Lecciones del paro nacional
agrario…(3)
LA URGENTE Y NECESARIA ALIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES Y LOS CAMPESINOS
POBRES
Popayán, septiembre
15 de 2013
Continuamos con el análisis de la
posición de las diferentes clases sociales frente al paro agrario. Es básico
para orientarnos hacia el futuro, pensando en cuáles son las clases sociales
que garantizan y sustentan cambios estructurales en nuestro país.
Ya vimos la inconsecuencia y
debilidad de la “burguesía nacional agraria”. Los grandes empresarios agrícolas
luchan tímidamente por subsidios estatales pero sin cuestionar el modelo
neoliberal. A regañadientes discuten algunos aspectos de los TLCs pero sólo
como estrategia para negociar políticas puntuales que los beneficien. Dada su
debilidad económica y política, se subordinan a los intereses de la burguesía
transnacionalizada con quien tienen intereses intricados y una absoluta
dependencia financiera. Cuando el pueblo desarrolla la lucha revolucionaria
contra los TLCs y la política neoliberal, asume una posición reaccionaria y se traiciona
fácil y cínicamente.[1] El paro agrario desnudó su verdadera naturaleza
así algunos sectores de izquierda sigan forzadamente queriendo tapar esa
realidad.[2]
El resto de clases dominantes
La burguesía transnacionalizada –
sector hegemónico dentro de la oligarquía y principal sostén del presidente Santos
–, sabía que en este paro se jugaban asuntos trascendentales de su política
neoliberal. Se opuso abiertamente al movimiento pero calculó mal su potencia. Se
apoya principalmente en los "cuadros renegados de la izquierda" (los
Garzones) para dilatar, desgastar y engañar a las comunidades campesinas movilizadas,
mientras en paralelo recurre a la fuerza militar, a la provocación vandálica y
a la calumnia para aislar el movimiento. Hábilmente se apuntala en los acuerdos
de La Habana (con la guerrilla) para seguir promoviendo su modelo
agro-exportador neoliberal como lo comprueba el nombramiento de Rubén Darío
Lizarralde, gerente de Indupalma, en el ministerio de Agricultura.
La burguesía transnacionalizada –
para salir del paso y darle aire a su Presidente – lanza como salvavidas el
denominado “Pacto Agrario” para: “i) legitimar una política orientada a industrializar
la agricultura con modelos de producción de capital intensivo; ii) mantener lo
pactado en el TLC, a costa de la seguridad y soberanía alimentarias; iii)
apaciguar el descontento campesino con medidas transitorias que no resuelven el
problema de fondo, y iv) legalizar un delito (la adquisición indebida de grandes
extensiones de tierra en la altillanura del Orinoco y otras regiones por parte
de grandes conglomerados capitalistas).[3]
De igual manera y dentro de la
misma estrategia engañosa, la burguesía transnacionalizada fortalece su alianza
con la burguesía burocrática para aparentar un giro hacia el
"estatismo"[4],
como lo evidencia el nombramiento de Amilkar Acosta como ministro de Minas y
Energía y de Alfonso Gómez Méndez en el ministerio de Justicia, ambos de la
línea de Ernesto Samper, con amplia experiencia gubernamental y legislativa,
hábiles y ágiles para presentarse como “políticos independientes y cercanos a los
sectores populares”.
Es así como la burguesía
burocrática tradicional vuelve a entrar con fuerza en escena después de haber
sido medianamente vapuleada durante los 8 años del gobierno de Uribe, quién
hábilmente trató de reemplazarla con su propia cauda de burócratas corroídos
por el paramilitarismo creando una nueva delincuencia de “cuello blanco”. Ésta se
puso al servicio de un sector de la burguesía que aspiraba a consolidarse a la
sombra del Estado, usando los dineros públicos tanto para el sector agrario
(Agro Ingreso Seguro AIS) como para obras públicas con contratistas del tipo de William Vélez, los
hermanos Nule, los Ríos Velilla, socios y demás compañías.
Ésta burguesía burocrática se
muestra de acuerdo con las reivindicaciones campesinas, especialmente las
planteadas por la MIA, dado que les interesa aprovechar la crisis del sector
agropecuario para – a la sombra de su alianza con la burguesía
transnacionalizada – recuperar algunas funciones del Estado que fueron
arrasadas durante el auge neoliberal, pero no para beneficiar realmente a los
campesinos sino para ampliar su influencia en el Estado y atenuar levemente las
contradicciones sociales (eran las intenciones de Ernesto Samper durante su
gobierno (1994-1998) pero su debilidad política por haber recibido dineros del
narcotráfico durante la campaña electoral, le impidieron cualquier tipo de
iniciativa “estatista”, siendo presionado y neutralizado por el imperio). Ahora
esa burguesía burocrática es mucho más débil, condicionada y subordinada a los
intereses de la burguesía transnacionalizada, con la cual tiene intereses
entrecruzados.
