miércoles, 30 de septiembre de 2015

NO ILUSIONARNOS PERO NO DEJARNOS PROVOCAR

Visiones diferentes que se aproximan…

NO ILUSIONARNOS PERO NO DEJARNOS PROVOCAR

Bogotá, 30 de septiembre de 2015

Cuatro artículos de referencia sirven para plantear este debate:

1. Proceso de paz, lucha de clases y las batallas del posconflicto - José Antonio Gutiérrez (http://bit.ly/1VmRvhL).

2. La verdadera lucha por la paz recién comienza… Paz… ¡a la vista! - Fernando Dorado (http://bit.ly/1N0KvCw)

3. El Tribunal de paz y los crímenes de Uribe Velez - Horacio Duque (http://goo.gl/d8uA3T)

4. La terminación del conflicto armado es un paso fundamental para la construcción de paz en Colombia – Yezid García Abello (http://goo.gl/Z2gzaS)

¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se aproximan?

a) Para algunos, la terminación del conflicto armado entre el Estado y la insurgencia de las FARC, ya es la paz. Para otros, terminar el conflicto armado sólo crea las condiciones para empezar a derrotar políticamente a un sector de la oligarquía (el latifundismo mafioso y criminal que encabeza Uribe) y sólo es el inicio –bastante precario– de la verdadera lucha por la paz (que nunca acaba).

b) Para unos, toda la oligarquía debe y puede ser derrotada en la Mesa. Para otros, la gran burguesía transnacionalizada y el imperio obtendrán su “paz neoliberal”. El pueblo tendrá la posibilidad de fortalecer su lucha política por transformaciones democráticas. No es una situación que la puedan determinar unos u otros, no es un problema de voluntad, es un hecho real que es resultado de la correlación de fuerzas existentes. No va a ser superable en seis (6) meses. 

c) Para algunos, el Tribunal de Paz acordado debe juzgar y castigar a Uribe por sus crímenes. Para otros, lo más importante es la derrota política de Uribe que se logrará sólo con la concreción de un clima de reconciliación y convivencia que incluye el perdón. El principal castigo de Uribe será su derrota política, la cárcel para él y sus cómplices es algo totalmente secundario. A corto plazo, algunas condenas sólo serán aplicables para algunos militares, agentes del Estado y guerrilleros gravemente encauzados.  

d) Dice Gutiérrez que “No hay que caer en la ilusión burguesa de que con el fin del conflicto armado se le acabará a la oligarquía la “excusa” para criminalizar al movimiento popular y para reprimir”. Sin embargo, la verdad es que la “excusa” si se le acaba, lo que no significa que la oligarquía vaya a acabar con sus grupos criminales y vaya a dejar de reprimir. Así la burguesía firmara ese compromiso en la mesa, no lo va a llevar a la práctica. Ello obliga a las fuerzas insurgentes que se desmovilizan y entran en la “legalidad”, y también a los que ya estamos en ella, a diseñar estrategias civilistas muy cuidadosas para, por un lado, proteger sistemáticamente a nuestros dirigentes (como se protegió a Fidel y a Chávez), no “dar papaya”, no diluir todas las fuerzas en la lucha electoral, no caer en el cretinismo parlamentario, no creer en la voluntad pacifista de la oligarquía y del imperio, pero a la vez, aprovechar al máximo las condiciones de legalidad que se han conquistado para avanzar.

Debemos recordar que fue la oligarquía la que diseñó la forma de obligar al pueblo liberal-socialista en 1946-48 a insurrectarse y alzarse en armas. Lo hizo conscientemente para poder descabezar el movimiento que estaba con Gaitán a un paso de ser gobierno, y despojar violentamente a los campesinos de sus tierras. Es lo que se denomina como “instrumentalización del conflicto armado”. El viejo Manuel lo decía siempre: “Nos obligaron a enmontarnos”. Otros revolucionarios, más jóvenes e idealistas, confundieron esa resistencia armada y la convirtieron en una copia mal ejecutada de la revolución cubana. Lo real es que la oligarquía colombiana, en 1948, se adelantó más de una década a la historia y diseñó la forma de abortar esa revolución que se estaba incubando en Colombia. 

Las FARC saben que para avanzar hacia unas condiciones mínimas para poder hacer política legal y abierta, a Santos y al imperio les toca negociar con Uribe. Es más, Uribe patalea sólo para poder negociar su impunidad. Allí está el meollo del asunto. La derrota de Uribe tendrá que ser en las urnas. Él tratará de desestabilizar el proceso pero el gobierno de los EE.UU. y la gran burguesía colombiana ya están jugados. Es posible que en 2018 a la izquierda le toque obligatoriamente llamar a votar por “otro” Santos y que haya que pensar en participar con nuestro propio programa en ese gobierno que tendrá que implementar los “post-acuerdos”. Y ello no significa que el movimiento popular sea cooptado, es otra estrategia, es otra visión, muy diferente a la que hasta ahora ha desarrollado la izquierda en Colombia, que se ha caracterizado por su “infantilismo de izquierda” y algo de “anarquismo ilustrado”.

El debate recién empieza. La derrota política del “uribismo” será un avance enorme para el pueblo colombiano. La gran burguesía se ve obligada a contribuir con esa derrota pero va a querer canalizarla hacia sus intereses. Los Lleras, los Santos y los Echandías de los años 48 (o sea, los Lleras, los Santos y los Gaviria, de ahora) van a querer aliarse con los Laureanos Gómez (Uribes, de ahora), para volver a masacrar al pueblo si ven que las fuerzas democráticas se abren paso. Las provocaciones, los asesinatos, las masacres y las traiciones estarán allí, preparándose en la sombra. El arte ahora es no dejarnos empujar a la “ilegalidad”, no dejarnos “enmontar” nuevamente, no caer en las provocaciones, pero tampoco jugar todas nuestras fuerzas en esa tarea legal-electoral. El trabajo organizativo en las bases populares siempre será necesario y fundamental.

Una enorme capacidad estratégica se requiere para actuar con inteligencia, paciencia y sagacidad. Los puñales de la intolerancia penden sobre la cabeza de los revolucionarios mientras que las espadas de la paz en manos del pueblo pueden derrotar a los enemigos de la democracia. Todo depende de nosotros. Seguir quejándonos de la maldad de la oligarquía colombiana (dixit, William Ospina - http://goo.gl/iw5JrU), es como pedirle a esa misma oligarquía que deje de ser lo que es. Eso sí es una ilusión. Somos nosotros los que tenemos que conocer la esencia de esa oligarquía, su carácter ladino y criminal, que también tiene sus enormes debilidades y fisuras, para poder derrotarlos.

¡Esa es la tarea!... y el debate sirve para eso.


E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado

viernes, 25 de septiembre de 2015

PAZ... ¡A LA VISTA!

La verdadera lucha por la paz recién comienza…
                                                       
                                                    PAZ… ¡A LA VISTA!                                                      

Bogotá, 25 de septiembre de 2015

Finalmente, en medio de vacilaciones y cálculos políticos, Juan Manuel Santos se la jugó por la terminación del conflicto armado. La forma vacilante como accedió a estrechar la mano del comandante principal de las FARC, es un reflejo de la manera como todo el país asume la inminente salida negociada a dicho conflicto. Entre dudas y escepticismos pero con esperanza e ilusión.

Más allá de los detalles de lo anunciado, de los acuerdos sobre justicia transicional, los plazos para la firma definitiva de los acuerdos y la fecha para la dejación de las armas por cuenta de los guerrilleros, lo más importante es determinar y tener muy en claro, qué fuerzas están detrás de lo pactado, para poder actuar en consecuencia.

Es evidente que la burguesía trans-nacionalizada y el imperio tienen la decisión de dar por terminado el conflicto armado. Es la fuerza económica que empuja a Santos. La instrumentalización de esa guerra a su favor ya cumplió sus objetivos. Ahora, aspiran a instrumentalizar también la paz. Pretenden una “paz neoliberal”.

A su lado, las fuerzas democráticas que representan a los trabajadores, pequeños y medianos empresarios y productores urbanos y rurales, y sectores maginados de la población, están convencidas que la terminación del conflicto armado es una condición indispensable para liberar las fuerzas creativas de la sociedad. Es la fuerza política que estimula y sostiene a Santos. Aspiran a una “paz plena y duradera” que garantice justicia y equidad social y económica para las mayorías nacionales.

Por otra parte, los grandes terratenientes herederos de los antiguos encomenderos y esclavistas que no han superado su visión colonial y feudal, aliados con algunos militares y mafias que viven de la guerra, se oponen a los acuerdos anunciados. Son la fuerza de la tradición oligárquica que frena a Santos. Representan la cultura de la muerte, la concepción clerical de la vida y la visión clasista y racista del poder. Quieren una “paz de los sepulcros”, aspiran al exterminio de sus enemigos. No renuncian al odio y a la venganza. Usan el miedo, la incertidumbre y la vacilación para eternizar la división y mantener su dominio.

Sin embargo, la decisión de los jefes de las FARC, del gobierno, de las principales fuerzas económicas y de los sectores políticos más avanzados del país, es irreversible. Los hechos son contundentes, la terminación del conflicto armado en Colombia es un hecho.

