viernes, 12 de abril de 2019

Duque: entre el autoritarismo guerrerista y la demagogia pacifista


Duque: entre el autoritarismo guerrerista y la demagogia pacifista

Popayán, 12 de abril de 2019

El débil arranque del gobierno

El pasado 7 de abril se cumplieron 8 meses de la administración Duque. En las últimas 6 décadas no se había visto un arranque tan débil de un gobierno en Colombia. Los presidentes del Frente Nacional no tuvieron problemas porque se apoyaban en un pacto bipartidista. Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur fueron quienes vivieron momentos delicados; el primero, con el paro cívico de 1977 y, el segundo, con la toma del Palacio de Justicia por el M19 en 1985. Pero su inicio no fue tan frágil como el presente.  

La situación política del presidente Duque no es dramática ni está al borde del caos. No obstante, si no realiza oportunamente los ajustes que le permitan construir una gobernabilidad aceptable, el país podría verse sometido a una coyuntura en la que la ciudadanía perciba a un gobierno sin identidad y sin norte. Así, se corre el peligro de que un hecho no previsto o un “cisne negro”, como lo denomina Nassim Taleb en su famoso libro[1], desencadene una situación de inestabilidad que ponga en riesgo la continuidad del gobierno.

¿El pasado no perdona?

Algo no le funciona al presidente Duque. No se ha podido acomodar. Pareciera que el legado de autoritarismo guerrerista de los ocho años de Uribe y de demagogia pacifista de los dos períodos de Santos, pesaran tanto que no puede mirar hacia adelante y vacila ante el futuro. Y esa inseguridad en un gobernante no es la mejor condición para un país que empieza a sentir presiones externas que han sido creadas por la impericia del novel presidente.  

Ahora bien, es normal que un país que intenta consolidar el proceso de terminación de un conflicto armado de 70 años –contando desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán– tenga dificultades para pasar la página y construir un ambiente de paz y reconciliación entre sus ciudadanos; pero todo indica que se necesita un gobernante que represente la unidad de la Nación y trasmita autoridad y confianza en cada acto de gobierno que ejecute.

El caso del presidente Duque es preocupante. Durante la primera etapa, entre agosto y diciembre de 2018, no obtuvo ningún logro tangible, no cumplió con el pacto anticorrupción y sus iniciativas legislativas no fueron aprobadas. La reforma tributaria terminó siendo una “ley de financiamiento” que poco recauda y escasamente financia. No construyó una coalición de gobierno y creó malestar entre los partidos que lo apoyaron en su elección.

Un poco de aire que no duró mucho

El atentado terrorista del 17 de enero le dio un respiro al gobierno. Ese hecho se produjo cuando la presión contra el Fiscal General estaba en su mayor furor. El presidente Duque aprovechó la situación para romper los diálogos con el ELN y desconocer los protocolos con gobiernos de países garantes y, alentado por ese pequeño empuje, se puso al frente del Grupo de Lima e impulsó el “cerco diplomático” para derrocar al presidente Maduro. Luego, presentó las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz JEP, que fue interpretado como un ataque a los acuerdos de paz por la opinión pública.

Ese aire el presidente Duque lo dilapidó rápidamente. Todas las acciones realizadas para acorralar a Maduro, incluyendo un viaje a Washington, no obtuvieron el resultado previsto. Además, después que consiguió apoyo para el trámite inicial del Plan Nacional de Desarrollo mediante presiones non sanctas sobre algunos parlamentarios, hecho que fue rechazado y denunciado en una publicitada columna por Germán Vargas Lleras en El Tiempo, la mayor parte de los partidos políticos se unieron en contra de las objeciones a la JEP.    

La Minga Indígena y las vacilaciones del gobierno

Después viene el tire y afloje con la Minga Indígena. Durante 26 días estuvo bloqueada la única carretera que facilita el comercio internacional con el sur del continente causando grandes traumatismos y graves pérdidas económicas a la población del suroccidente colombiano. El gobierno dilató las negociaciones, usó la misma táctica de desgaste que utilizó con el paro universitario, pero ante lo extendido del bloqueo quedó en la retina del público una sensación de desgobierno.

