EL PACTO ENTRE CÚPULAS Y LA INDEPENDENCIA DEL CAMPO POPULAR Y
DEMOCRÁTICO
Popayán, 25 de
octubre de 2016
“El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios”
Séneca
Por primera vez un dirigente de
izquierda reconoce la derrota del 2 de octubre. En este caso es el líder
progresista Gustavo Petro. En su escrito “Propuestas progresistas para un
acuerdo nacional” publicado en su Blog plantea: “Lo cierto es que el 2 de
octubre fuimos derrotados y fundamentalmente fue derrotada una concepción de la
Paz en Colombia”. (http://bit.ly/2eEhfo3).
Así mismo reafirma: “He visto
como de manera peligrosa en mi opinión, y movidos quizás por los sentimientos
desatados, algunos sectores del SI de la mano del gobierno se han movido a no
reconocer el resultado del 2 de octubre o a tratar de construir atajos fáciles
que anulen en la práctica el mandato popular del día del plebiscito.”
Lastimosamente propone fórmulas
que no cuentan con condiciones de ser realizadas como el “diálogo nacional” y
el “proceso constituyente”. Ello porque las fuerzas democráticas y de izquierda
no lograron posicionarse en este período. No se deslindaron de los actores
protagónicos del conflicto: Santos, Uribe y las FARC. Es decir, se reconoce la
derrota pero no se la asume.
Además, Petro pareciera no leer el
mensaje enviado por las mayorías que en términos prosaicos podría ser: “Arreglen
ese entuerto que ustedes crearon”; “Superen la guerra y perdónense”; “Reparen a
las víctimas así la verdad sea sacrificada”; “No cansen más con una ‘paz’ en la
que no creemos”. Y el remate lógico: “Ya veremos cómo les cobramos después”.
Tampoco tiene en cuenta las diversas
manifestaciones sociales que exigen la resolución rápida de la situación generada
por el triunfo del NO que, por lo inestable y peligrosa, pone en riesgo lo
avanzado hasta ahora con las FARC. El reclamo general es: “Acuerdo YA” y “Fin a
la guerra”.
Es fácil adivinar que tanto Uribe,
Santos y las FARC (y algunos idealistas) no querían ponerle fin a este largo
conflicto armado sin quedar inscritos en la historia. El primero como
pacificador, los segundos como pacifistas. Pero todo lo ocurrido nos muestra una
realidad poco reconocida y cruel: una guerra “sin espíritu y sin alma” termina
siempre con más pena que gloria.
El peligroso camino que transita el gobierno
Santos no ha asumido la derrota
del plebiscito ni reconocido sus múltiples errores. Seis años de negociaciones
con las FARC generan solidaridad de cuerpo. El resultado imprevisto colocó
contra las cuerdas al gobierno y a la insurgencia que ya habían celebrado
juntos el fin del conflicto. Ambas partes se refugiaron automáticamente en los textos
firmados. “Les haremos ajustes y precisiones” anunciaron al unísono desde La
Habana.
Pero los resultados del 2 de
octubre son inobjetables. Un sector importante de colombianos rechazaron los
acuerdos y el mandato es modificarlos. Es un mensaje que no se puede desconocer
sin violentar la precaria democracia existente. Lo ha planteado con precisión
Rodrigo Uprimny en un artículo que debería ser lectura obligada para los
asesores del gobierno. http://bit.ly/2eUV0O3
El camino de “buscar atajos”
usando “astucias jurídicas” o jugadas políticas para modificar los acuerdos y
llegar a Estocolmo el 10 de diciembre con una “paz remendada”, no solo es
errado sino peligroso. No negociar con los sectores políticos que representan a
quienes votaron NO en el plebiscito, no sólo deslegitima al gobierno como
representante de toda la nación ante la insurgencia en esta nueva etapa de
negociaciones sino que le da un enorme aire político a Uribe.
Además del peligro que señala
Gustavo Petro de que surjan “vengadores anónimos” entre las filas fanáticas de
Uribe, esa actitud le otorga grandes ventajas a la derecha extrema para tomar
el gobierno en 2018. Así, se prepararía la derrota de las fuerzas democráticas
que tendrían que jugar otra vez al lado del “santismo” pero ahora con la carga
de unas FARC “legalizadas a la fuerza”.
El uribismo (o “uribo-varguismo”)
quedaría como la única oposición a un débil gobierno que va a seguir
desgastándose con medidas anti-populares como la reforma tributaria y otras que
ya vendrán.
El diálogo nacional y el proceso constituyente
La propuesta del “diálogo
nacional” planteada por Jaime Bateman en 1980, que aparentemente diez años
después le dio vida al “proceso constituyente” de 1990-91, parecería ser una
alternativa viable para buscar una solución al problema originado por la
derrota del SI.
Sin embargo, son circunstancias diferentes.
La propuesta de “diálogo nacional” tenía cierta validez en la década de los
años 80s, en donde las insurgencias “subalternas” tenían apoyo popular y las
nuevas fracciones oligárquicas estaban en proceso de construcción, especialmente
la que iba a convertirse en hegemónica gracias a la acumulación del capital
proveniente de la economía del narcotráfico como fue la burguesía
transnacionalizada.
Se conformó en ese período la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el movimiento popular estaba en ascenso
con la creación de la CUT, la ONIC, la ANUC resistía, y fuertes movimientos
cívicos aparecían a lo largo y ancho de la nación en lucha por servicios
públicos, salud, educación, vías, etc. pero también exigiendo descentralización
y democracia política.