Lo que se empieza a jugar hacia el futuro inmediato es cómo esas fuerzas disímiles pero aliadas en torno a ese objetivo coyuntural pero primordial, se posicionan frente a las nuevas condiciones que ofrecerá ese nuevo ambiente político.

En lo inmediato los anuncios influirán de alguna forma en las elecciones locales y regionales del 25 de octubre. Las fuerzas guerreristas llamarán a derrotar lo que ellos denominan la “entrega de la nación al castro-chavismo” mientras las fuerzas democráticas se unirán en torno a la construcción de la paz.

Quienes presenten los acuerdos como un triunfo de la guerrilla, contribuirán –inconsciente e ingenuamente–, con el posicionamiento de la percepción que la derecha extrema quiere imponer entre las mayorías de la sociedad de que el Estado ha claudicado ante la guerrilla.

Quienes presentan los acuerdos como una derrota de la insurgencia, como una expresión de la claudicación y la “conciliación de clases”, no sólo muestran su total desconexión con la realidad nacional y mundial sino que alentarán a sectores exiguos de la sociedad a que mantengan reductos armados que inevitablemente se convertirán en excusas para que los guerreristas de derecha también mantengan sus grupos armados.

Pero así mismo, quienes presenten los acuerdos como la concreción de una supuesta voluntad de las clases dominantes de democratizar la sociedad y promover la equidad social, ayudan a posicionar un enorme y criminal engaño. La creencia candorosa que la terminación del conflicto armado traerá automáticamente la conquista de la paz, es mortal. Es una invención que juega a favor del gran capital que a la sombra de esa mentira pretende implementar la segunda fase de expropiación neoliberal de la riqueza colectiva, de amplios territorios estratégicos y de bienes públicos de todos los colombianos. Ese tipo de elaboraciones son dañinas y falsas, contribuyen a que la burguesía confeccione e implemente su “paz perrata” (http://bit.ly/18u7aWh).

Por el contrario, para ser coherentes, hay que presentar los acuerdos como un triunfo de la sociedad en su conjunto. Hay que hacer entender que la superación negociada del conflicto armado es una muestra de realismo político: el Estado no pudo derrotar militarmente a la guerrilla y ésta tampoco logró conquistar el poder político por esa vía. Hay que posicionar la idea de que un ambiente de paz es la condición ideal para que las fuerzas avanzadas de la sociedad logren concretar sus metas de transformación social, económica, política y cultural.

La puja inmediata será por ganar las elecciones del 25 de octubre. La lucha por la paz volverá a ser un componente en la lucha política inmediata. No basta apoyar los acuerdos, es la forma como se presente lo que juega a favor o en contra. La consigna de “no a la impunidad” en manos de Uribe y el “triunfalismo fariano”, jugarán en la misma dirección.

La sensibilidad a flor de piel que se quiere estimular por parte del uribismo frente a las supuestas ventajas que se otorgan a los guerrilleros, deberá ser contrarrestada con una fina pedagogía que coloque el perdón como principal arma para lograr la reconciliación.

Se viene un período trascendental para nuestro país. La campaña de desinformación ya se inició y la principal herramienta será la humildad, la serenidad, el debate fraterno, la búsqueda del interés colectivo, el no dejarse provocar, la comprensión del legítimo dolor y la identificación del odio vestido de aparente sufrimiento; el aislamiento de los guerreristas de profesión y el acompañamiento solidario a las auténticas víctimas del conflicto armado.

La lucha por la paz se traslada ahora al campo de la cultura y la simbología. El prepotente y amenazador –pertenezca al bando que sea–, quedará identificado con la violencia y deberá ser sancionado con el único instrumento eficaz: la sanción moral y su derrota política.

El respeto pleno de los derechos humanos y ciudadanos, tanto por parte del Estado como de todos los individuos y actores sociales, deberá ponerse al frente de la lucha por hacer efectivo un clima de resolución civilizada de nuestros conflictos.

Lograr el posicionamiento de prácticas democráticas, que combinen la tolerancia con el espíritu crítico, tanto al interior de la sociedad como de las instituciones estatales, las organizaciones sociales y los partidos políticos, tendrá que ser una meta de quienes quieran construir seriamente la paz. No de aquella “paz” que niega los conflictos sino de la que estimula la contradicción sana y el debate creador.

Podemos y debemos dar un salto cualitativo como pueblo, sociedad y nación. Superar más de 60 años de violencia continua y desgastante es parte de ese avance cualificado. Todo está dado para vencer la desesperanza y el escepticismo.

Pero a su vez, no podemos idealizar los actos en sí. La fotografía de Santos y Timochenko estrechándose las manos con la aquiescencia  y colaboración de Raúl Castro, debe ser convertida en acción consciente para concretar la terminación del conflicto con el apoyo de las mayorías de nuestro país. La verdadera lucha por la paz recién comienza.

Y… ¡es posible ganarla!                                 


E-mail: ferdorado@gmail.com – Twitter: @ferdorado

viernes, 18 de septiembre de 2015

CLARA…¿SI LA TIENE CLARA?

CLARA…¿SI LA TIENE CLARA?

Bogotá, 18 de septiembre de 2015

Doce años de gobierno de izquierda y …

Doce años de gobiernos de izquierda y progresistas en Bogotá parecieran estar a punto de terminar. Esas tres administraciones tenían que servir para consolidar un modelo de gestión democrático y social en la capital de la república. Pero, la realidad revela otra cosa.

Las últimas encuestas muestran que la izquierda puede perder la Alcaldía capitalina (http://bit.ly/1Y4EFU1). 

Hoy las fuerzas del gran capital, los grandes contratistas, los monopolios de la construcción, los politiqueros de todos los colores y los privatizadores por convicción, se preparan con todos los fierros para “recuperar” la administración distrital. Y están a punto de lograrlo.     

Es necesario revisar la historia para poder ubicarnos en la situación actual y tratar de contribuir con un análisis objetivo que nos permita actuar en forma correcta.

No podemos olvidar que Gustavo Petro ganó las elecciones para la Alcaldía Distrital debido a la dispersión de las fuerzas contrarias (derecha extrema, derecha tradicional, derecha-centro, centro-derecha, etc.). Lo logró solo con el apoyo del 32% del electorado (http://bit.ly/1iliPLo).

Ese resultado –que fue bastante precario– sirvió de motivo para hacer los cálculos políticos que llevaron a las fuerzas antidemocráticas encabezadas por el Procurador a intentar sacar por la puerta trasera a Petro, cuando se atrevió a tocar los intereses de los empresarios y monopolios privados del aseo.

La reacción popular, la acción jurídica en lo nacional e internacional y los acuerdos políticos que hizo el alcalde con el gobierno central (Santos), le permitieron aferrarse a la Alcaldía por el resto del período.

Sin embargo, además del desgaste de casi un año perdido dedicado a defenderse, se acumularon otra serie de hechos que han llevado a que la campaña mediática de desprestigio de la Bogotá Humana y de los gobiernos de izquierda, haya calado entre mucha gente, especialmente entre las clases medias.

Entre esos hechos está el colapso del sistema de TransMilenio y el incremento de la delincuencia “menor” (atracos callejeros, robos de celulares, extorsión en los barrios) que ha generado una percepción de inseguridad ciudadana, que es centuplicada y generalizada por el “partido de la desinformación” para crear un ambiente de caos e ingobernabilidad.  

Es indudable que graves errores cometidos en las administraciones de Lucho Garzón y Samuel Moreno, fueron los antecedentes del minoritario triunfo de Petro, y que la posible debacle que se pueda venir –que ojalá no lo sea–, no se le podrá achacar sólo a éste último.

Por el contrario, veremos que el gobierno de la Bogotá Humana realmente es el primero que rompe con el modelo de ciudad que desde el Banco Mundial se impuso en Bogotá durante los dos gobiernos de Mockus y el de Peñalosa.

La matriz mediática

¿Cuál ha sido la matriz utilizada para desprestigiar la administración de la izquierda entre la población bogotana?

En primer lugar, achacar la corrupción del “Cartel de la Contratación” únicamente al Polo Democrático Alternativo, cuando en ese timo al presupuesto público estuvieron involucrados concejales, funcionarios y personajes de diversos partidos políticos.

Lo que no han podido hacer es comprometer a Petro con ese “cartel” pero usan la generalización del término de “las izquierdas” para –de alguna manera–, involucrarlo.

En segundo lugar, los medios de comunicación y los candidatos en pugna han posicionado la idea de que la izquierda sólo gobierna para los más pobres, que la visión de la izquierda colombiana es de tipo “castro-chavista” y que no se ha gobernado en favor de todos los bogotanos.

Temas como la movilidad y la seguridad son presentados como los grandes fracasos de la administración de Petro. No se consideran los logros conseguidos que se pueden demostrar con cifras. Tampoco se muestra que el colapso de TransMilenio es fruto de un modelo de ciudad y de un proyecto unimodal de transporte que los gobiernos de izquierda heredaron y tuvieron que administrar obligadamente.

Se minimizan los avances conseguidos en políticas de medio ambiente, salud, educación, nutrición infantil, trabajo cultural, integración social, y la óptima gestión de las empresas públicas del Distrito que redundaron en su fortalecimiento administrativo y financiero. Para hacerlo comparan las cifras de esas realizaciones con algunas metas que se sobredimensionaron al inicio del gobierno de Petro  y no con lo realizado por otros gobiernos en períodos anteriores. 

