LA DISPUTA POR LA DIRECCIÓN DEL POST-CONFLICTO
Popayán, 8 de
septiembre de 2016
En Colombia la lucha por la paz y
por la democracia empieza a despejarse. El paso dado por las FARC de dar por
terminado en forma concertada con el gobierno el levantamiento armado de 52
años, es un hecho de gran significación. Ese suceso ofrece grandes oportunidades
al pueblo colombiano para reorganizar sus fuerzas y movilizarse masivamente en
torno a sus reivindicaciones más preciosas. Para hacerlo hay que derrotar políticamente
a los sectores retardatarios que han impedido –desde siempre– la construcción
de una democracia real que sea garantía de progreso y bienestar para las
grandes mayorías de la Nación.
Sabemos que el interés en la paz que
tiene la gran burguesía y el imperio no es gratuito. Su causa tiene por objeto
despejar de la presencia guerrillera a extensos territorios del país para
profundizar la entrega de nuestras riquezas al gran capital transnacional. Su
pretensión es clara y evidente. Así como lograron instrumentalizar el conflicto
armado ahora pretenden poner a su servicio (utilizar, manipular) el proceso de
paz. En gran medida lo han logrado aprovechándose de la debilidad política de
la insurgencia. Eso lo entendemos con claridad y no nos hacemos ilusiones vanas.
Para conseguir ese objetivo organizaron
el Plebiscito. Pretenden darle legitimidad y apariencia democrática a la
refrendación de los acuerdos. En realidad, su meta es conseguir que las
mayorías populares, incluyendo a la dirigencia de las organizaciones sociales, identifiquen
y limiten la “construcción de la paz estable y duradera” a la “ejecución de los
acuerdos para el final del conflicto”. Ello para tratar de ocultar lo que todos
sabemos: dichos acuerdos no afectan en lo más mínimo las causas que originaron
y que alimentan el conflicto armado en Colombia. El presidente Santos lo dice
todos los días: “La institucionalidad no se negoció”. El carácter del Estado y
el modelo económico seguirán intactos si se lo permitimos.
No obstante, entendemos que la
insurgencia no estaba en condiciones de obtener concesiones importantes en el
proceso de diálogo y de negociación con el gobierno. Comprendemos su afán de
superar de una manera digna esta fase de su lucha y la necesidad de presentar,
después de tantos sacrificios humanos y materiales, algunos logros en materia
de conquistas para la población campesina y rural. Hallamos justo el esfuerzo
por obtener serias garantías de seguridad para reintegrarse a la vida civil y
por lograr condiciones democráticas para transformarse en un partido político y
participar en igualdad de condiciones en la vida legal. Sin embargo, pensamos
que pueden haber cometido algunas ligerezas e imprecisiones.
Por ello, pensamos que es
importante aclarar al pueblo colombiano que en el contenido de los acuerdos se
plasman visiones diferentes y contrarias respecto al alcance de los mismos.
Mientras que para el gobierno “las transformaciones que conlleva la
implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del
conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la
violencia en el territorio”, a juicio de las FARC “dichas transformaciones
deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la
cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su
concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades
rurales (…)”.[1]
Esto es muy importante que se
entienda porque influye en forma determinante en la orientación y alcance de las
luchas populares y en especial, de las reivindicaciones agrarias, rurales y
campesinas que siempre han tenido la meta de liquidar la estructura monopólica
de la propiedad de la tierra. Es urgente hacer claridad que dichas luchas no
pueden tener como limitación o condicionamiento lo que se aprobó en el Acuerdo
Final con el nombre de Reforma Rural Integral RRI, dado que como lo reconoce el
mismo gobierno, sus alcances no tocan para nada el modelo económico imperante. No
sería justo que organizaciones autónomas e independientes de las FARC queden
condicionadas por dichos acuerdos.
Por ello, las FARC y el gobierno
deben aclarar ante la opinión pública que los contenidos de los acuerdos en
ningún sentido pueden comprometer a terceros. Se supone que quienes apoyamos el
SI en el Plebiscito, lo hacemos con la convicción de que termine el conflicto
armado entre las FARC y el gobierno, y por ello, no podemos quedar amarrados o
maniatados en nuestras metas y objetivos de lucha a los contenidos del pacto
entre dos partes que no representan el pensar y el sentir de toda la sociedad.
Además, se debe recordar que las organizaciones sociales no participaron
plenamente en esos debates ni tenían por qué hacerlo.
Ese tipo de precisiones deben
servir para desenmascarar los planes del imperio y de la gran burguesía
transnacional e iniciar, desde ya, la lucha por la dirección política del “post-conflicto”.
Si los demócratas nos descuidamos, lo que se puede desarrollar en la Colombia
de hoy –y frente a ello no podemos cerrar los ojos– es el tránsito
gigantescamente rápido de la violencia brutal a la estafa más refinada.
Reiteramos, apoyamos la terminación negociada del conflicto armado pero no
somos ingenuos ni ilusos frente a toda la tramoya que se ha montado para
identificar ese simple hecho con la denominada “paz estable y duradera”.
Teniendo en cuenta lo anterior y
de frente a las tareas que el pueblo colombiano tiene para construir una
verdadera paz hay que rechazar a quienes alientan ilusiones en la gran
burguesía transnacional representada por Santos y en la burguesía burocrática y
corrupta personificada por los Gavirias, Samper, Serpas, Barreras, Benedettis,
y cía., que se han colinchado sin escrúpulos ni vergüenza en la lucha por la
paz para pasar de agache y mantener su corrupto poder. Reafirmamos: No se puede
estimular ninguna confianza en la burguesía criminal que ya ha demostrado que
no cumple ningún compromiso.
