internacional”.

Tampoco les incomoda que un político de la cuerda “uribista” pero de la entraña oligárquica llegue a administrar el aparato de Estado. Aunque joven y sin experiencia administrativa, es un “cuadro” bien preparado por la casta dominante y contará con el apoyo de todos sus estamentos.  

Esa oligarquía financiera desde su posición hegemónica entiende que Uribe, al no ser parte de los acuerdos y del diseño institucional del “posconflicto”, desconfiaba con respecto a su seguridad jurídica y la de empresarios, militares, políticos y terratenientes comprometidos con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra-insurgente.

Y ahora, se puede decir que han autorizado a Uribe para que con Presidente y Fiscal a bordo, arregle ese “chicharrón” que lo compromete a él y a sus cómplices. Mientras tanto, ellos se preocupan por lo esencial, que son sus inversiones y los problemas que amenazan su estabilidad económica y financiera ante la crisis de la globalización neoliberal.

Ellos están al tanto de las guerras económicas agudizadas por Trump ante la desindustrialización de los potencias de “occidente”, les preocupa también el agotamiento del modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles y, saben de la resistencia de los pueblos y los trabajadores que se expresa por ahora en movimientos y gobiernos “progresistas” pero que pueden ir más allá ante el fracaso de muchos de esos experimentos político-sociales.     

Saben que Colombia sin la economía del narcotráfico entraría en crisis en forma inmediata. Tienen que aparentar la “lucha contra las drogas” que hipócritamente les exige el gobierno de los EE.UU., pero son conscientes que si no fuera por los recursos que sobre la economía formal irriga esa dinámica ilegal, se desencadenaría una revolución en este precario e inestable país.   

Por tanto, el principal objetivo del gobierno de Duque será ganarse con engaños y apariencias a las clases medias (pequeños y medianos emprendedores, y profesionales precariados) para la política de derechas e impedir que las izquierdas puedan fortalecer un proyecto político que ponga en peligro la hegemonía de la oligarquía financiera.

Así como utilizaron la causa de la paz para “polarizar” el país, van a posar de “anti-corruptos”, propondrán “nuevas economías”, se inventarán guerras con Venezuela u otros países, inventarán nuevos enemigos de la democracia y la “paz”, utilizarán el tema de la paz para distraer a la opinión pública y continuarán utilizando el miedo a los proyectos políticos “populistas” para impedir cualquier tipo de cambio en el panorama político.

Una “nueva derecha” entrará en el escenario político colombiano de la mano de la vieja clase política corrupta y clientelista, lo cual será toda una novedad. Ya los alfiles de Cambio Radical y el Partido de la “U” se preparan con nuevas alianzas para enfrentar ese “fenómeno”.  

No la tendrán fácil. Esas clases medias son el único sector sobre el que pueden hacer recaer nuevos impuestos pero, a la vez, en su seno surge la nueva generación de trabajadores del siglo XXI (el “cognitariado” y el “precariado”[3]) que en muchas regiones del mundo ya son el sujeto social más dinámico e impulsor de nuevos proyectos políticos alternativos.

El reto de Duque es el mismo que tenemos los demócratas colombianos en el inmediato futuro. Será decisivo en próximas contiendas electorales y todos lo sabemos. ¿Cómo abordarlo?
E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado   


[1] En el Congreso de la República, el 18 de abril de 2018,  la senadora Paloma Valencia en nombre del Centro Democrático se comprometió con la bancada de Alianza Verde a respaldar la Consulta Anti-corrupción (https://goo.gl/fFe8mp), y Duque, ya electo, ha dicho que respaldará esa consulta desde el gobierno. La “lucha contra la corrupción” fue también la bandera principal de la candidata a vice-presidente Martha Lucía Ramírez. Intentarán ahora desde el gobierno y con Fiscal a bordo, apropiarse de esa bandera política que en sus manos se convertirá en algo inocuo, un engaño o una herramienta para atacar a la oposición política, como ya lo ha hecho desde hace varios meses la Fiscalía General.  

[2] Los poderes mafiosos en las regiones continúan la guerra infame contra cualquier tipo de resistencia popular a la minería legal e ilegal, al despojo de tierras y a mega-proyectos energéticos, extractivos o productivos (cultivos de agro-exportación, proyectos turísticos, etc.) que es simple acumulación por desposesión. Los asesinatos y persecución de líderes sociales hacen parte de esa estrategia. El desarme y la desmovilización de las guerrillas produce un remanente de gente experimentada en la guerra que alimenta también a los Grupos Armados Organizados, como llaman ahora a las antiguas “Bacrim” o grupos paramilitares. Los gobiernos aceptan esa realidad, no los combaten a fondo, los usan para el trabajo sucio y de vez en cuando “dan de baja” un cabecilla o proponen fórmulas de “sometimiento” pero por cada delincuente que apresan o dan muerte, surgen cientos de jóvenes dispuestos a reemplazarlos. Son parte de las economías criminales funcionales al sistema capitalista que pululan en el mundo.      