Pero por sobre todo, se lanzan campañas finamente orquestadas para imponer la idea de que los gobernantes de izquierda son ineficientes y poco ejecutivos.

Antecedentes

Desde 1988, con la elección popular de alcaldes, algunos movimientos sociales y organizaciones políticas surgidas de ellos, iniciaron la participación electoral para acceder a administraciones municipales. En diversos departamentos se logró ese objetivo durante la década de los años 90s.

En Nariño, Cauca, Guajira y Tolima, expresiones políticas de ese mismo tipo lograron llegar a administraciones departamentales con Parmenio Cuéllar, Floro Tunubalá, Lucho Gómez y Guillermo Alfonso Jaramillo, respectivamente. Fue la antesala del triunfo de Lucho Garzón en Bogotá.

No obstante la izquierda no estudiaba dichas experiencias ni sacaba lecciones de ellas. Un sector de la izquierda, surgido del M19, había entrado en una especie de pragmatismo efectista, y se conformaba sólo con la bandera de la lucha contra la corrupción.

El otro sector, más tradicional y ortodoxo, ni siquiera consideraba la participación en cargos de tipo ejecutivo (alcaldías, gobernaciones). Planteaba que la estructura capitalista y neoliberal del Estado, impedían cualquier tipo de avance social en lo local y regional. Para esa izquierda, llegar a dichos cargos era un desgaste y no valía la pena siquiera intentarlo.

Es así como se llega a la administración de la ciudad capital sin tener una visión estratégica. Un sentido muy general de lo “social” y la meta de manejar los recursos con ética y transparencia fueron las bases de la política “Hambre Cero” de Lucho Garzón. No se consideró en ningún momento enfrentar el modelo neoliberal y muy pocos esfuerzos se hicieron por desarrollar nuevas formas de democracia y participación popular y ciudadana.

El caso de la administración de Samuel Moreno es mucho más complejo. Él tenía pretensiones presidenciales. Su hermano, familia y “amigos” se aprovecharon de esa ilusión. Los agentes y protagonistas del “Cartel de la Contratación”, entre ellos los Nule, que estaban incrustados en la alcaldía desde los gobiernos de Mockus y Peñalosa (http://bit.ly/1V033lt), que no fueron detectados por Garzón, hicieron su agosto con la complicidad de funcionarios de alto nivel y la despreocupación –miraban para otro lado–, de los dirigentes del Polo.

Petro, acompañado por el concejal Carlos Vicente de Roux y el senador Avellaneda, reaccionó a tiempo, denunció la corrupción que se había incrustado en la Alcaldía de Bogotá y ello sirvió de insumo para que la izquierda-progresista se mantuviera al frente de esa administración.  

Limitaciones conceptuales y fallas de ejecución

Es evidente que nuestra izquierda tiene una enorme deuda frente a la extraordinaria experiencia acumulada, tanto en los municipios y departamentos como en la alcaldía de Bogotá. No hemos estudiado a fondo ni reflexionado para elaborar lecciones aprendidas. Tampoco hemos asimilado las enseñanzas de países vecinos y de otras latitudes.

En el caso de la Bogotá Humana es indudable que se intenta dar un salto cualitativo. Su programa es de avanzada, tiene realmente una dimensión global. Sus objetivos atacan tres graves problemas que son efectos de la hegemonía del capitalismo neoliberal: la depredación social, la crisis ambiental y el desmonte de los Estados nacionales. La política de integración social, la lucha contra el cambio climático y la defensa de lo público, intentan enfrentar esas consecuencias sistémicas.

Sin embargo, al no haber diseñado un esquema estratégico, Petro les concede una enorme ventaja a sus contradictores y enemigos. Primero, sobredimensiona algunas metas. Segundo, torea afanadamente –aún sin posesionarse–, el avispero del poder privatizador que se ha apoderado de la principal empresa de servicios públicos: la Empresa de Energía de Bogotá. Tercero, se deja aislar muy rápido de los medios de comunicación privados, confiando en el poder del Canal Capital. Cuarto, ataca de frente a los monopolios privados del aseo sin tener una retaguardia social que lo apoyara con consistencia. Quinto, no construye un proyecto político ni una coalición fuerte en el Concejo para poder avanzar paulatinamente en el logro de algunas metas estratégicas.

Es así como, casi inmediatamente a haber lanzado su ofensiva anti-neoliberal, Petro tiene que retroceder. Fue obligado a renegociar con los concesionarios privados del aseo; tuvo que prorrogar los contratos de Transmilenio; echó atrás la rebaja en las tarifas del sistema de transporte; engavetó proyectos tan importantes como el Banco Distrital para apoyar proyectos productivos de pequeños y medianos productores y empresarios y, al final de su mandato, Santos le incumplió y lo dejó colgado sin la financiación del 70% del Metro.

No se trata de llegar a la conclusión propia de la izquierda tradicional de que no se puede hacer nada hasta que se haga la “revolución”. No. Por el contrario, creemos que SÍ es posible trazar una estrategia que lleve a las fuerzas progresistas y de izquierda a colocar en primer lugar la construcción y fortalecimiento del movimiento social, apoyándose en planes y programas que le lleguen a la gente sin necesidad de romper –de inicio–, con las políticas neoliberales. Mientras acumulamos fuerza social y organizativa, podemos hacer énfasis en el control social de los recursos públicos, romper con la gran contratación, crear veedurías, enfrentar los micro-poderes corruptos que a la sombra de ONGs se han apoderado de importantes recursos del Distrito, y mostrar un nuevo estilo de gobierno.

Es decir, se trata de reconocer desde un principio cuales son nuestras fuerzas y cuáles son las de los opositores. Hay que recordar e insistir en que llegar al gobierno no es acceder al Poder. Tenemos y debemos acumular fuerza con base en procesos organizativos que exploten al máximo las amplias posibilidades de la “micro-economía” y la “micro-política”, que giran alrededor de la cotidianidad comunitaria y de proyectos concretos de apropiación colectiva de lo común y de lo público (algo se ha hecho en ese terreno).

Tenemos que construir fuerza social y política con base en tareas concretas y sencillas que entusiasmen a la gente, y ello es posible hacerlo en unas primeras etapas del cambio. Más adelante, con esas fuerzas organizadas podremos impulsar cambios y transformaciones estructurales y sostenibles en el terreno de la “macro-economía” y de la “macro-política”, que es la que determina la acción central del Estado en el ámbito general.

Es importante entender que desprivatizar entidades y empresas del Estado es hoy en día una obra revolucionaria. Recuperar para “lo público” –que no puede identificarse totalmente con “lo estatal”–, áreas estratégicas de la economía y de la vida social, como las empresas de servicios públicos, las comunicaciones, la banca, los medios de información, los recursos estratégicos (petróleo, carreteras, comercio exterior, etc.), es hoy una tarea que implica un esfuerzo enorme de los pueblos y los trabajadores.
Para hacerlo, las fuerzas del cambio tienen que ser mayoritarias. El pueblo lo entiende y lo dice con gran sentido común: “No podemos ensillar sin antes traer las bestias”.

La situación actual de cara a las elecciones de octubre de 2015
Como lo dice Carlos Vicente de Roux en su carta de renuncia a la candidatura de la Alianza Verde, la población ya está polarizada entre la continuidad de la izquierda social y el regreso de las fuerzas de la derecha privatizadora y neoliberal (http://bit.ly/1QKngek).

Esa polarización y el incumplimiento de Santos a Petro, obligará a todas las fuerzas progresistas y de izquierda a aglutinarse alrededor de Clara López. La amenaza “uribista” no podrá lanzarse como argumento para apoyar a Pardo. Incluso, en la eventualidad de que el candidato liberal (realmente de la “U”, santista) se sumara a Clara –opción muy poco probable–, la mayoría de quienes lo apoyan se irían para donde Peñalosa encabezados por César Gaviria y su hijo “delfín”.   

Las cartas están jugadas y la izquierda deberá “restiarse”... ¡jugarse a fondo! Deberá intentar ganar con inteligencia e integridad o perder con dignidad y sin desteñirse. En vez de estar a la expectativa de acuerdos burocráticos debe sacudirse y salir a buscar al pueblo que se ha visto beneficiado por los programas sociales. ¡Con decisión y valentía!

El problema es… ¿cómo hacerlo bien?

Hasta ahora Clara López, a pesar de haber recibido apoyos de personalidades y fuerzas liberales y conservadores independientes, no ha conseguido enviar un mensaje de amplitud que sirva para “despolizar” su campaña. No ha entendido que debe quitarse de su entorno algunas personas que encarnan la “sombra” de los hermanos Moreno. Mantenerlos a su lado envía el mensaje de que la misma candidata no reconoce que no solo hubo descuido frente a lo que ocurrió en la administración de Samuel sino que se presentó cierta condescendencia que rayó con la complicidad.