Duque no se atrevió a despejar la vía por la fuerza como se lo exigía el expresidente Uribe y su partido. El argumento uribista era que la protesta estaba infiltrada por terroristas. Después de casi un mes el gobierno logró desactivar el conflicto mediante un acuerdo razonable, sin exponer recursos o promesas que no pudiera cumplir, lo que presentó como una actitud responsable que lo diferenciaba de anteriores gobiernos. Además, se comprometió a ratificar ese acuerdo en un diálogo público con los “mingueros” en el municipio de Caldono (Cauca).

No obstante, la forma como se remató esa faena no fue la mejor. Todo estaba preparado para que el presidente se encontrara y escuchara a los líderes sociales, hiciera un ejercicio de autoridad dialogante de frente a la comunidad indígena y al país, lo que hubiera sido un acto de independencia frente a las presiones de su mentor.  Pero no fue capaz. Permitió que de nuevo se atravesara el Fiscal General, quién anunció con bombos y platillos un supuesto plan terrorista para atentar contra la vida del presidente, que frustró el encuentro con La Minga.

Las banderillas de Trump

A los acumulados negativos se sumó la actitud del presidente Trump. El mandatario estadounidense primero regañó a Duque por no haber hecho nada por los EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico, y ahora, acusa a Colombia de estar enviando pandilleros y criminales a ese país, colocándonos al lado de países centroamericanos como Honduras y Guatemala. Tal actitud se parece a la de un patrón que ante la ineficacia de su trabajador lo amonesta públicamente por no lograr los resultados programados.

El gobierno ha reaccionado usando el espejo retrovisor acusando al gobierno anterior del crecimiento de los cultivos de uso ilícito, pero lo hace pensando más en el auditorio interno que como respuesta al furibundo presidente estadounidense que utiliza ese tema para apalancar su campaña por la reelección.   

Contradicciones evidentes

Cuando la guerrilla más poderosa de América Latina, acusada de ser el cartel del narcotráfico más grande del mundo, se ha desarmado y desmovilizado, es inconcebible que unas disidencias armadas se muestren con la capacidad de fuego para impedir que el primer mandatario intervenga ante miles de personas en la plaza pública de cualquier pueblo.

Cuando los presidentes Duque y Piñera, el secretario general de la OEA y miembros del Centro Democrático, se conciertan en Cúcuta para alentar a centenares de “guarimberos” para atacar la fuerza pública del vecino país, no se entiende cómo ante la protesta de las comunidades caucanas se plantee que ante las “vías de hecho” no se puede ceder ni dialogar.

Cuando el país está esperando que el presidente que prometió superar la polarización se empeña en desprestigiar una institución (JEP) creada por los acuerdos de paz y el Congreso y respaldada por la Corte Constitucional, no se comprende que el gobierno siga mirando hacia atrás y se obsesione con un tema que ya fue superado por el grueso de la población colombiana.

¿Qué hay detrás de la actitud del gobierno Duque?

Todo indica que detrás de las objeciones a la JEP existen intereses que superan al mismo presidente Duque. Las presiones del embajador Kevin Whitaker sobre parlamentarios y magistrados dejan ver hasta qué punto el gobierno de los EE.UU. está interesado en el asunto. Así mismo, el expresidente Uribe teme que ese órgano de justicia se fortalezca y opere con diligencia y eficacia. Los crímenes cometidos por empresas nacionales y extranjeras y por agentes del Estado durante el auge del paramilitarismo (2002-2010) parecieran querer ser ocultados sin importar que empresarios, militares y funcionarios comprometidos obtengan (o no) los beneficios por revelar la verdad ante la Justicia.

