miércoles, 18 de septiembre de 2013

EL PARO AGRARIO Y LA UNIDAD DEL PUEBLO

EL PARO AGRARIO Y LA UNIDAD DEL PUEBLO

Popayán, 18 de septiembre de 2013

La rebelión agraria que acaba de ocurrir – por ahora –, se concentra en las mesas de negociación. Sabemos de antemano cuáles serán los límites que colocará el gobierno al movimiento agrario. Es la misma “línea roja” que impuso en la mesa de negociaciones de La Habana: “No negociaremos el modelo económico y político vigente”.[1]

Mirado desde ese punto de vista diríamos que el paro agrario fue derrotado. La fuerza del movimiento – así hubiera sido enorme y aumentada por los errores del gobierno – no consiguió quebrar el eje central de la política burguesa, su régimen económico y político, que favorece los intereses de los grandes monopolios “nacionales” y extranjeros. 

Si lo hubiera conseguido habría sido una revolución. Pero no, fue un alzamiento campesino y popular en el marco de la institucionalidad dominante. Aunque los pliegos de exigencias abordaban dos puntos de carácter revolucionario – la derogación o renegociación de los Tratados de Libre Comercio planteado por las “Dignidades” y el diseño de una política agraria alrededor del pequeño productor campesino expuesto por la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA –, la fuerza acumulada por el movimiento no logró alcanzar dichos objetivos.

Sin embargo ambos planteamientos quedaron consignados en la mente del pueblo. Ese es su principal y gran logro. Es por ello que el gobierno se apresuró a lanzar el supuesto “pacto agrario” que no pasó de ser otro anuncio del gobierno, aunque allí el alcalde de Bogotá Gustavo Petro le “midió el aceite” al gobierno, lo puso contra la pared con fundamentadas preguntas y creativas propuestas, que los medios de comunicación silenciaron. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=lPOc5H2xNmw&sns=tw  

Tenemos claro que la principal falencia de las fuerzas comprometidas en el paro fue su falta de centralización y coordinación unificada. La estrategia represiva y la dilación del gobierno también fue otro factor, pero era de esperarse. Sin embargo, la falta de unidad es un problema real, propio del desarrollo político y organizativo de nuestro pueblo. Estamos seguros que con una evaluación seria de estas experiencias vamos a derrotar los factores y fuerzas que impiden esa urgente unificación.

Lo importante es ser conscientes de esas falencias. Debemos tener una mente abierta y una alta capacidad de autocrítica para poder avanzar. Desgraciadamente en los balances que se hacían en medio del paro desde cada organización comprometida (las “Dignidades” y la MIA), cada sector sólo se refería a sus fuerzas comprometidas mientras desconocía olímpicamente la lucha de los otros sectores. No había una mirada de conjunto y no existió el más mínimo esfuerzo para concertar una acción coordinada.

Es evidente que la principal tarea es explicarnos el por qué de las diferencias. No es un asunto sólo de voluntad. Existe una larga historia que ha separado a las dos sociedades agrarias que se expresaron en el paro agrícola de 2013. Entender esa historia es fundamental para superar la división.

Herencias históricas

Las dos expresiones de la lucha agraria que se jugaron en las jornadas de agosto y septiembre de 2013 son herederas de dos colonizaciones separadas por un siglo de tiempo. Son casi cuatro generaciones. El eje cafetero de origen antioqueño y las regiones de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes (legatarias de la colonización española con todas sus particularidades), con tendencias conservadoras-clericales en el campo rural, consiguieron consolidar una capa de productores agrícolas de cultivos permanentes y transitorios como café, cacao, papa, arroz, ganadería de doble propósito (carne y leche), hortalizas y legumbres, arveja, tomate, frutas, panela y otros. Esas capas labriegas agricultoras fueron el resultado de una política corporativa diseñada por terratenientes e incipientes capitalistas para controlar a los campesinos sin que se pusiera en peligro la gran propiedad latifundista.[2]

Por otro lado se fueron desarrollando las nuevas colonizaciones, surgidas de la expulsión de los hijos “bastardos” de los campesinos ricos paisas, que poblaron el sur del Tolima, Huila, norte y occidente del Cauca, Meta, Caquetá, Putumayo, y después otras regiones en la Amazonía y Orinoquía. Esta colonización fue a la fuerza, fue resultado de la expulsión continua del territorio y la expansión de la frontera agrícola, y se ha hecho en medio del conflicto armado.

La primera expulsión fue después de la “Guerra de los Mil Días”. La segunda se realizó con ocasión de la aprobación de la Ley 200 de 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. La tercera ocurrió después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, durante la “Violencia de los años cincuenta”. La cuarta se oficializó con la aprobación del Pacto de Chicoral en donde la débil burguesía concertó el tratamiento de guerra al alzamiento protagonizado por los campesinos de la ANUC. Y ha continuado hasta nuestros días.

Su influencia en el campo político popular

No es casual que al interior de los dos bloques agrarios tengan influencia política dos organizaciones revolucionarias con diferente programa y discurso. El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR – principal fuerza dentro del Polo –, en las “Dignidades”,  y  la Marcha Patriótica en la MIA, con la clara influencia de sectores liberal-comunistas.

En la década de los años 60s aparecen ambas tendencias. Las encabezan, por un lado, Francisco Mosquera (Piedecuesta, Santander, 1941), heredero de tradiciones nacionalistas santandereanas y antioqueñas, alimenta su formación política con la influencia del proletariado organizado de Medellín y alrededores, y las ideas de la revolución socialista, especialmente de China.

La otra vertiente surge de la unión entre Pedro Antonio Marín (Génova, Quindío, 1930), alias “Manuel Marulanda Vélez” y Jacobo Arenas (Bucaramanga, Santander, 1924), quienes recogen las ideas de Jorge Eliecer Gaitán, la experiencia rebelde de los campesinos de Sumapaz y Viotá (Cundinamarca), la visión del Partido Comunista, y los avances de la revolución cubana.

La primera se traza un trabajo de acumulación paciente de fuerzas, rechaza la lucha armada “guerrillerista guevarista”, y se traza una estrategia en donde la alianza con la “burguesía nacional” es fundamental para el triunfo de la “revolución de nueva democracia”.

La segunda, inicialmente se plantea una estrategia de “autodefensa campesina” pero a partir de 1963 se delinea “la vía revolucionaria armada para la toma del poder”, y más adelante en 1984, se propone la táctica de la “combinación de todas las formas de lucha”. Su ideario plantea la lucha contra la oligarquía pero en la práctica se han mostrado proclives a llegar a acuerdos con “sectores progresistas y democráticos de la burguesía”.  

El MOIR es legatario de una especie de "nacionalismo terrateniente" que desconoce el "nacionalismo popular" de los campesinos pobres que se concreta en la lucha por la tierra. Marcha Patriótica es heredera de las tradiciones liberal-comunistas de la resistencia campesina, especialmente fuertes en zonas de colonización.

Ambas organizaciones aportan desde su particularidad a las tareas democráticas, nacionalistas y populares, pero se requiere la unidad para conquistar soberanía nacional, plena democracia y justicia social. Todo hace pensar que se requiere una fuerza social y política que les ayude a superar sus limitaciones históricas de clase.

Otro sector en escena

En los años 70s aparece en Colombia otro sector social y político que aportó avances al proceso revolucionario. Recoge las herencias del sector progresista de la Alianza Nacional Popular ANAPO[3] representadas por Antonio García Nossa (Villapinzón, Cundinamarca, 1912), continuadas por Carlos Toledo Plata (Zapatoca, Santander, 1932) y concretadas en acción revolucionaria por Jaime Bateman Cayón (Santa Marta, Magdalena, 1940) al frente del Movimiento 19 de Abril M-19.

Su característica principal fue su “no alineamiento internacional” y la construcción de nacionalidad con base en la recreación de la democracia a partir de un “diálogo nacional”. Su influencia fue básicamente en las ciudades, principalmente entre las clases medias y populares. Su trabajo revolucionario se vio concretado en la Constitución de 1991 que fue un pacto entre la oligarquía y las “clases medias” que éste movimiento representaba.