Se requiere con urgencia un cambio estratégico en la campaña de Clara. ¡No es cierto que Clara la tenga clara! Debe aprovechar la muy segura llegada y respaldo de progresistas y un importante sector de los verdes, para re-lanzar una especie de “Frente, Coalición o Convergencia Ciudadana”, con nuevos protagonistas, salir al encuentro con las organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, grupos étnicos, animalistas, ambientalistas, jóvenes, mujeres, LGTBI, etc., y trazarse unos compromisos muy serios para fortalecer la organización y participación popular y ciudadana durante su gobierno.

Un gran encuentro social, político, comunitario, popular y ciudadano, debe servir para refrendar esos compromisos que servirán para darle un nuevo aire a la campaña. De todas formas ese tipo de eventos deben servir para –en caso de perder–, organizar desde las bases sociales, desde barrios y localidades, la defensa de las conquistas sociales logradas durante los últimos 12 años.


Todavía estamos a tiempo… ¡podemos hacerlo!

viernes, 11 de septiembre de 2015

¿EN QUE RÍO NAVEGABA EL PRESIDENTE CHÁVEZ?

Una mirada crítica de la “revolución bolivariana”…

¿EN QUÉ RÍO NAVEGABA EL PRESIDENTE CHÁVEZ?

Bogotá, 11 de septiembre de 2015

Vamos a intentar hacer un ejercicio de análisis de lo que ocurre con el llamado “proceso de cambio bolivariano” en Venezuela. Lo hacemos con ocasión del conflicto que se ha desencadenado con el gobierno de Colombia, y en el marco de la situación de los “procesos de cambio” en América Latina y el mundo.

No se trata de desconocer las intenciones y los avances sociales del proceso bolivariano. Tampoco defiendo a la oligarquía colombiana y su supuesto nacionalismo, menos su demagógica defensa de los DD.HH. de los migrantes colombianos expulsados de Venezuela.

Lo que cuestiono es la dirección que ha tomado el gobierno bolivariano y su actual política que le hace el juego no sólo al falso nacionalismo de Uribe sino también a la “tercera vía” de Santos.

Presento una visión crítica no tanto para señalar errores sino para comprender la dinámica de los procesos. Colombia va a avanzar inevitablemente por nuevos caminos. Necesitamos aprender y ojalá, superar las falencias de nuestros vecinos.

Pero es indudable que algo está fallando. Si el fenómeno que aquí identificamos y analizamos se está replicando en los demás países, es porque existe una falla sistémica. Trataremos de dilucidarla.

Unas preguntas a manera de introducción

¿Qué río transitamos? ¿Para dónde vamos? ¿El río que navegaba el presidente Chávez –sin que él tampoco supiera exactamente adonde lo llevaría– es el mismo que aquel que sobreagua la actual dirigencia bolivariana?

La misma pregunta debemos hacerla para los procesos que lideran Correa, Evo, Dilma, la Kichner o Tabaré.

Todos esos procesos nacieron de la inconformidad popular y las ganas de transformar el mundo. Por eso el río era “revolucionario”. Había un sentimiento grande por derrotar la oligarquía, el imperio, el neoliberalismo e iniciar a dar pasos anti o post-capitalistas.

¿Hoy esa inconformidad se mantiene? ¿Los pocos o muchos avances sociales han servido para hacer más consciente a nuestros pueblos de la necesidad de seguir adelante? ¿Hoy seguimos con el mismo fervor de Chávez buscando la integración de los pueblos y naciones latinoamericanas?

O... ¿por el afán de presentar resultados inmediatos y sostenernos en el gobierno hemos perdido el norte y hemos cambiado de río? ¿El río es el mismo pero las aguas son diferentes?

Todo parece que se ha reducido a procesos electorales para elegir unas personas que representan y gestionan “desde arriba” el “cambio”. Y entonces... ¿en qué momento el papel protagónico del pueblo quedó atrás?

La idealización de Chávez y el Socialismo del Siglo XXI
“Hemos visto cómo esas idealizaciones vuelven sobre los momentos de la lucha, sobre los medios, y terminan también siendo idealizaciones del presente en la figura de la institución fantasmalizada eficaz: el partido, la iglesia... Son muy conocidos los crímenes y las orgías de terror a que se entregan estas organizaciones que persiguen un estado perfecto y cuántas veces, a nombre de la negación de toda violencia, se pasa a una violencia sin límite. No sobra insistir que el proceso de idealización no se refiere solamente al objeto bueno, sino igualmente al objeto malo; es frecuente que los dioses de las religiones abolidas se conviertan en los demonios de las nuevas religiones. Esto se ve también en política”.
Estanislao Zuleta en “Tribulación y felicidad del pensamiento”.

Para algunos “chavistas” –venezolanos o no– el presidente Chávez desde que inició su proyecto tenía claro para donde iba a conducir el “proceso de cambio”. ¿Será eso cierto?

No lo creo. El conocer-transformar y el conocer a un más alto nivel con base en la experiencia para así poder profundizar los cambios revolucionarios, está en la base teórico-práctica de una auténtica revolución. No hay fórmulas preconcebidas por más científicas que pretendan ser. Sólo en medio de la práctica social los dirigentes y las masas aprenden y avanzan. Así lo enseña la historia.

Es importante recordar que el movimiento socio-político de inconformidad popular y la resistencia a las políticas neoliberales que impulsaban los partidos oligárquicos venían de atrás. Tuvieron su expresión explosiva en el “Caracazo” (1989).

Chávez tuvo la capacidad de organizar un movimiento político que identificó con precisión en el momento oportuno las reivindicaciones del movimiento popular y diseñó la estrategia para derrotar por la vía electoral –después del intento fallido de golpe militar– a los partidos oligárquicos.

Pero Chávez hablaba de una tercera vía diferente al socialismo y al capitalismo. Sólo años después de que el pueblo derrotó el golpe militar de 2002 y de lograr la dirección hegemónica de la PDVSA, empezó a hablar de “Socialismo del Siglo XXI”, tomando la frase del teórico alemán-mexicano Heinz Dieterich Steffan. Sin embargo su idea de socialismo era una idea en construcción, con una mirada propia latinoamericana y cristiana, “en permanente formación y aprendizaje”.

El presidente Chávez traza entonces una estrategia política que tenía como eje principal la construcción de la Patria Grande Latinoamericana y, en el caso particular de Venezuela, la  “siembra del petróleo”. Independencia política y desarrollismo económico, eran los dos componentes fundamentales. El protagonismo popular (la “democracia protagónica”) era esgrimido como una fórmula para construir democracia directa pero nunca tuvo los desarrollos prácticos “desde abajo”.

De acuerdo a su visión, tal esfuerzo de integración regional y de construcción de autonomía económica, requería de una alianza entre los trabajadores, los sectores populares y las burguesías “nacionales” capaces de romper con la hegemonía estadounidense. Tal alianza la planteó e intentó plasmar en varias ocasiones sin mayor éxito. Chávez intuía que los trabajadores y sectores populares contaban con la capacidad instintiva para apoyar el proceso desde las bases pero su desarrollo político-organizativo era limitado y no existía la dirigencia formada para ir más allá. Y estaba en lo cierto. 

Sin embargo, la realidad está demostrando que las cosas son mucho más complejas. Las burguesías “nacionales” latinoamericanas –incluyendo las brasileñas, argentinas y uruguayas– no asumieron el reto a fondo. Su entreguismo e individualismo histórico se lo impidieron. Fue así como una parte de esa burguesía se lanzó a la oposición franca al proyecto integracionista. Incluso, parte de esa oposición oligárquica utilizó estrategias golpistas con el apoyo de EE.UU. en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Pero otras fracciones de la oligarquía y de la burguesía se introducen de diversas maneras en la dirección de los “procesos de cambio” o conviven con ellos aprovechando las políticas de los gobiernos “revolucionarios” (http://bit.ly/1Nmnp7T). También, la burguesía burocrática que es la que cambia de camiseta con más facilidad, se trepa al carro de la “revolución”. Otros sectores capitalistas y una burguesía emergente surgida de medianos productores y empresarios, algunos provenientes de economías ilegales y paralelas, también se van enganchando a los gobiernos progresistas. En Venezuela esa burguesía está estrechamente entrelazada con sectores del ejército.

Ese proceso de alianza parcial que sectores burgueses realizan con los sectores populares lo hacen con la intención de reemplazar y quitarle el control sobre la renta estatal (petrolera, gasífera, minera, etc.) a la gran burguesía. Sin embargo, de una u otra manera se dan las formas de frenar los “procesos de cambio”. Y en verdad que lo han logrado, con la colaboración –consciente o inconsciente– de los dirigentes progresistas. Los lazos que se van creando en medio de la gestión del Estado heredado, los procesos de contratación, el diseño de políticas públicas, la interacción entre la administración estatal y los intereses particulares que se concretan en miles de conexiones e imbricaciones, las relaciones entre empresarios y funcionarios proclives a la corrupción y al burocratismo, van minando la resistencia de los “cuadros revolucionarios” que, si no están preparados ideológicamente o se han alejado de sus organizaciones sociales a las que pertenecían, sucumben ante los “dardos almibarados” del gran capital.

