El Clan del Golfo entra en acción
Colombia en su encrucijada
histórica…
¿COLAPSO INSTITUCIONAL O SALIDA DEMOCRÁTICA?
Popayán,
19 de mayo de 2017
“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en
aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.
Antonio Gramsci
Lo que ocurre en Colombia en
este instante de la vida nacional no sólo es paradójico sino que al igual que
lo sucedido el pasado 2 de octubre de 2016, pareciera ser algo irracional e
ilógico. No obstante, es parte de la complejidad de la vida. La clave es poder
entenderlo.
Una guerrilla insurgente hace
todos los esfuerzos por integrarse a la legalidad mientras amplios sectores de
la sociedad, diversas instituciones estatales (fiscalía, corte constitucional,
parte del Congreso), otros grupos armados ilegales, y el mismo gobierno que
pactó con ellos su desmovilización e integración a la vida civil, o no se dan
por enterados, o sabotean abiertamente el proceso, o entraban de una u otra
manera la implementación de los acuerdos. Es cosa de locos.
Para poder aprehender esa
realidad es necesario revisar los antecedentes. Intentaremos hacerlo así sea en
forma sintética y panorámica para después plantear una mirada de la coyuntura y
unas propuestas correspondientes.
1. El Estado colonial, el proceso de paz y los nuevos
sectores sociales
Un Estado colonial,
profundamente corrupto, anti-nacional, clasista, racista, patriarcal y
excluyente, que durante los años 80s y 90s del siglo pasado (XX) fue cooptado
paralelamente por el capital trans-nacional y por las mafias de diverso tipo,
viene haciendo agua –en continua crisis sistémica– desde hace varias décadas. Esas
mafias son integradas por los “nuevos” terratenientes despojadores de tierras
aliados a los capos del narcotráfico, grandes contratistas nacionales y
transnacionales que no tienen la más mínima ética empresarial, y las poderosas
cúpulas de burócratas corruptos coaligados desde lo local, lo regional y lo nacional.
Es un fenómeno similar al que hoy se vive en México pero que se intenta tapar y
camuflar con el llamado “proceso de paz” que, en últimas, se reduce al desarme de
la guerrilla.
Es un Estado fallido en
permanente inestabilidad que se alimenta de la economía del narcotráfico y de
múltiples economías de enclave (legales e ilegales como la petrolera, minera,
agro-exportadora, etc.) pero, que a la vez se nutre del esfuerzo de cientos de
miles de pequeños y medianos productores urbanos y rurales, y de millones de
trabajadores formales e informales. En esa dinámica han surgido dos nuevos sectores
sociales (burguesía emergente y “precariados”) que pugnan por sus intereses
frente al aparato institucional de ese Estado que no se muestra capaz de
integrar y asimilar esos intereses antagónicos sin sufrir graves tensiones e
inestabilidades.
La aguda confrontación entre
las mafias incrustadas en el Estado, por un lado, y los empresarios, los
productores y los trabajadores, por el otro, cansados de tributar para una
burocracia profundamente corrupta, genera conflictos y fisuras que amenazan con
colapsar el sistema clientelista tradicional pero, a la vez, pueden desencadenar
fuerzas sociales que en el inmediato futuro afectarían todo el régimen
neoliberal.
La gran burguesía
transnacional e imperial es consciente de esa situación. Por ello, ha diseñado
una estrategia para asimilar a algunos sectores de la burguesía emergente –usando
el “proceso de paz”– pero el organismo colonial heredado pareciera que no es
capaz de soportar la combinación de las presiones internas (mafias) y las
externas (nuevos sectores sociales). No son sólo los nuevos terratenientes
(criminales y parásitos) los que se niegan a compartir partes del poder con las
expresiones de la burguesía emergente sino que, en conjunto, las mayorías de
quienes parasitan el Estado colonial temen que un verdadero proceso de
democratización ponga en riesgo sus intereses[1].
Es en ese juego en el que se
ha visto involucrada la guerrilla de las FARC. Los partidos del
establecimiento, incluyendo al Centro Democrático (“uribismo”), utilizan los
acuerdos para impulsar una reforma política que les concede migajas
institucionales a los insurgentes (curules en el Congreso, asambleas
departamentales y concejos municipales) pero paralelamente les cierran los
espacios a los partidos minoritarios que pudieran desarrollar una competencia
seria en el terreno electoral. Ellos saben que la expresión política de la
insurgencia a corto plazo tiene un techo limitado y que no significa un peligro
real.
