sábado, 28 de septiembre de 2013

INTERVENCIÓN DE CLAUDIA LÓPEZ EN EL CONGRESO DE LOS VERDES

Bogotá, Septiembre 26 de 2013

Queridos delegados e invitados al Congreso del Partido Verde.

Les agradecemos la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestro país. Lo hacemos en nuestra calidad de ciudadanos, que sin pertenecer a ninguna de las  vertientes partidistas presentes, hemos seguido con entusiasmo y expectativa el proceso de convergencia y alianza que aquí nos convoca.  

Por qué la expectativa alrededor de éste Congreso? Cuál es la oportunidad que tienen los delegados aquí presentes? La baja popularidad del Presidente, la disputa política entre otroraprimos y alegres compadres, el vaivén de las encuestas hace que crezcan aquellos que responden con insistencia que la gran oportunidad que tenemos consiste en armar una tercería para ganar las elecciones de 2014.Tenemos otra visión. La circunstancia crítica y fundamental que puede cambiar el panorama político colombiano sustancialmente, no es una tercería para las próximas elecciones sino unas mayorías ciudadanas para construir la paz en los próximos 10 años. Nuestra gran oportunidad es que podemos quitarnos al fin el yugo de la violencia y el dominio inmerecido de todos sus protagonistas. Nuestra gran oportunidad es que podemos quitarnos de encima a la guerra y sus protagonistas como la excusa que acalla y aplasta las legítimas demandas ciudadanas y regionales de inclusión, equidad, dignidad y desarrollo para las mayorías. Nuestra gran oportunidad es que podemos transformar las mayorías ciudadanas que protestan en mayorías políticas que transforman.

Nuestra gran oportunidad es la paz. Y no aportaremos a la construcción sólida de la paz con una convergencia fabricada para que pase el umbral en los próximos meses, sino con unas mayorías ciudadanas sólidas y sostenidas que transformen a Colombia en los próximos 10 años. En ese marco, y con todo respeto, el gran desafío de las  vertientes y delegados de este Congreso es demostrar que no son un mero y apresurado matrimonio por conveniencia electoral sino una plataforma solida y duradera de  transformación política y social. Eso está por verse.

Sólo se llega a lo que se quiere si se parte con realismo de lo que se tiene. Esas mayorías ciudadanas son diversas, son regionales, son campesinas y citadinas, son fundamentalmente nuestras clases medias y populares, son de centro izquierda y también son de centro derecha. Quienes aspiran a representarlas tienen que hacer un esfuerzo genuino por ser como ellas. Deben tener una oferta unida en principios éticosy propósitos fundamentales, pero una diversidad real en perspectivas ideológicas, en cómos y en quiénes. No por amabilidad aparente entre posibles contrincantes sino por comprensión real de la diversidad ciudadana que aspiran a representar. Quienes desde aquí aspiran a representar las actuales mayorías ciudadanas deben aceptar el desafío de sustituir a los intermediarios de viejos bandos, no pueden insistir en alianzas impresentables conquienes han cogobernado con mafias y degradado la política.Los colombianos reclamamos cambio político real no alianzas vergonzantes ni maquillajes aparentes.

Pese a los valiosos esfuerzos que como ciudadanos, servidores públicos o representantes electos han hecho los acá presentes, las mayorías ciudadanas a las que me he referido ni están en el seno de esta colectividad política ni están en el seno de ningún otro partido. La realidad palpable es que todas las colectividades políticas están desconectadas de las mayorías ciudadanas. La tarea emocionante que tenemos para los próximos 10 años es reconstruir esa conexión entre política y ciudadanía, entre gobierno y mayorías, entre demandas y soluciones. Ese es el gran desafío del pos conflicto. Ofrecer, al fin!, inclusión, ingreso y desarrollo digno a la Colombia campesina; construir seguridad con justicia, no sólo con fuerza; ofrecer seguridad con justicia pública para todos, no sólo para unos pocos en las zonas urbanas. Nuestro desafío es que el Estado llegue, al fin!, con carreteras, con inversión, con  inclusión real. Que las regiones dejen de ser un adorno retórico y sean realmente los ejes de nuestra integración nacional. Que la educación y la salud sean derechos universales para desarrollarnos y convivir no sólo para tratar de sobrevivir. Nuestro desafío es que la apertura comercial sea una oportunidad para desarrollar nuestro potencial no para destruir nuestra naturaleza y producción. En fin, nuestro gran desafío es integrar a la Colombia urbana y la rural, para que dejemos de ser dos Colombias que se miran con recelo y desprecio, y pasemos a ser una sola que se construye con dignidad y respeto.

Esa es la magnitud y belleza de nuestro desafío colectivo. Esa es la perspectiva que nos convoca a hacer convergencia. En nuestra calidad de ciudadanos independientes hemos prestado nuestro concurso para ser bisagras de integración política y regional de ésta convergencia verde, y así lo seguiremos haciendo. Más que tomar partido, queremos seguir facilitando encuentros y acuerdos. Vamos a continuar recorriendo las regiones, invitando a muchos a sumarse a una convergencia como la que visionamos.

No perdamos la perspectiva. Nuestra gran oportunidad es la paz. Sólo si se acalla el escandalo de la violencia se escucharán y atendrán las demandas ciudadanas. Sólo si la ciudadanía se organiza hará valer sus mayorías. Sólo si esas mayorías crecen elección tras elección en los próximos 10 años lograremos la transformación. No nos hacemos vanas ilusiones, el único aporte real de los armados a la paz es dejar sus armas y renunciar a la violencia. La paz la haremos nosotros, sólo pedimos su desarme. Tampoco nos hagamos falsas expectativas. Sin la desmovilización de las armas y la violencia, nuestra vida y nuestra voz seguirán relegadas.

Que nadie se levante de la mesa de la Habana. Que no frustren otra vez la necesidad inaplazable de la paz. Los colombianos no apoyamos la paz por cálculo electoral sino por necesidad vital. Que nuestro compromiso absoluto con la paz no se preste a mal interpretaciones; estamos jugados por la paz no por la mermelada de la Unidad Nacional.

Qué bueno que el Partido Verde haya abierto sus puertas a ser espacio de construcción de convergencia. Qué bueno que Progresistas haya aceptado esa invitación y sea parte de  esa construcción. Pero el país que aspiramos a representar necesita mucho más que dos. Necesita miles, ciento de miles de compromisos ciudadanos, de expresiones regionales y de voluntades individuales.  Qué bueno que ya somos más de dos, sólo hace falta el resto del país. Con ese país vamos a seguir adelante.

Muchas gracias!

Claudia López
Álvaro Jiménez
Eugenio Marulanda
Armando Novoa
Francisco  Leal
Jorge Iván Ospina
Alberto Navarro
Jorge Eduardo Arbeláez
Jorge Iván Gómez
Juan de Dios Graciano
Juan Felipe Palau
Moritz Akerman


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viernes, 27 de septiembre de 2013

EL GIRO A LA IZQUIERDA DE LOS "VERDES"

EL GIRO A LA IZQUIERDA DE LOS “VERDES”

Popayán, septiembre 27 de 2013

El Congreso del Partido Verde realizado entre el 25 y 26 de septiembre de 2013 aprobó tres aspectos básicos: retirarse de la Unidad Nacional y del gobierno de Santos; apoyar la gestión de “defensa de lo público” de Petro al frente de la Alcaldía de Bogotá; y la lucha por la revisión de los TLCs, recogiendo la iniciativa de las organizaciones que realizaron el Paro Nacional Agrario.