Esa lucha por disputar la
dirección del post-conflicto no se puede aplazar mientras la burguesía nos
garantiza –como algunos creen– una “paz pura y simple”. La paz que quiere el
imperio y la oligarquía es la “paz neoliberal”. Así lo definieron desde que se
iniciaron los diálogos y en esa dirección han avanzado con la aprobación de la
Ley Zidres, el Nuevo Código de Policía, la falsa separación de poderes y tienen
preparada la Reforma Tributaria que será presentada como una ley impositiva
necesaria para “financiar y construir la paz”.
¿Cuál es el paso práctico que
planteamos para empezar a construir el nuevo país que todos anhelamos? Creemos
que es necesario diseñar una estrategia para aplicar un antídoto contra la
cooptación institucional de la inconformidad ciudadana. Dicha tarea debe tener
como meta inmediata derrotar en las elecciones de 2018 a los representantes de la
burguesía burocrática que utilizan el tema de la paz y la ilusión del
postconflicto para continuar robándose el presupuesto del Estado. Hay que sacar
a todos los corruptos de la administración del Estado para poder no sólo
cumplir los Acuerdos sino para asumirlos como punto de apoyo (cuota inicial) para
avanzar hacia nuevos horizontes democráticos y de justicia social.
Para hacerlo hay que emplazar a
todos los sectores decentes y honestos de la sociedad colombiana que estén
dispuestos de verdad (y puedan comprobarlo con sus antecedentes) a derrotar y
acabar definitivamente con la corrupción político-administrativa. En los
Acuerdos hay unos puntos en esa materia que deben ser tenidos en cuenta pero
deben ser profundizados y desarrollados con mucho mayor alcance. Para hacerlo
con nitidez y oportunidad hay que constituir una Gran Convergencia, Alianza o
Coalición Ciudadana por la Democracia que aglutine a todas las fuerzas y
sectores sociales y políticos que se coloquen esa prioridad.
Es más, hay que invitar también a
personalidades como Humberto de La Calle Lombana y Sergio Jaramillo, cabezas de
negociación del gobierno, a romper con las cúpulas de los partidos que hacen
parte de la Unidad Nacional “santista”, que son profundamente clientelistas,
politiqueros y corruptos, si en verdad quieren concretar lo firmado en los
Acuerdos, así como a la dirigencia de las FARC, una vez se integren a la vida
civil. El mismo llamado hay que hacerle a las fuerzas de izquierda y “progresistas”,
para que se separen de la burguesía burocrática que los quiere sobornar y cooptar
con pequeñas dádivas y contratos del “post-conflicto”, como ya lo hacen con algunos
dirigentes burocráticos descompuestos de algunas organizaciones sociales y
ONGs.
En esa urgente tarea vemos con
optimismo y alegría que un sector de lo que denominamos como burguesía “decente”
(empresarios cansados de pagar impuestos y contribuciones que se los roban los
corruptos) está dispuesta a apoyar esa fundamental e inmediata tarea. Esa
burguesía con sentido de la “ética pública” debe ser estimulada y apoyada en la
tarea de profundizar la lucha contra la corrupción política-administrativa. La
sociedad colombiana ya cuenta con importantes figuras y personalidades
políticas que representan este sector social que es vital –al lado de los
trabajadores y sectores populares–para dar ese trascendental paso.
La realidad viva y lacerante nos
obliga a relegar –por ahora– a un segundo término la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente, que sólo deberá ser requerida por un gobierno
verdaderamente democrático y honesto que garantice la participación plena y efectiva
de amplios sectores de la sociedad colombiana, ya liberada de las fuerzas
corruptas que utilizan el presupuesto de la nación y de los entes territoriales
para hacer politiquería y clientelismo, que son factores anti-democráticos que
no pueden ser superados por acuerdos burocráticos sino mediante un nuevo tipo
de acción política y electoral decidida y entusiasta.
Ante la grandiosidad de la misión
que tenemos entre manos, que tiene antecedentes en las oleadas democráticas encabezadas
por Carlos Gaviria Díaz y Antanas Mockus en años recientes, la tarea inmediata
es desarrollar una inmensa y denodada batalla de ideas para superar la
confusión ideológica que reina en las filas de los demócratas y de la
izquierda. Pero paralelamente, ni más faltaba, ir construyendo la fuerza y la
organización de ese movimiento ciudadano con las agrupaciones y personalidades
políticas que ya tienen claridad sobre la tarea práctica inmediata.
Sólo podremos iniciar la
construcción de una paz estable y duradera, cumplir los Acuerdos firmados y
avanzar hacia cambios sustanciales y efectivos si, y sólo si, logramos derrotar
esa burguesía burocrática que representa el peor cáncer de nuestra sociedad
como es la corrupción político-administrativa. Incluso, es más dañina que la
violencia que hemos vivido porque está en su origen y la retroalimenta en la
cultura y en el tiempo. ¡No lo dudemos!
Nota complementaria: En
realidad derrotar y liquidar a la "burguesía burocrática" es una
tarea casi "pre-moderna", dado que ese sector de clase social hunde
sus raíces en épocas coloniales. Derrotar la personificación de la corrupción
político-administrativa es la tarea más revolucionaria del momento. Será un
paso que despejará el panorama.
Uribe al quedar aislado de los
grandes terratenientes que se sumaron al "proceso de paz" de Santos y
del Imperio, quedó reducido a un sector de la burguesía agraria (fuertemente
lastimada por las FARC) y tratará de recuperar su lugar dentro de la
"burguesía burocrática" (allí nació y se crió) y por ello es
inevitable que se junte con Vargas Lleras.
[1]
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera. pág. 2, párrafo 4
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