Esa situación se presenta con diversas particularidades en cada país, en donde el peso de esa burguesía emergente se siente en diferentes temas: escándalos de corrupción, oposición a procesos de desprivatización de empresas públicas, rechazo al desarrollo de la plurinacionalidad, acentuada defensa del extractivismo depredador, limitación de los derechos de las organizaciones sociales, uso de la represión abierta ante protestas populares, presencia creciente de burocratismo, y otros lastres del pasado. En todos los países donde los gobiernos progresistas están al frente de los “procesos de cambio” se han presentado estas situaciones.

Finalmente, fruto de esa tensión entre diversas clases y sectores de clase, que se dan tanto al interior de los gobiernos como fuera de ellos, las políticas más importantes del “socialismo del siglo XXI” se han reducido a intentos de renegociación de la deuda pública (externa e interna), la renegociación de contratos con las transnacionales capitalistas, incremento de algunos impuestos y la inversión de una parte de las rentas del Estado en programas sociales. Éstas inversiones se centran en servicios de salud, educación, vivienda, saneamiento básico y ayudas para sectores de la población más pobre que no se diferencian en nada de las llamadas “transferencias monetarias condicionadas para población en condición de vulnerabilidad” diseñadas por el Banco Mundial.

No se desconoce que el monto y la cobertura de dichos programas fueron incrementados y ampliados por los gobiernos progresistas pero, el modelo es el mismo. Asistencialismo y paternalismo con retórica revolucionaria. En últimas, más de lo mismo (bonos, misiones, subsidios). La inversión en planes y programas productivos se ha limitado a construir algún tipo de infraestructura, crear algunas cooperativas y nacionalizar unas empresas, pero no se ha atacado con fuerza y determinación integracionista la dependencia que existe de la exportación de materias primas y el escaso desarrollo tecnológico e industrial. 

El auge en los precios internacionales del petróleo y de los commodities creó la falsa ilusión de que esa era la vía del desarrollo. Los afanes de aislar políticamente al imperio estadounidense también llevaron a Chávez a crear bloques regionales como Petrocaribe, absolutamente dependientes del petróleo y del poder económico de Venezuela. La ilusión sirvió para calmar el hambre del pueblo pero no para fortalecer su capacidad organizativa ni para construir y consolidar un amplio equipo de dirigentes formados y capacitados para profundizar la revolución. Ya había sucedido en la URSS, Europa Oriental, Vietnam y China; ahora se repite.     

Es así como los “revolucionarios bolivarianos” terminaron administrando el Estado heredado, cuyo carácter colonial-capitalista le determina su condición de aparato burocrático, ineficiente, derrochador y profundamente corrupto. La carrera por ganar las continuas y seguidas elecciones locales, regionales, legislativas y presidenciales propició que casi la totalidad de los dirigentes “chavistas” se dedicaran a “gestionar la revolución por arriba” mientras el pueblo quedaba como espectador y simple votante. Se intentó resolver el problema colocándole el mote de “socialista” a cualquier idea o iniciativa, paralizando la capacidad crítica de las masas populares que identificaron socialismo con asistencialismo estatal.  

Pero además, la verdad, no se hicieron serios esfuerzos por avanzar en una creciente integración política, económica, empresarial y financiera de las naciones de Sudamérica. No porque el presidente Chávez no se lo propusiera sino porque la correlación de fuerzas de los gobiernos progresistas frente a la burguesías de los diversos países (incluyendo Venezuela), y la falta de claridad y voluntad de los dirigentes progresistas para fortalecer al movimiento popular, impidieron que los planes integracionistas tuvieran concreción real.

No se construyeron las herramientas económicas y políticas para hacer realidad la Patria Grande Latinoamericana. En el papel quedaron formuladas las propuestas: un banco fuerte e independiente del FMI, una moneda única regional, una política fiscal apropiada, una infraestructura petrolera, de transporte y comunicacional común. Nunca fue posible proponer la constitución de unas empresas transnacionales “propias” para poder competir en el mundo globalizado, menos que éstas empresas fueran incorporando un componente accionario en manos de los trabajadores y de los pequeños-medianos productores organizados. En general, la mayor parte de las propuestas que se hacían se quedaron en planes y en una retórica integracionista radical pero insulsa.

Hoy tenemos la arremetida imperial y cada uno tira para su lado. La ofensiva del imperio en el terreno económico se ha centrado por ahora en la reducción artificial de los precios del petróleo para golpear a Rusia e Irán, pero de contragolpe afecta también a países como Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia. La Patria Grande Latinoamericana está en veremos y no se observan ni los liderazgos ni los sujetos sociales capaces de darle un segundo aire a tan magna tarea. Los gobiernos se enfrentan a enormes desgastes en todos los terrenos y como pasa con Maduro, debe recurrir al “nacionalismo estrecho” provocando y utilizando el conflicto con Colombia para tratar de atenuar su crisis interna. Es lamentable que eso ocurra. 

Chávez fue un extraordinario líder popular. Formuló e impulsó con valentía y decisión un plan anti-imperialista para América Latina. El tiempo y la vida no le alcanzaron, pero su proyecto estaba determinado por unas condiciones estructurales de las sociedades y por unos limitantes ideológico-políticos que él posiblemente detectó pero no podía superar sólo con voluntad y entrega revolucionaria.

Heinz Dieterich Steffan ha venido planteando desde hace casi una década la caída del régimen “chavista”. Su crítica se ha centrado en la incapacidad de la dirigencia bolivariana de comprender su propuesta “científica” del “Socialismo del Siglo XXI”, que él considera era una fórmula aplicable en Latinoamérica tanto para derrotar el imperialismo como para avanzar en la construcción del “Bloque Regional de Poder”.

No vamos a controvertir ese planteamiento porque sería como enfrentar un acto de fe con otro. Sin embargo es necesario plantear que los seres humanos, las sociedades y sus dirigentes, de alguna manera responden a ciertas condiciones estructurales que determinan en parte sus acciones, y además, que los desarrollos de las ideas políticas e ideológicas, lo que Dieterich denomina “ignorancia política” (http://bit.ly/1MhiiXX) , también cumplen su papel en el devenir histórico y su estado de desarrollo exige una explicación histórica y “científica”. Las mayorías sociales piensan como viven. Generalmente la gente no vive como piensa, aunque existen excepciones notables. Es precisamente lo que se debe transformar.

Desarrollaremos en una segunda parte de este artículo el análisis de las condiciones estructurales y las limitaciones político-ideológicas de los procesos de cambio en América Latina, que nos ayuden a entender el devenir negativo, antipopular y anti-democrático de los ejercicios de gobierno de nuestros pueblos y países vecinos.

Esperamos aprender para poder navegar en “ríos revolucionarios” que por lo menos nos aproximen a los océanos que los trabajadores y los pueblos siempre han aspirado llegar. Por lo menos es nuestra pretensión poder avizorar y ojalá llegar a nadar en ellos… océanos de apropiación colectiva de nuestro destino. “¡No más salvadores supremos!”


E-mail: ferdorado@gmail.com / @ferdorado  

viernes, 28 de agosto de 2015

¿YA NO ES EL IMPERIO EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA "REVOLUCIÓN BOLIVARIANA"?

¿YA NO ES EL IMPERIO EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA "REVOLUCIÓN BOLIVARIANA"?

Bogotá, 28 de agosto de 2015

"La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas de los problemas y desdibujar la realidad."

François Houtart

El presidente Chávez consideraba a Uribe un "peón del imperio". Y estaba en lo cierto. Uribe en ese momento tenía el Poder y el gobierno. EE.UU. lo respaldaba y contaba con una fuerza paramilitar organizada que, a su vez, era apoyada por el ejército oficial. La mayoría de empresarios y terratenientes nacionales y extranjeros habían decidido jugársela con su política guerrerista. Además, aprovechó los graves errores de la guerrilla para construir un fuerte apoyo popular que es lo único que parcialmente le queda en la actualidad.

Ahora, las circunstancias son diferentes. La estrategia imperial no está centrada en una intervención armada inmediata en Venezuela y menos desde el exterior. Eso es cosa del pasado. Las "revoluciones de colores" son su método actual. Para ello están implementando la guerra económica –la de verdad–, que tiene como eje el auto-abastecimiento de petróleo utilizando la tecnología del fracking (gas de esquisto), bajar artificialmente los precios internacionales del combustible y, de contrapeso, debilitar la economía de países productores de hidrocarburos como Venezuela, Ecuador, Irán y otros.

De esa manera, preparan condiciones para generar la inconformidad popular, estimulando sobre todo a las clases medias para derrotar o derrocar a los gobiernos "indóciles" o que muestren cierto grado de independencia y autonomía. Los estrategas del imperio han aprendido de experiencias pasadas (Cuba, Nicaragua, Vietnam) en cuanto a entender que las operaciones armadas imperialistas con fuerzas extranjeras o mercenarias generan fuertes resistencias nacionalistas que no son fáciles de derrotar.

Esa nueva estrategia imperial requiere de los pueblos y gobiernos que desean mantener su independencia y soberanía, unas respuestas internas de carácter integral. No basta la alerta sobre la intervención extranjera. Se necesita coherencia en el manejo económico, construir una base productiva propia, apoyarse realmente en el pueblo para profundizar la revolución democrática en todos los aspectos: sociales, económicos, culturales, políticos e incluso espirituales. Para ello se necesita coherencia ideológica y estrategia política.