Los temas aprobados constituyen un “leve giro a la Izquierda” del Partido Verde. Además aprobó el nombre de “Alianza Verde” para significar el ingreso de las fuerzas “Progresistas”.

Es un “leve giro” por cuanto en ningún momento deciden enfrentar el sistema capitalista y el modelo neoliberal que se ha impuesto en Colombia. Tampoco se plantean la lucha por soberanía nacional y por la construcción de una nueva sociedad en donde el valor del trabajo sea el referente principal. Sin embargo, es un paso significativo.

Tal parece que la dirigencia “verde” asimiló el espíritu de la movilización agraria que acaba de ocurrir en Colombia, y por sobre todo, captó el sentido de solidaridad que se manifestó en las ciudades con los campesinos, lo que es un síntoma de que el movimiento social va a fortalecerse y a dar un salto cualitativo en los centros urbanos.  

Ahora le corresponde al movimiento popular seguir apretando con propuestas de mayor calado. Hay que exigir la coalición entre el Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde, Partido Comunista, País Común, Unión Patriótica, Congreso de los Pueblos, ASI y Marcha Patriótica, además de otros grupos menores. Con esa unión existen las posibilidades ciertas de acceder a la Presidencia de la República. Es algo factible, viable y cercano.

Frente al desgaste de Santos y al poco entusiasmo que generan los candidatos uribistas, es muy posible que la oligarquía se unifique alrededor de personajes como Germán Vargas Lleras, lo cual polarizaría la lucha por la presidencia entre la derecha y la izquierda.   

En la eventualidad de un gobierno de Izquierda tiene que plantearse el tema central del Estado: ¿De dónde se va a echar mano para financiar programas de impacto en beneficio de la población? ¿Acaso no es cierto que el actual gobierno no ha podido cumplir sus promesas en gran parte debido a las limitaciones presupuestales?

Necesariamente tendremos que seguir por el camino que ya nos han trazado los gobiernos progresistas, nacionalistas y democráticos de América Latina. La nacionalización de los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos y la renegociación de la Deuda Pública (interna y externa) tendrán que ser tareas que estarán en primer lugar de la agenda.

La nacionalización de los recursos naturales no implica la expropiación de las transnacionales, ni es una medida socialista. De hecho la Constitución Política establece que esos recursos son propiedad de la Nación[1]. La “nacionalización” es un acto formal para obligar a las empresas que disfrutan de la concesión de explotarlos (principalmente transnacionales extranjeras), a renegociar la participación del Estado en sus ganancias. Esa decisión puede significar la triplicación de los ingresos que recibe el gobierno por regalías e impuestos.[2]

La renegociación de la Deuda Pública[3] es una decisión de mayor peso. En el caso colombiano – que ha sido un excelente y cumplido acreedor de los bancos multilaterales – representa aproximadamente el 34% del PIB, y el servicio de la deuda (pagos de capital y amortización de intereses) corresponde al 25% del presupuesto nacional. Un gobierno “progresista” apuntalado en el apoyo popular puede presionar a la banca internacional y conseguir un buen acuerdo. Sólo es cuestión de voluntad política.

En fin, el movimiento popular debe unificarse alrededor de una plataforma de lucha para presionar al espectro político con sus propuestas. Hemos presentado algunas ideas en ese sentido que es necesario recordar:

1.    Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los minero-energéticos;
2.    Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio;
3.    Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa);
4.    Política agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina;
5.    Reforma estructural de la Ley 100 de salud; por un servicio de salud universal y financiado por el Estado.
6.    Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.
7.    Intervención e inversión estatal para industrializar nuestras materias primas y generar empleo digno.

Como podemos observar el “leve giro de los verdes” es una señal de que la “leve y lenta evolución hacia la Izquierda”[4] no sólo es un hecho sino que tiende a acelerarse. Es la hora de la audacia revolucionaria, es el momento de aspirar a lo imposible.



[1] Constitución Política de Colombia. Artículo 332. “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.”

[2] Mientras países como Bolivia, Brasil, Chile y Perú aumentaron impuestos para incrementar la renta minera a favor del Estado, en la última década el país se limitó a ampliar los beneficios para las grandes compañías. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-391134-colombia-paraiso-fiscal-mineria

[3] La deuda externa de Colombia (privada y pública) llega a US$83.961 millones. La deuda contratada por el Gobierno en abril de 2013 fue de US$46.829 millones. La deuda externa creció este año en un 9%.

[4] Ver: “Leve y lenta evolución hacia la Izquierda”: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0362/articulo04.html

domingo, 22 de septiembre de 2013

DE 1991 A 2013... ¿NUEVO PACTO DE CLASES?

de 1991 a 2013… ¿UN NUEVO PACTO DE CLASES?

Popayán, 22 de septiembre de 2013

En 1991 la oligarquía en su conjunto logró convertir el acuerdo de Paz con el M-19 en un pacto de clases. La Asamblea Nacional Constituyente y la posterior aprobación de la Constitución Política de 1991 fue la oficialización de ese “contrato social”.

Los tres presidentes de la Constituyente representaban a cada uno de los sectores de clase comprometidos en ese pacto. La gran burguesía-terrateniente, la burguesía burocrática y la pequeña burguesía. La clase obrera y los campesinos pobres tuvieron una mínima representación que nos les alcanzó para hacer valer sus intereses.

Álvaro Gómez Hurtado encarnaba la política de la gran burguesía y los grandes terratenientes unificados en su programa neoliberal. Paradójicamente ese programa vino ser concretado por Cesar Gaviria Trujillo, heredero del legado de Luis Carlos Galán, último representante de la débil burguesía “progresista” que no profesaba el credo neoliberal.

Horacio Serpa Uribe representaba a la burguesía burocrática, heredera de la burocracia colonial que se consolidó durante el Frente Nacional. Ésta fracción de la burguesía recogió las ideas de Jorge Eliécer Gaitán – quitándole su contenido revolucionario – y construyó un supuesto ideario “socialdemócrata” que fue el sustento ideológico para ganar el apoyo de la cúpula burocratizada de los trabajadores, especialmente los estatales.

Antonio Navarro Wolf personificaba a las llamadas “clases medias” (pequeña-burguesía, sobre todo urbana) y a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Su ideario vacilaba entre los intereses de la burguesía y los del proletariado. Querían construir “nacionalidad” con base en la fusión de intereses entre los capitalistas y los trabajadores. Vano espejismo.

Aprovechando las ilusiones “democráticas” del M-19, la burguesía aprobó una Constitución supuestamente “garantista”, con un amplio compendio de “derechos fundamentales”, sociales, económicos y culturales, pero con una esencia neoliberal. Tal base jurídica le permitió – dado que mantenía el poder –, aplicar el paquete privatizador, la apertura económica y profundizar la entrega de nuestras riquezas al capital imperialista.