Después de la desmovilización del M-19 y su participación en la Asamblea Constituyente, sus fuerzas políticas se empiezan a diluir dentro del establecimiento, planteándose una estrategia reformista que hoy sobrevive en cabeza de Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro Urrego, quién representa una tendencia de izquierda dentro de lo que queda de ésta formación política (“Progresistas).  

La compleja actualidad

Estas tres corrientes políticas son el resultado del desarrollo desigual y combinado del capitalismo en Colombia, y de la diversidad regional de la Nación que ha sido el fruto de un proceso histórico complejo y variado. Existen dentro de nuestro país claramente diferenciadas una serie de regiones: la nación antioqueña y su bloque histórico; el eje cundi-boyacense; el Caribe colombiano; el Cauca señorial y cortesano; los Santanderes artesanos y libertarios; el Tolima grande que incluye al Huila y norte del Caquetá; el Chocó Bio-geográfico habitado principalmente por afrocolombianos; las naciones originarias indígenas en proceso de reconstrucción; los Llanos Orientales y las zonas de nueva colonización. Toda esa variedad cruzada por población de origen “blanco español”, indígena amerindio y negro afrodescendiente, ha producido un mestizaje variopinto que es la mayoría del pueblo colombiano.

El paro agrario mostró en movimiento a esa sociedad nacional. Boyacá y Cundinamarca unida con Nariño por la producción de papa y leche (indígenas muiscas, pastos y quillacingas). Los caficultores tradicionales del eje cafetero tradicional articulados con los productores de café del Huila y Cauca. Los campesinos colonos y jornaleros cocaleros movilizados en todas las regiones de Colombia, provenientes de lo profundo de esa “Otra Colombia” que existe en la frontera agrícola. Los pobladores de las ciudades, congregados alrededor de la solidaridad con ese nuestro país campesino. Esa es la Colombia popular, esa es nuestra identidad, en construcción y en lucha.

Esta es una mirada panorámica de nuestra realidad y de los orígenes diferenciados de las fuerzas populares que hoy están en movimiento. Nos falta reconstruir la otra vertiente de la lucha popular que se embolató en la década de los años 30 del siglo XX por efecto de la política de colaboración de clases. Es la corriente proletaria que tuvo su materialización en Tomás Uribe Márquez (Medellín, Antioquia, 1886) e Ignacio Torres Giraldo (Filandia, Quindío, 1893), y su aporte filosófico con Estanislao Zuleta (Medellín, Antioquia, 1935). Es la tendencia socialista revolucionaria que hasta ahora ha sido la gran ausente de las actuales luchas populares.

Esa vertiente proletaria tiene la tarea histórica de ayudar a unificar creativamente los diversos sectores sociales, políticos y culturales de nuestro pueblo. Tiene el deber de  aportar un pensamiento más universal y unas metas realmente revolucionarias. Necesitamos superar el “nacionalismo estrecho” del MOIR, el “campesinismo” de Marcha Patriótica, y el “democratismo” del M-19, recogiendo lo mejor de sus avances para potenciar tanto sus ideas como su fuerza material. Sólo así conquistaremos – juntos – la verdadera independencia, construiremos democracia participativa y garantizaremos la justicia social que pide a gritos nuestro pueblo.

El Paro Agrario Nacional de 2013 mostró las grandes potencialidades revolucionarias del pueblo colombiano pero también desnudó nuestras limitaciones políticas y organizativas. Es un deber luchar por la unidad, no es cuestión de simple voluntarismo, es una tarea que se hace en medio del fragor de la lucha y al calor de la lucha ideológica.

Las fracciones burguesas están a la expectativa para profundizar la división al interior del pueblo. La burguesía nacional aparentando la lucha contra la política neoliberal y los TLCs., la burguesía burocrática diseñando políticas “estatistas” y demagógicas para el post-conflicto, y la gran burguesía transnacionalizada aparentando un viraje democrático para prevenir un cambio verdaderamente revolucionario. Los grandes terratenientes no aparentan, van de frente contra el pueblo.

El paro agrario ha evidenciado la falsedad de esas conductas. Todas esas fracciones burguesas tiemblan frente al amo gringo y apoyan la política antinacional; juntas apuntalan el falso “pacto agrario”;  inseparables hacen parte de la “unidad nacional” de Santos;  al unísono se asustaron con la fuerza de la movilización agraria y popular. Todas se unieron alrededor de la defensa de la institucionalidad capitalista. Ninguna merece nuestra confianza.[4]

Que el nuevo auge revolucionario de las masas populares que se avizora en el próximo futuro nos encuentre unidos y preparados para derrotar a las fuerzas reaccionarias que impiden el progreso y el bienestar del pueblo. Esa debe ser nuestra consigna y nuestra preocupación permanente.

[1] El Espectador, Humberto de La Calle Lombana. “No habrá Paz a la brava”: http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-417975-no-habra-paz-brava-de-calle
[2]Saether, Steiner. “Café, conflicto y corporativismo”. Universidad de Oslo. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 1999.  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revanuario/ancolh26/articul/art6.pdf
[3] ANAPO: acrónimo de Alianza Nacional Popular. Fue un partido político colombiano fundado como movimiento en 1961 por el dictador Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en 1998.  Su esencia política era conservadora pero al enfrentarse al Frente Nacional (alianza de los partidos tradicionales liberal y conservador) atrajo a militantes revolucionarios.  
[4] Ver posición de Horacio Serpa, representante por excelencia de la burguesía burocrática: “Quien apaga la licuadora”: http://www.olapolitica.com/?q=content/%C2%BFqui%C3%A9n-apaga-la-licuadora

domingo, 15 de septiembre de 2013

LA URGENTE Y NECESARIA ALIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES Y LOS CAMPESINOS POBRES

Lecciones del paro nacional agrario…(3)

LA URGENTE Y NECESARIA ALIANZA ENTRE LOS TRABAJADORES Y LOS CAMPESINOS POBRES

Popayán, septiembre 15 de 2013

Continuamos con el análisis de la posición de las diferentes clases sociales frente al paro agrario. Es básico para orientarnos hacia el futuro, pensando en cuáles son las clases sociales que garantizan y sustentan cambios estructurales en nuestro país. 

Ya vimos la inconsecuencia y debilidad de la “burguesía nacional agraria”. Los grandes empresarios agrícolas luchan tímidamente por subsidios estatales pero sin cuestionar el modelo neoliberal. A regañadientes discuten algunos aspectos de los TLCs pero sólo como estrategia para negociar políticas puntuales que los beneficien. Dada su debilidad económica y política, se subordinan a los intereses de la burguesía transnacionalizada con quien tienen intereses intricados y una absoluta dependencia financiera. Cuando el pueblo desarrolla la lucha revolucionaria contra los TLCs y la política neoliberal, asume una posición reaccionaria y se traiciona fácil y cínicamente.[1]  El paro agrario desnudó su verdadera naturaleza así algunos sectores de izquierda sigan forzadamente queriendo tapar esa realidad.[2]

El resto de clases dominantes

La burguesía transnacionalizada – sector hegemónico dentro de la oligarquía y principal sostén del presidente Santos –, sabía que en este paro se jugaban asuntos trascendentales de su política neoliberal. Se opuso abiertamente al movimiento pero calculó mal su potencia. Se apoya principalmente en los "cuadros renegados de la izquierda" (los Garzones) para dilatar, desgastar y engañar a las comunidades campesinas movilizadas, mientras en paralelo recurre a la fuerza militar, a la provocación vandálica y a la calumnia para aislar el movimiento. Hábilmente se apuntala en los acuerdos de La Habana (con la guerrilla) para seguir promoviendo su modelo agro-exportador neoliberal como lo comprueba el nombramiento de Rubén Darío Lizarralde, gerente de Indupalma, en el ministerio de Agricultura.

