Lecciones del paro nacional agrario… (4)
EL PARO AGRARIO Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA DEL CAUCA
Popayán, de septiembre de 2013
Las inconsistencias observadas en
el comportamiento de la dirigencia indígena del Cauca (CRIC) frente al Paro
Nacional Agrario de 2013, sólo pueden explicarse a la luz de la reconstrucción
histórica del desarrollo económico-social y de la evolución de sus luchas de resistencia.
¿En qué consisten esas
incoherencias? Todos sabemos que en el año 2004 el movimiento indígena caucano
colocó como primer punto de su agenda política la lucha contra los TLCs. En marzo
de 2005 a través de una Consulta Popular los pueblos nativos le dieron una
rotunda negativa a ese tratado. La Minga de Resistencia Social y Comunitaria lo
confirmó en 2008 por medio de una fenomenal demostración de fuerza y
movilización organizada.
Sin embargo, en esa gesta
indígena y popular de 2008 se notaron los intentos de quienes querían utilizar
la “agenda de los pueblos”
(de
tipo político-estructural) para negociar con el gobierno reivindicaciones exclusivas
de los pueblos indios. Es cierto que toda comunidad tiene derecho a obtener
satisfacción a sus necesidades inmediatas pero en la dinámica de las luchas
debe haber claridad frente a los objetivos políticos de un movimiento. No se
puede aparentar una cosa para conseguir otra. Es inconsecuente.
Es importante señalar que en la
preparación del paro agrario del 19 de agosto de 2013 se presentaron varios
hechos que fortalecieron la posición de las fuerzas conciliadoras al interior
del movimiento indígena y debilitaron a quienes impulsaban la participación en
el paro. Una fue el tratamiento sectario que los dirigentes de Dignidad
Cafetera les dieron a los indígenas nasas que participaron en el paro cafetero
de febrero-marzo/2013, no permitiéndoles intervenir ni en la coordinación de la
lucha ni en la mesa de negociación, cuando ellos habían demostrado en la práctica
su compromiso y capacidad de lucha.
El segundo problema que generaba
reservas entre la dirigencia indígena era la participación en el paro agrario de
fuerzas organizadas de los campesinos y colonos que impulsan las zonas de
reserva campesina, que tienen fuertes contradicciones con ellos en territorios autóctonos
y en zonas colindantes con sus resguardos. El tercer inconveniente eran los rumores
de que el ex-presidente Uribe tenía cierta injerencia en el movimiento.
En la práctica estos problemas se
convirtieron en excusas que fueron aprovechadas por el gobierno. Éste programó
dos reuniones en Popayán (la primera el 12 de agosto y la segunda el 16 de
agosto, tres días antes del inicio del paro) para convencer a los dirigentes
indígenas de privilegiar sus intereses inmediatos y particulares, con la
promesa de instalar la Comisión Mixta para revisar el tema relacionado con
tierras y territorio. Esta Comisión creada por
el Decreto 982 de 1999 para el desarrollo integral de la política
indígena, cuenta con la participación de los ministerios de Interior,
Agricultura, Hacienda, Departamento
Nacional de Planeación, Incoder, Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Cauca.
"Yo quiero hacer un
compromiso en el tema de tierras. Tenemos la disponibilidad de conseguir
recursos para este objetivo que es esencial y que corresponde al saneamiento y
a la titulación”, señaló el ministro del Interior Fernando Carrillo Flórez en
esas reuniones.
No se puede desconocer que después,
al ver cómo se desenvolvió el paro, al observar la represión que estaban
sufriendo los campesinos y sus hermanos indígenas pastos y quillacingas de
Nariño, y la política de dilación y desgaste que desarrollaba el gobierno
frente a la protesta, los indígenas impulsaron unas importantes y
multitudinarias marchas de solidaridad en Popayán – una realizada por el pueblo
Misak el 28 de agosto y otra por el pueblo nasa el 3 de septiembre –, pero de
todas maneras quedó el sabor de que el gobierno había conseguido desmovilizar
al movimiento indígena caucano. Y, lo logró, no hay duda.
Algo de historia
El movimiento indígena del Cauca,
encabezado por pueblos Nasas y Misak (guambianos) se ha destacado por su
organización y combatividad en la historia de las luchas populares en Colombia.
Desde la época de la colonización española los pueblos indígenas de ésta región
han resistido con la frente en alto. En la época republicana derrotaron los
intentos de la oligarquía “criolla” de apoderarse de sus tierras y
esclavizarlos totalmente. Muchos comuneros fueron convertidos en “terrajeros”
pero en Tierradentro y otras zonas, los resguardos se mantuvieron relativamente
autónomos hasta principios del siglo XX.
