ECUADOR: UN MEDIDOR DE LOS “PROCESOS DE CAMBIO”
Popayán, 18 de agosto de
2015
Lo que está ocurriendo en Ecuador es el más perfecto medidor
de la evolución de los denominados “procesos de cambio” de América Latina,
especialmente de Sudamérica. Nos sirve, así mismo, para entender la situación
que viven los gobiernos de Maduro y Rousseff, y avizorar lo que puede suceder
en Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile. Pero también es un referente para países
como México, Colombia, Perú, Paraguay, El Salvador y otros.
Ello es así porque en Ecuador
es donde la derrota de la oligarquía tradicional y el ascenso al gobierno de la
denominada “revolución ciudadana” encabezada por el actual presidente Rafael
Correa, tuvo como antecedente una sostenida rebelión popular liderada por los
pueblos indígenas que fue capaz de derrocar consecutivamente a tres presidentes
de corte neoliberal (Mahuad, Bucaram y Gutiérrez) durante la década de los años
90s del siglo XX.
Fue por eso que el gobierno progresista contó desde el
principio con un fuerte apoyo popular que fue la base para lograr importantes realizaciones
políticas y administrativas. Se aprobó la más avanzada Constitución Política en
cuanto a plurinacionalidad, derechos de la naturaleza y reivindicación del Sumak
kawsay (“Bien o Buen Vivir”). Se pudo plantear la moratoria de la Deuda Pública,
la auditoría y renegociación de la misma, el desalojo de la base militar de
Manta por USA, el asilo político para Julián Assange, director de WikiLeaks y
otra serie de confrontaciones con el imperio estadounidense, especialmente.
Por ello es tan importante hacer el seguimiento a lo que
ocurre en Ecuador.
El paro, las
movilizaciones y protestas
Dos tipos de movilización contra el gobierno de Correa se han
entrelazado en este mes de agosto. Una, proviene de las protestas de junio
frente a los intentos del gobierno de gravar la plusvalía y las herencias, qué
hábilmente fue manipulada por la oligarquía y la derecha tradicional. La otra,
recoge la inconformidad de sectores sociales como los indígenas, trabajadores
del Estado y pensionados que se sienten afectados por políticas del gobierno.
Lo observado durante la marcha del 13 de agosto es que el
llamado al Paro Nacional no tiene la fuerza suficiente para “desestabilizar” al
gobierno. Los manifestantes en Quito fueron entre 100 y 150 mil, según diversos
cálculos. Los bloqueos de carreteras se localizaron principalmente en el
suroriente del país pero no tuvieron la contundencia mostrada durante los
levantamientos indígenas de finales del siglo pasado. Además, el movimiento mismo
es una sumatoria de reivindicaciones sectoriales sin cohesión política.
El gobierno llamó a realizar una contra-marcha con
concentración en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carandolet,
que contó con participación de algunas organizaciones sociales adeptas al
gobierno que movilizó aproximadamente 35.000 personas, según los cálculos más
optimistas. Allí intervino el presidente Correa afirmando que el “paro era un
fracaso” y que tenía un carácter desestabilizador.
Motivos de las actuales
protestas
Los indígenas plantean que Correa no ha desarrollado la
Constitución en el tema de la plurinacionalidad. Según su percepción, no se ha
avanzado en la reforma agraria, la ley de aguas beneficia a los grandes
empresarios agrarios y los proyectos extractivistas minero-energéticos avanzan
sin ofrecer garantías sociales y ambientales. Los trabajadores están
inconformes por la política de fijar topes salariales y pensionales. Plantean
la aprobación de un Estatuto Orgánico de Trabajo. Además apoyan a los
pensionados en su rechazo al recorte del 40% del subsidio hecho por el gobierno
al Instituto Ecuatoriano de Seguros Sociales IESS, lo que consideran es una
“estatización” abusiva de ese instituto.
Lo que de alguna manera unifica a estas protestas, es su
oposición a las enmiendas constitucionales (http://bit.ly/1IXiUxM)
que el gobierno impulsa en la Asamblea Nacional, en donde tiene las mayorías
necesarias para aprobarlas, entre las cuales la más importante es la de la
reelección indefinida. Detrás de ese objetivo está la matriz ideológica que ha
construido la oligarquía y el imperio usando los medios de comunicación en el
sentido de que el gobierno de Correa es una dictadura, que es un gobierno
autoritario, que el ejecutivo ha monopolizado los poderes judicial, legislativo
y electoral, y que ha cercenado las libertades públicas, especialmente el
derecho a la “libre información” (libertad de prensa).