[3] Cognitariado: son los nuevos trabajadores del conocimiento y de la informática que crecen en todo el mundo y surgen en todas las áreas de la producción. Precariado: conjunto de los trabajadores que no cuentan con condiciones laborales estables y seguras. Hoy son la mayoría.

domingo, 8 de julio de 2018

Por un pacto contra los asesinatos II


Por un pacto contra los asesinatos II
Por Rodrigo Uprimmy Reyes *
(Tomado de El Espectador)
En febrero de 2017 escribí una columna (“¡Basta ya!”) condenando los asesinatos de líderes sociales e invitando a un pacto político y social contra esa violencia. En febrero de este año, escribí otra columna muy parecida (“Por un pacto contra los asesinatos”) reiterando mi condena y explicando un poco más la propuesta. Unos meses después debo, con dolor y vergüenza, plagiar prácticamente esas dos columnas pues el fenómeno persiste e incluso se ha agravado.
Las cifras son escalofriantes: según la Defensoría del Pueblo, 311 líderes sociales fueron asesinados entre enero de 2016 hasta junio de 2018. Estos crímenes tienen que ser prevenidos y sancionados, no sólo por el drama humano detrás de cada cifra, sino porque esos asesinatos minan nuestra precaria democracia y debilitan los lazos comunitarios y las posibilidades de la paz. La evidencia acumulada muestra además que esta violencia tiene cierta sistematicidad: muchas de las víctimas están vinculadas a reclamos de tierras o a la defensa de la sustitución de cultivos o del medio ambiente. Esta nueva guerra sucia reproduce entonces un terrible patrón de nuestra historia, que ha sido ampliamente documentado, conforme al cual los esfuerzos de apertura democrática suelen ser violentamente cerrados por un aumento de la violencia regional contra los líderes sociales.
Infortunadamente en este punto, el gobierno Santos, que tanto hizo por la paz, se rajó, a pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios, como el ministro del Interior. Pero más que el gobierno Santos, es todo el Estado y la sociedad los que estamos fracasando, por lo que surge la obvia pregunta: ¿qué podemos hacer para parar esta matazón?
No hay respuesta fácil: el profesor Gutiérrez Sanín propuso en su última columna cuatro importantes elementos de respuesta, que comparto. En consonancia con ellos, quisiera reiterar la propuesta de un pacto de todas las fuerzas políticas que condene esos crímenes, sin importar si las sensibilidades políticas de las víctimas eran o no las mismas que las nuestras.
En otros países se han hecho pactos de ese tipo, como, por ejemplo, en España, en donde las principales fuerzas políticas suscribieron en 2000 un pacto condenando inequívocamente la violencia terrorista de Eta, después de haber alcanzado otros acuerdos previos (los llamados Pactos de Madrid, Ajuria-Enea y Navarra). Esos pactos acabaron cualquier asomo de legitimidad de los atentados de Eta.
Un pacto de esa naturaleza es importante hoy en Colombia pues creo que la sistematicidad de esta violencia no surge de un plan de exterminio organizado centralmente, sino de grupos locales diversos que con diversos propósitos perpetran esos crímenes porque sienten que algunas fuerzas políticas nacionales los aprueban por cuanto no los han rechazado explícitamente. Un pacto de condena de esos crímenes por las principales fuerzas políticas eliminaría cualquier ambigüedad sobre el tema y privaría a esos crímenes de cualquier asomo de legitimidad, lo cual no sólo podría inhibir a ciertos actores locales de persistir en esa violencia, sino que fortalecería la capacidad del Gobierno de prevenir esos crímenes y la de la Fiscalía de investigarlos para que sus responsables sean sancionados.
La condena de estos asesinatos debería ser un punto de consenso político nacional, a pesar de nuestras diferencias. Los distintos líderes tienen entonces la responsabilidad de suscribir ese pacto, sin intentar sacar provecho político propio de ese doloroso drama; nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de movilizarnos para presionar soluciones para que termine este exterminio.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

jueves, 5 de julio de 2018

COLOMBIA FRENTE A LA MODERNIDAD “PREMODERNA”


La “paz” de Colombia en el nuevo escenario global

COLOMBIA FRENTE A LA MODERNIDAD “PREMODERNA”

Popayán, 4 de julio de 2018

“La verdadera felicidad es comprender”.

Colombia se debate después de las elecciones entre el mandato de las “ciudadanías libres” de superar la falsa polarización entre guerra y paz para enfrentar los problemas estructurales de la Nación o continuar con la espiral de odio y venganza que amenaza con llevarnos a nuevos ciclos de violencia política. Abordaremos ese dilema en este corto artículo.