Además, los jefes insurgentes
han planteado que piensan jugar electoralmente al lado de los “liberales
sociales” y de otros sectores del establecimiento que han impulsado el proceso
de Paz para constituir un “gobierno de transición”. Esa es una fórmula que la
burguesía transnacional y el imperio estadounidense ven con buenos ojos dado
que les permite –en forma ideal– implementar los acuerdos especialmente en el
tema de tierras, que no es otro que abrir amplios territorios a la inversión
transnacional mientras le hacen “pequeños retoques sociales” a las zonas
marginadas y marginales en donde tradicionalmente las FARC tienen sus bases de
apoyo. Es con esa “cuota territorial” y entrega de riqueza que piensan
financiar el “post-conflicto”, no tienen más.
Es por lo menos lo que en
teoría se plantea aunque otra cosa será la implementación práctica ante la
realidad de que en dichas zonas marginadas y marginales, la economía del
narcotráfico tiene su propia dinámica transnacional y criminal que, es
aprovechada, a su vez, por toda clase de grupos armados ilegales que aspiran a
controlar esos territorios y el flujo de dinero que se mueve a su alrededor.
Dentro de esos grupos están los que hoy se mueven con el Clan del Golfo, los
reductos de las llamadas Bacrim, el EPL, el ELN y las disidencias de las FARC
que pueden ir fortaleciéndose con el tiempo. Eso no le preocupa al gran capital
aunque aparente lo contrario.
Las organizaciones sociales,
políticas y gremiales que intentan representar esas fuerzas en colisión sufren
las consecuencias de ese proceso complejo. Las fuerzas sociales que juegan
dentro de ellas entran también en tensión y generan divisiones internas. Es
todo el “organismo” el que está cambiando y en medio de ese movimiento va
surgiendo lo nuevo. Es por ello que todos los partidos políticos están
sufriendo múltiples divisiones internas y realineamientos, de acuerdo a los
diversos intereses de clase u otros acumulados históricos (étnico-regional-cultural).
Una mirada ligera diría que esa situación se presenta por efecto del “proceso
de paz” pero, en realidad, es un proceso más profundo en donde la terminación
del conflicto armado es consecuencia de los movimientos estructurales que están
en choque tanto en el mundo como en la región latinoamericana y el mismo
país.
La gran pregunta es: ¿Podrá
el organismo colonial y corrupto asimilar y domesticar a las nuevas fuerzas
sociales que pujan por sus intereses o se impondrán nuevas dinámicas que lleven
al colapso del viejo sistema y finalmente se desencadenen las fuerzas del
cambio?
¿El “gobierno de transición”
que se plantea se pondrá al servicio de la asimilación progresiva sin
transformar el “organismo colonial” o servirá para desencadenar lo nuevo?
Lo que estamos observando es
que las fuerzas que buscan integrarse a la legalidad han empezado a asimilarse
a lo viejo –obligados por las circunstancias que incluyen su propia concepción
política– porque son fuerzas que están desconectadas de los sectores sociales citadinos
que ellos no entienden (empresarios, clases medias y precariado) y, además, no
tienen suficientemente claro lo que ocurre con los sectores de la sociedad que
los adversan. Es la paradoja del momento.
2. La coyuntura: Gran desorden, gran confusión, gran
revolcón
Como parte de la crisis
sistémica en que ha permanecido el Estado colombiano, se han presentado en los
últimos 40 años diversas expresiones de organización y movilización social que
han tenido importantes momentos de beligerancia. Entre esos picos de auge se
pueden destacar la lucha por la tierra encabezada por la ANUC a finales de los años
60s y principios de los 70s; el paro cívico nacional de 1977; los múltiples y
permanentes paros cívicos locales y regionales de la década de los años 80s; las
movilizaciones cocaleras de 1994; y desde 2008 hasta 2016, se desarrollaron
importantes movimientos populares y paros de cobertura nacional (cafeteros,
agrarios, estudiantiles, mineros, indígenas, etc.) que han sido descritos y
estudiados por Edwin Cruz Rodríguez en su libro “Caminando la palabra” (http://bit.ly/2qwdfgk).
Ahora, a mediados de 2017 se
vinieron en avalancha los paros cívicos de los “de abajo” (Chocó,
Buenaventura), el paro nacional de maestros, el paro de trabajadores estatales
y de la justicia, y se anuncian movilizaciones campesinas e indígenas en
diversas regiones del país. Pero además, se multiplican las consultas populares
contra la minería depredadora “a cielo abierto”, las revocatorias de alcaldes
corruptos y privatizadores, y la gente empieza a organizarse a todo nivel. La
indignación por los escándalos de corrupción (Reficar, Odebrecht y otros) va
por debajo, mellando la credibilidad en la democracia representativa y
acumulando inconformidad en diversos ámbitos de la sociedad.