La burguesía transnacionalizada – para salir del paso y darle aire a su Presidente – lanza como salvavidas el denominado “Pacto Agrario” para: “i) legitimar una política orientada a industrializar la agricultura con modelos de producción de capital intensivo; ii) mantener lo pactado en el TLC, a costa de la seguridad y soberanía alimentarias; iii) apaciguar el descontento campesino con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo, y iv) legalizar un delito (la adquisición indebida de grandes extensiones de tierra en la altillanura del Orinoco y otras regiones por parte de grandes conglomerados capitalistas).[3]

De igual manera y dentro de la misma estrategia engañosa, la burguesía transnacionalizada fortalece su alianza con la burguesía burocrática para aparentar un giro hacia el "estatismo"[4], como lo evidencia el nombramiento de Amilkar Acosta como ministro de Minas y Energía y de Alfonso Gómez Méndez en el ministerio de Justicia, ambos de la línea de Ernesto Samper, con amplia experiencia gubernamental y legislativa, hábiles y ágiles para presentarse como “políticos independientes y cercanos a los sectores populares”.

Es así como la burguesía burocrática tradicional vuelve a entrar con fuerza en escena después de haber sido medianamente vapuleada durante los 8 años del gobierno de Uribe, quién hábilmente trató de reemplazarla con su propia cauda de burócratas corroídos por el paramilitarismo creando una nueva delincuencia de “cuello blanco”. Ésta se puso al servicio de un sector de la burguesía que aspiraba a consolidarse a la sombra del Estado, usando los dineros públicos tanto para el sector agrario (Agro Ingreso Seguro AIS) como para obras públicas con  contratistas del tipo de William Vélez, los hermanos Nule, los Ríos Velilla, socios y demás compañías.  

Ésta burguesía burocrática se muestra de acuerdo con las reivindicaciones campesinas, especialmente las planteadas por la MIA, dado que les interesa aprovechar la crisis del sector agropecuario para – a la sombra de su alianza con la burguesía transnacionalizada – recuperar algunas funciones del Estado que fueron arrasadas durante el auge neoliberal, pero no para beneficiar realmente a los campesinos sino para ampliar su influencia en el Estado y atenuar levemente las contradicciones sociales (eran las intenciones de Ernesto Samper durante su gobierno (1994-1998) pero su debilidad política por haber recibido dineros del narcotráfico durante la campaña electoral, le impidieron cualquier tipo de iniciativa “estatista”, siendo presionado y neutralizado por el imperio). Ahora esa burguesía burocrática es mucho más débil, condicionada y subordinada a los intereses de la burguesía transnacionalizada, con la cual tiene intereses entrecruzados.  

Todos los planes que se hacen para la etapa del post-conflicto van en esa dirección. La burguesía transnacionalizada sabe – y lo acaba de comprobar con el paro agrario – que debe ceder algunas zonas del campo colombiano, no estratégicas ni determinantes (baldíos y áreas ocupadas por campesinos colonos en los departamentos periféricos), para que algunos sectores rurales sean los receptores de los integrantes de la insurgencia (combatientes y milicianos), conformar algunas Zonas de Reserva Campesina (o el nombre que inventen para camuflar los acuerdos con la guerrilla ante la presión de la derecha), para lo cual se requieren inversiones gubernamentales e instituciones estatales. Paralelamente van a avanzar con su proyecto neoliberal de grandes extensiones agro-industriales utilizando la modalidad de la “nueva aparcería” con la forma de “alianzas productivas entre empresarios y campesinos”, ya practicadas por Indupalma, Cartón Colombia y Asocaña. Esos grandes proyectos ya tienen garantizada la inversión extranjera en producción y la inversión nacional (estatal) en infraestructura como carreteras, energía eléctrica, etc.

En ese sentido se hacen todos los esfuerzos para convencer a los grandes terratenientes para que acepten esa receta garantizándoles la protección a la propiedad privada como ya está concertado en el acuerdo con las FARC. La burguesía burocrática termina siendo la bisagra para cooptar a las masas campesinas – sobre todo en las de zonas de colonización – mientras los grandes sacrificados serán los sectores agrarios productores de cultivos permanentes y transitorios (café, papa, panela, pequeña ganadería, arroz, cacao, frutas y hortalizas), a los cuales se les ofrecerá la política de asociación campesino-empresarial una vez su quiebra sea inevitable.

Los grandes terratenientes, muchos de los cuales son de origen “narco”, algunos de los cuales posan de “ganaderos”, tienen una posición dual. Frente al movimiento agrario de las “dignidades” aparentaron apoyar y asumieron la misma posición timorata y oportunista de la “burguesía nacional”. Pero frente al movimiento de la MIA su posición era radicalmente opuesta, acusaban a las FARC de estar detrás de los campesinos colonos y jornaleros cocaleros, de estar presionándolos y de convertirlos en herramientas para estirar los acuerdos de La Habana en aras de obtener la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina para convertirlas en “repúblicas independientes”. Santos y los ministros de Agricultura y Defensa utilizaron esos mismos argumentos para enfrentar el paro del Catatumbo.  Decididamente los grandes latifundistas se oponen a una reforma agraria democrática, temen ser afectados por una política que liquide el gran latifundio, especialmente el improductivo, lavadero de activos dedicado a la especulación de la tierra.

Por el lado de los industriales no se han pronunciado unificadamente. Están fuertemente divididos como se ve en lo que ocurre en la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Por un lado están los que ya son afectados por los TLCs, y por el otro, los que pretenden aprovechar el “libre comercio”, que son empresarios vinculados e imbricados con las grandes transnacionales, se benefician de grandes negocios de importación y están completamente subordinados a la burguesía transnacional. Los industriales “nacionales” tienen una posición muy débil, similar a la de los empresarios del campo, temen una lucha abierta contra los TLCs porque son muy dependientes de la economía internacionalizada y además son temerosos frente a los avances políticos del pueblo y los trabajadores.

La pequeña-burguesía

Las clases medias (pequeña burguesía alta, media y baja), pequeños y medianos industriales, comerciantes, ejecutivos de empresas, profesionales, intermediarios de todo tipo, tienen posiciones encontradas. Los de la “alta” obtienen sus ganancias en alianza subordinada con la gran burguesía, defienden el estatus quo y confían en adecuarse al “libre comercio” y seguir progresando. La “media” ya siente las afujías y la presión de la competencia internacional y descarga todo el peso del apremio sobre los trabajadores. La “baja” es uno de los sectores más golpeados con los TLCs, está en proceso de proletarización y definitivamente estuvo – de opinión – al lado de los campesinos, pero en una actitud pasiva. Sus gremios (como ACOPI) están controlados por el Estado y recién empiezan a organizarse con cierta independencia y autonomía.    

Los sectores populares y los trabajadores   
Ahora veamos la actitud de los sectores populares. Los obreros centralizados[5] saben que los TLCs vienen acabando con las industrias nacionales pero están a la defensiva protegiendo su estabilidad. Los trabajadores del Estado (especialmente trabajadores de la salud, educación y sectores estatales como la USO), se solidarizan con el paro pero muy al estilo de lo que hicieron los transportistas, para obtener frutos sectoriales de la lucha. Se debe destacar el paro de solidaridad de un día protagonizado por los trabajadores petroleros, pero no deja de ser una excepción dentro de la regla. Las direcciones sindicales, muchas de ellas colaboracionistas con el gobierno, no se han comprometido a fondo en aprobar una plataforma de lucha realmente revolucionaria[6] por cuanto le temen a un movimiento transformador que los corra de sus puestos burocráticos. Las bases de estos trabajadores en muchas regiones presionaron a su dirigencia para desarrollar una solidaridad más activa con el paro agrario, pero la orientación economista y estrecha que predomina en esos sindicatos les impidió hacerlo. Además, vemos cómo estos sectores de los trabajadores estatales luchan contra las privatizaciones con una visión muy estrecha y “estatista” (proteger su estabilidad laboral). Simultáneamente la política criminal del Estado ha debilitado sus organizaciones y ha destruido sindicatos, asesinando dirigentes y promoviendo la contratación precaria y tercerizada. Así mismo, durante sus mejores épocas, estas organizaciones no pudieron comprometerse a fondo con una verdadera lucha por transformar los servicios de educación y de salud públicas, y por tanto no construyeron lazos firmes de unidad con las comunidades usuarias de los servicios estatales. La forma como se manejó el reciente paro de los educadores es reflejo de esa situación.  