Causas de las
protestas
Ya en junio se habían presentado numerosas protestas contra
los proyectos de ley de impuestos a la plusvalía y a las herencias que
obligaron al gobierno a modificar algunos aspectos de esas normas. Sin embargo Correa
se había reafirmado en su posición de aprobarlas con el argumento de que sólo afectan
al 2% de la población. “Se busca redistribuir la riqueza y dichas leyes no
afectarán a la clase media ni pobre, sólo a los ricos” (http://bit.ly/1IXilEb).
Ahora, en agosto, frente a la movilización de los indígenas, trabajadores
y pensionados, el presidente Correa se ha mostrado intransigente. Desde hace
varios meses el FUT y diversas organizaciones sociales y de los trabajadores han
presionado al gobierno para llegar a acuerdos, pero no han encontrado una
disposición gubernamental de diálogo, a pesar de que en junio el gobierno llamó
al diálogo pero bajo el presupuesto de que no iba a echar atrás sus iniciativas
de ley.
El presidente Correa caracteriza toda protesta con intentos
golpistas y desestabilizadores dirigidos por la oligarquía y la derecha
tradicional. Sobre la base de encuestas que le dan una favorabilidad superior
al 60%, ha asumido una actitud que muchos califican de “prepotente y soberbia”.
El antecedente de esa actitud, sobre todo frente a la dirigencia indígena y de
algunas organizaciones sindicales orientadas por sectores de izquierda, es que
Correa no perdona las alianzas que esos dirigentes hicieron en el pasado con
agrupaciones políticas de derecha y sus relaciones con ONGs financiadas desde el
exterior. Así, las bases sociales pagan por los errores de sus directivas.
El entorno
internacional
La actual situación no se puede entender si no identificamos
la nueva estrategia imperial para el continente americano. Consiste en combinar
la “normalización” de relaciones diplomáticas con los diferentes países, entre
ellos Cuba, Brasil y Venezuela, pero a la vez, profundizar la guerra económica
que mediante diversas acciones adelanta a nivel global.
Así, la recolonización imperial del sub-continente latinoamericano
asume nuevas facetas. Su actitud en la Cumbre de Las Américas en Panamá el
pasado mes de abril, lo corrobora. Lo ocurrido en Cuba con la reapertura de la
embajada de los EE.UU. es un triunfo de la revolución cubana pero es, además,
una jugada estratégica del imperio. La crisis económica es la que juega detrás
y la confrontación geopolítica entre los bloques de poder global es lo que está
a la orden del día.
La estrategia civilista y pacífica de los pueblos
sudamericanos obligó a Obama a cambiar su estrategia. Ahora la guerra económica
es más efectiva. Sabe que China y Rusia avanzan en la región. La caída de los
precios internacionales –forzada por los EE.UU. (fracking y alianza estrecha
con Arabia Saudita) –, y la correspondiente revaluación del dólar y devaluación
de nuestras monedas, ha disparado hacia arriba la Deuda Pública de todos los
países dependientes. Además pone en muchos aprietos fiscales inmediatos a
países como Ecuador, que no puede devaluar su moneda porque su economía está “dolarizada”.
En todos los países latinoamericanos esa “guerra económica”
que se entrelaza con la crisis económica global que viene desde 2007 (recesión
en Europa, Japón, Rusia y China), se ha empezado a sentir con relativa fuerza.
Todos los gobiernos preparan reformas tributarias y ajustes fiscales. Es lo que
ha obligado al gobierno del Ecuador a impulsar esas leyes que aprueban nuevos
impuestos y reestructuran un instituto tan sensible como el IESS. Hay que
recordar que Ecuador es la “Grecia latinoamericana” al tener su moneda amarrada
al dólar.
La situación interna
Es claro que la dolarización de la economía del Ecuador no la
hizo Correa. Sin embargo, la sufre y debe afrontar sus consecuencias. Ello
permite explicar por qué Correa ha tenido que aplicar políticas que empiezan a
tocar a sectores populares y que muchos califican como neoliberales. No es un
asunto de culpas o buenas intenciones. Son hechos objetivos.
Uno de los problemas que se observan en Correa y demás “procesos
de cambio” es que al llegar al gobierno pierden la capacidad crítica y empiezan
a ubicar a todos los que cuestionen sus políticas como enemigos, traidores y
golpistas. Y claro, esa actitud los separa inmediatamente de los movimientos y
organizaciones sociales que contribuyeron con la derrota de la oligarquía y que
han adquirido una relativa autonomía.