La "pequeña" guerra económica interna en Venezuela, que causa escasez y desabastecimiento de algunos productos, es resultado, por un lado, de la incapacidad del gobierno para organizar a la población para construir un nuevo aparato productivo y, simultáneamente, controlar el comercio exterior apoyándose en empresas sociales (cooperativas, mutuales, solidarias) y en monopolios estatales. Pero por otro lado, dicha guerra económica es producto de la resistencia de la burguesía parasitaria que se niega a aceptar su derrota política y económica, y utiliza todos los mecanismos legales e ilegales para mantener un negocio lucrativo y especulativo de importación de mercancías del exterior. La burguesía emergente también quiere heredar ese fabuloso negocio y desde el gobierno ha saboteado la línea que trazó el presidente Chávez.  

Estas verdades las conocen y las repiten a diario los principales dirigentes bolivarianos de Venezuela. Lo dejó escrito y grabado en sus discursos el presidente Chávez. Pero no ha sido fácil implementarlas por cuanto la burguesía emergente ha ido copando los espacios de dirección del "proceso de cambio", y ella no está interesada en profundizar la revolución. Sólo le interesa mantenerse en el gobierno, controlar la renta petrolera y reemplazar a la burguesía parasitaria entreguista y pro-imperialista.

Maduro es consciente de esta situación. Sin embargo, debido al deterioro de la situación interna, se ve obligado a recurrir al nacionalismo estrecho, a la demagogia anti-colombianista que todos los gobiernos venezolanos –de derecha o de izquierda– han utilizado en el pasado para ganar apoyo popular y triunfar en las elecciones.

Es por ello que Maduro hizo lo que hizo.

La campaña contra el paramilitarismo y la delincuencia de origen colombiano

Ahora Maduro quiere convertir a Uribe en el enemigo principal. Con la consigna de que la causa de los problemas de Venezuela está en la acción paramilitar que llega desde Colombia, y la utilización por esas fuerzas ilegales del contrabando, el bachaqueo y todo tipo de delitos, se pretende radicalizar a los venezolanos contra el supuesto enemigo externo, que ya no es el imperio sino un debilitado Uribe. Éste lo único que está buscando con su pataleo es negociar su propia impunidad y la de sus cómplices, y aprovecha el momento para generar ruido. Nada más.

Estudios muy serios de académicos venezolanos demuestran que la presencia de diferentes clases de violencias y de diversas expresiones de la delincuencia, no sólo se observa en la frontera con Colombia sino que está presente en todo el territorio nacional venezolano. Y además, identifican como las causas más visibles, primero, el deterioro de la situación económica del país y, segundo, a la corrupción de las mismas fuerzas armadas (Guardia Naciona y Ejército) y de las autoridades civiles (Ver. http://bit.ly/1NYyjPu).

Para enfrentar estos flagelos se requiere una política integral de seguridad que obliga al Estado a apoyarse en el pueblo. Pero esa línea política, que ideó el presidente Chávez, implicaba atacar al burocratismo, la corrupción y los intereses de la burguesía emergente, y ello no ha sido ni va a ser posible en el corto plazo. Es más fácil utilizar un enemigo externo, discriminar y golpear a inermes colombianos de la frontera, hacer apariencia de mano fuerte, mostrar shows mediáticos y paralelamente, engrandecer a Uribe.

Las consecuencias para el gobierno de Santos y el proceso de paz

El actual "incidente" con Venezuela, va a traer consecuencias inmediatas para el proceso de paz en Colombia. Es un hecho que el cierre de la frontera de forma unilateral es un acto inamistoso y grave. Afecta a colombianos y venezolanos de la frontera, lesiona intereses económicos, deteriora la confianza entre los dos gobiernos, y – de la forma como se realizó la expulsión de más de un millar de colombianos – es una violación flagrante de los derechos humanos de esas personas inmigrantes y desplazadas.

Santos, así él no lo quiera ni Maduro tampoco, es el gran damnificado. Su debilidad es manifiesta y trágica. Su cara de susto y la actitud temerosa de sus funcionarios en el discurso del pasado martes 25 de agosto, así lo delata. Le faltó decir que el presidente Maduro no le pasa al teléfono. Lo único que Santos realmente ofreció en esa intervención televisada, fue conseguir camiones y permiso con el gobierno de Venezuela para ayudarles a los colombianos a traer sus "corotos". ¡Qué desgracia y qué indignidad!

El presidente colombiano ha quedado en medio de un emparedado. Está atrapado entre la teoría del complot imperial y paramilitar, que respalda el expresidente Samper desde la UNASUR, las FARC y algunas fuerzas políticas de izquierda colombianas, y los análisis de diversos sectores políticos que identifican los problemas de Venezuela con la corrupción, la mala gestión económica, el derroche, la agudización de la dependencia del petróleo, el fracaso en la generación de nuevas áreas productivas y el paternalismo excesivo, entre otras.

Así, el presidente Santos ha mostrado una enorme indecisión y debilidad. No pudo identificar a tiempo que Maduro va con todo pensando en las elecciones de diciembre. Creía –equivocadamente–, que un tratamiento diplomático prudente y bilateral podría hacer recapacitar al gobierno venezolano para reabrir la frontera y darle un tratamiento legal y humanitario a los inmigrantes colombianos, especialmente a los ilegales e indocumentados. Pero se equivocó de cabo a rabo.   

Se argumenta que Santos actuaba de esa manera para proteger el "proceso de paz". Sin embargo, los hechos demuestran que el mayor riesgo para ese proceso es la inmensa debilidad de Santos. Ahora, su posición se ha debilitado más, mucho más cuando las FARC han salido a respaldar al gobierno bolivariano. La tensión entre los dos gobiernos y países va a crecer, y la paz negociada entrará en un enfriador por un buen lapso de tiempo.

Uribe ha recibido un segundo aire de Maduro, una oportunidad de oro, no para sabotear el proceso de paz sino para debilitar a Santos. Así podrá obtener mayores ventajas en el proceso de negociación de su impunidad.

Mientras tanto, la crisis económica y fiscal que avanza a diario en ambos países le pondrá su toque de realismo a un ambiente político cada vez más caldeado y confuso, en donde la polarización juega a favor de quienes acusan a Santos de frágil e incoherente. La tormenta recién arrecia y el grifo que abrió Maduro tal vez se convierta en un río y en una avalancha. Ojalá no sea así.     

NOTA: Los medios de comunicación colombianos han hecho su fiesta contra el régimen bolivariano. Ahora son solidarios con los colombianos expulsados de Venezuela pero nunca han dicho nada con los expulsados y desplazados de El Quimbo, Ituango, indígenas de Corinto o "invasores" de lotes en muchas ciudades que son desalojados a sangre y fuego.


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martes, 18 de agosto de 2015

ECUADOR: UN MEDIDOR DE LOS “PROCESOS DE CAMBIO”