El proletariado "precariado" en sus dos manifestaciones tiene posiciones diferentes. Los trabajadores especializados en áreas como la tecnología y las comunicaciones, así como profesionales y técnicos en diferentes áreas, todavía tienen la expectativa de que los TLCs traigan al país inversión extranjera y se les mejore la oferta de trabajo. Sin embargo, los más jóvenes están observando cómo crece el desempleo y empiezan a cuestionarse sobre su futuro. Poco a poco van entendiendo que sólo el desarrollo de una industria nacional es la verdadera solución. El otro sector de precariados son los trabajadores menos cualificados del campo y de la ciudad, trabajan a destajo, con contratos temporales de infinidad de modalidades, están en el borde de la informalidad. Allí están los moto-taxistas y vendedores ambulantes que la mayor parte de las veces se solidarizan con los paros pero también - cuando les afecta su bolsillo por la extensión en el tiempo del paro - tienden a oponerse por cansancio o a participar en saqueos como ocurrió en algunas ciudades. Hay todo un trabajo por hacer al interior de estos trabajadores.

El proletariado cocalero, llamado “raspachines”, que ha sido muy activo en el paro agrario nacional al lado de los campesinos colonos, va a ser otro sector fuertemente golpeado por la política del gobierno. Tiene al frente tres caminos: convertirse en campesino beneficiario de los programas que está ideando el gobierno para zonas de reserva campesina, que van a ser proyectos limitados y demagógicos como lo comprueban los programas fracasados que se montaron para los desmovilizados de las “autodefensas” paramilitares. También pueden migrar a las ciudades o desplazarse a nuevas zonas de colonización que van a surgir necesariamente como parte de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, en donde se establecerán nuevos cultivos de coca si no se avanza hacia efectivas políticas de regulación y legalización de las drogas, única forma de acabar con esa economía ilegal. Cualquier camino que escojan los jornaleros cocaleros los llevará inevitablemente a la organización y a la lucha, unos más inmediatos que otros, porque al final no dejarán de ser parte de los trabajadores subordinados al poder del capital.    

Conclusión

Podemos concluir que la burguesía transnacionalizada al frente de los demás sectores de las clases dominantes tiene una estrategia para involucrar en su alianza a los campesinos de las zonas de colonización, o por lo menos, a los sectores que han capitalizado sus fincas con base en la economía del narcotráfico y están dispuestos a integrarse a la economía formal y al mercado. Para ello el Estado requiere fortalecer las inversiones gubernamentales lo que hace que siga cargando con más impuestos a las “clases medias”, como lo ha planteado con el mantenimiento del impuesto del “cuatro por mil”[7] y ya lo hizo con la reforma tributaria.

Para el resto del campesinado está el sendero de la quiebra y la “nueva aparcería” (alianzas productivas entre empresarios y campesinos). La burguesía “nacional” agraria tendrá necesariamente que hacer una reconversión productiva, integrándose a los proyectos agro-industriales en productos como la palma africana, la caña de azúcar, los cafés robustas, los cultivos forestales y la ganadería intensiva con altos niveles de tecnificación e inversión financiera. No tienen otra salida aunque tratarán de patalear y utilizar a los trabajadores y a los campesinos pobres, posando de luchadores por los intereses nacionales para negociar en mejores condiciones con la burguesía transnacional.

Estas contradicciones de clase que hemos visualizado se reflejarán necesariamente en la depreciación del valor de la mano de obra, la sobre-explotación de los trabajadores, y el empobrecimiento de importantes sectores de las clases medias. La inversión extranjera a manos de los conglomerados plutocráticos capitalistas tanto en el sector agropecuario como en el minero, turismo y otras esferas de la producción, necesita con urgencia de esas condiciones laborales y tributarias óptimas para obtener las ganancias que les exige la crisis mundial del capitalismo. No vienen por que sí, no son filántropos. Vienen por ganancias y control territorial.

Estas circunstancias obligan a los trabajadores a desechar ilusiones con respecto a la eficacia de hacer alianzas con algunas fracciones de la oligarquía. Es urgente y necesario fortalecer la alianza entre los trabajadores y los campesinos pobres, para atraerse a las capas medias de la población que ya están siendo afectadas por las políticas del régimen oligárquico y neoliberal.

En Colombia se están generando condiciones propicias para dar un salto cualitativo en las luchas de los pueblos de América Latina. Garantizar la autonomía e independencia de clase de los trabajadores y campesinos pobres (semi-proletariado) es vital para convertir la crisis económica y social en crisis revolucionaria y ponernos a la cabeza de la revolución social.

La lucha ideológica al interior de la Izquierda y de las organizaciones populares es la tarea inmediata para librarnos de todo tipo de conciliadores y oportunistas que han posado de “demócratas”, “estatistas”, “sociales” y demás formas de camuflaje, pero que consciente o inconscientemente se ponen al servicio de los enemigos del pueblo.

La revolución democrático-nacional y anti-neoliberal en Colombia (que está en desarrollo y tal parece que va a ser por vías pacíficas y “civilistas”) puede ser transformada en un período relativamente corto en una revolución social anti-capitalista. Lo haremos en la medida en que nos sintonicemos con las únicas clases que objetiva y materialmente necesitan cambios estructurales. Es necesario reconstruir la corriente revolucionaria de los trabajadores que desde los años 30s del siglo pasado (XX) fue abortada por la imposición de la política de colaboración de clases. Sólo así podremos darle respuesta al nuevo proletariado que está emergiendo y a los campesinos pobres que acaban de realizar una de las gestas rebeldes más importantes de nuestra reciente historia. 

Nota: En un capítulo especial trataremos lo que ocurrió con el movimiento indígena, especialmente con el CRIC en el Cauca y un sector campesino afín a sus orientaciones, dirigido por el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, a su vez orientado y asesorado por el Coordinador Nacional Agrario CNA.

[1] Ver: Dorado, Fernando. “Lecciones del paro nacional agrario (1): Hora de la audacia revolucionaria”.  

[2] Ver: Robledo, Jorge Enrique. “Los TLCs hay que renegociarlos”. http://www.moir.org.co/Los-TLC-hay-que-renegociarlos.html

[3] Comentario de Flavio Pinto Siabatto, Investigador PIK, Instituto Potsdam de Investigación en Cambio Climático en La Silla Vacía.

[4] Política “estatista” es aquella que pretende revivir el “Estado de Bienestar” como una forma de defensa de algunas conquistas de los trabajadores estatales, pero sin cuestionar para nada el sistema capitalista. La burguesía burocrática también juega con esa política pero en ésta etapa del desarrollo del capitalismo mundial sólo sirve como carta distractora y demagógica frente al avance revolucionario de los trabajadores y los pueblos. En Venezuela, Ecuador y Bolivia esa burguesía burocrática se camufla y está causando graves problemas al interior de los gobiernos “progresistas”.  

[5] Se entiende por obreros “centralizados” aquellos pocos trabajadores que ocupan un lugar especializado en las escasas fábricas que todavía quedan en Colombia. Laboran en las líneas de montaje, tienen convención colectiva, la mayoría de sus sindicatos son patronales y defienden su estabilidad agachando la cabeza.

[6] Hemos presentado los siguientes puntos como parte de esa plataforma de lucha: Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los minero-energéticos; Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio; Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa); Política agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina; Reforma estructural de la Ley 100 de salud; Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.

[7] Impuesto de 4 x 1000: Es un impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman (artículo 870 del Estatuto Tributario).