Por ello, no es casual que el Fiscal General haya terminado siendo la ficha más importante en el entramado institucional que rodea al presidente. Fue pieza central en la forma como se comprometió a Jesús Santrich con el supuesto delito de narcotráfico que lo tiene al borde de la extradición; fue clave para desentrañar en pocas horas el atentado terrorista de enero; fue el principal teórico jurídico de las objeciones a la JEP y, ahora, su denuncia pública sobre el pretendido atentado contra el primer mandatario impidió el diálogo con La Minga.

A estas alturas el gobierno tiene un panorama incierto que tiene como principal causa no haber podido diseñar una agenda y una dinámica independiente de su partido CD y de su mentor Uribe. Los pataleos para impedir el rechazo en la Cámara y en el Senado a las objeciones a la JEP van a dejar heridas que no van a ser fáciles de restañar en el futuro.

Preguntas necesarias


¿Vamos hacia un estado de tensión que ponga en peligro la estabilidad del gobierno y de las mismas instituciones? ¿Detrás de bastidores habrá intereses oscuros manejando los hilos para conducirnos a escenarios de mayor desestabilización? ¿Quiénes le temen a la verdad y a la paz estarán utilizando a Duque como lo hacen con Guaidó en Venezuela?

¡Pronto lo sabremos! 


E-mail: ferdorado@gmail.com / Blog:



[1] Taleb, Nassim Nicholas (2014). “El Cisne Negro – El impacto de lo altamente improbable”. Paidós.

domingo, 7 de abril de 2019

Los logros de La Minga


Los logros de La Minga

Popayán, 8 de abril de 2019

Después de 26 días de protesta, las comunidades indígenas, campesinas y afros del Cauca y de resguardos del Huila, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda (Colombia), lograron un acuerdo con el gobierno para despejar la carretera panamericana, única vía de comercio internacional con el sur del continente.   

La Minga no ha terminado. El plato fuerte será el debate público con el presidente Duque que han exigido las comunidades desde los inicios de la protesta. Posiblemente se realice este martes 9 de abril. Debe ser el escenario para que la opinión pública conozca las reivindicaciones de los pueblos indígenas y campesinos del Cauca en temas de paz, medio ambiente y modelo de desarrollo.

Aunque falta ese sustancial remate, se puede elaborar desde ahora un balance de esta gesta popular. Los dirigentes de La Minga han dicho que esa lucha no se detiene, que continuará “caminando la palabra” y propiciando encuentros y acciones para profundizar las luchas sociales que durante tanto tiempo estuvieron represadas por efecto del conflicto armado.

Es bueno precisar el tipo de balance. Hay quienes valoran los resultados de la lucha con base en los logros tangibles, especialmente los recursos obtenidos para inversión social. Es la visión del gobierno y de aquellos sectores que todo lo miden con dinero. También están los que tasan los logros en hectáreas de tierra comprometidas para ser entregadas a las comunidades que, aunque es un tema importante, es secundario frente a la necesidad de una verdadera política de democratización de la propiedad de la tierra.

En ese sentido se podría decir que el balance es satisfactorio, aunque no suficiente. La mayoría de esos recursos estaban asignados, pero no asegurados. Ahora viene la tarea de impedir que se queden enredados en los trámites burocráticos que tienen la función de impedir que los recursos lleguen a las comunidades.

La clave está en el balance político. La reacción del expresidente Uribe por medio de “trinos” (twitter) mostrando su inconformidad con la firma de los acuerdos y la disposición del presidente Duque a encontrarse y dialogar con La Minga, dejan ver quién salió derrotado. Uribe se atreve a exigir masacres y las justifica como ejercicio de autoridad frente a “protestas terroristas” (https://bit.ly/2UCGvC2).

Que se haya logrado distanciar a Duque de las posiciones del expresidente Uribe que lo llevaron a comprometerse con una posible guerra con Venezuela, podría considerarse el gran logro político de La Minga. Ese avance debe ser profundizado por el conjunto del movimiento social –sin bajar la presión– y hacerle entender al gobierno y a la sociedad colombiana, que la protesta es una herramienta democrática, que nadie está interesado en desestabilizar al país, y que debemos continuar por el camino de la paz.