“Los de arriba”, las castas
dominantes y corruptas, están desconcertados y asustados. Temen el “desorden” y
tratan de frenar todo. Solo atinan a plantear su tradicional fórmula al calor
del “proceso de paz”: reformas en el papel (leyes) y violencias represivas de
todo tipo (esmad, bacrim, nuevos “paras”, etc.), pero en la práctica quieren
cerrar (domesticar) la poca democracia existente, como ya sucede con el Consejo
Nacional Electoral que pretende modificar las normas de la revocatoria del
mandato de alcaldes y gobernadores, y con el gobierno central que impulsa una
supuesta reglamentación de la consulta previa a las minorías étnicas, que de
seguro va a tocar y limitar las consultas populares locales.
Se presenta el contrasentido
de que estas fuerzas conservadoras del establecimiento quieren utilizar el “proceso
de paz” para arreglar de afán (vía “fast track”) lo que sólo tiene arreglo con
el desencadenamiento de la más amplia organización y movilización ciudadana y
popular. Pretenden hacer creer que con cambios cosméticos a las leyes van a
democratizar el país por decreto, mientras la realidad de violencia, la
presencia de mafias regionales, el fortalecimiento de los monopolios de
contratistas corruptos manejados por sus políticos y los ventajismos en los
organismos del Estado, no solo no se tocan sino que en forma descarada se aúpan
sin ninguna vergüenza, como ocurre con el caso del Fiscal General y sus
relaciones indebidas y fraudulentas con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el más
grande multimillonario del país, quien quita y pone lo que quiere dentro del
Estado.
3. La fábula del atracador y el atracado
La situación del pueblo colombiano se asemeja al siguiente
símil[2]:
“Un atracador armado hasta los dientes asalta a un experto en artes marciales y
le roba todas sus pertenencias. Lo viola y humilla pero le “perdona” la vida. Al
atracado le da vergüenza reconocer lo sucedido y muestra el hecho de que salió
vivo del incidente como un gran triunfo. Pretende no perder prestigio ante sus
conocidos. El atracador se da cuenta de la debilidad del atracado y como tiene
pruebas de la “violación” decide convertir el hecho en una estafa continuada. De
esa manera, el hombre atracado se ve obligado a presentar al atracador como si
fuera un tipo buena gente, respetuoso de la vida y llega al extremo de aceptar
que en gran medida él provocó el atraco” (http://bit.ly/2qs4vrs).
Así estamos los colombianos, frente a una clase política
corrupta y a una oligarquía imperial que logró instrumentalizar el conflicto
armado a su favor y ahora instrumentaliza la “paz”. Ellos lograron convertir a
las víctimas en violadores; a los rebeldes en “terroristas”; al Estado
despojador en “protector”; a los ladrones y atracadores en “pacifistas” y “demócratas”.
Y lo hacen -además- utilizando la amenaza del “coco” uribista. Es una verdadera
estafa y chantaje en donde las víctimas terminan creyendo en sus opresores y le
“lavan la cara” a los “atracadores buenos”, a los que supuestamente les
perdonan la vida, para poder librarse del “atracador malo”, del asesino en la sombra.
4. El necesario debate para enfrentar el momento
Tres grandes temas han sido planteados al interior del campo
popular para enfrentar el momento: 1) El cumplimiento y la implementación de
los acuerdos con las FARC; 2) La lucha contra la corrupción político-administrativa;
3) Las políticas neoliberales.
El problema es determinar la prioridad, lo principal, lo
táctico. A Uribe le conviene polarizar la sociedad en torno al tema de la “paz”
(que él y su partido pretenden convertir en una santa cruzada contra el “castro-chavismo”
que incluye la defensa de la moral, la familia, las buenas costumbres y la
propiedad privada). A los corruptos “santistas” y a la gran burguesía
transnacional le interesa hacernos creer que la “implementación de los acuerdos”
garantiza automáticamente la democratización del país pero sin tocar para nada
lo esencial y determinante para el país.
Otros pensamos que el énfasis debe estar en el tema de la
corrupción política-administrativa, la recuperación del aparato productivo y la
defensa del medio ambiente. No se trata de aprobar nuevas leyes sino de
impulsar una política con hechos concretos. Para empezar, no podemos aliarnos
con ninguna fuerza politiquera tradicional, y por el contrario, la idea es construir
una fuerza política con todos aquellos que están de acuerdo con la conformación
de una “tercería” para despolarizar al país (no uribista, ni santista y menos
vargas-llerista).
Por lo anterior, estamos de acuerdo con apoyar el
cumplimiento de los acuerdos pero creemos que tácticamente no es positivo
colocar ese objetivo como prioritario o central en nuestra propuesta política.