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Lecciones del Paro Agrario: Nuevos sujetos sociales, nuevas formas de lucha

Lecciones del paro nacional agrario…

NUEVOS SUJETOS SOCIALES, NUEVAS FORMAS DE LUCHA

Popayán, 11 de septiembre de 2013

Nos habíamos propuesto sacar lecciones del paro nacional agrario que ha protagonizado el campesinado colombiano en éste año 2013. Ya analizamos someramente la actitud oportunista de la “burguesía nacional”, representada en el sector agrario por los grandes productores de café, arroz y ganaderos, que apoyan la lucha por subsidios pero no enfrentan la política neoliberal ni están de acuerdo con la lucha por la renegociación de los Tratados de Libre Comercio TLCs. O mejor, no por ahora, no por vías revolucionarias.[1]

Ahora nos enfocaremos en tratar de entender el por qué de la reacción solidaria de cientos de miles de personas – jóvenes principalmente – de las ciudades. En ese sentido es importante reiterar que el principal logro del Paro ha sido político. Se conquistó la solidaridad y la opinión de amplios sectores de la población colombiana alrededor de la denuncia del impacto que han causado los TLCs en la economía nacional y los desastrosos efectos para la economía campesina. El documental 9.70 sobre la resolución del ICA (semillas certificadas) cumplió un destacado papel en las redes sociales. También se hizo conciencia sobre las consecuencias negativas para el país que ha tenido la política neoliberal en el sector agropecuario aplicada a partir de 1990.

Es evidente que el desarrollo de la lucha rebasó a las fuerzas políticas que están en la dirección de los diversos sectores del movimiento agrario. La fuerza del paro desbordó los cálculos más optimistas. Se rompieron barreras invisibles que se habían incrustado en el alma de los pobladores urbanos que tienen orígenes campesinos (que en la práctica somos todos). Los actos de protesta confrontaron esa actitud inconsciente de “huir de un pasado no feliz”, de “buscar en la ciudad lo que en el campo no se puede conseguir”, que es un sentimiento y un pensamiento que explica mucho el “arribismo” que predomina en sectores medios de la sociedad, que están aprisionados por la concepción predominante de lo que es el progreso.

La fuerza del movimiento empezó a romper esos diques mentales que las personas crean frente a su pasado. Pero además de ello, es la realidad actual que están viviendo la mayoría de esas clases medias en las ciudades – especialmente los jóvenes – lo que empezó a abrirles los ojos sobre la dura vida campesina y les motivó a solidarizarse ya sea por medio de los “cacerolazos” o a través de las redes sociales. “Hoy por ti, mañana por mí”.

Es allí en donde el movimiento popular debe explorar sus amplias posibilidades. Es frente al nuevo proletariado (“precariado”) que se ha formado en las ciudades, jóvenes estudiados y calificados que – en el mejor de los casos – son contratados por empresas transnacionales o nacionales para “prestar sus servicios” en formas de contratación precarias, a destajo, con contratos temporales y con sueldos miserables, o simplemente tienen que enfrentar el desempleo, convertirse en supuestos “emprendedores”, montar pequeños negocios que lindan en el límite de la informalidad para realizar tareas mal pagadas al servicio de esas empresas capitalistas. Y eso, si pueden hacerlo. La mayoría de jóvenes nadan entre el desempleo y la informalidad.

Es por ello que éste sector social fue el que estuvo más pendiente del desarrollo del paro y que se expresó masivamente en algunas ciudades y en las redes sociales. Los moto-taxistas en muchas ciudades, que son miles de jóvenes desempleados provenientes del campo, se expresaron activamente en ciudades como Florencia, Mocoa, Popayán y Pasto. Este es el mismo sector de la sociedad que inició la “primavera árabe”, estuvo al frente de los “indignados” en España y múltiples países, se manifestó recientemente en Turquía y Brasil, y es la punta de lanza para las nuevas revoluciones que se están gestando en todo el planeta.

Si el movimiento popular no le presenta iniciativas de lucha a estos sectores de la población, la oligarquía les va a imponer su punto de vista. Ya les están diciendo: “El paro fue más costoso de lo que se ha logrado”; “nada se consigue con la protesta”, “el libre comercio es la única opción de progreso”, “no le hagan caso a los negativistas”, “como vamos, vamos bien”.

Si no actuamos ahora frente a los sectores solidarios es posible que perdamos una ocasión muy valiosa. Seguramente ya reventarán protestas en las ciudades, es la dinámica de la vida. Pero la brecha que se ha abierto, la alianza entre sectores del campo y de la ciudad que se ha empezado a formar con ocasión de este paro agrario, debe ser alimentada y potenciada. Hoy tenemos esa oportunidad.  

Insistiendo en las nuevas formas de lucha

En ese sentido pareciera no existir la suficiente conciencia sobre el impacto político conseguido y la necesidad de continuar la lucha en nuevos terrenos, que son diferentes a los de la movilización directa, pero que dadas las circunstancias políticas por las que vive el país, son los que están a la mano para derrotar de lleno a la oligarquía y avanzar por el camino de las transformaciones estructurales en nuestro país.

El movimiento agrario, apoyándose en amplios sectores de las ciudades, puede obligar al gobierno y a las clases dominantes que lo sostienen, a realizar una Consulta Ciudadana sobre estos temas que han sido colocados en primer lugar de la opinión pública nacional. Tenemos a la mano esa posibilidad, no debemos dejar enfriar el ambiente.   

No importa que se haya decidido no asistir al evento en donde el gobierno pretende lanzar un supuesto “Pacto por el sector agropecuario”. Eso no es lo importante. Lo determinante es no perder la iniciativa y para hacerlo hay que buscar – de inmediato – el apoyo político del conjunto de la sociedad colombiana.

El problema no es de forma, es de contenido. No se trataba sólo de asistir a “dañarles la fiesta”, eso es simbólico y coyuntural. Lo de fondo es si el movimiento popular ha aprendido de las revoluciones democráticas que se han desarrollado por el camino “civilista” en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Bolivia, o si seguimos amarrados a la idea de que la “única forma revolucionaria” es la movilización directa o la lucha armada.

Claro, es entendible una actitud tímida en un movimiento que – así tenga una historia larga de gestación – emerge a la superficie social y política con nuevos protagonistas y dirigentes. Es explicable que se tenga temor de contaminarse y de perderse en las complejas redes del Estado y se opte únicamente por la acción directa, pero también es importante que se contemplen nuevas formas de acción que así tengan el ropaje o perfil “institucional”, son herramientas que han sido conquistadas por la democracia participativa.

En ese sentido somos pacientes pero insistentes.


[1] Lecciones del paro nacional agrario: Hora de la audacia revolucionaria. http://prensarural.org/spip/spip.php?article12036

lunes, 9 de septiembre de 2013

MOVIMIENTO AGRARIO... ¡A AVANZAR Y GANAR ESPACIO POLITICO!

