EL PUEBLO NEGRO DEL PACÍFICO EN LUCHA
POR SU DIGNIDAD
Los pueblos del Chocó y Buenaventura realizan paros cívicos en procura
de las debidas atenciones del Gobierno Nacional
Tomado de: AZABACHE
Boletín Ideo-teórico
del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Afrocolombianas, CEISAFROCOL
Mayo de 2017
A finalizar los años de 1960, los
pueblos del Chocó y el sur del pacífico colombiano tomaron la vía de la
realización de paros cívicos en procura de las debidas atenciones de los
diferentes gobiernos, en relación con la dotación y prestación de los servicios
básicos de acueducto, alcantarillado, recolección y disposición adecuada de
basuras y desechos, atención adecuada en salud y la debida cobertura educativa.
Pero también con la generación de desarrollo autóctono y empleos productivos.
Frente a la inconsecuencia e ineptitud de los políticos tradicionales elegidos
por estos pueblos a las diferentes instancias legislativas y de manejo de la
cosa pública, cooptados y corrompidos por las oligarquías nacionales, y
convertidos en cuadros suyos.
Marcha de Paro Cívico
en Quibdó, mayo de 2017.
Pero como dijo el gran Sofonías
Yacup Carabalí en su obra “Litoral Recóndito”, en 1930: "... el Estado de
miseria y de abandono en que se encuentra esa cadena de pueblos anhelantes que
luchan por vivir y que a pesar de lo intenso de sus esfuerzos no logran
remontar la corriente de la adversidad, de la incomprensión y las negativas
sistemáticas, contra las cuales no han podido la petición respetuosa, la
reclamación enérgica ni la protesta altiva.
Y así seguirán hasta el día feliz
en que la obra del progreso nacional sea fruto de una gran comprensión basada
en íntimo conocimiento de las necesidades del país y de sus potencialidades
económicas. Ese fausto acontecimiento habrá de aproximarse solamente cuando
preceptos legales severos se lo impongan a legisladores y gobernantes."
Sin embargo, el pueblo
afrocolombiano a partir de la constituyente de 1991 ha logrado una abundante
legislación que ordena al Estado y a los diferentes gobiernos dar las debidas
atenciones a las diferentes comunidades que componen al mismo, en aras de su
reparación histórica, de su superación y su redignificación. Pero los
funcionarios públicos, del Presidente de la República y los gobernadores
departamentales hacia abajo, se vienen burlando de los mandatos de estas
disposiciones legales y constitucionales, en muchos casos dándoles
interpretaciones perversas y amañadas en aras de favorecer los intereses
oligárquicos y foráneos, antes que los de las comunidades y el pueblo
colombiano en general.
En agosto de 2016, el Comité
Cívico del Chocó llegó a acuerdos con el Gobierno Nacional, quien se
comprometió a dar solución a las siguientes peticiones, destinando los recursos
financieros y logísticos correspondientes:
-La continuidad y conclusión de los
trabajos de las vías que unen al Chocó con Antioquia y Risaralda, cuyos
retrasos han influido en el atraso de la región, han mantenido a sus
pobladores haciendo sacrificios
extraordinarios para poderse transportar y han conducido al sacrificio de decenas
de vidas. Sacrificios que se han multiplicado en los últimos siete años,
dejando un saldo de más de 100 personas muertas por accidentes. Las
dificultades del transporte también tienen una fuerte influencia en la carestía
de los productos de la canasta familiar y de otros productos de consumo masivo
en la región, con lo que se hace más intensa la pobreza de las mayorías de la
región.
-En materia de vías el Gobierno
Nacional se comprometió al reinicio y terminación del proyecto Ánimas-Nuquí,
que conecta al interior del Chocó y de Colombia con el Mar Pacífico, que cuenta
con más de 60 años de iniciado. Además, la construcción y/o terminación de
otras vías carreteables internas, que comunicarían a las comunidades
regionales, estableciendo entre ellas relaciones de intercambio favorables para
su integración y desarrollo mutuo.