Los desarrollos políticos y económicos sucedidos durante los 22 años que hay entre 1991 y 2013 ratifican los resultados negativos que dejó ese pacto para el conjunto del pueblo colombiano. Sus inspiradores todavía lo defienden sin reflexionar en los hechos concretos. Ni siquiera los conceptos de multi-etnicidad y pluri-culturalidad han sido desarrollados. Menos, el ordenamiento territorial que lo ha realizado de facto el gran capital, “ordenando” mediante el despojo amplios territorios a su amaño, desplazando poblaciones y adecuando el espacio a sus intereses capitalistas.

Ahora tenemos una nueva coyuntura. Estamos en medio de una negociación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. Un nuevo pacto de clases está en desarrollo. La diferencia esencial es que mientras el M-19 logró convertir una derrota militar en un relativo triunfo político, las FARC desde 1998 ha venido convirtiendo un relativo triunfo militar en una derrota política.

Es por ello que este nuevo proceso es contradictorio y hasta paradójico. El paro nacional agrario de 2013 desbordó los acuerdos que se han firmado en materia agraria. Mientras en La Habana se negocia sobre la condición impuesta por la gran burguesía de que “no se negocia el modelo económico y político vigente”, la realidad del movimiento social y popular colocó el tema de los TLCs y la esencia neoliberal de la política agraria en el primer lugar de la política nacional.

El gobierno – hábilmente – ya  está utilizando esos acuerdos (rebasados por la dinámica social) para imponer a la sociedad colombiana unos límites que fueron concertados con una guerrilla políticamente derrotada. Ella no representa plenamente los intereses del conjunto del pueblo colombiano. En ese sentido la “paz negativa” de La Habana se convierte en “paz positiva” pero a favor de los intereses de las clases dominantes.[1]

Las FARC deberían reflexionar sobre ese tema. Si no tiene la fuerza política para conseguir verdaderas conquistas para el pueblo colombiano es mejor que no justifique esos límites. Debería concentrarse en los temas que son necesarios para su integración a la vida civil y permitir que sea la sociedad la que confronte al Estado en temas económicos y sociales. Si no puede ofrecer verdaderos avances, es mejor que no le permita a la oligarquía la autentificación de una política anti-popular a la sombra de los acuerdos de Paz.

Pareciera que la guerrilla es consciente de esas contradicciones. Por ello exige la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero allí se vuelve a equivocar.

La oligarquía colombiana convocó la Asamblea Constituyente de 1991 porque sabía de antemano que – por un lado –, iban a imponer sus mayorías y – por el otro – las propuestas que agenciaba el M-19 no eran un peligro para el ejercicio de su poder. Eran, por el contrario, aprovechables para adornar de democracia su verdadera dictadura neoliberal.

En la actualidad la situación es todavía más favorable a la oligarquía. Las fuerzas de los trabajadores y el pueblo recién empiezan a respirar y a recuperarse. Después dos décadas de de represión, terror, asesinatos y masacres, de destrucción de organizaciones populares, amedrentamiento y cooptación de dirigentes, en medio de la degradación del conflicto armado, los movimientos sociales han reiniciado un proceso de acumulación de fuerzas que ha mostrado – con este paro agrario – que las potencialidades son inmensas.

La insurgencia no tiene que afanarse a firmar un pacto de clases. El que les ofrece la oligarquía es una verdadera trampa para ellos y para el pueblo. Deben integrarse a la lucha política sin armas pero confiar en que los trabajadores, los campesinos pobres y las “clases medias” en proceso de proletarización y empobrecimiento, van a imponer su propia fuerza en el próximo futuro. ¡Un pacto de los marginados y oprimidos está en construcción!

Ya vemos como el “pacto agrario” que ofrece la oligarquía es un engaño. La gran burguesía transnacionalizada no renuncia a su modelo agro-exportador. La burguesía burocrática a lo máximo que aspira es a revivir una especie de Fondo DRI, para las zonas o regiones de colonización que se concierten con las FARC, con escasos recursos económicos y sin una verdadera institucionalidad estatal. Las ONGs y los grandes contratistas están ya a la expectativa de quedarse con esos dineros, estafando una vez más a los campesinos colonos.

La experiencia de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia nos enseña que las Asambleas Constituyentes sólo son beneficiosas para los trabajadores y los pueblos cuando son convocadas por gobiernos progresistas y democráticos. Ellas son herramientas adecuadas cuando son convocadas en medio del ascenso revolucionario del pueblo. Deben ser citadas y realizadas después de haber derrotado políticamente a la oligarquía.

Hacerlo ahora es facilitarle a la oligarquía un nuevo “pacto de clases” en donde ellos tienen la hegemonía. Pacto de “tigre suelto con burro amarrado”.   


[1] Vélez, Humberto. “Atisbos Analíticos”: http://fundacionecopais.blogspot.com/

miércoles, 18 de septiembre de 2013

EL PARO AGRARIO Y LA UNIDAD DEL PUEBLO

EL PARO AGRARIO Y LA UNIDAD DEL PUEBLO

Popayán, 18 de septiembre de 2013

La rebelión agraria que acaba de ocurrir – por ahora –, se concentra en las mesas de negociación. Sabemos de antemano cuáles serán los límites que colocará el gobierno al movimiento agrario. Es la misma “línea roja” que impuso en la mesa de negociaciones de La Habana: “No negociaremos el modelo económico y político vigente”.[1]

Mirado desde ese punto de vista diríamos que el paro agrario fue derrotado. La fuerza del movimiento – así hubiera sido enorme y aumentada por los errores del gobierno – no consiguió quebrar el eje central de la política burguesa, su régimen económico y político, que favorece los intereses de los grandes monopolios “nacionales” y extranjeros. 

Si lo hubiera conseguido habría sido una revolución. Pero no, fue un alzamiento campesino y popular en el marco de la institucionalidad dominante. Aunque los pliegos de exigencias abordaban dos puntos de carácter revolucionario – la derogación o renegociación de los Tratados de Libre Comercio planteado por las “Dignidades” y el diseño de una política agraria alrededor del pequeño productor campesino expuesto por la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA –, la fuerza acumulada por el movimiento no logró alcanzar dichos objetivos.

Sin embargo ambos planteamientos quedaron consignados en la mente del pueblo. Ese es su principal y gran logro. Es por ello que el gobierno se apresuró a lanzar el supuesto “pacto agrario” que no pasó de ser otro anuncio del gobierno, aunque allí el alcalde de Bogotá Gustavo Petro le “midió el aceite” al gobierno, lo puso contra la pared con fundamentadas preguntas y creativas propuestas, que los medios de comunicación silenciaron. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=lPOc5H2xNmw&sns=tw  

Tenemos claro que la principal falencia de las fuerzas comprometidas en el paro fue su falta de centralización y coordinación unificada. La estrategia represiva y la dilación del gobierno también fue otro factor, pero era de esperarse. Sin embargo, la falta de unidad es un problema real, propio del desarrollo político y organizativo de nuestro pueblo. Estamos seguros que con una evaluación seria de estas experiencias vamos a derrotar los factores y fuerzas que impiden esa urgente unificación.

