EL PARO AGRARIO Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA DEL CAUCA

Lecciones del paro nacional agrario… (4)

EL PARO AGRARIO Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA DEL CAUCA

Popayán,  de septiembre de 2013

Las inconsistencias observadas en el comportamiento de la dirigencia indígena del Cauca (CRIC) frente al Paro Nacional Agrario de 2013, sólo pueden explicarse a la luz de la reconstrucción histórica del desarrollo económico-social y de la evolución de sus luchas de resistencia.

¿En qué consisten esas incoherencias? Todos sabemos que en el año 2004 el movimiento indígena caucano colocó como primer punto de su agenda política la lucha contra los TLCs. En marzo de 2005 a través de una Consulta Popular los pueblos nativos le dieron una rotunda negativa a ese tratado. La Minga de Resistencia Social y Comunitaria lo confirmó en 2008 por medio de una fenomenal demostración de fuerza y movilización organizada. 

Sin embargo, en esa gesta indígena y popular de 2008 se notaron los intentos de quienes querían utilizar la “agenda de los pueblos”[1] (de tipo político-estructural) para negociar con el gobierno reivindicaciones exclusivas de los pueblos indios. Es cierto que toda comunidad tiene derecho a obtener satisfacción a sus necesidades inmediatas pero en la dinámica de las luchas debe haber claridad frente a los objetivos políticos de un movimiento. No se puede aparentar una cosa para conseguir otra. Es inconsecuente. 

Es importante señalar que en la preparación del paro agrario del 19 de agosto de 2013 se presentaron varios hechos que fortalecieron la posición de las fuerzas conciliadoras al interior del movimiento indígena y debilitaron a quienes impulsaban la participación en el paro. Una fue el tratamiento sectario que los dirigentes de Dignidad Cafetera les dieron a los indígenas nasas que participaron en el paro cafetero de febrero-marzo/2013, no permitiéndoles intervenir ni en la coordinación de la lucha ni en la mesa de negociación, cuando ellos habían demostrado en la práctica su compromiso y capacidad de lucha. 

El segundo problema que generaba reservas entre la dirigencia indígena era la participación en el paro agrario de fuerzas organizadas de los campesinos y colonos que impulsan las zonas de reserva campesina, que tienen fuertes contradicciones con ellos en territorios autóctonos y en zonas colindantes con sus resguardos. El tercer inconveniente eran los rumores de que el ex-presidente Uribe tenía cierta injerencia en el movimiento.  

En la práctica estos problemas se convirtieron en excusas que fueron aprovechadas por el gobierno. Éste programó dos reuniones en Popayán (la primera el 12 de agosto y la segunda el 16 de agosto, tres días antes del inicio del paro) para convencer a los dirigentes indígenas de privilegiar sus intereses inmediatos y particulares, con la promesa de instalar la Comisión Mixta para revisar el tema relacionado con tierras y territorio. Esta Comisión creada por  el Decreto 982 de 1999 para el desarrollo integral de la política indígena, cuenta con la participación de los ministerios de Interior, Agricultura, Hacienda,  Departamento Nacional de Planeación, Incoder, Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Cauca.

"Yo quiero hacer un compromiso en el tema de tierras. Tenemos la disponibilidad de conseguir recursos para este objetivo que es esencial y que corresponde al saneamiento y a la titulación”, señaló el ministro del Interior Fernando Carrillo Flórez en esas reuniones.[2]

No se puede desconocer que después, al ver cómo se desenvolvió el paro, al observar la represión que estaban sufriendo los campesinos y sus hermanos indígenas pastos y quillacingas de Nariño, y la política de dilación y desgaste que desarrollaba el gobierno frente a la protesta, los indígenas impulsaron unas importantes y multitudinarias marchas de solidaridad en Popayán – una realizada por el pueblo Misak el 28 de agosto y otra por el pueblo nasa el 3 de septiembre –, pero de todas maneras quedó el sabor de que el gobierno había conseguido desmovilizar al movimiento indígena caucano. Y, lo logró, no hay duda.

Algo de historia

El movimiento indígena del Cauca, encabezado por pueblos Nasas y Misak (guambianos) se ha destacado por su organización y combatividad en la historia de las luchas populares en Colombia. Desde la época de la colonización española los pueblos indígenas de ésta región han resistido con la frente en alto. En la época republicana derrotaron los intentos de la oligarquía “criolla” de apoderarse de sus tierras y esclavizarlos totalmente. Muchos comuneros fueron convertidos en “terrajeros” pero en Tierradentro y otras zonas, los resguardos se mantuvieron relativamente autónomos hasta principios del siglo XX. 