En la primera mitad del siglo XX
las gestas encabezadas por Manuel Quintín Lame y por José Gonzalo Sánchez le
dieron continuidad a la lucha indígena por recuperación y defensa de su
territorio, autoridad, lengua y cultura originaria. Dicha tradición libertaria
renació con fuerza en los años 60 del siglo XX y se cristalizó con la fundación
del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971, después de organizarse en
el seno de la ANUC.
A partir de allí el CRIC se
convirtió en una organización de referencia para las luchas populares en
Colombia. Posteriormente aparecen las Autoridades Indígenas de Colombia AICO
(1983) como una organización representativa del pueblo Misak, separándose del
CRIC por diferencias en la concepción de autonomía y autoridad indígena. Sin
embargo prosiguen la lucha por recuperación de territorio y por la
reconstrucción social, económica, política y cultural de los pueblos
originarios.
Estas organizaciones indígenas
participan en la Asamblea Nacional Constituyente (1991) con un dirigente
guambiano elegido por votación popular Lorenzo Muelas y otro por
circunscripción especial obtenida por la desmovilización del Movimiento Armado
Quintín Lame, que le correspondió al dirigente Alfonso Peña Chepe. Se logró así
el reconocimiento formal de sus derechos instituyendo que Colombia es un país
pluricultural y multiétnico.
A partir de ese momento se crean
las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS) que son una figura constitucional
que reglamenta la organización de los territorios habitados por comunidades
indígenas, las cuales se benefician de las transferencias nacionales. En las
ETIS, se establecen gobiernos locales autónomos (Cabildos), con funciones
específicas y recursos propios. La ETI puede manejarse de forma autónoma frente
al municipio y al departamento, y su estructura está determinada por la
identidad cultural de cada comunidad.
Los cambios a partir de 1991
Con la creación de las Entidades
Territoriales Indígenas se presentó al interior del movimiento indígena un
cambio cualitativo en las direcciones de los cabildos y de las organizaciones
más representativas. Es importante aquí destacar que la lucha contra el
“terraje”, por la recuperación y ampliación de los resguardos y por el rescate
de la autonomía, fue protagonizada por campesinos indígenas pobres. Muchos de
sus líderes se formaron en el seno de organizaciones populares y partidos
políticos de izquierda (ANUC, Partido Comunista, Movimiento Revolucionario
Liberal).
Sin embargo a partir de 1991 la
situación cambia drásticamente. Las organizaciones indígenas, influidas y
presionadas por la reglamentación oficial y asesoradas por toda clase de Organizaciones
No Gubernamentales ONGs, entran en la dinámica de los proyectos, la cooperación
internacional, la elaboración de planes de desarrollo (llamados “planes de
vida”), la administración de las ETIS y de las alcaldías municipales en donde
el movimiento indígena había elegido sus candidatos. En ese proceso los líderes
tradicionales son reemplazados paulatinamente por jóvenes estudiados pero sin
experiencia comunitaria.
Ahora, en la dirección del
movimiento indígena ya no están los “mayores” con experiencia y tradición de
lucha campesina e indígena. A partir de la década de los años 90s acceden al
poder dentro del movimiento indígena “cuadros” capacitados en universidades o
en ONGs, expertos en planificación territorial, en manejos contables, en
interpretación de las normas de la administración pública, hijos de familias
indígenas más acomodadas y ricas, algunas de las cuales incluso habían estado
en contra de la lucha por la recuperación de tierras.
El último dirigente tradicional
del movimiento indígena caucano que estuvo cercano del CRIC fue Juan Gregorio
Palechor. Él era mirado por encima del hombro y despreciado por los nuevos
dirigentes que con título universitario en la mano llegaron a mandar en las
organizaciones indígenas. A su lado pelecharon y progresaron toda clase de
burócratas y funcionarios “blancos” que le cambiaron la orientación política al
movimiento indígena, haciendo predominar en ellos el supuesto “derecho mayor” y
toda una visión “indigenista”.
Se olvidó la estrategia de
alianzas que habían trazado los fundadores del CRIC que estaba resumida en la siguiente
consigna: “Somos colombianos, somos campesinos y somos indios”. Esta frase es
una extraordinaria síntesis de la política de alianzas: con el pueblo
colombiano por la independencia nacional, con los campesinos pobres por una
reforma agraria democrática, y con los indios por la defensa, recuperación y
reconstrucción de su territorio, cosmovisión, identidad, cultura, lenguas,
costumbres y autonomía.