Lo importante es ser conscientes de esas falencias. Debemos tener una mente abierta y una alta capacidad de autocrítica para poder avanzar. Desgraciadamente en los balances que se hacían en medio del paro desde cada organización comprometida (las “Dignidades” y la MIA), cada sector sólo se refería a sus fuerzas comprometidas mientras desconocía olímpicamente la lucha de los otros sectores. No había una mirada de conjunto y no existió el más mínimo esfuerzo para concertar una acción coordinada.

Es evidente que la principal tarea es explicarnos el por qué de las diferencias. No es un asunto sólo de voluntad. Existe una larga historia que ha separado a las dos sociedades agrarias que se expresaron en el paro agrícola de 2013. Entender esa historia es fundamental para superar la división.

Herencias históricas

Las dos expresiones de la lucha agraria que se jugaron en las jornadas de agosto y septiembre de 2013 son herederas de dos colonizaciones separadas por un siglo de tiempo. Son casi cuatro generaciones. El eje cafetero de origen antioqueño y las regiones de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes (legatarias de la colonización española con todas sus particularidades), con tendencias conservadoras-clericales en el campo rural, consiguieron consolidar una capa de productores agrícolas de cultivos permanentes y transitorios como café, cacao, papa, arroz, ganadería de doble propósito (carne y leche), hortalizas y legumbres, arveja, tomate, frutas, panela y otros. Esas capas labriegas agricultoras fueron el resultado de una política corporativa diseñada por terratenientes e incipientes capitalistas para controlar a los campesinos sin que se pusiera en peligro la gran propiedad latifundista.[2]

Por otro lado se fueron desarrollando las nuevas colonizaciones, surgidas de la expulsión de los hijos “bastardos” de los campesinos ricos paisas, que poblaron el sur del Tolima, Huila, norte y occidente del Cauca, Meta, Caquetá, Putumayo, y después otras regiones en la Amazonía y Orinoquía. Esta colonización fue a la fuerza, fue resultado de la expulsión continua del territorio y la expansión de la frontera agrícola, y se ha hecho en medio del conflicto armado.

La primera expulsión fue después de la “Guerra de los Mil Días”. La segunda se realizó con ocasión de la aprobación de la Ley 200 de 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. La tercera ocurrió después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, durante la “Violencia de los años cincuenta”. La cuarta se oficializó con la aprobación del Pacto de Chicoral en donde la débil burguesía concertó el tratamiento de guerra al alzamiento protagonizado por los campesinos de la ANUC. Y ha continuado hasta nuestros días.

Su influencia en el campo político popular

No es casual que al interior de los dos bloques agrarios tengan influencia política dos organizaciones revolucionarias con diferente programa y discurso. El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR – principal fuerza dentro del Polo –, en las “Dignidades”,  y  la Marcha Patriótica en la MIA, con la clara influencia de sectores liberal-comunistas.

En la década de los años 60s aparecen ambas tendencias. Las encabezan, por un lado, Francisco Mosquera (Piedecuesta, Santander, 1941), heredero de tradiciones nacionalistas santandereanas y antioqueñas, alimenta su formación política con la influencia del proletariado organizado de Medellín y alrededores, y las ideas de la revolución socialista, especialmente de China.

La otra vertiente surge de la unión entre Pedro Antonio Marín (Génova, Quindío, 1930), alias “Manuel Marulanda Vélez” y Jacobo Arenas (Bucaramanga, Santander, 1924), quienes recogen las ideas de Jorge Eliecer Gaitán, la experiencia rebelde de los campesinos de Sumapaz y Viotá (Cundinamarca), la visión del Partido Comunista, y los avances de la revolución cubana.

La primera se traza un trabajo de acumulación paciente de fuerzas, rechaza la lucha armada “guerrillerista guevarista”, y se traza una estrategia en donde la alianza con la “burguesía nacional” es fundamental para el triunfo de la “revolución de nueva democracia”.

La segunda, inicialmente se plantea una estrategia de “autodefensa campesina” pero a partir de 1963 se delinea “la vía revolucionaria armada para la toma del poder”, y más adelante en 1984, se propone la táctica de la “combinación de todas las formas de lucha”. Su ideario plantea la lucha contra la oligarquía pero en la práctica se han mostrado proclives a llegar a acuerdos con “sectores progresistas y democráticos de la burguesía”.  

El MOIR es legatario de una especie de "nacionalismo terrateniente" que desconoce el "nacionalismo popular" de los campesinos pobres que se concreta en la lucha por la tierra. Marcha Patriótica es heredera de las tradiciones liberal-comunistas de la resistencia campesina, especialmente fuertes en zonas de colonización.

Ambas organizaciones aportan desde su particularidad a las tareas democráticas, nacionalistas y populares, pero se requiere la unidad para conquistar soberanía nacional, plena democracia y justicia social. Todo hace pensar que se requiere una fuerza social y política que les ayude a superar sus limitaciones históricas de clase.

Otro sector en escena

En los años 70s aparece en Colombia otro sector social y político que aportó avances al proceso revolucionario. Recoge las herencias del sector progresista de la Alianza Nacional Popular ANAPO[3] representadas por Antonio García Nossa (Villapinzón, Cundinamarca, 1912), continuadas por Carlos Toledo Plata (Zapatoca, Santander, 1932) y concretadas en acción revolucionaria por Jaime Bateman Cayón (Santa Marta, Magdalena, 1940) al frente del Movimiento 19 de Abril M-19.

Su característica principal fue su “no alineamiento internacional” y la construcción de nacionalidad con base en la recreación de la democracia a partir de un “diálogo nacional”. Su influencia fue básicamente en las ciudades, principalmente entre las clases medias y populares. Su trabajo revolucionario se vio concretado en la Constitución de 1991 que fue un pacto entre la oligarquía y las “clases medias” que éste movimiento representaba.

Después de la desmovilización del M-19 y su participación en la Asamblea Constituyente, sus fuerzas políticas se empiezan a diluir dentro del establecimiento, planteándose una estrategia reformista que hoy sobrevive en cabeza de Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro Urrego, quién representa una tendencia de izquierda dentro de lo que queda de ésta formación política (“Progresistas).  

La compleja actualidad

Estas tres corrientes políticas son el resultado del desarrollo desigual y combinado del capitalismo en Colombia, y de la diversidad regional de la Nación que ha sido el fruto de un proceso histórico complejo y variado. Existen dentro de nuestro país claramente diferenciadas una serie de regiones: la nación antioqueña y su bloque histórico; el eje cundi-boyacense; el Caribe colombiano; el Cauca señorial y cortesano; los Santanderes artesanos y libertarios; el Tolima grande que incluye al Huila y norte del Caquetá; el Chocó Bio-geográfico habitado principalmente por afrocolombianos; las naciones originarias indígenas en proceso de reconstrucción; los Llanos Orientales y las zonas de nueva colonización. Toda esa variedad cruzada por población de origen “blanco español”, indígena amerindio y negro afrodescendiente, ha producido un mestizaje variopinto que es la mayoría del pueblo colombiano.

El paro agrario mostró en movimiento a esa sociedad nacional. Boyacá y Cundinamarca unida con Nariño por la producción de papa y leche (indígenas muiscas, pastos y quillacingas). Los caficultores tradicionales del eje cafetero tradicional articulados con los productores de café del Huila y Cauca. Los campesinos colonos y jornaleros cocaleros movilizados en todas las regiones de Colombia, provenientes de lo profundo de esa “Otra Colombia” que existe en la frontera agrícola. Los pobladores de las ciudades, congregados alrededor de la solidaridad con ese nuestro país campesino. Esa es la Colombia popular, esa es nuestra identidad, en construcción y en lucha.

