Lecciones del Paro Nacional
Agrario: hora de la audacia revolucionaria
CONSULTA POPULAR SOBRE LA REVISIÓN DE LOS TLCs
Popayán, 8 de
septiembre de 2013
El paro nacional agrario y
popular ha entrado definitivamente en su etapa de desenlace. El gobierno ha
aceptado en Popayán organizar otra mesa de negociación con representación de los campesinos movilizados especialmente de
los departamentos del Suroccidente Colombiano (Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima,
Cauca y Nariño) aunque allí estarán incluidas otras regiones donde se mantienen
combativas movilizaciones que están coordinadas por la Mesa de Interlocución Agraria
MIA como el Meta, Guaviare, Santander y Antioquia.
Todavía es temprano para hacer un
balance de los resultados de esta grandiosa, magnífica, potente, beligerante e
histórica lucha en la que confluyeron dos sectores diferentes de los campesinos
colombianos (por un lado, productores agropecuarios especializados en cultivos
permanentes y transitorios, y por el otro, campesinos colonos de zonas
periféricas), sin desconocer la participación de mineros tradicionales y
transportistas. En la mesa de Tunja está en desarrollo la negociación y en la
mesa de Popayán recién se inician los contactos entre gobierno y la dirigencia
campesina.
Sin embargo podemos hacer un
balance de la participación y de la posición que asumieron las clases y
sectores de clase comprometidos en esta confrontación, e igualmente del proceder
de las correspondientes expresiones políticas en esta coyuntura de avance
revolucionario de nuestro pueblo. El paro agrario puso a prueba a todas las
fuerzas, clases y sectores de clase, y mostró las cualidades así como las
falencias de las fuerzas revolucionarias, de los conciliadores y de los
enemigos del pueblo.
Primero exploremos la actitud de
las clases dominantes. Los terratenientes y empresarios del campo incluyendo algunos
antiguos campesinos ricos, representados por Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie
(Centro Democrático, un sector del partido de la U y un sector de los
conservadores), que habían apoyado decididamente el paro cafetero de
febrero-marzo de 2013, en ésta ocasión apoyan de palabra el paro agrario pero
paralelamente llaman la atención sobre el peligro de "cerrar la
economía".
Cuando la lucha se planteó por
subsidios, los grandes productores de café estuvieron del lado de la protesta y
colaboraron sobre todo económicamente para sostener el movimiento. Pero ahora, cuando
el movimiento agrario asume la lucha contra los Tratados de Libre Comercio TLCs
o su renegociación, aparentan apoyar el paro para no perder votos pero en la
práctica muestran todo su carácter entreguista y pro-estadounidense, y dan la
orden de no participar activamente. Ello influyó en la participación del resto
de caficultores como ya lo habíamos referido en el artículo “La fuerza e
impacto del paro nacional agrario”.[1]
Ello se explica por cuanto los
EE.UU. son su principal aliado contra el "terrorismo" de las FARC,
que al lado del bolivarianismo latinoamericano ellos consideran su principal
enemigo.[2]
Además, sabían que de triunfar el paro, la izquierda (Polo-MOIR) por un lado, y
por el otro, Marcha Patriótica, serían los sectores políticos que cosecharían
frutos con mayor consistencia.
Esta es una importante lección –
sobre todo – para las fuerzas de Izquierda que como el Movimiento Obrero Independiente
y Revolucionario MOIR, se han hecho falsas ilusiones sobre el papel
revolucionario de la “burguesía nacional” en esta etapa de nuestras luchas. Es
importante anotar que la actual dirigencia de ese partido ha revisado y
tergiversado las ideas sobre esta materia de su principal dirigente y fundador Francisco
Mosquera (quien murió en 1994), cuando afirmaba que…
“Ayer
hablábamos sobre la necesidad de la alianza con la burguesía nacional, y de
ésta como posible aliada del proletariado en la revolución nacional y democrática,
así no tuviera una manifestación muy clara, su carácter fuera vacilante y
representara el ala derecha del frente patriótico. Hoy hacemos hincapié en que
el frente no se puede guiar por los postulados programáticos reformistas de la
burguesía nacional, así luchemos por conseguir un acuerdo con ella; pero un acuerdo revolucionario. Ayer
luchábamos contra el sectarismo de quienes rechazaban todo compromiso, y nos
tocó comenzar por probar la existencia misma de una burguesía que tenía
contradicciones insalvables con el imperialismo y sus intermediarios. Hoy hay
que insistir en que esa burguesía a veces le teme más al pueblo que al
imperialismo, en que no podemos ceder ante sus tendencias derechistas, ni
fomentar sus vacilaciones, ni permitirle la engañifa de que se pueden curar las
actuales dolencias de la sociedad sin extirpar el origen de las mismas.”[3]
Ese abandono de las ideas de
Francisco Mosquera es lo que ha llevado a la actual dirigencia moirista a otorgarle
prelación a la asociación con la “burguesía nacional”, negándose a establecer
una alianza con los campesinos pobres y el semi-proletariado, que en Colombia luchan
por la tierra, contra la concentración de la propiedad latifundista y por la
defensa del territorio y la producción campesina mestiza, indígena y
afrodescendiente.