Pensar que Santos quería construir la paz en Colombia ha sido una grave equivocación. Los demócratas colombianos no entendieron que su único objetivo era desmantelar a las Farc, o sea, terminar ese conflicto armado sin comprometerse con cambios que garantizaran la construcción de una paz sostenible. La clase social que él representa (burguesía transnacional) y el gobierno estadounidense nunca se propusieron crear condiciones para democratizar el país. No hay una sola señal de que esa fuera su intención. Ni una sola.

En las últimas décadas sus poderosas empresas han prosperado en Colombia y obtenido grandes ganancias. Su estrategia ha convertido a esta “nación” en la tercera economía en crecimiento de América Latina, después de Brasil y México. Por algo la aceptaron en la OCDE y la OTAN. Por ello, necesitaban desmantelar un poder armado que no controlaban. No podían permitir la existencia de una organización armada ilegal de carácter nacional, con dirección centralizada y un poder de fuego real y creciente, que era un estorbo para las nuevas inversiones proyectadas en territorios que requieren de “cierta” tranquilidad para obtener resultados tangibles.

No obstante, sus políticos y estrategas son conscientes que mientras exista el narcotráfico van a concurrir pequeñas bandas mercenarias que se disputan el control del territorio y hasta se matan entre ellas por ser la “policía rural” al servicio de los narcotraficantes de turno. Igual sucede con la minería “ilegal” y otras economías criminales (tráfico de armas, de personas, prostitución, pornografía, apuestas, extorsión, microcrédito ilegal, etc.) que los imperios capitalistas promueven ante la crisis sistémica de un modelo de desarrollo que ahora “prospera” en medio del caos sistémico. Por más campañas que anuncien “guerras contra las drogas” y combates al narcotráfico, su doble moral les permite alimentar a sus entidades financieras con capitales generados en esos ámbitos ilegales, delictuosos y sangrientos.   

La nueva política de la burguesía financiera global que impulsa Trump, Putín, Xi y otros gobernantes, es reconstruir y fortalecer las economías de las “grandes naciones” (USA, UE, Rusia, Japón, China) mientras promueven la inestabilidad en otras regiones del mundo. Una especie de colonialismo más depredador y destructivo impacta el planeta e impone un nuevo reordenamiento global. Les interesan territorios estratégicos con abundantes materias primas y mercados cautivos, y con algunas zonas idílicas de turismo “ecológico y cultural”. Poco a poco van estableciendo nuevos guetos humanos y zonas de confort exclusivas y construyen muros para detener las migraciones desbordadas y desatadas por ellos mismos en los países saqueados y conducidos a la permanente inestabilidad política y económica.

Esa política agudiza los conflictos geopolíticos entre las “naciones-potencia” pero son resueltas a alto nivel entre ellos. Guerras económicas, informáticas, virtuales y digitales se ponen a la orden del día. Por eso, hoy no necesitan organismos internacionales como la ONU o la Corte Penal Internacional. Nuevas guerras más degradadas sumen a nuestros pueblos y naciones en una inseguridad y un caos controlado desde las metrópolis financieras (Siria, Libia, Irak, Afganistán, et al). Poco a poco la humanidad es empujada por una minoría plutocrática a revivir regímenes políticos y sociales “pre-modernos”, con nuevos tipos de esclavitud y de servidumbre capitalista. Las democracias hoy solo son cascarones vacíos y gobiernos autocráticos surgidos de regímenes nacionalistas o socialistas (comunistas) ocupan en muchos países y regiones el papel de nuevos gestores y administradores del gran capital.  

En Colombia el conflicto armado se puso al servicio de esa política y las relaciones pre-modernas supervivientes del siglo XIX se han combinado e imbricado con esa “modernidad premoderna” del siglo XXI. Nuestro país puede seguir en la dinámica de las violencias inducidas e impuestas por intereses externos o intentar liberarse de ese círculo vicioso que puede incluso ser utilizado para desestabilizar el norte de Sudamérica y todo el Caribe, incluyendo a Venezuela y Cuba. Podemos ser instrumentos de esa ajena tensión geopolítica o sobreponernos a nuestros conflictos internos y diseñar nuestro propio camino. 

Frente a esa situación las fuerzas políticas que lograron representar a las “ciudadanías libres” en las pasadas elecciones tendrán que escoger entre diluir sus acumulados políticos en medio de las polarizaciones heredadas de la larga guerra degradada que hemos sufrido, convirtiendo las instituciones como la Justicia Especial para la Paz (JEP) en instrumentos de retaliación y de venganza mutua, eternizando la espiral de odios y desquites, o buscar nuevos caminos de reconciliación que unifiquen a la Nación y la potencien hacia un replanteamiento general de sus políticas en la búsqueda de nuevos horizontes para las nuevas generaciones que no quieren más de lo mismo.

Si no comprendemos las nuevas realidades globales seguiremos idealizando nuestras pequeñas y miserables rencillas creyéndonos el ombligo del mundo cuando no somos más que habitantes de territorios marginales y marginados del desarrollo integral y del anhelado bienestar humano.

E-mail: ferdorado@gmail.com