Marcha del Paro
Cívico de Buenaventura, mayo de 2017
-Establecimiento y mejoramiento de los
servicios públicos básicos, como acueducto, alcantarillado y energía eléctrica,
en la mitad de los municipios del Chocó, que no cuentan con ellos,
especialmente en Quibdó, su capital, donde las carencias, deficiencias y
exagerados costos de estos, tienen efectos dramáticos en sus habitantes,
afectando gravemente sus limitados ingresos y su salud. No obstante, los dos
últimos gobiernos, desde las campañas presidenciales, se han mantenido
engañando al pueblo chocoano con el anuncio de la muy “próxima inauguración de
los más eficientes servicios públicos para la capital del Chocó”. Entre otras cosas,
11 de los 30 municipios del Chocó no cuentan con el servicio del Sistema
Eléctrico Nacional, ni con acueducto ni alcantarillado.
-Resolver las carencias y
deficiencias en materias de salud y educación comprometiéndose el Gobierno
Nacional a salvar el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, único de segundo
nivel en la región, y construir otros hospitales públicos más. Dado que tomando
como pretexto la corrupción de algunos funcionarios y administradores de la
cosa pública de la región, la cual se incrementó con la presencia del
narcoparamilitarismo en ellas, a quienes había que estarle entregando cada día
un porcentaje más elevado de los recursos transferidos, por parte del Gobierno
Nacional se intervino estos dos frentes, entregándole su manejo a personas
foráneas, que en el caso del Chocó las han manejado como si fuera su negocio
personal, algunas de ellas resultaron con oscuros antecedentes, tan corruptas
como quienes estaban reemplazando, escasas de idoneidad y también comprometidas
con el paramilitarismo. Y a pesar que los gobiernos de Uribe y de Santos
incrementaron hasta en más de tres veces los recursos transferidos mensualmente
a los interventores, la salud y la educación no mejoraron en nada, al contrario
la crisis se agudizó, y como han denunciado organizaciones sociales y
personalidades de la región, después de más de diez años de intervención de la
salud del Chocó por parte de esos gobiernos, la deuda pasó de $19.000 millones
a $35.000 millones, y ni ellos ni la SUPERSALUD dan explicación alguna sobre lo
que ha pasado con tantos recursos transferidos y sobre el por qué de semejante
deuda.
Con respecto al pueblo de
Buenaventura, además de traer las mismas reivindicaciones del pueblo chocoano
en materias de servicios públicos básicos, salud y educación, desde hace más de
medio siglo. Su situación de pobreza y violencia se agudiza a partir de la
aplicación del paquete neoliberal, en cumplimiento de órdenes dadas desde los
centros de poder capitalista mundial influenciados por el Club Bilderberg,
empezando con la famosa “apertura
económica”, los Tratados de Libre Comercio, TLC, y la privatización del Terminal Marítimo, desde finales de los años
de 1980, iniciados por el Presidente Cesar Gaviria Trujillo y continuados con
mayor fuerza por Álvaro Uribe Vélez. A partir de ese momento se inicia un
proceso violento de expulsión de la mano de obra nativa del Terminal Marítimo y
su sustitución por personal foráneo, y de los territorios de bajamar donde los
pobladores tenían sus humildes viviendas, todo lo cual fue acompañado de
prácticas racistas y de discriminación racial, y feminicidios.
Para consolidar su poder, iniciando los años de 1.990 los nuevos dueños
del Terminal Marítimo, que hoy son doce familias capitalistas y oligárquicas,
algunas de las cuales representan capitales extranjeros, importaron a los
narcoparamilitares desde Antioquia, quienes inician una racha de asesinatos
grupales y selectivos, y desapariciones, con el evidente objetivo de doblegar
la resistencia a la privatización y de obligar a las familias nativas a huir
para apropiarse de sus territorios actos para la construcción de obras de
infraestructura destinadas a la actividad portuaria de importación y
exportación de mercancías.