Este paro agrario ha colocado en
el escenario político la lucha contra los TLCs, que es la profundización del
neo-colonialismo que desde principios del siglo XX ha implementado el imperio
estadounidense, pero que en el siglo XXI representa un nuevo tipo de dominación
y explotación, mucho más efectiva y concentrada, por obra de los grandes
conglomerados capitalistas transnacionales que han subordinado bajo sus
intereses financieros en intrincadas y complejas formas, no sólo a los grandes
capitalistas que ya constituyen una “burguesía transnacionalizada” (tipo Luis
Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Argos y el Sindicato antioqueño, y
muchos más grupos financieros) sino que absorben y supeditan bajo su control
hasta a los pequeños y medianos productores rurales y urbanos.
Esa línea política errada que rechaza
la alianza con los campesinos pobres y le otorga la dirección política de los
movimientos reivindicativos a la “burguesía nacional” tiene su mayor expresión
en este paro agrario en el acuerdo concertado entre los cafeteros del Huila y
el gobierno nacional firmado en Neiva, que en síntesis consiguió ampliar el
pago del PIC (Protección al Ingreso Cafetero) para el año 2014, la condonación
de deudas bancarias hasta por un monto
de $20 millones de pesos, y algunas promesas sobre fertilizantes e insumos,
pero que no contempla para nada la reivindicación planteada con las demás “dignidades”
sobre la revisión de los TLCs. Tal acuerdo fue conseguido por la sacrificada
lucha de cafeteros pequeños y medianos del Huila, que son la mayoría de los
caficultores de ese departamento, pero sin el concurso activo de los grandes
productores del tradicional eje cafetero que seguramente serán los principales
beneficiarios de ese acuerdo.
Se puede afirmar que en este convenio
se vuelve a imponer la visión economista de los grandes productores de café (“burguesía
nacional”) y que los problemas de fondo de la caficultura colombiana, que tienen
que ver con la aplicación de las políticas neoliberales, no se tuvieron en
cuenta y ni siquiera aparecen entre los temas no acordados de la respectiva
acta.[4]
En la práctica la lucha de las “dignidades”
no se planteó en ningún momento la tarea de enfrentar la política de convertir
a los campesinos y pequeños productores agrarios en “socios” subordinados a grandes
empresas agro-industriales, que es la nueva modalidad de Cooperativas de
Trabajo Asociado implementada por Indupalma en el Magdalena Medio y el
departamento del Cesar por el nuevo ministro de Agricultura Rubén Darío
Lizarralde, que es una forma de camuflar la proletarización de los campesinos y
sobre-explotarlos de una manera que recuerda la relación que existía entre el
antiguo terrateniente y el campesino aparcero (aparcería de nuevo tipo).
La potencialidad mostrada por el
conjunto del movimiento campesino en este paro nacional agrario y popular, que
se manifestó principalmente en cabeza de los pequeños productores (campesinos
pobres y jornaleros del campo) obligará a revisar la actual política del MOIR y
rescatar planteamientos de “Pacho” Mosquera como el siguiente:
“La
gran propiedad territorial en Colombia es uno de los factores que más ha
contribuido al encarecimiento de las cosas. La burguesía suspira por una
modernización del campo sin tocar el régimen de explotación terrateniente, ni
la dominación colonial, verdaderas trabas determinantes del estancamiento de la
producción nacional y, desde luego, de la producción agraria. Ninguno de estos
problemas son tocados por las soluciones reformistas de la burguesía.”
“¿Qué
planteamos nosotros frente a este problema? La confiscación de la tierra de los
grandes terratenientes y su repartición entre los campesinos que la trabajan.
Es decir, planteamos una solución revolucionaria. Atacamos uno de los soportes
del imperialismo, el poder y la riqueza de una clase intermediaria, que juega
un papel clave en la expoliación de las clases populares en el país.”[5]
Es evidente que la política actual
del MOIR, de otorgarle la dirección política del movimiento a la “burguesía
nacional”, no contribuyó a la unificación y centralización de las fuerzas
comprometidas en el paro, y es la principal responsable de que no se hubiera
avanzado más en poner contra las cuerdas a la “burguesía transnacionalizada”
que es la que dirige y controla al gobierno de Santos. Sin embargo la lucha de
clases se va a profundizar en el inmediato futuro. Los pequeños y medianos productores
de café, papa, ganadería de doble propósito (leche y carne), cacao, arroz, hortalizas,
frutales y otros productos, van a continuar sufriendo el impacto del modelo
neoliberal depredador de la economía campesina, y van a protagonizar nuevas
luchas que tendrán que involucrar a la población de las ciudades, como se
presentó en ésta ocasión con la solidaridad protagonizada por miles de
citadinos, que hasta ahora es un anuncio de lo que va a ser una verdadera
alianza revolucionaria de las clases subordinadas de nuestro país.