MOVIMIENTO AGRARIO… ¡A AVANZAR Y GANAR ESPACIO POLÍTICO!
Popayán, septiembre 9 de 2013
Sin haber terminado el paro nacional agrario ya ha obtenido resonantes e importantes triunfos. Colocó en boca de todo el mundo el tema de los efectos desastrosos que han ocasionado los Tratados de Libre Comercio a la economía nacional y campesina, y puso en evidencia la nefasta política agraria neoliberal que se aplica en Colombia. Es un hecho histórico.
El gobierno - agobiado por la fuerza del paro agrario y acorralado por sus propios errores –, ha lanzado el “salvavidas” de un supuesto “Pacto nacional por el sector agropecuario y el desarrollo rural” convocando a gobernadores, partidos políticos, académicos, gremios y organizaciones agrarias para formular una política para “convertir el sector, no en un foco de pobreza, sino en un centro de equidad y prosperidad”.
Los dirigentes del movimiento agrario se debaten entre asistir o no a esta convocatoria que ha lanzado el gobierno para el próximo 12 de septiembre/2013. Al estar involucrados en el desarrollo del paro, en su logística, recibiendo garrote físico y estar pendientes de su desenlace en las mesas de negociación, pareciera que los dirigentes campesinos no se han percatado de la enorme tronera que han abierto en la opinión pública nacional.
Hay que hacer conciencia que el gobierno no aprende ni rectifica. Al nombrar a Rubén Darío Lizarralde, gerente de Indupalma como Ministro de Agricultura, muestra que no piensa ni por un instante modificar su política, y por el contrario aspira a profundizar el desarrollo agrario basado en las grandes inversiones agro-industriales ofreciéndoles a los pequeños y medianos agricultores ser “socios menores” de sus grandes agro-negocios.
También, frente a los Tratados de Libre Comercio TLCs el gobierno es inflexible. En eso toda la oligarquía está unida. Uribe dijo: “Ojo con cerrar la economía”. Ellos no rectificarán hasta que el conjunto del pueblo colombiano no reaccione y los derrote plenamente.   
Por eso, precisamente por eso, es que la fuerza acumulada por el paro agrario – que está atesorada fundamentalmente en la mente y el sentimiento de millones de colombianos solidarios –, debe convocar abiertamente al pueblo colombiano para que se pronuncie democráticamente en respaldo de las iniciativas campesinas.
Con ese único objetivo hay que asistir a la convocatoria que ha hecho el presidente Santos. No para hacerle el juego a su reelección sino para presentar nuestras propias propuestas campesinas a la Nación. Tenemos la obligación de hacerlas conocer por los medios de comunicación, siendo conscientes de que los representantes de los movimientos y organizaciones agrarias son las estrellas del momento.
Entre las propuestas que podrían ser presentadas está la de realizar una Consulta Popular o un Referendo que decida básicamente tres temas:
1.    Si el pueblo colombiano quiere o no que los Tratados de Libre Comercio sean renegociados en el tema agrícola y en lo relativo a la propiedad intelectual, especialmente la problemática de las semillas.
2.    Si el pueblo colombiano apoya o no el diseño de una política agropecuaria basada en el apoyo de la economía campesina.
3.    Si el pueblo colombiano rechaza o no la política de legalizar las adquisiciones indebidas de tierra que han realizado empresas como Rio Paila y otras grandes empresas capitalistas nacionales y extranjeras en la “altillanura” oriental y otras regiones.  
Hay que asistir a dicha convocatoria para aguarle la fiesta a la oligarquía. Hay que estar ahí  para denunciar la maniobra que están montando para engañar una vez más al pueblo. Hay que asistir allí – donde van a estar todas las cámaras prendidas – para hacer el “show agrario”, reivindicar la ruana boyacense, el poncho llanero, los símbolos campesinos y potenciar el “cacerolazo” a niveles institucionales.
No es el momento de timideces ni de abstencionismos. Es el momento de potenciar la fuerza de los paros a un nuevo nivel – el de la política –, el de conquistar a las mayorías nacionales. El movimiento agrario – en sus diversas vertientes y expresiones – debe colocar su propia agenda política para las próximas elecciones.
La tarea del momento es avanzar y ganar nuevos espacios. No hacerle el juego al gobierno dejándolo con las manos libres para que organice falsos “pactos” que sólo son demagógicos y electoreros. Hay que coparle todos los terrenos. Esa es la obligación de los dirigentes del movimiento agrario que no se deben agotar exclusivamente en negociaciones infructuosas con el gobierno. La obra principal del momento es fortalecerse en un nuevo terreno de lucha que es la disputa abierta por una Gran Consulta Ciudadana y Popular (o Referendo) por la renegociación de los TLCs y la aprobación de una política agraria basada en el apoyo a la economía campesina.

Hay que aprovechar plenamente la proyección que ha logrado el movimiento agrario en el corazón de los colombianos y hacer nuestras las herramientas de la democracia participativa para derrotar a la oligarquía. ¡No lo dudemos! 

domingo, 8 de septiembre de 2013

LECCIONES DEL PARO NACIONAL AGRARIO: HORA DE LA AUDACIA REVOLUCIONARIA

Lecciones del Paro Nacional Agrario: hora de la audacia revolucionaria

CONSULTA POPULAR SOBRE LA REVISIÓN DE LOS TLCs

Popayán, 8 de septiembre de 2013

El paro nacional agrario y popular ha entrado definitivamente en su etapa de desenlace. El gobierno ha aceptado en Popayán organizar otra mesa de negociación con representación de  los campesinos movilizados especialmente de los departamentos del Suroccidente Colombiano (Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Cauca y Nariño) aunque allí estarán incluidas otras regiones donde se mantienen combativas movilizaciones que están coordinadas por la Mesa de Interlocución Agraria MIA como el Meta, Guaviare, Santander y Antioquia.

Todavía es temprano para hacer un balance de los resultados de esta grandiosa, magnífica, potente, beligerante e histórica lucha en la que confluyeron dos sectores diferentes de los campesinos colombianos (por un lado, productores agropecuarios especializados en cultivos permanentes y transitorios, y por el otro, campesinos colonos de zonas periféricas), sin desconocer la participación de mineros tradicionales y transportistas. En la mesa de Tunja está en desarrollo la negociación y en la mesa de Popayán recién se inician los contactos entre gobierno y la dirigencia campesina.

Sin embargo podemos hacer un balance de la participación y de la posición que asumieron las clases y sectores de clase comprometidos en esta confrontación, e igualmente del proceder de las correspondientes expresiones políticas en esta coyuntura de avance revolucionario de nuestro pueblo. El paro agrario puso a prueba a todas las fuerzas, clases y sectores de clase, y mostró las cualidades así como las falencias de las fuerzas revolucionarias, de los conciliadores y de los enemigos del pueblo.

Primero exploremos la actitud de las clases dominantes. Los terratenientes y empresarios del campo incluyendo algunos antiguos campesinos ricos, representados por Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie (Centro Democrático, un sector del partido de la U y un sector de los conservadores), que habían apoyado decididamente el paro cafetero de febrero-marzo de 2013, en ésta ocasión apoyan de palabra el paro agrario pero paralelamente llaman la atención sobre el peligro de "cerrar la economía".

Cuando la lucha se planteó por subsidios, los grandes productores de café estuvieron del lado de la protesta y colaboraron sobre todo económicamente para sostener el movimiento. Pero ahora, cuando el movimiento agrario asume la lucha contra los Tratados de Libre Comercio TLCs o su renegociación, aparentan apoyar el paro para no perder votos pero en la práctica muestran todo su carácter entreguista y pro-estadounidense, y dan la orden de no participar activamente. Ello influyó en la participación del resto de caficultores como ya lo habíamos referido en el artículo “La fuerza e impacto del paro nacional agrario”.[1]

Ello se explica por cuanto los EE.UU. son su principal aliado contra el "terrorismo" de las FARC, que al lado del bolivarianismo latinoamericano ellos consideran su principal enemigo.[2] Además, sabían que de triunfar el paro, la izquierda (Polo-MOIR) por un lado, y por el otro, Marcha Patriótica, serían los sectores políticos que cosecharían frutos con mayor consistencia.

Esta es una importante lección – sobre todo – para las fuerzas de Izquierda que como el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, se han hecho falsas ilusiones sobre el papel revolucionario de la “burguesía nacional” en esta etapa de nuestras luchas. Es importante anotar que la actual dirigencia de ese partido ha revisado y tergiversado las ideas sobre esta materia de su principal dirigente y fundador Francisco Mosquera (quien murió en 1994), cuando afirmaba que…

“Ayer hablábamos sobre la necesidad de la alianza con la burguesía nacional, y de ésta como posible aliada del proletariado en la revolución nacional y democrática, así no tuviera una manifestación muy clara, su carácter fuera vacilante y representara el ala derecha del frente patriótico. Hoy hacemos hincapié en que el frente no se puede guiar por los postulados programáticos reformistas de la burguesía nacional, así luchemos por conseguir un acuerdo con ella; pero un acuerdo revolucionario. Ayer luchábamos contra el sectarismo de quienes rechazaban todo compromiso, y nos tocó comenzar por probar la existencia misma de una burguesía que tenía contradicciones insalvables con el imperialismo y sus intermediarios. Hoy hay que insistir en que esa burguesía a veces le teme más al pueblo que al imperialismo, en que no podemos ceder ante sus tendencias derechistas, ni fomentar sus vacilaciones, ni permitirle la engañifa de que se pueden curar las actuales dolencias de la sociedad sin extirpar el origen de las mismas.”[3]

Ese abandono de las ideas de Francisco Mosquera es lo que ha llevado a la actual dirigencia moirista a otorgarle prelación a la asociación con la “burguesía nacional”, negándose a establecer una alianza con los campesinos pobres y el semi-proletariado, que en Colombia luchan por la tierra, contra la concentración de la propiedad latifundista y por la defensa del territorio y la producción campesina mestiza, indígena y afrodescendiente.