Las contradicciones de clase al interior del mundo indígena
Pero ese cambio en las cúpulas de
poder de los pueblos indígenas caucanos era un reflejo o consecuencia de lo que
ocurría al interior de los resguardos. La recuperación de tierras y la
ampliación de los resguardos indígenas conseguida por una sacrificada lucha en
donde se derrotó a los grandes terratenientes caucanos, no se correspondió con
una distribución equitativa de la tierra y de las conquistas económicas
(“proyectos”) entre los comuneros. Las familias más acomodadas no
redistribuyeron sus adjudicaciones y poco a poco han monopolizado los
beneficios obtenidos en las luchas.
Fue así como se promovió la
recuperación de tierras principalmente hacia afuera de los resguardos como una
forma de atenuar la presión interna, aunque es cierto que la población ha
crecido en las últimas décadas y que la cantidad de tierra fértil y cultivable
es limitada. Esa es una de las razones de que hoy existan numerosos asentamientos
indígenas en otras regiones del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Son
pueblos en expansión.
Este es un problema que se ha agudizado
con el tiempo. Algunos han planteado la necesidad de hacer una reforma agraria
interna. Sin embargo la posición que ha predominado es la lucha por buscar la
ampliación de los resguardos o la migración hacia nuevos territorios. Es
evidente que los campesinos indígenas más pobres que quieren mantenerse en su
territorio ancestral tienen que jornalear o buscar alternativas diferentes para
subsistir, como por ejemplo, los cultivos llamados “de uso ilícito” (coca o
amapola). Tal situación ha traído graves problemas y contradicciones con
quienes desde la autoridad de los cabildos y dirección del movimiento indígena no
comprenden ni sienten su situación.
Además, históricamente también ha
influido en la generación de contradicciones internas en el mundo indígena, la
presencia de los campesinos colonos propietarios que entran en relación con los
indígenas pobres y jornaleros, e influyen – muchas veces sin quererlo – en que
el indígena empiece a cuestionarse su permanencia dentro de los resguardos y
cabildos, al no encontrar soluciones a sus problemas vitales.
Es así como desde hace algunos
años han surgido organizaciones indígenas que cuestionan la falta de democracia
al interior de los cabildos. Algunas de estas organizaciones se plantean
reconstruir la visión con que se fundó el CRIC y reivindican el nombre de
Manuel Quintín Lame. Otras asociaciones – influidas por puntos de vista que no comprenden
la problemática étnica – impulsan visiones “campesinistas”, generando graves
problemas en la vida indígena en general, dado que entran a desconocer la autoridad,
a cuestionarse muchas normas que ellos perciben que benefician sólo a las
familias indígenas más pudientes y que no contribuyen con el desarrollo
colectivo y comunitario.
La penetración del capitalismo en
diferentes formas es otro factor que contribuye a la descomposición de los
pueblos indios. La existencia de ese tipo de contradicciones sociales y su no
resolución por una vía democrática que fortalezca el espíritu colectivo, le
facilita a ese capitalismo el debilitamiento de los lazos comunitarios.
Lo ideal es que los indígenas
pobres (“los de abajo”) recuperen la fuerza y la hegemonía dentro del
movimiento indígena. Lo necesario es que se logre combinar el sentimiento
nacional con la naturaleza de clase social (campesina) y la esencia
étnico-cultural indígena (sea Nasa, Misak, Kokonuco, Yanacona, etc.). Sólo así
se podrá avanzar en la construcción de poder popular que sea un fortín para la
reconstrucción de sus pueblos y el relacionamiento creativo y “entre iguales”
con los campesinos vecinos, pobres y medios.
El desarrollo de la lucha de
clases al interior de los pueblos indígenas puede tener dos desarrollos: uno,
si los campesinos indígenas pobres construyen una línea política transformadora
pueden recuperar los cabildos con visión “propia” y aportar mucho a la
revolución colombiana, fortaleciendo la lucha por una verdadera autonomía. Si
esos campesinos indígenas pobres no desarrollan una lucha interna – por
influencia externa o por otras circunstancias – contribuirán con la
descomposición de esos pueblos y se convertirán en campesinos propietarios
"libres". Es lo que viene ocurriendo en muchos resguardos tanto nasas
como guambianos, totoróes, polindaras y otros. Esos “indígenas campesinizados” también
contribuirán con la lucha del pueblo colombiano por su liberación pero lo harán
desde una perspectiva no étnica (nacionalidad indígena).