En la primera mitad del siglo XX las gestas encabezadas por Manuel Quintín Lame y por José Gonzalo Sánchez le dieron continuidad a la lucha indígena por recuperación y defensa de su territorio, autoridad, lengua y cultura originaria. Dicha tradición libertaria renació con fuerza en los años 60 del siglo XX y se cristalizó con la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971, después de organizarse en el seno de la ANUC.

A partir de allí el CRIC se convirtió en una organización de referencia para las luchas populares en Colombia. Posteriormente aparecen las Autoridades Indígenas de Colombia AICO (1983) como una organización representativa del pueblo Misak, separándose del CRIC por diferencias en la concepción de autonomía y autoridad indígena. Sin embargo prosiguen la lucha por recuperación de territorio y por la reconstrucción social, económica, política y cultural de los pueblos originarios.

Estas organizaciones indígenas participan en la Asamblea Nacional Constituyente (1991) con un dirigente guambiano elegido por votación popular Lorenzo Muelas y otro por circunscripción especial obtenida por la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame, que le correspondió al dirigente Alfonso Peña Chepe. Se logró así el reconocimiento formal de sus derechos instituyendo que Colombia es un país pluricultural y multiétnico.

A partir de ese momento se crean las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS) que son una figura constitucional que reglamenta la organización de los territorios habitados por comunidades indígenas, las cuales se benefician de las transferencias nacionales. En las ETIS, se establecen gobiernos locales autónomos (Cabildos), con funciones específicas y recursos propios. La ETI puede manejarse de forma autónoma frente al municipio y al departamento, y su estructura está determinada por la identidad cultural de cada comunidad.

Los cambios a partir de 1991

Con la creación de las Entidades Territoriales Indígenas se presentó al interior del movimiento indígena un cambio cualitativo en las direcciones de los cabildos y de las organizaciones más representativas. Es importante aquí destacar que la lucha contra el “terraje”, por la recuperación y ampliación de los resguardos y por el rescate de la autonomía, fue protagonizada por campesinos indígenas pobres. Muchos de sus líderes se formaron en el seno de organizaciones populares y partidos políticos de izquierda (ANUC, Partido Comunista, Movimiento Revolucionario Liberal).

Sin embargo a partir de 1991 la situación cambia drásticamente. Las organizaciones indígenas, influidas y presionadas por la reglamentación oficial y asesoradas por toda clase de Organizaciones No Gubernamentales ONGs, entran en la dinámica de los proyectos, la cooperación internacional, la elaboración de planes de desarrollo (llamados “planes de vida”), la administración de las ETIS y de las alcaldías municipales en donde el movimiento indígena había elegido sus candidatos. En ese proceso los líderes tradicionales son reemplazados paulatinamente por jóvenes estudiados pero sin experiencia comunitaria.

Ahora, en la dirección del movimiento indígena ya no están los “mayores” con experiencia y tradición de lucha campesina e indígena. A partir de la década de los años 90s acceden al poder dentro del movimiento indígena “cuadros” capacitados en universidades o en ONGs, expertos en planificación territorial, en manejos contables, en interpretación de las normas de la administración pública, hijos de familias indígenas más acomodadas y ricas, algunas de las cuales incluso habían estado en contra de la lucha por la recuperación de tierras.

El último dirigente tradicional del movimiento indígena caucano que estuvo cercano del CRIC fue Juan Gregorio Palechor. Él era mirado por encima del hombro y despreciado por los nuevos dirigentes que con título universitario en la mano llegaron a mandar en las organizaciones indígenas. A su lado pelecharon y progresaron toda clase de burócratas y funcionarios “blancos” que le cambiaron la orientación política al movimiento indígena, haciendo predominar en ellos el supuesto “derecho mayor” y toda una visión “indigenista”.

Se olvidó la estrategia de alianzas que habían trazado los fundadores del CRIC que estaba resumida en la siguiente consigna: “Somos colombianos, somos campesinos y somos indios”. Esta frase es una extraordinaria síntesis de la política de alianzas: con el pueblo colombiano por la independencia nacional, con los campesinos pobres por una reforma agraria democrática, y con los indios por la defensa, recuperación y reconstrucción de su territorio, cosmovisión, identidad, cultura, lenguas, costumbres y autonomía.[3]

Las contradicciones de clase al interior del mundo indígena

Pero ese cambio en las cúpulas de poder de los pueblos indígenas caucanos era un reflejo o consecuencia de lo que ocurría al interior de los resguardos. La recuperación de tierras y la ampliación de los resguardos indígenas conseguida por una sacrificada lucha en donde se derrotó a los grandes terratenientes caucanos, no se correspondió con una distribución equitativa de la tierra y de las conquistas económicas (“proyectos”) entre los comuneros. Las familias más acomodadas no redistribuyeron sus adjudicaciones y poco a poco han monopolizado los beneficios obtenidos en las luchas.  