Esta es una mirada panorámica de nuestra realidad y de los orígenes diferenciados de las fuerzas populares que hoy están en movimiento. Nos falta reconstruir la otra vertiente de la lucha popular que se embolató en la década de los años 30 del siglo XX por efecto de la política de colaboración de clases. Es la corriente proletaria que tuvo su materialización en Tomás Uribe Márquez (Medellín, Antioquia, 1886) e Ignacio Torres Giraldo (Filandia, Quindío, 1893), y su aporte filosófico con Estanislao Zuleta (Medellín, Antioquia, 1935). Es la tendencia socialista revolucionaria que hasta ahora ha sido la gran ausente de las actuales luchas populares.

Esa vertiente proletaria tiene la tarea histórica de ayudar a unificar creativamente los diversos sectores sociales, políticos y culturales de nuestro pueblo. Tiene el deber de  aportar un pensamiento más universal y unas metas realmente revolucionarias. Necesitamos superar el “nacionalismo estrecho” del MOIR, el “campesinismo” de Marcha Patriótica, y el “democratismo” del M-19, recogiendo lo mejor de sus avances para potenciar tanto sus ideas como su fuerza material. Sólo así conquistaremos – juntos – la verdadera independencia, construiremos democracia participativa y garantizaremos la justicia social que pide a gritos nuestro pueblo.

El Paro Agrario Nacional de 2013 mostró las grandes potencialidades revolucionarias del pueblo colombiano pero también desnudó nuestras limitaciones políticas y organizativas. Es un deber luchar por la unidad, no es cuestión de simple voluntarismo, es una tarea que se hace en medio del fragor de la lucha y al calor de la lucha ideológica.

Las fracciones burguesas están a la expectativa para profundizar la división al interior del pueblo. La burguesía nacional aparentando la lucha contra la política neoliberal y los TLCs., la burguesía burocrática diseñando políticas “estatistas” y demagógicas para el post-conflicto, y la gran burguesía transnacionalizada aparentando un viraje democrático para prevenir un cambio verdaderamente revolucionario. Los grandes terratenientes no aparentan, van de frente contra el pueblo.

El paro agrario ha evidenciado la falsedad de esas conductas. Todas esas fracciones burguesas tiemblan frente al amo gringo y apoyan la política antinacional; juntas apuntalan el falso “pacto agrario”;  inseparables hacen parte de la “unidad nacional” de Santos;  al unísono se asustaron con la fuerza de la movilización agraria y popular. Todas se unieron alrededor de la defensa de la institucionalidad capitalista. Ninguna merece nuestra confianza.[4]

Que el nuevo auge revolucionario de las masas populares que se avizora en el próximo futuro nos encuentre unidos y preparados para derrotar a las fuerzas reaccionarias que impiden el progreso y el bienestar del pueblo. Esa debe ser nuestra consigna y nuestra preocupación permanente.

[1] El Espectador, Humberto de La Calle Lombana. “No habrá Paz a la brava”: http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-417975-no-habra-paz-brava-de-calle
[2]Saether, Steiner. “Café, conflicto y corporativismo”. Universidad de Oslo. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 1999.  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revanuario/ancolh26/articul/art6.pdf
[3] ANAPO: acrónimo de Alianza Nacional Popular. Fue un partido político colombiano fundado como movimiento en 1961 por el dictador Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en 1998.  Su esencia política era conservadora pero al enfrentarse al Frente Nacional (alianza de los partidos tradicionales liberal y conservador) atrajo a militantes revolucionarios.  
[4] Ver posición de Horacio Serpa, representante por excelencia de la burguesía burocrática: “Quien apaga la licuadora”: http://www.olapolitica.com/?q=content/%C2%BFqui%C3%A9n-apaga-la-licuadora

domingo, 15 de septiembre de 2013

LA URGENTE Y NECESARIA ALIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES Y LOS CAMPESINOS POBRES

Lecciones del paro nacional agrario…(3)

LA URGENTE Y NECESARIA ALIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES Y LOS CAMPESINOS POBRES

Popayán, septiembre 15 de 2013

Continuamos con el análisis de la posición de las diferentes clases sociales frente al paro agrario. Es básico para orientarnos hacia el futuro, pensando en cuáles son las clases sociales que garantizan y sustentan cambios estructurales en nuestro país. 

Ya vimos la inconsecuencia y debilidad de la “burguesía nacional agraria”. Los grandes empresarios agrícolas luchan tímidamente por subsidios estatales pero sin cuestionar el modelo neoliberal. A regañadientes discuten algunos aspectos de los TLCs pero sólo como estrategia para negociar políticas puntuales que los beneficien. Dada su debilidad económica y política, se subordinan a los intereses de la burguesía transnacionalizada con quien tienen intereses intricados y una absoluta dependencia financiera. Cuando el pueblo desarrolla la lucha revolucionaria contra los TLCs y la política neoliberal, asume una posición reaccionaria y se traiciona fácil y cínicamente.[1]  El paro agrario desnudó su verdadera naturaleza así algunos sectores de izquierda sigan forzadamente queriendo tapar esa realidad.[2]

El resto de clases dominantes

La burguesía transnacionalizada – sector hegemónico dentro de la oligarquía y principal sostén del presidente Santos –, sabía que en este paro se jugaban asuntos trascendentales de su política neoliberal. Se opuso abiertamente al movimiento pero calculó mal su potencia. Se apoya principalmente en los "cuadros renegados de la izquierda" (los Garzones) para dilatar, desgastar y engañar a las comunidades campesinas movilizadas, mientras en paralelo recurre a la fuerza militar, a la provocación vandálica y a la calumnia para aislar el movimiento. Hábilmente se apuntala en los acuerdos de La Habana (con la guerrilla) para seguir promoviendo su modelo agro-exportador neoliberal como lo comprueba el nombramiento de Rubén Darío Lizarralde, gerente de Indupalma, en el ministerio de Agricultura.

La burguesía transnacionalizada – para salir del paso y darle aire a su Presidente – lanza como salvavidas el denominado “Pacto Agrario” para: “i) legitimar una política orientada a industrializar la agricultura con modelos de producción de capital intensivo; ii) mantener lo pactado en el TLC, a costa de la seguridad y soberanía alimentarias; iii) apaciguar el descontento campesino con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo, y iv) legalizar un delito (la adquisición indebida de grandes extensiones de tierra en la altillanura del Orinoco y otras regiones por parte de grandes conglomerados capitalistas).[3]

De igual manera y dentro de la misma estrategia engañosa, la burguesía transnacionalizada fortalece su alianza con la burguesía burocrática para aparentar un giro hacia el "estatismo"[4], como lo evidencia el nombramiento de Amilkar Acosta como ministro de Minas y Energía y de Alfonso Gómez Méndez en el ministerio de Justicia, ambos de la línea de Ernesto Samper, con amplia experiencia gubernamental y legislativa, hábiles y ágiles para presentarse como “políticos independientes y cercanos a los sectores populares”.