Quienes acusaron a los dirigentes de permitir la infiltración terrorista de La Minga, fueron derrotados. Quienes quisieron deslegitimar la lucha de las comunidades acusando al CRIC de presentar solicitudes desmesuradas, fueron vencidos. Quienes pretendieron desconocer los reiterados incumplimientos del Estado, fueron desenmascarados. La Minga fue legitimada y nuevas “mingas” surgen por todas partes.

Otro gran logro, quizá el principal para quien esto escribe, tiene carácter social-organizativo. Por primera vez las comunidades indígenas, campesinas y afros del Norte del Cauca realizan un ejercicio de este tipo en forma unificada y organizada. Fortalecer esa unión pensando en construir procesos autónomos de desarrollo en lo político, económico y cultural, será el siguiente paso para avanzar por nuevos caminos que se constituyan en la superación de las experiencias que han fracasado en América Latina.

La Minga se mostró como una experiencia autónoma de las comunidades. Recibió el apoyo y solidaridad de organizaciones y dirigentes políticos, pero se negó a ser instrumentalizada por la dinámica electoral. Eso es magnífico y muy alentador. La fuerza social debe mantenerse autónoma y no delegar su fuerza a partidos o representantes políticos que, después, así ellos no lo quieran, en el ejercicio de gobierno diluyen y derrotan la fuerza popular, como ha ocurrido en Brasil, Venezuela, Ecuador o Bolivia.  


Algunos dirán que el ejercicio de La Minga debilitó la realización del llamado “paro nacional” programado para el 25 de abril. Pero habría que decir que, si en verdad existiera la fuerza para hacerlo con contundencia, las organizaciones que lo convocan se habrían sumado a La Minga con toda la decisión y determinación. Con el simple parroquiano decimos: “Más vale pájaro en mano que cien volando”. 

E-mail: ferdorado@gmail.com / Blog: https://bit.ly/2G0U9FN                       

viernes, 5 de abril de 2019

BREVE HISTORIA DE LOS BLOQUEOS DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN EL CAUCA (COLOMBIA)