Al actuar de esa manera “defensiva” empiezan a transitar por
el camino de cederle terreno a sectores de la burguesía “emergente” que se
introduce en los procesos de cambio para detenerlos y convertirlos en
herramientas para canalizar la renta petrolera y el presupuesto estatal hacia
sus intereses (en todos los países ha aparecido esa burguesía “emergente” que
le disputa el control de esa renta a la oligarquía tradicional).
En esa dinámica están los gobiernos de Bolivia, Venezuela y
Ecuador. La neutralización del proceso de cambio a manos de sectores burgueses ha
impedido la profundización de la “revolución”: la reforma agraria ha quedado
paralizada, la plurinacionalidad se quedó en el papel, las organizaciones
sociales se han dividido y el movimiento popular se ha debilitado. Ante la
presión del imperio y el capital transnacional, los gobiernos tienen que
retroceder. Y entonces, todo empieza a depender del caudillo y de la “gestión
por arriba”.
Las clases y
sectores de clase, los movimientos sociales y los partidos políticos
De manera breve y sintética presentamos una mirada sobre este
tema. En los países en donde el pueblo derrotó plenamente a la oligarquía y a
la derecha tradicional usando su propia legalidad, o sea, las elecciones, como
Venezuela, Ecuador y Bolivia, se han presentado fenómenos muy similares. La
oligarquía tradicional se atrincheró en regiones en donde es fuerte política y
económicamente: Táchira-Zulia en Venezuela, Guayaquil en Ecuador y Santa Cruz
de la Sierra en Bolivia.
Esa oligarquía tradicional está representada por la burguesía
transnacionalizada, más comercial que productiva, y antiguos terratenientes hoy
reconvertidos en grandes empresarios del campo. Fueron derrotados
políticamente, desplazados del gobierno, pero conservan su fuerza económica y
un gran poder político que se apoya en instituciones gremiales, la iglesia,
sectores conservadores de la justicia y, sobre todo, en los medios de
comunicación. El nuevo “partido de la desinformación” es el que unifica a los
diversos partidos políticos que representan a esa vieja, entreguista y
antinacional oligarquía.
Por otro lado, aparece lo que denominamos “burguesía
emergente”. Está compuesta por sectores de la burguesía burocrática, algunos
empresarios díscolos e independientes, nueva burguesía surgida de la acumulación
de capitales provenientes del narcotráfico, minería ilegal y otras actividades
“no lícitas”. Esta burguesía emergente se “pega” muy rápidamente al proceso de
cambio. Ven la oportunidad de disputarle la renta petrolera y minera a la gran
burguesía, controlar y manejar en su beneficio el presupuesto estatal y frenar
algunas políticas “revolucionarias” que podrían afectarlos. Apoyan las
políticas que salvaguardan la producción nacional pero no ven con buenos ojos
las medidas que los aíslen del mercado internacional. La política monetaria y
laboral hace parte de las tensiones con los dirigentes “del proceso”, y en el
caso de Bolivia y Ecuador, la política indígena es uno de los motivos de mayor
tensión dentro y fuera del gobierno, especialmente el derecho a la consulta
previa.
La pequeña burguesía, las capas medias de pequeños y medianos
productores, comerciantes y
profesionales precariados (nueva clase trabajadora o nuevo proletariado), tanto
de la ciudad como del campo, ya sean “blancos”, mestizos, indígenas o
afrodescendientes, se constituyen en la base social más fuerte del proceso de
cambio. En Venezuela los jóvenes profesionales no han sido jalonados totalmente
por el “chavismo” por cuanto la influencia ideológica de la burguesía
parasitaria pro-norteamericana los ha podido neutralizar, con la consigna de
que Venezuela va a quedar aislado del mundo al estilo cubano.
Los trabajadores asalariados en general apoyan los procesos de
cambio. Los desempleados y sectores informales cogen para donde el viento tira
con más fuerza. Los subsidios son su gancho pero éstos pueden ser ofrecidos
también por la derecha, como ocurrió en Colombia con Uribe. Los trabajadores
del Estado (educación, salud y de servicios públicos), acostumbrados a décadas
de manejo burocrático del Estado, reaccionan en forma dual. Apoyan la
desprivatización de entidades y la “recuperación de lo público” pero cuando los
gobiernos aprietan exigiendo mayor calidad, más disciplina y responsabilidad en
la prestación de los servicios públicos, se ponen a la defensiva y muchas veces
se enfrentan a los gobiernos con actitudes sectoriales y estrechas
(sindicaleras) que en ocasiones son utilizadas por la derecha para poner en
aprietos a los gobiernos.