Es así como la burguesía burocrática tradicional vuelve a entrar con fuerza en escena después de haber sido medianamente vapuleada durante los 8 años del gobierno de Uribe, quién hábilmente trató de reemplazarla con su propia cauda de burócratas corroídos por el paramilitarismo creando una nueva delincuencia de “cuello blanco”. Ésta se puso al servicio de un sector de la burguesía que aspiraba a consolidarse a la sombra del Estado, usando los dineros públicos tanto para el sector agrario (Agro Ingreso Seguro AIS) como para obras públicas con  contratistas del tipo de William Vélez, los hermanos Nule, los Ríos Velilla, socios y demás compañías.  

Ésta burguesía burocrática se muestra de acuerdo con las reivindicaciones campesinas, especialmente las planteadas por la MIA, dado que les interesa aprovechar la crisis del sector agropecuario para – a la sombra de su alianza con la burguesía transnacionalizada – recuperar algunas funciones del Estado que fueron arrasadas durante el auge neoliberal, pero no para beneficiar realmente a los campesinos sino para ampliar su influencia en el Estado y atenuar levemente las contradicciones sociales (eran las intenciones de Ernesto Samper durante su gobierno (1994-1998) pero su debilidad política por haber recibido dineros del narcotráfico durante la campaña electoral, le impidieron cualquier tipo de iniciativa “estatista”, siendo presionado y neutralizado por el imperio). Ahora esa burguesía burocrática es mucho más débil, condicionada y subordinada a los intereses de la burguesía transnacionalizada, con la cual tiene intereses entrecruzados.  

Todos los planes que se hacen para la etapa del post-conflicto van en esa dirección. La burguesía transnacionalizada sabe – y lo acaba de comprobar con el paro agrario – que debe ceder algunas zonas del campo colombiano, no estratégicas ni determinantes (baldíos y áreas ocupadas por campesinos colonos en los departamentos periféricos), para que algunos sectores rurales sean los receptores de los integrantes de la insurgencia (combatientes y milicianos), conformar algunas Zonas de Reserva Campesina (o el nombre que inventen para camuflar los acuerdos con la guerrilla ante la presión de la derecha), para lo cual se requieren inversiones gubernamentales e instituciones estatales. Paralelamente van a avanzar con su proyecto neoliberal de grandes extensiones agro-industriales utilizando la modalidad de la “nueva aparcería” con la forma de “alianzas productivas entre empresarios y campesinos”, ya practicadas por Indupalma, Cartón Colombia y Asocaña. Esos grandes proyectos ya tienen garantizada la inversión extranjera en producción y la inversión nacional (estatal) en infraestructura como carreteras, energía eléctrica, etc.

En ese sentido se hacen todos los esfuerzos para convencer a los grandes terratenientes para que acepten esa receta garantizándoles la protección a la propiedad privada como ya está concertado en el acuerdo con las FARC. La burguesía burocrática termina siendo la bisagra para cooptar a las masas campesinas – sobre todo en las de zonas de colonización – mientras los grandes sacrificados serán los sectores agrarios productores de cultivos permanentes y transitorios (café, papa, panela, pequeña ganadería, arroz, cacao, frutas y hortalizas), a los cuales se les ofrecerá la política de asociación campesino-empresarial una vez su quiebra sea inevitable.

Los grandes terratenientes, muchos de los cuales son de origen “narco”, algunos de los cuales posan de “ganaderos”, tienen una posición dual. Frente al movimiento agrario de las “dignidades” aparentaron apoyar y asumieron la misma posición timorata y oportunista de la “burguesía nacional”. Pero frente al movimiento de la MIA su posición era radicalmente opuesta, acusaban a las FARC de estar detrás de los campesinos colonos y jornaleros cocaleros, de estar presionándolos y de convertirlos en herramientas para estirar los acuerdos de La Habana en aras de obtener la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina para convertirlas en “repúblicas independientes”. Santos y los ministros de Agricultura y Defensa utilizaron esos mismos argumentos para enfrentar el paro del Catatumbo.  Decididamente los grandes latifundistas se oponen a una reforma agraria democrática, temen ser afectados por una política que liquide el gran latifundio, especialmente el improductivo, lavadero de activos dedicado a la especulación de la tierra.

Por el lado de los industriales no se han pronunciado unificadamente. Están fuertemente divididos como se ve en lo que ocurre en la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Por un lado están los que ya son afectados por los TLCs, y por el otro, los que pretenden aprovechar el “libre comercio”, que son empresarios vinculados e imbricados con las grandes transnacionales, se benefician de grandes negocios de importación y están completamente subordinados a la burguesía transnacional. Los industriales “nacionales” tienen una posición muy débil, similar a la de los empresarios del campo, temen una lucha abierta contra los TLCs porque son muy dependientes de la economía internacionalizada y además son temerosos frente a los avances políticos del pueblo y los trabajadores.

La pequeña-burguesía

Las clases medias (pequeña burguesía alta, media y baja), pequeños y medianos industriales, comerciantes, ejecutivos de empresas, profesionales, intermediarios de todo tipo, tienen posiciones encontradas. Los de la “alta” obtienen sus ganancias en alianza subordinada con la gran burguesía, defienden el estatus quo y confían en adecuarse al “libre comercio” y seguir progresando. La “media” ya siente las afujías y la presión de la competencia internacional y descarga todo el peso del apremio sobre los trabajadores. La “baja” es uno de los sectores más golpeados con los TLCs, está en proceso de proletarización y definitivamente estuvo – de opinión – al lado de los campesinos, pero en una actitud pasiva. Sus gremios (como ACOPI) están controlados por el Estado y recién empiezan a organizarse con cierta independencia y autonomía.    

Los sectores populares y los trabajadores   
Ahora veamos la actitud de los sectores populares. Los obreros centralizados[5] saben que los TLCs vienen acabando con las industrias nacionales pero están a la defensiva protegiendo su estabilidad. Los trabajadores del Estado (especialmente trabajadores de la salud, educación y sectores estatales como la USO), se solidarizan con el paro pero muy al estilo de lo que hicieron los transportistas, para obtener frutos sectoriales de la lucha. Se debe destacar el paro de solidaridad de un día protagonizado por los trabajadores petroleros, pero no deja de ser una excepción dentro de la regla. Las direcciones sindicales, muchas de ellas colaboracionistas con el gobierno, no se han comprometido a fondo en aprobar una plataforma de lucha realmente revolucionaria[6] por cuanto le temen a un movimiento transformador que los corra de sus puestos burocráticos. Las bases de estos trabajadores en muchas regiones presionaron a su dirigencia para desarrollar una solidaridad más activa con el paro agrario, pero la orientación economista y estrecha que predomina en esos sindicatos les impidió hacerlo. Además, vemos cómo estos sectores de los trabajadores estatales luchan contra las privatizaciones con una visión muy estrecha y “estatista” (proteger su estabilidad laboral). Simultáneamente la política criminal del Estado ha debilitado sus organizaciones y ha destruido sindicatos, asesinando dirigentes y promoviendo la contratación precaria y tercerizada. Así mismo, durante sus mejores épocas, estas organizaciones no pudieron comprometerse a fondo con una verdadera lucha por transformar los servicios de educación y de salud públicas, y por tanto no construyeron lazos firmes de unidad con las comunidades usuarias de los servicios estatales. La forma como se manejó el reciente paro de los educadores es reflejo de esa situación.  