ECUADOR: UN MEDIDOR DE LOS “PROCESOS DE CAMBIO”
Popayán, 18 de agosto de 2015
Lo que está ocurriendo en Ecuador es el más perfecto medidor de la evolución de los denominados “procesos de cambio” de América Latina, especialmente de Sudamérica. Nos sirve, así mismo, para entender la situación que viven los gobiernos de Maduro y Rousseff, y avizorar lo que puede suceder en Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile. Pero también es un referente para países como México, Colombia, Perú, Paraguay, El Salvador y otros.
Ello es así porque en   Ecuador es donde la derrota de la oligarquía tradicional y el ascenso al gobierno de la denominada “revolución ciudadana” encabezada por el actual presidente Rafael Correa, tuvo como antecedente una sostenida rebelión popular liderada por los pueblos indígenas que fue capaz de derrocar consecutivamente a tres presidentes de corte neoliberal (Mahuad, Bucaram y Gutiérrez) durante la década de los años 90s del siglo XX.
Fue por eso que el gobierno progresista contó desde el principio con un fuerte apoyo popular que fue la base para lograr importantes realizaciones políticas y administrativas. Se aprobó la más avanzada Constitución Política en cuanto a plurinacionalidad, derechos de la naturaleza y reivindicación del Sumak kawsay (“Bien o Buen Vivir”). Se pudo plantear la moratoria de la Deuda Pública, la auditoría y renegociación de la misma, el desalojo de la base militar de Manta por USA, el asilo político para Julián Assange, director de WikiLeaks y otra serie de confrontaciones con el imperio estadounidense, especialmente.
Por ello es tan importante hacer el seguimiento a lo que ocurre en Ecuador.
El paro, las movilizaciones y protestas
Dos tipos de movilización contra el gobierno de Correa se han entrelazado en este mes de agosto. Una, proviene de las protestas de junio frente a los intentos del gobierno de gravar la plusvalía y las herencias, qué hábilmente fue manipulada por la oligarquía y la derecha tradicional. La otra, recoge la inconformidad de sectores sociales como los indígenas, trabajadores del Estado y pensionados que se sienten afectados por políticas del gobierno.
Lo observado durante la marcha del 13 de agosto es que el llamado al Paro Nacional no tiene la fuerza suficiente para “desestabilizar” al gobierno. Los manifestantes en Quito fueron entre 100 y 150 mil, según diversos cálculos. Los bloqueos de carreteras se localizaron principalmente en el suroriente del país pero no tuvieron la contundencia mostrada durante los levantamientos indígenas de finales del siglo pasado. Además, el movimiento mismo es una sumatoria de reivindicaciones sectoriales sin cohesión política.
El gobierno llamó a realizar una contra-marcha con concentración en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carandolet, que contó con participación de algunas organizaciones sociales adeptas al gobierno que movilizó aproximadamente 35.000 personas, según los cálculos más optimistas. Allí intervino el presidente Correa afirmando que el “paro era un fracaso” y que tenía un carácter desestabilizador. 
Motivos de las actuales protestas
Los indígenas plantean que Correa no ha desarrollado la Constitución en el tema de la plurinacionalidad. Según su percepción, no se ha avanzado en la reforma agraria, la ley de aguas beneficia a los grandes empresarios agrarios y los proyectos extractivistas minero-energéticos avanzan sin ofrecer garantías sociales y ambientales. Los trabajadores están inconformes por la política de fijar topes salariales y pensionales. Plantean la aprobación de un Estatuto Orgánico de Trabajo. Además apoyan a los pensionados en su rechazo al recorte del 40% del subsidio hecho por el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguros Sociales IESS, lo que consideran es una “estatización” abusiva de ese instituto.
Lo que de alguna manera unifica a estas protestas, es su oposición a las enmiendas constitucionales (http://bit.ly/1IXiUxM) que el gobierno impulsa en la Asamblea Nacional, en donde tiene las mayorías necesarias para aprobarlas, entre las cuales la más importante es la de la reelección indefinida. Detrás de ese objetivo está la matriz ideológica que ha construido la oligarquía y el imperio usando los medios de comunicación en el sentido de que el gobierno de Correa es una dictadura, que es un gobierno autoritario, que el ejecutivo ha monopolizado los poderes judicial, legislativo y electoral, y que ha cercenado las libertades públicas, especialmente el derecho a la “libre información” (libertad de prensa).
Causas de las protestas
Ya en junio se habían presentado numerosas protestas contra los proyectos de ley de impuestos a la plusvalía y a las herencias que obligaron al gobierno a modificar algunos aspectos de esas normas. Sin embargo Correa se había reafirmado en su posición de aprobarlas con el argumento de que sólo afectan al 2% de la población. “Se busca redistribuir la riqueza y dichas leyes no afectarán a la clase media ni pobre, sólo a los ricos” (http://bit.ly/1IXilEb).
Ahora, en agosto, frente a la movilización de los indígenas, trabajadores y pensionados, el presidente Correa se ha mostrado intransigente. Desde hace varios meses el FUT y diversas organizaciones sociales y de los trabajadores han presionado al gobierno para llegar a acuerdos, pero no han encontrado una disposición gubernamental de diálogo, a pesar de que en junio el gobierno llamó al diálogo pero bajo el presupuesto de que no iba a echar atrás sus iniciativas de ley.
El presidente Correa caracteriza toda protesta con intentos golpistas y desestabilizadores dirigidos por la oligarquía y la derecha tradicional. Sobre la base de encuestas que le dan una favorabilidad superior al 60%, ha asumido una actitud que muchos califican de “prepotente y soberbia”. El antecedente de esa actitud, sobre todo frente a la dirigencia indígena y de algunas organizaciones sindicales orientadas por sectores de izquierda, es que Correa no perdona las alianzas que esos dirigentes hicieron en el pasado con agrupaciones políticas de derecha y sus relaciones con ONGs financiadas desde el exterior. Así, las bases sociales pagan por los errores de sus directivas.
El entorno internacional
La actual situación no se puede entender si no identificamos la nueva estrategia imperial para el continente americano. Consiste en combinar la “normalización” de relaciones diplomáticas con los diferentes países, entre ellos Cuba, Brasil y Venezuela, pero a la vez, profundizar la guerra económica que mediante diversas acciones adelanta a nivel global.
Así, la recolonización imperial del sub-continente latinoamericano asume nuevas facetas. Su actitud en la Cumbre de Las Américas en Panamá el pasado mes de abril, lo corrobora. Lo ocurrido en Cuba con la reapertura de la embajada de los EE.UU. es un triunfo de la revolución cubana pero es, además, una jugada estratégica del imperio. La crisis económica es la que juega detrás y la confrontación geopolítica entre los bloques de poder global es lo que está a la orden del día.
La estrategia civilista y pacífica de los pueblos sudamericanos obligó a Obama a cambiar su estrategia. Ahora la guerra económica es más efectiva. Sabe que China y Rusia avanzan en la región. La caída de los precios internacionales –forzada por los EE.UU. (fracking y alianza estrecha con Arabia Saudita) –, y la correspondiente revaluación del dólar y devaluación de nuestras monedas, ha disparado hacia arriba la Deuda Pública de todos los países dependientes. Además pone en muchos aprietos fiscales inmediatos a países como Ecuador, que no puede devaluar su moneda porque su economía está “dolarizada”.
En todos los países latinoamericanos esa “guerra económica” que se entrelaza con la crisis económica global que viene desde 2007 (recesión en Europa, Japón, Rusia y China), se ha empezado a sentir con relativa fuerza. Todos los gobiernos preparan reformas tributarias y ajustes fiscales. Es lo que ha obligado al gobierno del Ecuador a impulsar esas leyes que aprueban nuevos impuestos y reestructuran un instituto tan sensible como el IESS. Hay que recordar que Ecuador es la “Grecia latinoamericana” al tener su moneda amarrada al dólar.
La situación interna
Es claro que la dolarización de la economía del Ecuador no la hizo Correa. Sin embargo, la sufre y debe afrontar sus consecuencias. Ello permite explicar por qué Correa ha tenido que aplicar políticas que empiezan a tocar a sectores populares y que muchos califican como neoliberales. No es un asunto de culpas o buenas intenciones. Son hechos objetivos.
Uno de los problemas que se observan en Correa y demás “procesos de cambio” es que al llegar al gobierno pierden la capacidad crítica y empiezan a ubicar a todos los que cuestionen sus políticas como enemigos, traidores y golpistas. Y claro, esa actitud los separa inmediatamente de los movimientos y organizaciones sociales que contribuyeron con la derrota de la oligarquía y que han adquirido una relativa autonomía.
Al actuar de esa manera “defensiva” empiezan a transitar por el camino de cederle terreno a sectores de la burguesía “emergente” que se introduce en los procesos de cambio para detenerlos y convertirlos en herramientas para canalizar la renta petrolera y el presupuesto estatal hacia sus intereses (en todos los países ha aparecido esa burguesía “emergente” que le disputa el control de esa renta a la oligarquía tradicional).
En esa dinámica están los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador. La neutralización del proceso de cambio a manos de sectores burgueses ha impedido la profundización de la “revolución”: la reforma agraria ha quedado paralizada, la plurinacionalidad se quedó en el papel, las organizaciones sociales se han dividido y el movimiento popular se ha debilitado. Ante la presión del imperio y el capital transnacional, los gobiernos tienen que retroceder. Y entonces, todo empieza a depender del caudillo y de la “gestión por arriba”.
Las clases y sectores de clase, los movimientos sociales y los partidos políticos
De manera breve y sintética presentamos una mirada sobre este tema. En los países en donde el pueblo derrotó plenamente a la oligarquía y a la derecha tradicional usando su propia legalidad, o sea, las elecciones, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, se han presentado fenómenos muy similares. La oligarquía tradicional se atrincheró en regiones en donde es fuerte política y económicamente: Táchira-Zulia en Venezuela, Guayaquil en Ecuador y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
Esa oligarquía tradicional está representada por la burguesía transnacionalizada, más comercial que productiva, y antiguos terratenientes hoy reconvertidos en grandes empresarios del campo. Fueron derrotados políticamente, desplazados del gobierno, pero conservan su fuerza económica y un gran poder político que se apoya en instituciones gremiales, la iglesia, sectores conservadores de la justicia y, sobre todo, en los medios de comunicación. El nuevo “partido de la desinformación” es el que unifica a los diversos partidos políticos que representan a esa vieja, entreguista y antinacional oligarquía.