En otros artículos trataremos
sobre el comportamiento de la burguesía transnacionalizada, que defiende a
ultranza el modelo neoliberal imperante y que como lo manifiesta el
nombramiento como Ministro de Agricultura del gerente de Indupalma, no está
dispuesta a reversar su política neoliberal sino a profundizarla, incluso
apoyándose supuestamente en los acuerdos de La Habana con la guerrilla. También
trataremos la actitud de la burguesía burocrática que ante la debilidad de la
posición gubernamental consiguió nuevos espacios en la alianza oligárquica, que
se concretan en el nombramiento de dos nuevos ministros dentro del gabinete de
Santos, el de justicia Alfonso Gómez Méndez y el de Minas y Energía Amilkar
Acosta, ambos de la línea política de Ernesto Samper, que van a ser utilizados
para hacer apariencia de “estatismo” y de un supuesto “compromiso social”.
También analizaremos el comportamiento
de las clases populares. Detallaremos la actitud asumida por los trabajadores
del Estado (trabajadores de la salud, educación, sector petrolero)
representados por las centrales sindicales, la actuación de los transportistas,
de los pequeños y medianos mineros y los mineros tradicionales, la posición de
las comunidades indígenas, especialmente las del Cauca (CRIC), la reacción de los
jóvenes de clases medias y estudiantes que fueron la fuerza central de los “cacerolazos”,
y la actitud expectante del resto de la población trabajadora (proletariado
tradicional, “precariados” y trabajadores informales como los moto-taxistas y
vendedores ambulantes).
Adelantándonos a las conclusiones
podemos decir que es urgente – en medio del trabajo cotidiano – abrir un debate
sobre la orientación general del movimiento popular y las amplias posibilidades
que existen de levantar una plataforma de lucha[6]
que unifique a los sectores populares, colocándonos a la altura de los importantes
avances revolucionarios mostrados por nuestro pueblo. La sumatoria mecánica de
pliegos de exigencias sectoriales debe ser revisada y superada por el
movimiento popular.
No sobra decir que el gobierno
espera la participación de los sectores y organizaciones movilizadas en el “pacto
nacional por el sector agropecuario y el desarrollo rural” que va a instalar el
próximo 12 de septiembre en Bogotá. Considero
que es importante asistir para dañarles la fiesta. Allí se pueden denunciar
las trabas y las contradicciones que el gobierno presentó en las mesas de
negociación. En ese escenario se debe llevar la propuesta de realizar una consulta popular sobre la necesidad de
revisar los Tratados de Libre Comercio en materia agrícola y de propiedad intelectual
(semillas).
Es hora de la audacia revolucionaria de las masas populares. La
oligarquía en su conjunto está a la defensiva. Es el momento de colocar
sobre la palestra política las iniciativas que se jugaron en este paro y que
obtuvieron un amplio despliegue informativo y un apoyo creciente de amplios
sectores de la sociedad. El gran encuentro de organizaciones sociales y
populares debe ser convocado de inmediato y deben hacerse los mayores esfuerzos
por construir la unidad, o por lo menos, conseguir la mayor coordinación entre
los diferentes sectores populares.
[1]
Dorado, Fernando. “La fuerza e impacto del Paro Nacional Agrario”: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172954
[2] La
teoría de que las FARC es el principal enemigo del pueblo colombiano fue
elaborada por el mismo Francisco Mosquera cuando planteaba que el principal
enemigo de los pueblos del mundo era el “Social-imperialismo Soviético” y que
las FARC eran una herramienta de ese imperio. Ésta teoría fue mejorada por ex-militantes
del MOIR que se convirtieron
posteriormente en los ideólogos de Álvaro Uribe Vélez.
[3]
Mosquera, Francisco. “Lecciones de táctica y de lucha interna”. http://www.moir.org.co/LECCIONES-DE-TACTICA-Y-DE-LA-LUCHA,1580.html
[4] Ver
el acta firmada por las Dignidades Papera y Lechera en Tunja, y por Dignidad
Cafetera en Neiva: https://www.facebook.com/MiCaficultura/timeline
[5] Mosquera,
Francisco. Óp. cit.
[6] Hemos
presentado los siguientes puntos como parte de esa plataforma de lucha:
Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los
minero-energéticos; Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio;
Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa); Política
agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina; Reforma estructural
de la Ley 100 de salud; Educación primaria, secundaria, y universitaria
gratuita, de calidad y pagada por el Estado.
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