Este paro agrario ha colocado en el escenario político la lucha contra los TLCs, que es la profundización del neo-colonialismo que desde principios del siglo XX ha implementado el imperio estadounidense, pero que en el siglo XXI representa un nuevo tipo de dominación y explotación, mucho más efectiva y concentrada, por obra de los grandes conglomerados capitalistas transnacionales que han subordinado bajo sus intereses financieros en intrincadas y complejas formas, no sólo a los grandes capitalistas que ya constituyen una “burguesía transnacionalizada” (tipo Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Argos y el Sindicato antioqueño, y muchos más grupos financieros) sino que absorben y supeditan bajo su control hasta a los pequeños y medianos productores rurales y urbanos.

Esa línea política errada que rechaza la alianza con los campesinos pobres y le otorga la dirección política de los movimientos reivindicativos a la “burguesía nacional” tiene su mayor expresión en este paro agrario en el acuerdo concertado entre los cafeteros del Huila y el gobierno nacional firmado en Neiva, que en síntesis consiguió ampliar el pago del PIC (Protección al Ingreso Cafetero) para el año 2014, la condonación de deudas bancarias hasta por un  monto de $20 millones de pesos, y algunas promesas sobre fertilizantes e insumos, pero que no contempla para nada la reivindicación planteada con las demás “dignidades” sobre la revisión de los TLCs. Tal acuerdo fue conseguido por la sacrificada lucha de cafeteros pequeños y medianos del Huila, que son la mayoría de los caficultores de ese departamento, pero sin el concurso activo de los grandes productores del tradicional eje cafetero que seguramente serán los principales beneficiarios de ese acuerdo.

Se puede afirmar que en este convenio se vuelve a imponer la visión economista de los grandes productores de café (“burguesía nacional”) y que los problemas de fondo de la caficultura colombiana, que tienen que ver con la aplicación de las políticas neoliberales, no se tuvieron en cuenta y ni siquiera aparecen entre los temas no acordados de la respectiva acta.[4]

En la práctica la lucha de las “dignidades” no se planteó en ningún momento la tarea de enfrentar la política de convertir a los campesinos y pequeños productores agrarios en “socios” subordinados a grandes empresas agro-industriales, que es la nueva modalidad de Cooperativas de Trabajo Asociado implementada por Indupalma en el Magdalena Medio y el departamento del Cesar por el nuevo ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, que es una forma de camuflar la proletarización de los campesinos y sobre-explotarlos de una manera que recuerda la relación que existía entre el antiguo terrateniente y el campesino aparcero (aparcería de nuevo tipo).

La potencialidad mostrada por el conjunto del movimiento campesino en este paro nacional agrario y popular, que se manifestó principalmente en cabeza de los pequeños productores (campesinos pobres y jornaleros del campo) obligará a revisar la actual política del MOIR y rescatar planteamientos de “Pacho” Mosquera como el siguiente:

“La gran propiedad territorial en Colombia es uno de los factores que más ha contribuido al encarecimiento de las cosas. La burguesía suspira por una modernización del campo sin tocar el régimen de explotación terrateniente, ni la dominación colonial, verdaderas trabas determinantes del estancamiento de la producción nacional y, desde luego, de la producción agraria. Ninguno de estos problemas son tocados por las soluciones reformistas de la burguesía.”
“¿Qué planteamos nosotros frente a este problema? La confiscación de la tierra de los grandes terratenientes y su repartición entre los campesinos que la trabajan. Es decir, planteamos una solución revolucionaria. Atacamos uno de los soportes del imperialismo, el poder y la riqueza de una clase intermediaria, que juega un papel clave en la expoliación de las clases populares en el país.”[5]   

Es evidente que la política actual del MOIR, de otorgarle la dirección política del movimiento a la “burguesía nacional”, no contribuyó a la unificación y centralización de las fuerzas comprometidas en el paro, y es la principal responsable de que no se hubiera avanzado más en poner contra las cuerdas a la “burguesía transnacionalizada” que es la que dirige y controla al gobierno de Santos. Sin embargo la lucha de clases se va a profundizar en el inmediato futuro. Los pequeños y medianos productores de café, papa, ganadería de doble propósito (leche y carne), cacao, arroz, hortalizas, frutales y otros productos, van a continuar sufriendo el impacto del modelo neoliberal depredador de la economía campesina, y van a protagonizar nuevas luchas que tendrán que involucrar a la población de las ciudades, como se presentó en ésta ocasión con la solidaridad protagonizada por miles de citadinos, que hasta ahora es un anuncio de lo que va a ser una verdadera alianza revolucionaria de las clases subordinadas de nuestro país.

En otros artículos trataremos sobre el comportamiento de la burguesía transnacionalizada, que defiende a ultranza el modelo neoliberal imperante y que como lo manifiesta el nombramiento como Ministro de Agricultura del gerente de Indupalma, no está dispuesta a reversar su política neoliberal sino a profundizarla, incluso apoyándose supuestamente en los acuerdos de La Habana con la guerrilla. También trataremos la actitud de la burguesía burocrática que ante la debilidad de la posición gubernamental consiguió nuevos espacios en la alianza oligárquica, que se concretan en el nombramiento de dos nuevos ministros dentro del gabinete de Santos, el de justicia Alfonso Gómez Méndez y el de Minas y Energía Amilkar Acosta, ambos de la línea política de Ernesto Samper, que van a ser utilizados para hacer apariencia de “estatismo” y de un supuesto “compromiso social”.

También analizaremos el comportamiento de las clases populares. Detallaremos la actitud asumida por los trabajadores del Estado (trabajadores de la salud, educación, sector petrolero) representados por las centrales sindicales, la actuación de los transportistas, de los pequeños y medianos mineros y los mineros tradicionales, la posición de las comunidades indígenas, especialmente las del Cauca (CRIC), la reacción de los jóvenes de clases medias y estudiantes que fueron la fuerza central de los “cacerolazos”, y la actitud expectante del resto de la población trabajadora (proletariado tradicional, “precariados” y trabajadores informales como los moto-taxistas y vendedores ambulantes).  

Adelantándonos a las conclusiones podemos decir que es urgente – en medio del trabajo cotidiano – abrir un debate sobre la orientación general del movimiento popular y las amplias posibilidades que existen de levantar una plataforma de lucha[6] que unifique a los sectores populares, colocándonos a la altura de los importantes avances revolucionarios mostrados por nuestro pueblo. La sumatoria mecánica de pliegos de exigencias sectoriales debe ser revisada y superada por el movimiento popular.

No sobra decir que el gobierno espera la participación de los sectores y organizaciones movilizadas en el “pacto nacional por el sector agropecuario y el desarrollo rural” que va a instalar el próximo 12 de septiembre en Bogotá. Considero que es importante asistir para dañarles la fiesta. Allí se pueden denunciar las trabas y las contradicciones que el gobierno presentó en las mesas de negociación. En ese escenario se debe llevar la propuesta de realizar una consulta popular sobre la necesidad de revisar los Tratados de Libre Comercio en materia agrícola y de propiedad intelectual (semillas).

Es hora de la audacia revolucionaria de las masas populares. La oligarquía en su conjunto está a la defensiva. Es el momento de colocar sobre la palestra política las iniciativas que se jugaron en este paro y que obtuvieron un amplio despliegue informativo y un apoyo creciente de amplios sectores de la sociedad. El gran encuentro de organizaciones sociales y populares debe ser convocado de inmediato y deben hacerse los mayores esfuerzos por construir la unidad, o por lo menos, conseguir la mayor coordinación entre los diferentes sectores populares.        