Ese comportamiento de las diferentes clases y sectores de
clase se manifiesta en la actitud de los movimientos sociales y partidos
políticos. La verdad es que en ninguno de los países de la región se aprecia
madurez en ese terreno. Los movimientos sociales se han vuelto añicos fruto de
la división y dispersión de los partidos políticos que influyen en ellos. Los
gobiernos, por afanes electoreros –base mal entendida de su poder– cogen el
camino más fácil y cooptan dirigentes mediante ofrecimientos burocráticos u
otros métodos no muy dignos o non sanctus,
dividiendo y debilitando al movimiento popular.
Algunos sectores de izquierda que construyeron sus bases
durante los últimos 40 años al interior de los trabajadores del Estado no
logran entender el momento y vacilan entre reducir su acción a defender los
estrechos intereses de esos trabajadores o disputarle la dirección del proceso
a la pequeña-burguesía. La mayor de las veces terminan por aislarse de los
“movimientos democráticos” que se forman como expresión política de los
“procesos de cambio” y se lanzan a la oposición, aislándose del conjunto de la
población, supuestamente en defensa de la revolución anti-imperialista,
proletaria y socialista.
Otros partidos de izquierda, con fuerza en sectores barriales
o campesinos, se suman a los “procesos de cambio” pero en calidad de
acompañantes, colaboradores, solidarios, sin arriesgarse a disputar la
dirección del movimiento, básicamente porque no logran superar el “síndrome de
oposición” y no tienen iniciativa política. Se limitan a repetir su credo
marxista pero no elaboran ni presentan propuestas para enfrentar el duro reto
que es ser gobierno de unos países subordinados al gran capital financiero
internacional, endeudados, des-industrializados y completamente dependientes de
los ingresos del petróleo, gas u otras materias primas.
En ese marco los partidos de la oligarquía, burguesía
emergente, clases medias y sectores populares se van alineando en dos grandes
bloques: los que están en el gobierno y los que están contra el gobierno. Esa
polarización impide que las voces críticas se hagan escuchar. Y en esa
tragedia, la estrategia electoral, el inmediatismo, las lealtades obsecuentes y
cómplices, el coyunturalismo y el pragmatismo se van imponiendo. Ello explica
las alianzas que han realizado en Ecuador dirigentes indígenas y líderes
sindicales de izquierda con la derecha golpista de Nebot. Y también nos permite
entender –aunque no justificar–, las alianzas que se dieron en las elecciones
pasadas en Bolivia, entre el MAS y agentes de la oligarquía derechista en
varias provincias y municipios.
El balance del
momento actual
La mayoría de la población hoy está con Correa. Esas mayorías
valoran positivamente las realizaciones en diferentes áreas de su administración.
Su gobierno ha manejado mucho mejor que los venezolanos el auge de los precios
del petróleo y los commodities. Ha
mostrado capacidad de ejecución e iniciativa política. Construye y muestra
obras. Se comunica con la gente y no se esconde. Evo Morales lo emula y ambas
poblaciones los premian.
Sin embargo Correa no tiene un proyecto revolucionario. No se
apoya de verdad en movimientos sociales autónomos o en una “ciudadanía”
organizada o en proceso de organización. Un “nuevo clientelismo” estatal ha
sacado la cabeza. Por más retórica revolucionaria que dispare en sus discursos,
al igual que hacia Chávez, su práctica se basa en la gestión, más de las veces
burocrática que transparente y ética, de un Estado Heredado de tipo “colonial”[1].
Su proyecto es desarrollista burgués con retórica nacionalista,
anti-imperialista y supuestamente socialista. Igual que Maduro y Evo.
Así mismo, la dirigencia indígena –desde mi perspectiva– no
tiene claridad. Ha cometido muchos errores. Es conservadora y sectorial. Un
sector de ellos está infiltrado por ONGs “indigenistas” que pueden, si no lo
son ya, convertirse en agentes, conscientes o inconscientes, de la estrategia
imperial que trata de “balcanizar” los países que están en proceso de
independencia. Así lo han hecho en Libia, lo hacen en Siria y el Medio Oriente,
y lo trabajan en Colombia y en Bolivia.