Fue así como se promovió la recuperación de tierras principalmente hacia afuera de los resguardos como una forma de atenuar la presión interna, aunque es cierto que la población ha crecido en las últimas décadas y que la cantidad de tierra fértil y cultivable es limitada. Esa es una de las razones de que hoy existan numerosos asentamientos indígenas en otras regiones del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Son pueblos en expansión.

Este es un problema que se ha agudizado con el tiempo. Algunos han planteado la necesidad de hacer una reforma agraria interna. Sin embargo la posición que ha predominado es la lucha por buscar la ampliación de los resguardos o la migración hacia nuevos territorios. Es evidente que los campesinos indígenas más pobres que quieren mantenerse en su territorio ancestral tienen que jornalear o buscar alternativas diferentes para subsistir, como por ejemplo, los cultivos llamados “de uso ilícito” (coca o amapola). Tal situación ha traído graves problemas y contradicciones con quienes desde la autoridad de los cabildos y dirección del movimiento indígena no comprenden ni sienten su situación.

Además, históricamente también ha influido en la generación de contradicciones internas en el mundo indígena, la presencia de los campesinos colonos propietarios que entran en relación con los indígenas pobres y jornaleros, e influyen – muchas veces sin quererlo – en que el indígena empiece a cuestionarse su permanencia dentro de los resguardos y cabildos, al no encontrar soluciones a sus problemas vitales.

Es así como desde hace algunos años han surgido organizaciones indígenas que cuestionan la falta de democracia al interior de los cabildos. Algunas de estas organizaciones se plantean reconstruir la visión con que se fundó el CRIC y reivindican el nombre de Manuel Quintín Lame. Otras asociaciones – influidas por puntos de vista que no comprenden la problemática étnica – impulsan visiones “campesinistas”, generando graves problemas en la vida indígena en general, dado que entran a desconocer la autoridad, a cuestionarse muchas normas que ellos perciben que benefician sólo a las familias indígenas más pudientes y que no contribuyen con el desarrollo colectivo y comunitario.

La penetración del capitalismo en diferentes formas es otro factor que contribuye a la descomposición de los pueblos indios. La existencia de ese tipo de contradicciones sociales y su no resolución por una vía democrática que fortalezca el espíritu colectivo, le facilita a ese capitalismo el debilitamiento de los lazos comunitarios.

Lo ideal es que los indígenas pobres (“los de abajo”) recuperen la fuerza y la hegemonía dentro del movimiento indígena. Lo necesario es que se logre combinar el sentimiento nacional con la naturaleza de clase social (campesina) y la esencia étnico-cultural indígena (sea Nasa, Misak, Kokonuco, Yanacona, etc.). Sólo así se podrá avanzar en la construcción de poder popular que sea un fortín para la reconstrucción de sus pueblos y el relacionamiento creativo y “entre iguales” con los campesinos vecinos, pobres y medios.

El desarrollo de la lucha de clases al interior de los pueblos indígenas puede tener dos desarrollos: uno, si los campesinos indígenas pobres construyen una línea política transformadora pueden recuperar los cabildos con visión “propia” y aportar mucho a la revolución colombiana, fortaleciendo la lucha por una verdadera autonomía. Si esos campesinos indígenas pobres no desarrollan una lucha interna – por influencia externa o por otras circunstancias – contribuirán con la descomposición de esos pueblos y se convertirán en campesinos propietarios "libres". Es lo que viene ocurriendo en muchos resguardos tanto nasas como guambianos, totoróes, polindaras y otros. Esos “indígenas campesinizados” también contribuirán con la lucha del pueblo colombiano por su liberación pero lo harán desde una perspectiva no étnica (nacionalidad indígena).

Estas mismas contradicciones se están viviendo entre los pueblos indios de Ecuador, Perú y Bolivia, y hacen parte de los problemas que enfrentan a ciertos sectores de los pueblos originarios con los gobiernos nacionalistas de Evo Morales y Rafael Correa.

Conclusión

El paro nacional agrario ha sacado a relucir las contradicciones que el desarrollo del capitalismo y la lucha de clases genera en la vida indígena, en general, y en la dinámica del movimiento organizado originario, en particular.