[1] Dorado, Fernando. “La fuerza e impacto del Paro Nacional Agrario”: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172954

[2] La teoría de que las FARC es el principal enemigo del pueblo colombiano fue elaborada por el mismo Francisco Mosquera cuando planteaba que el principal enemigo de los pueblos del mundo era el “Social-imperialismo Soviético” y que las FARC eran una herramienta de ese imperio. Ésta teoría fue mejorada por ex-militantes del MOIR  que se convirtieron posteriormente en los ideólogos de Álvaro Uribe Vélez.

[3] Mosquera, Francisco. “Lecciones de táctica y de lucha interna”. http://www.moir.org.co/LECCIONES-DE-TACTICA-Y-DE-LA-LUCHA,1580.html

[4] Ver el acta firmada por las Dignidades Papera y Lechera en Tunja, y por Dignidad Cafetera en Neiva: https://www.facebook.com/MiCaficultura/timeline

[5] Mosquera, Francisco. Óp. cit.

[6] Hemos presentado los siguientes puntos como parte de esa plataforma de lucha: Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los minero-energéticos; Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio; Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa); Política agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina; Reforma estructural de la Ley 100 de salud; Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.

jueves, 5 de septiembre de 2013

EL GIRO A LA DERECHA DE ANTONIO NAVARRO

EL GIRO A LA DERECHA DE ANTONIO NAVARRO
Popayán, 5 de septiembre de 2013
La semana pasada se dio a conocer el texto del “Documento que sella la unión entre Verdes, Progresistas y Compromiso Ciudadano en un solo Partido”, y se anunció que estaban listos los negociadores o compromisarios para protocolizar esa unión.[1]
De acuerdo a ese contenido los Progresistas sólo actuarán en el congreso del Partido Verde como observadores. Formalmente les dan representación en la dirección nacional pero quienes aprueban la política son los actuales “verdes”. Para poder actuar en propiedad los Progresistas deberán – por un lado – obtener una buena representación en el Congreso y esperar hasta el siguiente Congreso a realizarse después de elecciones de 2014.
¿Puede el Partido Verde, así sea reforzado por Progresistas y Compromiso Ciudadano, convertirse en una alternativa real a los partidos del establecimiento – santistas y uribistas –? Esa es la pregunta central que debemos hacernos.
Si el acuerdo se hubiera construido con base en razones políticas y éticas, si constituyera una unidad con base en principios claros, si se hubiera dado un debate serio sobre los problemas fundamentales del país, si se tratara de una auténtica fusión entre la ética de la “ola verde” y el espíritu de la “defensa de lo público” de Progresistas, la respuesta sería positiva.
Pero no, la unión está centrada en resolver problemas de mecánica electoral. Es fruto de todos los pragmatismos reunidos. Es una aberración política.
El Partido Verde renunció hace rato a sus postulados éticos y los cambió por la “mermelada burocrática”. Así, participa fielmente en la unidad nacional santista. Quedaron atrás la ética política y el “no todo vale” de Mockus. El oportunismo burocrático se apoderó de un partido que nació con la consigna de luchar contra la corrupción y renovar las costumbres políticas. Todo se echó al olvido y se ahogó la fuerza espiritual que dio vida a la “ola verde”.
Ahora, un sector de Progresistas – encabezado por Antonio Navarro – con la idea de estar construyendo una “tercería”, se entrega afanosamente a unir el “desarrollismo urbano” de Enrique Peñalosa con la “Bogotá Humana” de Gustavo Petro. Nada más y nada menos.
Por ese camino – de no cuestionar el apoyo a Santos y de aceptar la oposición a Petro – la cúpula de Progresistas transita por el camino de desfigurar y renunciar a las herencias nacionalistas y democráticas que construyó el M-19. Y no consolidará la “tercería”. Terminará refugiándose en el único postulado que ha construido Sergio Fajardo: “Ni-ni”. Ni chicha ni limoná.
¿Puede un partido que apoya la actual gestión de Santos construir una alternativa creíble? ¿Puede convertirse en una “tercería” fuerte y contundente que compita con posibilidades reales de derrotar a la unidad santista y el centro democrático uribista? ¿Logrará Navarro entusiasmar a las bases Progresistas que ven que a diario los concejales “verdes” se dedican a atacar con saña al gobierno de Petro? Creemos que no. 
¿Cuáles son las consecuencias que tiene éste pacto político para la lucha por Paz, la democracia y la justicia social? Es evidente que es un golpe fuerte que atenta contra la posibilidad de conformar un bloque anti-neoliberal, realmente alternativo. Los Progresistas tenían a la mano la posibilidad de construir un bloque de izquierdas, que así en primera instancia no tuviera asegurada una votación suficiente – certeza que no la tiene nadie –, por lo menos partía de una posición coherente. Ya se había avanzado en la tarea de unificar una posición política entre diversas fuerzas de izquierda que además de luchar por la Paz con justicia social respaldaban la gestión de Petro al frente de la Alcaldía de Bogotá[2].
Navarro se equivoca en lo estratégico. Frente al desgaste evidente que sufre el presidente Santos – que posa de “centro” –, la mejor estrategia no es competir por ese “centro” sino unificar seriamente a la Izquierda para que se convierta en alternativa de poder para 2014.
Incluso, que Enrique Peñalosa compita con Santos por ese falso “centro” es favorable para un bloque de izquierdas. Se dispersan las fuerzas del establecimiento neoliberal y – como ocurrió con la elección de Petro – se le facilita a la izquierda acceder a la Presidencia de la República.
Si se concreta la “unión de centro-derecha” entre Progresistas, Verdes y Compromiso Ciudadano, la izquierda por obligación tendrá que presentar su propio (a) candidato (a), lo que disgrega y divide a las fuerzas democráticas. Ello nos coloca en inferioridad de condiciones, si se tiene en cuenta que el presidente Santos – a pesar de su desgaste – tiene a su favor todo el poder burocrático del Estado.
Esa errónea construcción estratégica le facilita al Centro Democrático presentarse como la oposición viable a Santos. En vez de centralizar toda nuestra fuerza en identificar a Santos y a Uribe como representantes de la política neoliberal (hoy en la mira de la población en general con ocasión del paro nacional agrario), se le hace el juego al uribismo que fija su oposición al gobierno en torno al proceso de Paz.
Por primera vez la Izquierda tiene la posibilidad real de colocar en la escena de la política nacional la esencia neoliberal de la clase política tradicional. Navarro, en vez de acentuar esa característica, en vez de mostrarse como alternativa social y popular al establecimiento neoliberal, gira a la derecha, se une con quienes siguen sosteniendo a Santos a pesar de la crisis política que vive su gobierno, y al igual como lo hizo cuando le aceptó el Ministerio de Salud a César Gaviria (1990), entra por la puerta de atrás (“verde”) a la coalición gobiernista.
Navarro no se da cuenta que en ésta ocasión la verdadera “tercería” tiene que ser de Izquierda. Su “síndrome anti-polista” no le permite reflexionar e ir más allá de la mecánica electoral. Ahora la tarea es de los “progresistas de base” que deben rechazar ese acuerdo y rectificar la tarea.
Nota 1: La potencialidad de la Izquierda se avizoró en las jornadas de solidaridad con el movimiento campesino agrario. Por fin estamos empezando a reconocer nuestras raíces campesinas. Es un paso en la construcción de identidad popular y nacional.
Nota 2: Navarro puede ser el candidato único de la Izquierda y jalonar a fuerzas “verdes” y a liberales y conservadores inconformes. De ganar, llegaría sin compromisos que lo aten al pasado.  


[2] Ver: Comunicado público “Llamamiento a los y las demócratas colombianos” suscrito por El Movimiento Progresistas, Vamos por los Derechos, País Común, Poder Ciudadano, Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica, Congreso de los Pueblos, Poder y Unidad Popular, Movimiento por la Constituyente Popular, Presentes por el socialismo, Revolución de la Esperanza y Polo al Sur. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172113