Todos los planes que se hacen
para la etapa del post-conflicto van en esa dirección. La burguesía
transnacionalizada sabe – y lo acaba de comprobar con el paro agrario – que
debe ceder algunas zonas del campo colombiano, no estratégicas ni determinantes
(baldíos y áreas ocupadas por campesinos colonos en los departamentos
periféricos), para que algunos sectores rurales sean los receptores de los integrantes
de la insurgencia (combatientes y milicianos), conformar algunas Zonas de
Reserva Campesina (o el nombre que inventen para camuflar los acuerdos con la guerrilla
ante la presión de la derecha), para lo cual se requieren inversiones gubernamentales
e instituciones estatales. Paralelamente van a avanzar con su proyecto
neoliberal de grandes extensiones agro-industriales utilizando la modalidad de
la “nueva aparcería” con la forma de “alianzas productivas entre empresarios y
campesinos”, ya practicadas por Indupalma, Cartón Colombia y Asocaña. Esos
grandes proyectos ya tienen garantizada la inversión extranjera en producción y
la inversión nacional (estatal) en infraestructura como carreteras, energía
eléctrica, etc.
En ese sentido se hacen todos los
esfuerzos para convencer a los grandes terratenientes para que acepten esa receta
garantizándoles la protección a la propiedad privada como ya está concertado en
el acuerdo con las FARC. La burguesía burocrática termina siendo la bisagra
para cooptar a las masas campesinas – sobre todo en las de zonas de
colonización – mientras los grandes sacrificados serán los sectores agrarios
productores de cultivos permanentes y transitorios (café, papa, panela, pequeña
ganadería, arroz, cacao, frutas y hortalizas), a los cuales se les ofrecerá la
política de asociación campesino-empresarial una vez su quiebra sea inevitable.
Los grandes terratenientes,
muchos de los cuales son de origen “narco”, algunos de los cuales posan de
“ganaderos”, tienen una posición dual. Frente al movimiento agrario de las
“dignidades” aparentaron apoyar y asumieron la misma posición timorata y
oportunista de la “burguesía nacional”. Pero frente al movimiento de la MIA su
posición era radicalmente opuesta, acusaban a las FARC de estar detrás de los
campesinos colonos y jornaleros cocaleros, de estar presionándolos y de
convertirlos en herramientas para estirar los acuerdos de La Habana en aras de
obtener la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina para convertirlas en “repúblicas
independientes”. Santos y los ministros de Agricultura y Defensa utilizaron
esos mismos argumentos para enfrentar el paro del Catatumbo. Decididamente los grandes latifundistas se
oponen a una reforma agraria democrática, temen ser afectados por una política
que liquide el gran latifundio, especialmente el improductivo, lavadero de
activos dedicado a la especulación de la tierra.
Por el lado de los industriales
no se han pronunciado unificadamente. Están fuertemente divididos como se ve en
lo que ocurre en la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Por un lado están
los que ya son afectados por los TLCs, y por el otro, los que pretenden
aprovechar el “libre comercio”, que son empresarios vinculados e imbricados con
las grandes transnacionales, se benefician de grandes negocios de importación y
están completamente subordinados a la burguesía transnacional. Los industriales
“nacionales” tienen una posición muy débil, similar a la de los empresarios del
campo, temen una lucha abierta contra los TLCs porque son muy dependientes de
la economía internacionalizada y además son temerosos frente a los avances
políticos del pueblo y los trabajadores.
La pequeña-burguesía
Las clases medias (pequeña
burguesía alta, media y baja), pequeños y medianos industriales, comerciantes, ejecutivos
de empresas, profesionales, intermediarios de todo tipo, tienen posiciones
encontradas. Los de la “alta” obtienen sus ganancias en alianza subordinada con
la gran burguesía, defienden el estatus
quo y confían en adecuarse al “libre comercio” y seguir progresando. La
“media” ya siente las afujías y la presión de la competencia internacional y
descarga todo el peso del apremio sobre los trabajadores. La “baja” es uno de
los sectores más golpeados con los TLCs, está en proceso de proletarización y
definitivamente estuvo – de opinión – al lado de los campesinos, pero en una
actitud pasiva. Sus gremios (como ACOPI) están controlados por el Estado y
recién empiezan a organizarse con cierta independencia y autonomía.