Algunos sectores intelectuales, que contribuyen con el
movimiento social y popular, que fueron protagonistas en la elaboración y
aprobación de la Constitución, creen ilusamente que el movimiento de protesta
actual se hace para rescatar lo aprobado en Montecristi. Sin embargo esa visión
sólo la comparte un pequeño núcleo de dirigentes que, según veo, políticamente
no son muy duchos. Caen de cierta manera en una especie de “legalismo
constitucional” y tienden al “fundamentalismo ambientalista” que los lleva a
aislarse del conjunto de la población que comprenden fácilmente a Correa cuando
éste plantea que si no se extrae el petróleo, el oro o el cobre… ¿con qué dinero
o recursos el gobierno va a pagar la nómina estatal, a entregar los subsidios o
a realizar obras?
Las posibles
soluciones
Las alternativas son varias y claro, no son fórmulas que
puedan resolver los problemas de un momento para otro, pero esas soluciones deben
surgir de procesos de concertación con la población organizada que muestren una
dirección de cambio. Una de las fórmulas no es otra que fortalecer la “democracia
con el pueblo”, ser más autocríticos, aceptar que existen sectores “opositores
no golpistas” y llegar a acuerdos con ellos, e incluso, así no se llegue a
acuerdos, asumir una actitud diferente a la que se asume con la verdadera
derecha golpista. Es claro que la dirigencia de las organizaciones sociales
también ha cometido graves errores pero las bases sociales no tienen por qué
pagar los platos rotos.
Pero además, los pueblos y los gobiernos deben entender que
sin la construcción y consolidación de un Bloque Latinoamericano o por lo
menos, Sudamericano, nuestros países quedan sometidos a los imperios (EE.UU -
UE), y también a las nuevas potencias Rusia y China. La burguesía de Brasil también
sueña con convertirse en un sub-imperio. El problema es que los gobiernos
progresistas, al no lograr construir un movimiento social fuerte y coherente,
rápidamente les cede espacios de poder y de gobierno a las burguesías locales y
el proyecto regional muere. Sólo Chávez era realmente consecuente con ese
proyecto.
Hoy los gobiernos progresistas están a la defensiva y no perciben
que algunas reivindicaciones populares como plurinacionalidad, reforma agraria,
control social y ambiental del extractivismo, construcción de bases
industriales propias, más democracia, respeto a la autonomía de las
organizaciones sociales, no sólo son razonables sino necesarias, y que debe
haber una concertación en torno de ellas para ir avanzando paulatina pero
consistentemente en políticas anti-neoliberales que avizoren –con paciencia,
prudencia y capacidad de aprendizaje– caminos y procesos post-capitalistas.
No se puede “saltar al vacío”. No es posible romper con el
sistema capitalista de un momento a otro, y menos en cada país por separado. El
bloque regional tendría que construir paulatinamente nuevas formas de economía.
Organizar grandes empresas transnacionales pero latinoamericanas del petróleo, gas,
energía eléctrica, café, banano, cobre, oro, turismo, construcción de
infraestructura, procesadoras y comercializadoras a nivel internacional de
productos elaborados a partir de
nuestras materias primas, ojalá gestionadas y administradas con enfoques y prácticas
de “Pro-comunes colaborativos”, donde sean mayoría los pequeños y medianos
productores y los trabajadores, y en donde los Estados nacionales asociados en
una gran Confederación o Patria Grande Latinoamericana sirvan de soporte
financiero, técnico y legal.
En ese proceso tendríamos que avanzar con mucha flexibilidad,
apoyándonos en alianzas estratégicas con sectores de las burguesías locales
pero paralelamente construyendo procesos organizativos de los trabajadores y
pequeños productores que vayan más allá de la protesta y construyan Democracia
Directa (pro-comunes colaborativos) en todas las áreas de la vida social.
Ello es posible hacerlo. Todo depende de la actitud, no sólo
de los gobiernos sino principalmente de la dirigencia de los trabajadores y del
pueblo. De lo contrario, ayudaremos – seguramente en forma involuntaria e
inconsciente – al regreso de la oligarquía neoliberal o a la conversión de los “procesos
de cambio” en bonapartismos latinoamericanos.
E-mail: ferdorado@gmail.com
/ Twitter: @ferdorado
http://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com/2015/08/ecuador-un-medidor-de-los-procesos-de.html#.VdNJ3rJ_Oko
[1] El
concepto de Estado Colonial se plantea a partir de la visión de Aníbal Quijano.
“Colonialidad del Poder”.
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