Sin embargo, el propio diálogo
nacional como lo planteaba Bateman nunca se desarrolló. La oligarquía utilizó en
1990 a los estudiantes universitarios para acelerar la convocatoria de la ANC y
las fuerzas populares y democráticas llegaron a ese escenario sin claridad,
dispersos, y hubo sectores importantes como el MOIR, las FARC y el ELN que
decidieron no participar.
Hoy la situación es muy diferente
como se pudo observar en todo el “proceso de paz” y se reflejó con toda nitidez
en la campaña del plebiscito. Las fuerzas democráticas y populares están ahora
más dispersas y confundidas. Mientras tanto, del lado de la burguesía transnacional
existe una consolidada alianza con los imperios y con la “clase política
tradicional” (burguesía burocrática).
Además, la derecha extrema está
fuertemente centralizada alrededor de Uribe y con conexiones dentro del mismo
gobierno, siendo una alianza mafiosa y conservadora en proceso de
desclasamiento que aprovecha los enormes errores del gobierno y el vacío dejado
por los demócratas y la izquierda que se ubicaron en forma dispersa y
vergonzante a la “cola de Santos”.
La realidad es que las fuerzas
contendientes en torno a la terminación negociada del conflicto devinieron en
cúpulas aisladas de la sociedad que utilizan la consigna de la “paz” para
luchar por el control del gobierno en 2018 pero no para construir en verdad una
“paz estable y duradera”.
La izquierda se propuso lograr
una “paz pura y simple” subiéndose “de ladito” en el carro de la “paz
neoliberal” de Santos. Nunca se desarrolló con seriedad la batalla por una paz
integral y plena. Un obstáculo para ese ejercicio era que una acción decidida
por la paz se confundía fácilmente con un apoyo incondicional a las FARC. Eso
inhibía a muchos demócratas e izquierdistas.
Además, las FARC aceptaron en la
mesa de negociación los límites neoliberales impuestos por la burguesía
transnacional porque estaban convencidas que el movimiento popular –con la
ayuda de la izquierda legal– iba a poder romper esas talanqueras y lograr la
“paz con justicia social”.
Pero ese proceso de conexión
entre el movimiento popular y las negociaciones de La Habana nunca se produjo porque
la guerrilla ya había sido derrotada políticamente desde 2002. En ese año Uribe
les arrebató la bandera de la paz. Desde entonces su proceso de separación de
las mayorías sociales se profundizó en medio de su fiebre insurreccional y
ofensiva militar sin apoyo popular.
El “pacto de élites” y la autonomía del movimiento democrático y
popular
Las fuerzas democráticas y de
izquierda deben replantear su estrategia. Seguir a la sombra de Santos no nos sirve
para defender con fuerza los acuerdos firmados ni para impulsar un verdadero
proceso “destituyente-constituyente”. Para hacerlo se requiere una total independencia
política del gobierno de Santos y en cierto sentido de las FARC.
La única solución a corto plazo,
la que permite una salida coyuntural para despejar el camino, es obligar a
Santos a negociar con Uribe, que era lo que había que hacer desde un principio.
Así lo afirmaba premonitoriamente Cristina de la Torre en mayo de 2014 en su columna del El Espectador: “Si se quiere conjurar todo factor de violencia política y propiciar el advenimiento de un país más justo, será preciso acometer la segunda fase de la tarea: negociar con la ultraderecha, representada en el uribismo duro”. (http://bit.ly/1h9QExK).
Es posible que en ese proceso las
FARC tengan que renunciar a algunas conquistas obtenidas en el anterior proceso
de negociaciones. Todo depende de la fuerza de la movilización social y de la
presión autónoma e independiente que se ejerza sobre el gobierno y el mismo
uribismo.
En realidad estamos pagando el
precio de la equivocada estrategia de los demócratas y la izquierda (armada y
desarmada) que creyeron que una alianza con Santos era el camino expedito para
terminar la guerra. Y no fue así. Fruto de creer que el presidente era un
“reformista” o “progresista”.
Hay que insistir que la fórmula del
“diálogo nacional” puede ser aceptada formalmente por el gobierno para negociar
con Uribe a espaldas de la sociedad. En parte ya lo hace obligado por las circunstancias.
Mientras aparenta fortaleza y hace diplomacia, recibe las fuertes presiones contra
los Acuerdos por parte de diversos agentes del uribismo como la de las Cortes,
el Fiscal General (puesto por Santos) y otros órganos de poder, que conspiran en
la sombra.
En vez de jugar a las escondidas
debe oficializarse ese diálogo y negociación entre las cúpulas oligárquicas.
Hay que forzar a Santos para que muestre sus verdaderas cartas y enfrente por
fin a su “mentor plebeyo venido a más”. La verdad es que Uribe durante todo
este tiempo ha presionado impunemente desde adentro y desde afuera del gobierno
y de la institucionalidad oligárquica.
Paralelamente, la tarea estratégica
es construir un Nuevo Proyecto Político que unifique a los demócratas y a la
izquierda, nos conecte con la juventud y con amplios sectores sociales en esta
coyuntura de recesión económica y de crisis fiscal del Estado. Liberarnos las
manos para enfrentar un gobierno neoliberal y fundir la lucha por la paz con
las reivindicaciones sociales más sentidas.
Nota: A la oligarquía siempre les sirvieron los “pactos entre
élites”, los “acuerdos entre cúpulas”, los “frentes nacionales” cuando los
hacían a escondidas, en secreto, a espaldas del pueblo y lo presentaban como el
"Gran Acuerdo Nacional". Pero si ahora, obligamos a negociar a Santos
con Uribe, lo que hacemos es ponerlos de blanco, hacer evidente sus intereses,
aclararle al pueblo que ellos son de la misma entraña, que son cómplices y
socios, y que su pelea sólo es por garantizar sus propias impunidades o para
controlar el aparato estatal y burocrático.
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