Además, lo de enfrentar con “todo” el neoliberalismo, tampoco es muy conveniente,
no porque no sea un objetivo importante sino porque en la coyuntura actual
debemos acumular una fuerza mucho más amplia, incluyendo a empresarios medios y
profesionales que identifican la lucha anti-neoliberal con el “nacionalismo
estrecho”, creen que esa lucha se reduce a la negación de los TLCs (que ellos
han aprovechado), y además, relacionan todo lo anti-neoliberal con políticas y soluciones
“estatistas” (paternalistas, asistencialistas) que están fracasando en algunos
países vecinos.
Nuestra propuesta es que hay que ir despacio, unir amplias
fuerzas anti-politiqueras y anti-corruptas, y avanzar con un gobierno “moderado”
mientras se consolida una verdadera fuerza social y, dentro de ella, se
construyen nuevas visiones, se fortalecen nuevos sectores sociales, y se
consolida un verdadero movimiento y proyecto político que nos permitan avanzar
en forma consistente hacia el futuro. O sea, se trata de no torear el
“avispero” sin tener con qué responder (que fue lo que le ocurrió a Petro en la
alcaldía de Bogotá). Pero claro, aprovechar la oportunidad servida.
5. Desencadenar las fuerzas democráticas y construir una
“tercería ciudadana”
La democracia sólo se
construye con verdadera “fiesta democrática” y ésta sólo surge cuando se
desatan las fuerzas reprimidas y subterráneas de los pueblos y las comunidades
excluidas. Para hacerlo en
Colombia es urgente y perentorio construir una “tercería ciudadana” para
superar la polarización política entre Santos y Uribe, entre la “paz” y la
guerra, y no caer en la dinámica que se está viviendo en Venezuela.
Es evidente que si no surge esa tercería política, Uribe y
sus aliados tienen todas las condiciones para recuperar el gobierno en 2018. Si
ello ocurre, la guerra se acrecentará y Colombia va a entrar en una dinámica
peor que la que teníamos antes. La violencia –hoy liderada por los grupos
armados ilegales que hacen parte del "Clan del Golfo"– ya ha empezado
a aflorar mortalmente. Es una violencia muy similar a la que hoy se vive en
México y tiene como base de apoyo a viejos y nuevos grupos paramilitares que se
alimentan del narcotráfico y de la minería ilegal.
Una coalición política liderada por las fuerzas “santistas”
que estuvieron al frente de la negociación de La Habana, con el apoyo del nuevo
movimiento que organicen las FARC y un sector de la izquierda, no tiene la más
mínima posibilidad de competir por la Presidencia en 2018, como ya se comprobó
el pasado 2 de octubre, cuando estos sectores tenían el manejo del aparato del
Estado, el soporte de todas las fuerzas democráticas y de izquierda, el apoyo
de la comunidad internacional, de Obama y hasta del Papa. En 2018 esa situación
no será igual, Cambio Radical y Vargas Lleras se van a separar de esa “unidad
nacional”, los de la “U”, liberales y conservadores se van a dividir, la
Alianza Verde y una parte del Polo ya no están y, además, la presencia de
sectores corruptos de la clase política tradicional y la carga negativa que
arrastra la insurgencia, no le permitirían obtener el respaldo de las
mayorías.
Sólo una “tercería”, ojalá alimentada y estimulada por una
candidatura “outsider” presentada por un auténtico “movimiento ciudadano”,
podría reforzar la incipiente y todavía vacilante “alianza anti-corrupción” que
parece configurarse en cabeza de Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Sergio
Fajardo. Esa gran “tercería” política podría atraer a sus filas a Gustavo Petro,
alejándolo de los sectores corruptos del establecimiento liberal-santista, y
mediante una estrategia totalmente amplia, no partidista, de “nuevo tipo”,
aprobando un programa adecuado a las circunstancias especiales del momento y
unos procedimientos claros y transparentes para escoger el candidato, podría
colocarse a la cabeza de una “ola democrática” que por primera vez derrotara a nivel
nacional a la casta política tradicional y clientelista.
Esas son las dos tareas que hay que desarrollar. Construir
en forma ágil y oportuna ese “movimiento ciudadano” que presente y posicione un
candidato proveniente de ambientes diferentes a la política; y paralelamente,
alimentar y consolidar esa “tercería” o gran coalición de las fuerzas sanas de
la nación para derrotar la corruptela santista, uribista y vargas-llerista.
Si nos lo proponemos lo haremos.
[1] El
deslinde de Germán Vargas Lleras separándose de la Unidad Nacional “santista”,
las acciones del Fiscal General, las componendas en las Cortes Judiciales y la
actitud de la mayoría del Consejo Nacional Electoral son muestras fehacientes
de esa situación.
[2] Es
un símil para visualizar la "trampa ideológica" (el
"síntoma" de que hablan Lacan y Zizek) que consiste en ese
"algo" que hay en nuestro interior que nos impide "ver" la realidad
tal como es. Ese "algo", en nuestro caso, no es otro que el
"espíritu cortesano".
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