Estas mismas contradicciones se
están viviendo entre los pueblos indios de Ecuador, Perú y Bolivia, y hacen
parte de los problemas que enfrentan a ciertos sectores de los pueblos originarios
con los gobiernos nacionalistas de Evo Morales y Rafael Correa.
Conclusión
El paro nacional agrario ha
sacado a relucir las contradicciones que el desarrollo del capitalismo y la
lucha de clases genera en la vida indígena, en general, y en la dinámica del
movimiento organizado originario, en particular.
La lucha entre la conciliación y
la revolución sale a flote. Algunos dirigentes pretenden impulsar el
“desarrollo” de los pueblos a través de proyectos económicos y sociales antes
agenciados por la cooperación internacional y ahora financiados por el Estado
colombiano, sin tocar para nada el régimen económico y político dominante.
Otros dirigentes no renuncian a la lucha por cambios estructurales en la
sociedad colombiana, y denuncian cómo la política del Estado es entregar
pequeñas concesiones pero paralelamente destruir la unidad y la fuerza de esas
comunidades. Su fin es penetrar en el seno de la comunidad con el gran capital,
apropiarse de los territorios y recursos naturales y demoler la resistencia
ancestral que es un “mal ejemplo” para el resto del pueblo colombiano.
Un ejemplo de cómo el gran
capital ha utilizado la debilidad organizativa de los pueblos y el
empoderamiento de “nuevos caciques” es lo ocurrido con el pueblo wayuu en la
Guajira. Allí el conglomerado empresarial de la BHP Billiton, heredero de la
Exxon, aprovechó los intereses de la cúpula dominante entre los indígenas wayuu
para apropiarse de las riquezas carboníferas e impactar todo su territorio con
la explotación del Cerrejón.
Esa tensión interna en el
movimiento indígena caucano se reflejó en ésta ocasión. La burocracia indígena –
que ha ganado mucha fuerza en los últimos años al interior de las
organizaciones originarias – privilegia la lucha por “resultados concretos”,
por la obtención de la financiación de los “proyectos” de los cuales dependen
sus ONGs, y por centrarse únicamente en el problema de la tierra, ya que la
presión interna por ella le genera graves problemas a quienes al interior de
los resguardos tienen mayor control político y territorial.
Es por ello que aunque se
cuestiona en el discurso la política neoliberal, en la práctica se convive y
utiliza la política de privatización de los sistemas de educación y de la
salud. El discurso se usa hacia afuera, pero en la vida interna las cosas son a
otro precio.
Las comunidades indígenas tienen
derecho a luchar por mayor autodeterminación y autonomía, pero deben entender
que en el marco del sistema capitalista y anti-democrático vigente, esa meta no
es conquistable. Para conseguirlo y constituir verdaderas Naciones Originarias –
como aspiran legítimamente – deben contribuir con la construcción de un gran
movimiento de los trabajadores y del pueblo colombiano para derrotar tanto al
imperio como a sus cómplices y mandaderos “nacionales” y, construir democracia
participativa y una verdadera plurinacionalidad.
En esa misma dinámica “burocrática”
y “oenegista” están otras organizaciones campesinas que como el Comité de
Integración del Macizo Colombiano se ha convertido en una verdadera ONG, que
utiliza las luchas para obtener recursos puntuales para determinados proyectos
pero renuncia a la verdadera lucha contra el régimen de despojo y de entrega de
nuestras riquezas naturales a las grandes transnacionales.
Se necesita aprender de ésta
lección para crear un movimiento agrario amplio que unifique a campesinos
mestizos, indígenas y afrodescendientes, a productores agrícolas pequeños y
medianos para diseñar una política pública que contemple los problemas particulares
de cada sector, enfrente integralmente la política neoliberal y anti-nacional
del Estado y transforme el modelo económico, político y cultural.
Si derrotamos la burocracia y los
intereses de grupo, podremos potenciar nuestras luchas y avanzar a pasos
agigantados hacia triunfos populares de grandes dimensiones. El paro nacional
agrario, a pesar de la falta de unidad de las cúpulas dirigentes, muestra la
fuerza de las bases sociales que es reflejo de la grave situación económica que
se vive en los campos y las contradicciones de clase al interior del movimiento
popular.
Nota: El movimiento indígena caucano – dirigido por burocracias
apoderadas de su dirección – a nivel regional concreta su política de alianza
con élites caucanas herederas de los antiguos terratenientes, que como en el
caso del actual gobernador Temístocles Ortega (“santista” de tiempo completo),
aparenta estar del lado de las comunidades pero le ha dado todo el poder a
Aurelio Iragorri Hormaza al interior de su administración