Los asesinatos los inician los
narcoparamilitares y “Escuadrones de la Muerte” contra los dirigentes de
organizaciones sociales que reivindicaban los derechos de los nativos,
especialmente pagos justos para la mano de obra y un espacio en el terminal
para sus empresas de economía solidaria de servicios portuarios, que habían
venido construyendo desde más de 20 años atrás; e inversión de mínimo el 20% de
las utilidades generadas por el Terminal Marítimo en el desarrollo de la región
y en especial, de un frente productivo y generador de nuevas alternativas de
empleo para las gentes de la misma, a través de sus organizaciones de economía
solidaria. Pues no se concibe que el Terminal esté generando cerca de 10.000
millones de pesos de utilidades mensuales y no se invierta nada en el
desarrollo y bienestar de la región donde se encuentra localizado, y teniendo
en cuenta que ha sido construido con el sacrificio de las gentes de la misma.
No era raro que entre los años de
1980 y comienzos del 2.000, amanecieran por las calles aledañas al terminal más
de una decena de cadáveres de miembros y activistas de los sindicatos y
cooperativas de trabajadores portuarios adicionales o supernumerarios,
asesinados. Fue por esas fechas que desaparecieron a Eulides Blandón, “Kunta
Kinte”, y a otros dirigentes populares; y todos estos crímenes han quedado en
la impunidad.
Ya se sabe que el paramilitarismo
en Colombia desde su nacimiento ha actuado con el beneplácito de autoridades
gubernamentales y en contubernio con la fuerza pública. A Buenaventura llegaron
los narcoparacos no solo a prestar sus macabros servicios a los nuevos dueños
del Terminal Marítimo, sino también a los grandes comerciantes y a los carteles
del narcotráfico. De allí que las gentes del pacífico lo que están manifestando
en estos momentos es que ya se hastiaron de tantos engaño y falsedad
gubernamentales, atropellos, despojos, superexplotación de su mano de obra,
crímenes, discriminaciones, injusticias y ultrajes a su dignidad.
Lo sorprendente es que el
Presidente Santos, lejos de ponerle la cara a los graves problemas que está
viviendo la sociedad colombiana, viaja a Estados Unidos para concertar acciones
injerencistas contra la hermana República de Venezuela y a favor de la
oposición oligárquica, violenta y golpista de ese país. Actitud condenable
desde todo punto de vista.
Es inaceptable que de parte de
voceros del Gobierno Nacional se tome a la corrupción de algunos funcionarios públicos
de la región como pretexto para negar las debidas inversiones en la misma y
justificar su estado de atraso. Pues la corrupción es un fenómeno nacional e
impulsado desde las oligarquías nacionales. Quienes roban en las regiones
generalmente no roban para ellos solos sino para partir con dirigentes
nacionales y regionales, por ello los cubren con el manto de la impunidad. Este
fenómeno se tiene que atenuar y extinguir con el debido cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales de los organismos de control y vigilancia,
y las instancias judiciales, tal como se hace en otras partes del mundo.
Frente a los incumplimientos y
los engaños del Gobierno Nacional, tanto el Comité Cívico del Chocó como el
Comité Cívico de Buenaventura, convocaron una vez más a sus respectivos pueblos
a una jornadas de Paro Cívico, pero hasta la fecha desde la parte
gubernamental no se ofrecen las
soluciones pertinentes y al contrario, se ha respondido con la represión de la
fuerza pública contra los pacíficos manifestantes. Por lo tanto, todos estamos
en el deber de participar activamente con nuestro apoyo a estas nuevas jornadas
históricas de lucha por la redención y la dignidad de nuestros pueblos, al
tiempo que se rechacen las acciones represivas y violentas contra los pueblos
del Chocó y Buenaventura.
VIVAN LOS JUSTOS PAROS CÍVICOS
DEL CHOCÓ Y DE BUENAVENTURA.
RECHAZO ROTUNDO A LA REPRESIÓN
GUBERNAMENTAL CONTRA NUESTROS HERMANOS DE BUENAVENTURA Y EL CHOCÓ.
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