La lucha entre la conciliación y la revolución sale a flote. Algunos dirigentes pretenden impulsar el “desarrollo” de los pueblos a través de proyectos económicos y sociales antes agenciados por la cooperación internacional y ahora financiados por el Estado colombiano, sin tocar para nada el régimen económico y político dominante. Otros dirigentes no renuncian a la lucha por cambios estructurales en la sociedad colombiana, y denuncian cómo la política del Estado es entregar pequeñas concesiones pero paralelamente destruir la unidad y la fuerza de esas comunidades. Su fin es penetrar en el seno de la comunidad con el gran capital, apropiarse de los territorios y recursos naturales y demoler la resistencia ancestral que es un “mal ejemplo” para el resto del pueblo colombiano.

Un ejemplo de cómo el gran capital ha utilizado la debilidad organizativa de los pueblos y el empoderamiento de “nuevos caciques” es lo ocurrido con el pueblo wayuu en la Guajira. Allí el conglomerado empresarial de la BHP Billiton, heredero de la Exxon, aprovechó los intereses de la cúpula dominante entre los indígenas wayuu para apropiarse de las riquezas carboníferas e impactar todo su territorio con la explotación del Cerrejón.

Esa tensión interna en el movimiento indígena caucano se reflejó en ésta ocasión. La burocracia indígena – que ha ganado mucha fuerza en los últimos años al interior de las organizaciones originarias – privilegia la lucha por “resultados concretos”, por la obtención de la financiación de los “proyectos” de los cuales dependen sus ONGs, y por centrarse únicamente en el problema de la tierra, ya que la presión interna por ella le genera graves problemas a quienes al interior de los resguardos tienen mayor control político y territorial.

Es por ello que aunque se cuestiona en el discurso la política neoliberal, en la práctica se convive y utiliza la política de privatización de los sistemas de educación y de la salud. El discurso se usa hacia afuera, pero en la vida interna las cosas son a otro precio.

Las comunidades indígenas tienen derecho a luchar por mayor autodeterminación y autonomía, pero deben entender que en el marco del sistema capitalista y anti-democrático vigente, esa meta no es conquistable. Para conseguirlo y constituir verdaderas Naciones Originarias – como aspiran legítimamente – deben contribuir con la construcción de un gran movimiento de los trabajadores y del pueblo colombiano para derrotar tanto al imperio como a sus cómplices y mandaderos “nacionales” y, construir democracia participativa y una verdadera plurinacionalidad.   

En esa misma dinámica “burocrática” y “oenegista” están otras organizaciones campesinas que como el Comité de Integración del Macizo Colombiano se ha convertido en una verdadera ONG, que utiliza las luchas para obtener recursos puntuales para determinados proyectos pero renuncia a la verdadera lucha contra el régimen de despojo y de entrega de nuestras riquezas naturales a las grandes transnacionales.

Se necesita aprender de ésta lección para crear un movimiento agrario amplio que unifique a campesinos mestizos, indígenas y afrodescendientes, a productores agrícolas pequeños y medianos para diseñar una política pública que contemple los problemas particulares de cada sector, enfrente integralmente la política neoliberal y anti-nacional del Estado y transforme el modelo económico, político y cultural.

Si derrotamos la burocracia y los intereses de grupo, podremos potenciar nuestras luchas y avanzar a pasos agigantados hacia triunfos populares de grandes dimensiones. El paro nacional agrario, a pesar de la falta de unidad de las cúpulas dirigentes, muestra la fuerza de las bases sociales que es reflejo de la grave situación económica que se vive en los campos y las contradicciones de clase al interior del movimiento popular.

Nota: El movimiento indígena caucano – dirigido por burocracias apoderadas de su dirección – a nivel regional concreta su política de alianza con élites caucanas herederas de los antiguos terratenientes, que como en el caso del actual gobernador Temístocles Ortega (“santista” de tiempo completo), aparenta estar del lado de las comunidades pero le ha dado todo el poder a Aurelio Iragorri Hormaza al interior de su administración

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[1] Esa Agenda se puede resumir así: 1.Rechazo a los Tratados de Libre Comercio. 2. No más terror y guerra. 3.  Derogatoria de la legislación del despojo. 4. Cumplimiento de los acuerdos y convenios anteriores. 5. Creación de mecanismos de soberanía, paz y convivencia.  Ver: www.nasaacin.org

[2] Ver Página Web del Ministerio del Interior: “Mininterior ante indígenas del CRIC destaca la importancia del diálogo en las protestas sociales.”

[3] No todos los indígenas colombianos son campesinos.  La mayoría de los indígenas del Cauca si lo son. Viven en el campo y subsisten de la agricultura. Formalmente la propiedad de la tierra es colectiva pero en la práctica la apropiación y aprovechamiento de la tierra es individual. Son campesinos y a la vez indígenas.