La guerra en el Cauca requiere la presencia de Cuerpos Armados de Paz de
la ONU
Popayán, 1° de
noviembre de 2019
Enviar otros 2.500 efectivos
militares al Norte del Cauca es lo único que se le ocurre a Duque. Frente a una
guerra de exterminio, en donde una masacre se sucede a otra, enviar más tropa sin
tener una coordinación con la población, no significa nada. Y para las
comunidades indígenas, campesinos negros y mestizos, no representa nada nuevo
sino más de lo mismo. Es una guerra ajena en donde ellos colocan los muertos.
Situaciones extremas requieren soluciones extremas. La Paz –está más
que demostrado en todo el mundo y en todos los tiempos– solo se hace y se defiende
con armas. Frente a una guerra irregular impuesta por grupos armados bajo la dirección
del Cartel de Sinaola, que aplica nuevas estrategias de exterminio y/o de sometimiento
forzado, los indígenas con bastones y actos de buena fe (movilizaciones,
comunicados, llamamientos a la paz) no lograrán ninguna solución.
De acuerdo a la forma como actúan
estos grupos ex-farc, se constata que hay una nueva orientación, que es una
práctica de los carteles mexicanos. Se trata de aterrorizar al conjunto de la
población, impedir su desplazamiento, comprar y cooptar gente con dinero,
declararse narcotraficantes sin ningún rubor, y mostrarse como otro poder
frente al Estado pero sin ninguna connotación política. Es decir, puro y sucio negocio armado y sanguinario.
Y para las comunidades de la
región, especialmente para el movimiento indígena, un ejército oficial,
dirigido por terratenientes e infiltrado por narcos, no es ninguna garantía para
su supervivencia y para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito y
de la violencia que está aparejada a esa realidad económica-productiva (coca,
marihuana).
Por ello me atrevo a plantear las
siguientes propuestas para enfrentar una situación tan extrema y crítica, que a
corto plazo no tiene salida sin el concurso general de la población.
Se requiere que el pueblo nasa y
campesino de la región, establezcan una alianza pública con el Estado y el
ejército, bajo las siguientes condiciones:
a) Militarización de la región
con presencia activa de cuerpos armados de paz de la ONU, para supervisar la
acción del Estado y de la Guardia Indígena, Campesina y Negra;
b) Armamento general, provisional
y temporal, de las Guardias Indígenas, Campesinas y Negras, y entrega de
logística de comunicaciones y transporte a amplios sectores de la población a manera
de una milicia de base;
c) Financiación de un programa
urgente de erradicación de cultivos de uso ilícito (que debe ser obligatoria) y
de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, incluyendo paquetes de
compensación a las familias cocaleras. Ello debe incluir financiación de proyectos
productivos de transformación y procesamiento de las materias primas y acceso a
mercados internacionales para vender nuestros productos (única garantía de
rentabilidad).
d) Y en todo evento, en todos los
escenarios, plantear lo que se dice en el último párrafo de mi anterior
artículo: “Está visto y comprobado que mientras exista la política de
prohibición de la droga (cocaína, heroína, opio, marihuana, etc.), es decir, mientras
no se acabe el incentivo artificial que hace que ese negocio sea tan rentable,
nuestros pueblos se van a ver sometidos por más altos niveles de violencia,
corrupción, delincuencia organizada, y connivencia estatal, que es utilizada a
la vez, como estrategia política y económica para mantener a la población
atemorizada y controlada.”[1]
El principal argumento que se presenta
contra el punto b), o sea, el de armar a las “Guardias Populares”, consiste en
decir que es un gran peligro, que se puede repetir y generalizar el fenómeno de
las “auto-defensas” que fueron la base del paramilitarismo. A dicha prevención
habría que responder con los siguientes argumentos:
- En realidad los grupos
paramilitares nunca fueron “auto-defensas” de verdad. Las Convivir, base
inicial del paramilitarismo, fueron grupos armados privados, mercenarios
pagados por las mafias y por los para-políticos, y apoyados por sectores del
ejército. Solo se apropiaron del nombre de “auto-defensas” pero siempre fueron
grupos privados y mercenarios.
- Es necesario que la población
indígena y campesina de la región sea armada a través de sus Guardias Indígena,
Campesina y Negra, en forma temporal y provisional, para impedir que la gente
se arme en forma espontánea y desordenada (como ya seguramente está ocurriendo),
y también, es una forma de presión al gobierno y a la ONU. De lo contrario, el
Estado no cumplirá nada, la ocupación militar se quedará por siempre en el
territorio, los pueblos entregarán y perderán su autonomía y, los cultivos
ilícitos nunca serán erradicados ni sustituidos.
El reciente y fracasado “proceso
de paz” es más que una demostración de esa verdad.
[1] ¿Santander
de Quilichao y el Cauca se convertirán en el Culiacán y el Sinaloa colombianos?:
https://cutt.ly/OenFrBG
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