Los sectores populares y los trabajadores
Ahora veamos la actitud de los
sectores populares. Los obreros centralizados[5]
saben que los TLCs vienen acabando con las industrias nacionales pero están a
la defensiva protegiendo su estabilidad. Los trabajadores del Estado
(especialmente trabajadores de la salud, educación y sectores estatales como la
USO), se solidarizan con el paro pero muy al estilo de lo que hicieron los transportistas,
para obtener frutos sectoriales de la lucha. Se debe destacar el paro de
solidaridad de un día protagonizado por los trabajadores petroleros, pero no
deja de ser una excepción dentro de la regla. Las direcciones sindicales,
muchas de ellas colaboracionistas con el gobierno, no se han comprometido a
fondo en aprobar una plataforma de lucha realmente revolucionaria[6]
por cuanto le temen a un movimiento transformador que los corra de sus puestos
burocráticos. Las bases de estos trabajadores en muchas regiones presionaron a
su dirigencia para desarrollar una solidaridad más activa con el paro agrario, pero
la orientación economista y estrecha que predomina en esos sindicatos les
impidió hacerlo. Además, vemos cómo estos sectores de los trabajadores
estatales luchan contra las privatizaciones con una visión muy estrecha y
“estatista” (proteger su estabilidad laboral). Simultáneamente la política criminal
del Estado ha debilitado sus organizaciones y ha destruido sindicatos,
asesinando dirigentes y promoviendo la contratación precaria y tercerizada. Así
mismo, durante sus mejores épocas, estas organizaciones no pudieron
comprometerse a fondo con una verdadera lucha por transformar los servicios de
educación y de salud públicas, y por tanto no construyeron lazos firmes de
unidad con las comunidades usuarias de los servicios estatales. La forma como
se manejó el reciente paro de los educadores es reflejo de esa situación.
El proletariado
"precariado" en sus dos manifestaciones tiene posiciones diferentes.
Los trabajadores especializados en áreas como la tecnología y las
comunicaciones, así como profesionales y técnicos en diferentes áreas, todavía
tienen la expectativa de que los TLCs traigan al país inversión extranjera y se
les mejore la oferta de trabajo. Sin embargo, los más jóvenes están observando
cómo crece el desempleo y empiezan a cuestionarse sobre su futuro. Poco a poco
van entendiendo que sólo el desarrollo de una industria nacional es la
verdadera solución. El otro sector de precariados son los trabajadores menos cualificados
del campo y de la ciudad, trabajan a destajo, con contratos temporales de
infinidad de modalidades, están en el borde de la informalidad. Allí están los
moto-taxistas y vendedores ambulantes que la mayor parte de las veces se
solidarizan con los paros pero también - cuando les afecta su bolsillo por la
extensión en el tiempo del paro - tienden a oponerse por cansancio o a
participar en saqueos como ocurrió en algunas ciudades. Hay todo un trabajo por
hacer al interior de estos trabajadores.
El proletariado cocalero, llamado
“raspachines”, que ha sido muy activo en el paro agrario nacional al lado de
los campesinos colonos, va a ser otro sector fuertemente golpeado por la
política del gobierno. Tiene al frente tres caminos: convertirse en campesino
beneficiario de los programas que está ideando el gobierno para zonas de
reserva campesina, que van a ser proyectos limitados y demagógicos como lo
comprueban los programas fracasados que se montaron para los desmovilizados de
las “autodefensas” paramilitares. También pueden migrar a las ciudades o
desplazarse a nuevas zonas de colonización que van a surgir necesariamente como
parte de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, en donde se
establecerán nuevos cultivos de coca si no se avanza hacia efectivas políticas
de regulación y legalización de las drogas, única forma de acabar con esa
economía ilegal. Cualquier camino que escojan los jornaleros cocaleros los
llevará inevitablemente a la organización y a la lucha, unos más inmediatos que
otros, porque al final no dejarán de ser parte de los trabajadores subordinados
al poder del capital.
Conclusión
Podemos concluir que la burguesía
transnacionalizada al frente de los demás sectores de las clases dominantes
tiene una estrategia para involucrar en su alianza a los campesinos de las
zonas de colonización, o por lo menos, a los sectores que han capitalizado sus
fincas con base en la economía del narcotráfico y están dispuestos a integrarse
a la economía formal y al mercado. Para ello el Estado requiere fortalecer las
inversiones gubernamentales lo que hace que siga cargando con más impuestos a
las “clases medias”, como lo ha planteado con el mantenimiento del impuesto del
“cuatro por mil”[7] y ya lo hizo con la
reforma tributaria.
Para el resto del campesinado
está el sendero de la quiebra y la “nueva aparcería” (alianzas productivas
entre empresarios y campesinos). La burguesía “nacional” agraria tendrá
necesariamente que hacer una reconversión productiva, integrándose a los
proyectos agro-industriales en productos como la palma africana, la caña de
azúcar, los cafés robustas, los cultivos forestales y la ganadería intensiva
con altos niveles de tecnificación e inversión financiera. No tienen otra
salida aunque tratarán de patalear y utilizar a los trabajadores y a los
campesinos pobres, posando de luchadores por los intereses nacionales para
negociar en mejores condiciones con la burguesía transnacional.