Por otro lado, aparece lo que denominamos “burguesía emergente”. Está compuesta por sectores de la burguesía burocrática, algunos empresarios díscolos e independientes, nueva burguesía surgida de la acumulación de capitales provenientes del narcotráfico, minería ilegal y otras actividades “no lícitas”. Esta burguesía emergente se “pega” muy rápidamente al proceso de cambio. Ven la oportunidad de disputarle la renta petrolera y minera a la gran burguesía, controlar y manejar en su beneficio el presupuesto estatal y frenar algunas políticas “revolucionarias” que podrían afectarlos. Apoyan las políticas que salvaguardan la producción nacional pero no ven con buenos ojos las medidas que los aíslen del mercado internacional. La política monetaria y laboral hace parte de las tensiones con los dirigentes “del proceso”, y en el caso de Bolivia y Ecuador, la política indígena es uno de los motivos de mayor tensión dentro y fuera del gobierno, especialmente el derecho a la consulta previa.
La pequeña burguesía, las capas medias de pequeños y medianos productores, comerciantes  y profesionales precariados (nueva clase trabajadora o nuevo proletariado), tanto de la ciudad como del campo, ya sean “blancos”, mestizos, indígenas o afrodescendientes, se constituyen en la base social más fuerte del proceso de cambio. En Venezuela los jóvenes profesionales no han sido jalonados totalmente por el “chavismo” por cuanto la influencia ideológica de la burguesía parasitaria pro-norteamericana los ha podido neutralizar, con la consigna de que Venezuela va a quedar aislado del mundo al estilo cubano.
Los trabajadores asalariados en general apoyan los procesos de cambio. Los desempleados y sectores informales cogen para donde el viento tira con más fuerza. Los subsidios son su gancho pero éstos pueden ser ofrecidos también por la derecha, como ocurrió en Colombia con Uribe. Los trabajadores del Estado (educación, salud y de servicios públicos), acostumbrados a décadas de manejo burocrático del Estado, reaccionan en forma dual. Apoyan la desprivatización de entidades y la “recuperación de lo público” pero cuando los gobiernos aprietan exigiendo mayor calidad, más disciplina y responsabilidad en la prestación de los servicios públicos, se ponen a la defensiva y muchas veces se enfrentan a los gobiernos con actitudes sectoriales y estrechas (sindicaleras) que en ocasiones son utilizadas por la derecha para poner en aprietos a los gobiernos.
Ese comportamiento de las diferentes clases y sectores de clase se manifiesta en la actitud de los movimientos sociales y partidos políticos. La verdad es que en ninguno de los países de la región se aprecia madurez en ese terreno. Los movimientos sociales se han vuelto añicos fruto de la división y dispersión de los partidos políticos que influyen en ellos. Los gobiernos, por afanes electoreros –base mal entendida de su poder– cogen el camino más fácil y cooptan dirigentes mediante ofrecimientos burocráticos u otros métodos no muy dignos o non sanctus, dividiendo y debilitando al movimiento popular.
Algunos sectores de izquierda que construyeron sus bases durante los últimos 40 años al interior de los trabajadores del Estado no logran entender el momento y vacilan entre reducir su acción a defender los estrechos intereses de esos trabajadores o disputarle la dirección del proceso a la pequeña-burguesía. La mayor de las veces terminan por aislarse de los “movimientos democráticos” que se forman como expresión política de los “procesos de cambio” y se lanzan a la oposición, aislándose del conjunto de la población, supuestamente en defensa de la revolución anti-imperialista, proletaria y socialista.
Otros partidos de izquierda, con fuerza en sectores barriales o campesinos, se suman a los “procesos de cambio” pero en calidad de acompañantes, colaboradores, solidarios, sin arriesgarse a disputar la dirección del movimiento, básicamente porque no logran superar el “síndrome de oposición” y no tienen iniciativa política. Se limitan a repetir su credo marxista pero no elaboran ni presentan propuestas para enfrentar el duro reto que es ser gobierno de unos países subordinados al gran capital financiero internacional, endeudados, des-industrializados y completamente dependientes de los ingresos del petróleo, gas u otras materias primas.
En ese marco los partidos de la oligarquía, burguesía emergente, clases medias y sectores populares se van alineando en dos grandes bloques: los que están en el gobierno y los que están contra el gobierno. Esa polarización impide que las voces críticas se hagan escuchar. Y en esa tragedia, la estrategia electoral, el inmediatismo, las lealtades obsecuentes y cómplices, el coyunturalismo y el pragmatismo se van imponiendo. Ello explica las alianzas que han realizado en Ecuador dirigentes indígenas y líderes sindicales de izquierda con la derecha golpista de Nebot. Y también nos permite entender –aunque no justificar–, las alianzas que se dieron en las elecciones pasadas en Bolivia, entre el MAS y agentes de la oligarquía derechista en varias provincias y municipios.      
El balance del momento actual
La mayoría de la población hoy está con Correa. Esas mayorías valoran positivamente las   realizaciones en diferentes áreas de su administración. Su gobierno ha manejado mucho mejor que los venezolanos el auge de los precios del petróleo y los commodities. Ha mostrado capacidad de ejecución e iniciativa política. Construye y muestra obras. Se comunica con la gente y no se esconde. Evo Morales lo emula y ambas poblaciones los premian.
Sin embargo Correa no tiene un proyecto revolucionario. No se apoya de verdad en movimientos sociales autónomos o en una “ciudadanía” organizada o en proceso de organización. Un “nuevo clientelismo” estatal ha sacado la cabeza. Por más retórica revolucionaria que dispare en sus discursos, al igual que hacia Chávez, su práctica se basa en la gestión, más de las veces burocrática que transparente y ética, de un Estado Heredado de tipo “colonial”[1]. Su proyecto es desarrollista burgués con retórica nacionalista, anti-imperialista y supuestamente socialista. Igual que Maduro y Evo.
Así mismo, la dirigencia indígena –desde mi perspectiva– no tiene claridad. Ha cometido muchos errores. Es conservadora y sectorial. Un sector de ellos está infiltrado por ONGs “indigenistas” que pueden, si no lo son ya, convertirse en agentes, conscientes o inconscientes, de la estrategia imperial que trata de “balcanizar” los países que están en proceso de independencia. Así lo han hecho en Libia, lo hacen en Siria y el Medio Oriente, y lo trabajan en Colombia y en Bolivia.
Algunos sectores intelectuales, que contribuyen con el movimiento social y popular, que fueron protagonistas en la elaboración y aprobación de la Constitución, creen ilusamente que el movimiento de protesta actual se hace para rescatar lo aprobado en Montecristi. Sin embargo esa visión sólo la comparte un pequeño núcleo de dirigentes que, según veo, políticamente no son muy duchos. Caen de cierta manera en una especie de “legalismo constitucional” y tienden al “fundamentalismo ambientalista” que los lleva a aislarse del conjunto de la población que comprenden fácilmente a Correa cuando éste plantea que si no se extrae el petróleo, el oro o el cobre… ¿con qué dinero o recursos el gobierno va a pagar la nómina estatal, a entregar los subsidios o a realizar obras?
Las posibles soluciones
Las alternativas son varias y claro, no son fórmulas que puedan resolver los problemas de un momento para otro, pero esas soluciones deben surgir de procesos de concertación con la población organizada que muestren una dirección de cambio. Una de las fórmulas no es otra que fortalecer la “democracia con el pueblo”, ser más autocríticos, aceptar que existen sectores “opositores no golpistas” y llegar a acuerdos con ellos, e incluso, así no se llegue a acuerdos, asumir una actitud diferente a la que se asume con la verdadera derecha golpista. Es claro que la dirigencia de las organizaciones sociales también ha cometido graves errores pero las bases sociales no tienen por qué pagar los platos rotos.
Pero además, los pueblos y los gobiernos deben entender que sin la construcción y consolidación de un Bloque Latinoamericano o por lo menos, Sudamericano, nuestros países quedan sometidos a los imperios (EE.UU - UE), y también a las nuevas potencias Rusia y China. La burguesía de Brasil también sueña con convertirse en un sub-imperio. El problema es que los gobiernos progresistas, al no lograr construir un movimiento social fuerte y coherente, rápidamente les cede espacios de poder y de gobierno a las burguesías locales y el proyecto regional muere. Sólo Chávez era realmente consecuente con ese proyecto.
Hoy los gobiernos progresistas están a la defensiva y no perciben que algunas reivindicaciones populares como plurinacionalidad, reforma agraria, control social y ambiental del extractivismo, construcción de bases industriales propias, más democracia, respeto a la autonomía de las organizaciones sociales, no sólo son razonables sino necesarias, y que debe haber una concertación en torno de ellas para ir avanzando paulatina pero consistentemente en políticas anti-neoliberales que avizoren –con paciencia, prudencia y capacidad de aprendizaje– caminos y procesos post-capitalistas.
No se puede “saltar al vacío”. No es posible romper con el sistema capitalista de un momento a otro, y menos en cada país por separado. El bloque regional tendría que construir paulatinamente nuevas formas de economía. Organizar grandes empresas transnacionales pero latinoamericanas del petróleo, gas, energía eléctrica, café, banano, cobre, oro, turismo, construcción de infraestructura, procesadoras y comercializadoras a nivel internacional de productos elaborados  a partir de nuestras materias primas, ojalá gestionadas y administradas con enfoques y prácticas de “Pro-comunes colaborativos”, donde sean mayoría los pequeños y medianos productores y los trabajadores, y en donde los Estados nacionales asociados en una gran Confederación o Patria Grande Latinoamericana sirvan de soporte financiero, técnico y legal.
En ese proceso tendríamos que avanzar con mucha flexibilidad, apoyándonos en alianzas estratégicas con sectores de las burguesías locales pero paralelamente construyendo procesos organizativos de los trabajadores y pequeños productores que vayan más allá de la protesta y construyan Democracia Directa (pro-comunes colaborativos) en todas las áreas de la vida social.
Ello es posible hacerlo. Todo depende de la actitud, no sólo de los gobiernos sino principalmente de la dirigencia de los trabajadores y del pueblo. De lo contrario, ayudaremos – seguramente en forma involuntaria e inconsciente – al regreso de la oligarquía neoliberal o a la conversión de los “procesos de cambio” en bonapartismos latinoamericanos.
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[1] El concepto de Estado Colonial se plantea a partir de la visión de Aníbal Quijano. “Colonialidad del Poder”.