Breve historia de los bloqueos de la carretera panamericana en el Cauca (Colombia)
Popayán, 5 de abril de 2019
Con ocasión de la polémica y ataques violentos que sufre La Minga por el bloqueo de la carretera panamericana presento este brevísimo recuento que está más ampliamente relatado en mi libro “El Cauca en su momento de cambio – Sociedad abigarrada, pueblos rebeldes, futuros posibles”.
Es indudable que el “bloqueo” o “tranca” de esa importante carretera tiene grandes efectos tanto para los protagonistas de esa lucha como para el Estado, los grandes empresarios capitalistas, los transportistas y viajeros, los cientos de miles de personas que en la región sur-occidental se ven afectados en su economía, trabajo y vida cotidiana, y por ello es interesante recordar la historia de esa forma de lucha.
La carretera pan-americana fue construida como un plan estadounidense para conectar a todo el continente americano. No fue un plan autónomo de Colombia. Fue concebida en la V Conferencia Internacional de los Estados Americanos en 1923, ​celebrándose el Primer Congreso Panamericano de Carreteras en Buenos Aires en 1925, al que siguieron los de 1929 y 1939 (Wikipedia).
Es preciso aclarar que el bloqueo de la carretera panamericana en Colombia no es un invento indígena, como muchos creen. En la década de los años 80s del siglo XX ya se utilizaban los “tranques” en Argentina y Bolivia, pero en el caso del Cauca son los campesinos mestizos y negros movilizados en 1984 afectados por la construcción de la represa y el embalse de La Salvajina (Morales-Suárez), los que descubren ese método de protesta, que perfeccionan más en 1986, durante la Gran Marcha de La Salvajina, de Santander de Quilichao a Popayán.
Lo interesante es que como todo lo bueno, ocurrió casi sin querer, sin un propósito previo. Sucede que en cada sitio donde las comunidades paraban a comer y a descansar, la acumulación de personas y de vehículos generaba el trancón, y de inmediato surgía el conflicto con la policía (todavía no había ESMAD). Así, los campesinos caucanos fueron descubriendo esa herramienta y forma de lucha, la eficacia de bloquear la vía y la enorme presión para el gobierno que ello significaba.
Los obreros de fábricas no necesitan trancar vías. Con solo “bajar los brazos” y no trabajar, paralizan la producción y logran presionar a empleadores y gobiernos para obligarlos a negociar y reconocer sus derechos. Los campesinos no pueden hacer eso, se morirían de hambre en sus fincas y parcelas sin llamar la atención de nadie. Los trabajadores de la salud y la educación a veces han utilizado los bloqueos de carretera porque a los gobiernos no les importan los servicios y se requiere forzar situaciones para hacer visible el conflicto.
Los campesinos del Macizo Colombiano fueron los que de inmediato aprendieron esa lección. Activistas que estuvieron en la lucha de La Salvajina llevaron a sus luchas esa nueva experiencia.  Entre 1987 y 1988 realizan varios bloqueos entre La Vega y Almaguer, y entre Bolívar y El Bordo. Después realizan el Gran Paro de Rosas en agosto de 1991, que fue una enorme y bien organizada movilización que por primera vez bloqueaba la carretera panamericana a lo largo de dos semanas. Allí surgió el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA.
En julio de 1992, el pueblo Misak (guambianos) realiza una alianza con los campesinos de El Tambo (Cauca) y realizan un primer bloqueo que repiten en 1995. Es la primera vez que los indígenas caucanos utilizan el bloqueo de la carretera panamericana para obligar al gobierno a entregarles tierras para ampliar sus resguardos y sumar otras reivindicaciones de tipo político, social, económico y cultural.
Los pueblos indígenas no utilizaban esa forma de lucha. Ellos recuperaban en forma directa las tierras. Para ellos era “recuperar” mientras que para los terratenientes y gobiernos era “invadir”. Irrumpían en forma masiva y organizada con mujeres y niños en las haciendas de grandes latifundistas, procedían a “picar” y “sembrar matas” en esos predios, y de esa forma presionaban al propietario y al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA para que esas tierras fueras ofertadas, compradas y entregadas a las comunidades indígenas, a veces como ampliación de sus resguardos, y en otras ocasiones como tierra de “empresas comunitarias”.
En 1992 los pueblos originarios del Cauca inician el bloqueo de carreteras en forma sistemática. Lo hacen porque desde 1986 no habían podido recuperar más tierras de la forma tradicional debido a que los terratenientes vendieron una parte de sus tierras a narcotraficantes y, así, conformaron una especie de “cordón” de protección violenta frente a lo que llamaban “invasión nativa”. En 1991, en la hacienda de El Nilo, en Caloto, los indígenas nasas sufrieron la Masacre de El Nilo que fue un ataque perpetrado en el municipio de Caloto, el 16 de diciembre de 1991, por miembros de la Policía Nacional y civiles armados o paramilitares. Fueron asesinados 21 comuneros indígenas.