Estas contradicciones de clase que
hemos visualizado se reflejarán necesariamente en la depreciación del valor de
la mano de obra, la sobre-explotación de los trabajadores, y el empobrecimiento
de importantes sectores de las clases medias. La inversión extranjera a manos
de los conglomerados plutocráticos capitalistas tanto en el sector agropecuario
como en el minero, turismo y otras esferas de la producción, necesita con
urgencia de esas condiciones laborales y tributarias óptimas para obtener las
ganancias que les exige la crisis mundial del capitalismo. No vienen por que
sí, no son filántropos. Vienen por ganancias y control territorial.
Estas circunstancias obligan a los
trabajadores a desechar ilusiones con respecto a la eficacia de hacer alianzas
con algunas fracciones de la oligarquía. Es urgente y necesario fortalecer la
alianza entre los trabajadores y los campesinos pobres, para atraerse a las
capas medias de la población que ya están siendo afectadas por las políticas
del régimen oligárquico y neoliberal.
En Colombia se están generando
condiciones propicias para dar un salto cualitativo en las luchas de los
pueblos de América Latina. Garantizar la autonomía e independencia de clase de
los trabajadores y campesinos pobres (semi-proletariado) es vital para
convertir la crisis económica y social en crisis revolucionaria y ponernos a la
cabeza de la revolución social.
La lucha ideológica al interior
de la Izquierda y de las organizaciones populares es la tarea inmediata para
librarnos de todo tipo de conciliadores y oportunistas que han posado de
“demócratas”, “estatistas”, “sociales” y demás formas de camuflaje, pero que
consciente o inconscientemente se ponen al servicio de los enemigos del pueblo.
La revolución
democrático-nacional y anti-neoliberal en Colombia (que está en desarrollo y
tal parece que va a ser por vías pacíficas y “civilistas”) puede ser
transformada en un período relativamente corto en una revolución social
anti-capitalista. Lo haremos en la medida en que nos sintonicemos con las
únicas clases que objetiva y materialmente necesitan cambios estructurales. Es
necesario reconstruir la corriente revolucionaria de los trabajadores que desde
los años 30s del siglo pasado (XX) fue abortada por la imposición de la
política de colaboración de clases. Sólo así podremos darle respuesta al nuevo
proletariado que está emergiendo y a los campesinos pobres que acaban de
realizar una de las gestas rebeldes más importantes de nuestra reciente
historia.
Nota: En un capítulo especial trataremos lo que ocurrió con
el movimiento indígena, especialmente con el CRIC en el Cauca y un sector
campesino afín a sus orientaciones, dirigido por el Comité de Integración del
Macizo Colombiano CIMA, a su vez orientado y asesorado por el Coordinador Nacional
Agrario CNA.
[1]
Ver: Dorado, Fernando. “Lecciones del paro nacional agrario (1): Hora de la
audacia revolucionaria”.
[2]
Ver: Robledo, Jorge Enrique. “Los TLCs hay que renegociarlos”. http://www.moir.org.co/Los-TLC-hay-que-renegociarlos.html
[3]
Comentario de Flavio Pinto Siabatto, Investigador PIK, Instituto Potsdam de
Investigación en Cambio Climático en La Silla Vacía.
[4]
Política “estatista” es aquella que pretende revivir el “Estado de Bienestar”
como una forma de defensa de algunas conquistas de los trabajadores estatales,
pero sin cuestionar para nada el sistema capitalista. La burguesía burocrática
también juega con esa política pero en ésta etapa del desarrollo del
capitalismo mundial sólo sirve como carta distractora y demagógica frente al
avance revolucionario de los trabajadores y los pueblos. En Venezuela, Ecuador
y Bolivia esa burguesía burocrática se camufla y está causando graves problemas
al interior de los gobiernos “progresistas”.
[5] Se
entiende por obreros “centralizados” aquellos pocos trabajadores que ocupan un
lugar especializado en las escasas fábricas que todavía quedan en Colombia.
Laboran en las líneas de montaje, tienen convención colectiva, la mayoría de
sus sindicatos son patronales y defienden su estabilidad agachando la cabeza.
[6] Hemos
presentado los siguientes puntos como parte de esa plataforma de lucha:
Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los
minero-energéticos; Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio;
Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa); Política
agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina; Reforma
estructural de la Ley 100 de salud; Educación primaria, secundaria, y
universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.
[7]
Impuesto de 4 x 1000: Es un impuesto a cargo de los usuarios del sistema
financiero y de las entidades que lo conforman (artículo 870 del Estatuto
Tributario).
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