El proletariado "precariado" en sus dos manifestaciones tiene posiciones diferentes. Los trabajadores especializados en áreas como la tecnología y las comunicaciones, así como profesionales y técnicos en diferentes áreas, todavía tienen la expectativa de que los TLCs traigan al país inversión extranjera y se les mejore la oferta de trabajo. Sin embargo, los más jóvenes están observando cómo crece el desempleo y empiezan a cuestionarse sobre su futuro. Poco a poco van entendiendo que sólo el desarrollo de una industria nacional es la verdadera solución. El otro sector de precariados son los trabajadores menos cualificados del campo y de la ciudad, trabajan a destajo, con contratos temporales de infinidad de modalidades, están en el borde de la informalidad. Allí están los moto-taxistas y vendedores ambulantes que la mayor parte de las veces se solidarizan con los paros pero también - cuando les afecta su bolsillo por la extensión en el tiempo del paro - tienden a oponerse por cansancio o a participar en saqueos como ocurrió en algunas ciudades. Hay todo un trabajo por hacer al interior de estos trabajadores.

El proletariado cocalero, llamado “raspachines”, que ha sido muy activo en el paro agrario nacional al lado de los campesinos colonos, va a ser otro sector fuertemente golpeado por la política del gobierno. Tiene al frente tres caminos: convertirse en campesino beneficiario de los programas que está ideando el gobierno para zonas de reserva campesina, que van a ser proyectos limitados y demagógicos como lo comprueban los programas fracasados que se montaron para los desmovilizados de las “autodefensas” paramilitares. También pueden migrar a las ciudades o desplazarse a nuevas zonas de colonización que van a surgir necesariamente como parte de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, en donde se establecerán nuevos cultivos de coca si no se avanza hacia efectivas políticas de regulación y legalización de las drogas, única forma de acabar con esa economía ilegal. Cualquier camino que escojan los jornaleros cocaleros los llevará inevitablemente a la organización y a la lucha, unos más inmediatos que otros, porque al final no dejarán de ser parte de los trabajadores subordinados al poder del capital.    

Conclusión

Podemos concluir que la burguesía transnacionalizada al frente de los demás sectores de las clases dominantes tiene una estrategia para involucrar en su alianza a los campesinos de las zonas de colonización, o por lo menos, a los sectores que han capitalizado sus fincas con base en la economía del narcotráfico y están dispuestos a integrarse a la economía formal y al mercado. Para ello el Estado requiere fortalecer las inversiones gubernamentales lo que hace que siga cargando con más impuestos a las “clases medias”, como lo ha planteado con el mantenimiento del impuesto del “cuatro por mil”[7] y ya lo hizo con la reforma tributaria.

Para el resto del campesinado está el sendero de la quiebra y la “nueva aparcería” (alianzas productivas entre empresarios y campesinos). La burguesía “nacional” agraria tendrá necesariamente que hacer una reconversión productiva, integrándose a los proyectos agro-industriales en productos como la palma africana, la caña de azúcar, los cafés robustas, los cultivos forestales y la ganadería intensiva con altos niveles de tecnificación e inversión financiera. No tienen otra salida aunque tratarán de patalear y utilizar a los trabajadores y a los campesinos pobres, posando de luchadores por los intereses nacionales para negociar en mejores condiciones con la burguesía transnacional.

Estas contradicciones de clase que hemos visualizado se reflejarán necesariamente en la depreciación del valor de la mano de obra, la sobre-explotación de los trabajadores, y el empobrecimiento de importantes sectores de las clases medias. La inversión extranjera a manos de los conglomerados plutocráticos capitalistas tanto en el sector agropecuario como en el minero, turismo y otras esferas de la producción, necesita con urgencia de esas condiciones laborales y tributarias óptimas para obtener las ganancias que les exige la crisis mundial del capitalismo. No vienen por que sí, no son filántropos. Vienen por ganancias y control territorial.

Estas circunstancias obligan a los trabajadores a desechar ilusiones con respecto a la eficacia de hacer alianzas con algunas fracciones de la oligarquía. Es urgente y necesario fortalecer la alianza entre los trabajadores y los campesinos pobres, para atraerse a las capas medias de la población que ya están siendo afectadas por las políticas del régimen oligárquico y neoliberal.

En Colombia se están generando condiciones propicias para dar un salto cualitativo en las luchas de los pueblos de América Latina. Garantizar la autonomía e independencia de clase de los trabajadores y campesinos pobres (semi-proletariado) es vital para convertir la crisis económica y social en crisis revolucionaria y ponernos a la cabeza de la revolución social.

La lucha ideológica al interior de la Izquierda y de las organizaciones populares es la tarea inmediata para librarnos de todo tipo de conciliadores y oportunistas que han posado de “demócratas”, “estatistas”, “sociales” y demás formas de camuflaje, pero que consciente o inconscientemente se ponen al servicio de los enemigos del pueblo.

La revolución democrático-nacional y anti-neoliberal en Colombia (que está en desarrollo y tal parece que va a ser por vías pacíficas y “civilistas”) puede ser transformada en un período relativamente corto en una revolución social anti-capitalista. Lo haremos en la medida en que nos sintonicemos con las únicas clases que objetiva y materialmente necesitan cambios estructurales. Es necesario reconstruir la corriente revolucionaria de los trabajadores que desde los años 30s del siglo pasado (XX) fue abortada por la imposición de la política de colaboración de clases. Sólo así podremos darle respuesta al nuevo proletariado que está emergiendo y a los campesinos pobres que acaban de realizar una de las gestas rebeldes más importantes de nuestra reciente historia. 

Nota: En un capítulo especial trataremos lo que ocurrió con el movimiento indígena, especialmente con el CRIC en el Cauca y un sector campesino afín a sus orientaciones, dirigido por el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, a su vez orientado y asesorado por el Coordinador Nacional Agrario CNA.

[1] Ver: Dorado, Fernando. “Lecciones del paro nacional agrario (1): Hora de la audacia revolucionaria”.  

[2] Ver: Robledo, Jorge Enrique. “Los TLCs hay que renegociarlos”. http://www.moir.org.co/Los-TLC-hay-que-renegociarlos.html

[3] Comentario de Flavio Pinto Siabatto, Investigador PIK, Instituto Potsdam de Investigación en Cambio Climático en La Silla Vacía.

[4] Política “estatista” es aquella que pretende revivir el “Estado de Bienestar” como una forma de defensa de algunas conquistas de los trabajadores estatales, pero sin cuestionar para nada el sistema capitalista. La burguesía burocrática también juega con esa política pero en ésta etapa del desarrollo del capitalismo mundial sólo sirve como carta distractora y demagógica frente al avance revolucionario de los trabajadores y los pueblos. En Venezuela, Ecuador y Bolivia esa burguesía burocrática se camufla y está causando graves problemas al interior de los gobiernos “progresistas”.  