De allí en adelante la carretera panamericana ha sido bloqueada en decenas de ocasiones. El primer gran bloqueo que organiza el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC fue para conmemorar los 500 años de la invasión europea (o “Descubrimiento de América”), en octubre de 1992. De allí en adelante, el mes de octubre se convierte en un mes emblemático para las protestas y movilizaciones indígenas y populares del Cauca.
Otro bloqueo histórico se realizó en 1999, donde participaron casi todas las organizaciones campesinas mestizas, afros e indígenas del departamento del Cauca, con más de 35.000 manifestantes fuertemente organizados. Se trancó la carretera en el sur de Popayán, en Galíndez (Patía) y en el norte, en El Cairo (Cajibío). Esa magnífica jornada de lucha popular fue la antesala de la elección del dirigente Misak, Floro Alberto Tunubalá, como Gobernador del Departamento, con la conformación del Bloque Social Alternativo.
En 2008, los pueblos indígenas y otros sectores campesinos bloquearon la carretera en La María (Piendamó) en el mes de octubre, y actuaron aliados con los corteros de caña de los ingenios azucareros del Norte del Cauca y sur del Valle, que estaban en paro desde el 15 de septiembre. El ejército asesinó a un comunero indígena que fue filmado en directo y divulgado a nivel internacional. Ha sido una de las gestas de mayor trascendencia porque se actuó con mucha flexibilidad, combinó el bloqueo con una masiva Marcha a Cali y se obligó al presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, a acudir –casi derrotado y humillado– al Resguardo de La María (Piendamó).   
Entre 1992 y 2019 se ha bloqueado la carretera panamericana en infinidad de ocasiones por campesinos, afros e indígenas, destacándose últimamente, el Paro Nacional Agrario de agosto de 2013, en donde pequeños y medianos productores de café de todo el departamento, bloquearon la carretera en forma contundente sin que ocurrieran mayores actos de violencia, dado que la vecindad de esos productores agrarios con la carretera hizo que ese bloqueo fuera muy efectivo por lo masivo, beligerante y pacífico.
Las comunidades afros también bloquearon la carretera entre Santander de Quilichao y Villarrica, en 2016, en protesta contra la gran minería. Fue su primer ejercicio autónomo. 
En todas esas jornadas las comunidades han sufrido la represión, persecución y violencia del Estado y de sectores reaccionarios liderados por los grandes terratenientes. Esas luchas han dejado decenas de protestantes muertos y heridos, cientos de luchadores encarcelados y perseguidos, pero también, han sido grandes experiencias que se convierten en el legado y principal capital para garantizar la continuidad de una lucha de los pueblos originarios, mestizos y afros del Cauca y de Colombia, de campesinos y pequeños productores agrícolas que siguen buscando no solo la reivindicación de sus derechos sino la construcción de un mundo mejor para las nuevas generaciones.  
Y ahora, tenemos en marzo y abril de 2019, la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Hoy los enemigos utilizan una política de guerra para derrotar a los pueblos en lucha. Todas las fuerzas de la reacción se han unido para aplastar esta Minga. Desde acusarlos de estar infiltrados por grupos armados, de ser instrumentos de partidos políticos, de hacer parte de un complot del gobierno de Venezuela, hasta acusarlos de ser “los nuevos terratenientes” y de tener “más poder” que los que siempre han dominado este país, han recurrido a todo tipo de ataque y mentira para vencer la resistencia de unos pueblos que enfrentan el asesinato sistemático de sus dirigentes y el exterminio como pueblos.
Toda clase de racismos y perjuicios han surgido desde lo profundo del inconsciente de las clases dominantes de la región y del país. Piden a grito herido, “mano fuerte” y represión abierta. Pero no podrán derrotar La Minga, no lo lograrán.
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Ahora, que en próximos días se realiza en Popayán la famosa “Semana Santa”, traigo a relación estas 100 palabras con las que intento mostrar el desconocimiento que siempre ha existido entre los diversos pueblos que habitan ese complejo y “abigarrado” departamento del Cauca. Fueron publicadas en un periódico de la región:
Oscuro y mágico. ¿Cómo percibirían los indígenas nativos las procesiones de Semana Santa en Popayán? ¿Qué significaba ese ritual? Les parecía raro, oscuro y mágico, porque no coincidía con los equinoccios y porque lo hacían de noche y en secreto. Y aunque alumbraban con pequeñas teas (velas), nada quemaban. Desfilaban por las calles cargando sus dioses durante los días más lluviosos del año. Murmuraban cantos sórdidos, que podrían ser conjuros contra ellos. No imaginaban que los españoles atenuaban su miedo ante la insondable e inescrutable América, con un rito que los compenetraba con su madre España y su historia. Si lo hubieran sospechado, habrían sonreído.”