SANTRICH Y LA TRAMPA
DE LA “LEGALIDAD”
Popayán, 4 de julio de 2019
En Colombia
un ejercicio de rebeldía armada “itinerante” o “errante” (o sea, de unas
guerrillas sin bases sociales arraigadas y organizadas en un territorio), que se
hizo a lo largo de 55 años, terminó sin pena ni gloria. Su intento de
transformar la rebelión en un proyecto político como lo hizo el M19 con el proceso
de paz, entró en la dinámica del desastre. Lo ocurrido esta semana con el
comandante Jesús Santrich es una muestra de esa realidad.
Santrich se
convirtió en una figura paradigmática y contradictoria de la Justicia
Transicional de Paz (JEP). Para los defensores y los enemigos del “proceso”
tenía que aceptar un juicio montado con falsas pruebas de la DEA para demostrar,
no tanto su inocencia –que poco les importa–, sino su lealtad con las
decisiones tomadas recientemente por las FARC.
Pero el
problema no es de ahora. Desde mucho tiempo atrás gran parte de nuestro pueblo
desconfiaba de todo. Una parte de la gente, incluso que simpatizaban con la
guerrilla, pensaba que solo era una estrategia para ganar tiempo y volver a
fortalecerse. Y la otra parte, no confiaba en el Estado (y menos en este “gobierno”)
y pensaba que les darían algunas gabelas a los jefes que se entregaran, pero exterminarían
a los militantes más consecuentes.
Desde el
punto de vista de la guerrilla, creían que los acuerdos con el gobierno se
podrían sostener por el gran apoyo popular que consideraban iban a encontrar en
las mayorías del pueblo. Pero confundían el apoyo a su desmovilización y entrega
de armas con el apoyo a su “proyecto”. Y creyeron en las promesas de la
oligarquía sin calcular la perfidia y la traición, y menos que el uribismo
ganara el “referendo” y recuperara el gobierno.
Las
experiencias de Centroamérica mostraban otra realidad. Nos decían que a la
oligarquía y al gobierno de los EE.UU., les importa muy poco si nuevos grupos
armados ilegales se propagan a lo largo y ancho del país, o se arman
disidencias de las Farc o se fortalece el Eln. Todos sabemos que mientras la
economía del narcotráfico tenga un fabuloso mercado global, la violencia tendrá
suficiente combustible en Colombia. Las inversiones para compañías extranjeras
requerirán más seguridad y más gabelas tributarias, pero no será mayor
problema.
El gobierno
colombiano seguirá diciendo que tiene voluntad de paz y que es la democracia
más estable de Latinoamérica, mientras los grupos paramilitares asesinan a
diestra y siniestra a líderes sociales y a militantes revolucionarios (sean o
no cercanos a las guerrillas) que consideren un estorbo para sus planes de
despojo de territorios y apropiación de nuestras riquezas. Y Uribe y Santos
seguirán jugando al policía malo y bueno; siempre fue el plan.
Si Santrich
se fugó para esquivar el juicio montado que la DEA orquestó en alianza con el ex-fiscal
Martínez Neira, es entendible. Tanto su extradición a los EE.UU. o su asesinato,
muy previsible, tendría el mismo efecto dinamitador para el llamado “proceso de
paz”. Y si no lo extraditaba la Corte Suprema de Justicia con ese “conjunto de
pruebas” que, desde la Fiscalía, Procuraduría y medios de comunicación se
posicionaron como “evidencias contundentes de su culpabilidad”, sería la JEP y
las Cortes las que pagarían los platos rotos.
Definitivamente
las Farc tenían que haber declarado la paz unilateral al pueblo colombiano, sin
pedirle permiso a la oligarquía y sin acuerdos de ninguna naturaleza. Hubieran
tenido que renunciar a unas prácticas no éticas que los separaron del ideario
revolucionario y de la histórica resistencia campesina. Y no hacerse ninguna
ilusión más allá de reincorporarse modesta y calladamente a las luchas
populares que nuestro pueblo siempre ha desarrollado.
Al final, ese
ejercicio demagógico con Santos en torno a la “falsa paz” terminó dividiéndolos
entre los reincorporados legalizados, los disidentes no armados y los disidentes
armados. Mientras tanto, la “guerrillerada” tendrá que sobrevivir apoyándose en
pequeños proyectos económicos y enfrentar la tentación de “enmontarse” para
continuar una guerra sin pueblo y contra el pueblo, que no tiene más futuro que
seguir siendo la “policía rural de los narcos”.
Es una
lección para el Eln. Toda guerra sin pueblo se vuelve contra el pueblo.
E-mail: ferdorado@gmail.com
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