[5] Se entiende por obreros “centralizados” aquellos pocos trabajadores que ocupan un lugar especializado en las escasas fábricas que todavía quedan en Colombia. Laboran en las líneas de montaje, tienen convención colectiva, la mayoría de sus sindicatos son patronales y defienden su estabilidad agachando la cabeza.

[6] Hemos presentado los siguientes puntos como parte de esa plataforma de lucha: Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los minero-energéticos; Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio; Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa); Política agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina; Reforma estructural de la Ley 100 de salud; Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.

[7] Impuesto de 4 x 1000: Es un impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman (artículo 870 del Estatuto Tributario).

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Lecciones del Paro Agrario: Nuevos sujetos sociales, nuevas formas de lucha

Lecciones del paro nacional agrario…

NUEVOS SUJETOS SOCIALES, NUEVAS FORMAS DE LUCHA

Popayán, 11 de septiembre de 2013

Nos habíamos propuesto sacar lecciones del paro nacional agrario que ha protagonizado el campesinado colombiano en éste año 2013. Ya analizamos someramente la actitud oportunista de la “burguesía nacional”, representada en el sector agrario por los grandes productores de café, arroz y ganaderos, que apoyan la lucha por subsidios pero no enfrentan la política neoliberal ni están de acuerdo con la lucha por la renegociación de los Tratados de Libre Comercio TLCs. O mejor, no por ahora, no por vías revolucionarias.[1]

Ahora nos enfocaremos en tratar de entender el por qué de la reacción solidaria de cientos de miles de personas – jóvenes principalmente – de las ciudades. En ese sentido es importante reiterar que el principal logro del Paro ha sido político. Se conquistó la solidaridad y la opinión de amplios sectores de la población colombiana alrededor de la denuncia del impacto que han causado los TLCs en la economía nacional y los desastrosos efectos para la economía campesina. El documental 9.70 sobre la resolución del ICA (semillas certificadas) cumplió un destacado papel en las redes sociales. También se hizo conciencia sobre las consecuencias negativas para el país que ha tenido la política neoliberal en el sector agropecuario aplicada a partir de 1990.

Es evidente que el desarrollo de la lucha rebasó a las fuerzas políticas que están en la dirección de los diversos sectores del movimiento agrario. La fuerza del paro desbordó los cálculos más optimistas. Se rompieron barreras invisibles que se habían incrustado en el alma de los pobladores urbanos que tienen orígenes campesinos (que en la práctica somos todos). Los actos de protesta confrontaron esa actitud inconsciente de “huir de un pasado no feliz”, de “buscar en la ciudad lo que en el campo no se puede conseguir”, que es un sentimiento y un pensamiento que explica mucho el “arribismo” que predomina en sectores medios de la sociedad, que están aprisionados por la concepción predominante de lo que es el progreso.

La fuerza del movimiento empezó a romper esos diques mentales que las personas crean frente a su pasado. Pero además de ello, es la realidad actual que están viviendo la mayoría de esas clases medias en las ciudades – especialmente los jóvenes – lo que empezó a abrirles los ojos sobre la dura vida campesina y les motivó a solidarizarse ya sea por medio de los “cacerolazos” o a través de las redes sociales. “Hoy por ti, mañana por mí”.

Es allí en donde el movimiento popular debe explorar sus amplias posibilidades. Es frente al nuevo proletariado (“precariado”) que se ha formado en las ciudades, jóvenes estudiados y calificados que – en el mejor de los casos – son contratados por empresas transnacionales o nacionales para “prestar sus servicios” en formas de contratación precarias, a destajo, con contratos temporales y con sueldos miserables, o simplemente tienen que enfrentar el desempleo, convertirse en supuestos “emprendedores”, montar pequeños negocios que lindan en el límite de la informalidad para realizar tareas mal pagadas al servicio de esas empresas capitalistas. Y eso, si pueden hacerlo. La mayoría de jóvenes nadan entre el desempleo y la informalidad.

Es por ello que éste sector social fue el que estuvo más pendiente del desarrollo del paro y que se expresó masivamente en algunas ciudades y en las redes sociales. Los moto-taxistas en muchas ciudades, que son miles de jóvenes desempleados provenientes del campo, se expresaron activamente en ciudades como Florencia, Mocoa, Popayán y Pasto. Este es el mismo sector de la sociedad que inició la “primavera árabe”, estuvo al frente de los “indignados” en España y múltiples países, se manifestó recientemente en Turquía y Brasil, y es la punta de lanza para las nuevas revoluciones que se están gestando en todo el planeta.

Si el movimiento popular no le presenta iniciativas de lucha a estos sectores de la población, la oligarquía les va a imponer su punto de vista. Ya les están diciendo: “El paro fue más costoso de lo que se ha logrado”; “nada se consigue con la protesta”, “el libre comercio es la única opción de progreso”, “no le hagan caso a los negativistas”, “como vamos, vamos bien”.

Si no actuamos ahora frente a los sectores solidarios es posible que perdamos una ocasión muy valiosa. Seguramente ya reventarán protestas en las ciudades, es la dinámica de la vida. Pero la brecha que se ha abierto, la alianza entre sectores del campo y de la ciudad que se ha empezado a formar con ocasión de este paro agrario, debe ser alimentada y potenciada. Hoy tenemos esa oportunidad.  

Insistiendo en las nuevas formas de lucha

En ese sentido pareciera no existir la suficiente conciencia sobre el impacto político conseguido y la necesidad de continuar la lucha en nuevos terrenos, que son diferentes a los de la movilización directa, pero que dadas las circunstancias políticas por las que vive el país, son los que están a la mano para derrotar de lleno a la oligarquía y avanzar por el camino de las transformaciones estructurales en nuestro país.

El movimiento agrario, apoyándose en amplios sectores de las ciudades, puede obligar al gobierno y a las clases dominantes que lo sostienen, a realizar una Consulta Ciudadana sobre estos temas que han sido colocados en primer lugar de la opinión pública nacional. Tenemos a la mano esa posibilidad, no debemos dejar enfriar el ambiente.   

No importa que se haya decidido no asistir al evento en donde el gobierno pretende lanzar un supuesto “Pacto por el sector agropecuario”. Eso no es lo importante. Lo determinante es no perder la iniciativa y para hacerlo hay que buscar – de inmediato – el apoyo político del conjunto de la sociedad colombiana.

El problema no es de forma, es de contenido. No se trataba sólo de asistir a “dañarles la fiesta”, eso es simbólico y coyuntural. Lo de fondo es si el movimiento popular ha aprendido de las revoluciones democráticas que se han desarrollado por el camino “civilista” en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Bolivia, o si seguimos amarrados a la idea de que la “única forma revolucionaria” es la movilización directa o la lucha armada.

Claro, es entendible una actitud tímida en un movimiento que – así tenga una historia larga de gestación – emerge a la superficie social y política con nuevos protagonistas y dirigentes. Es explicable que se tenga temor de contaminarse y de perderse en las complejas redes del Estado y se opte únicamente por la acción directa, pero también es importante que se contemplen nuevas formas de acción que así tengan el ropaje o perfil “institucional”, son herramientas que han sido conquistadas por la democracia participativa.

En ese sentido somos pacientes pero insistentes.


[1] Lecciones del paro nacional agrario: Hora de la audacia revolucionaria. http://prensarural.org/spip/spip.php?article12036