Popayán, 28 de
julio de 2022
Duque entrega el país al nuevo
gobierno como si fuera un gobernante exitoso y un gran ejecutor de políticas
públicas. Se jacta de las cifras
de la reactivación económica reconocidas por la OCDE -ocurrida después de la
pandemia- adjudicándose logros que no son suyos.
No menciona en sus balances y rendición
de cuentas que algunos buenos resultados económicos dependen de factores de
carácter internacional o de fenómenos estructurales.
No dice que el aumento
en los precios del petróleo y el carbón que fue causado por la invasión de
Rusia a Ucrania, ha servido para equilibrar
el déficit fiscal del gobierno.
No explica que el incremento en los
ingresos de los exportadores de café y otros productos que es consecuencia de la
devaluación
de la moneda colombiana contribuye con la dinámica económica interna aunque
dispara hacia arriba la deuda externa (pública y privada).
Y, lo principal, no reconoce el
papel de los ingresos
del narcotráfico que funcionan como un “macro-estabilizador” de la economía
que muy pocos países tienen como respaldo para impedir la profundización de la crisis
que vive una gran parte del mundo.
De acuerdo a cifras
de la UNODC, la capacidad de producción de coca por hectárea y de clorhidrato
de cocaína por tonelada de hoja de coca ha aumentado en forma significativa. Han
mejorado las técnicas de cultivo y aumentado la productividad del
procesamiento.
Y como dichos recursos se irrigan
hacia la economía legal a través del comercio de insumos, pago de mano de obra,
transporte, inversión en construcción y negocios de diversa naturaleza hasta
llegar a los bancos, Colombia
puede presentar cifras superiores a otros países vecinos.
No obstante, aparte de esas cifras
la realidad es oscura y trágica. El
desempleo se mantiene (10,6%) y en el caso de las mujeres 13,7 y los jóvenes
pasa del 19%. La inflación en junio se acerca a 2 cifras (9,67%) según el Dane
y el hambre
crece y se acrecienta entre los pobres.
Y lo más grave, los grupos delincuenciales
que son el soporte armado del narcotráfico que reemplazaron en muchas regiones
a las Farc, ya no se contentan con ser la “policía rural de los narcos” como
ocurría con esa guerrilla. Hoy se enfrentan con el Estado como ocurre con el “plan
pistola” con el que han asesinado a la fecha a más de 35 policías.
Ahora son cuerpos armados con
cierta autonomía que controlan los negocios del tráfico de armas, la extorsión
de pequeños y medianos comerciantes, el tráfico de personas, las apuestas y el
crédito ilegal (“gota a gota”) y que luchan entre ellos por el control
territorial.
Dado que el gobierno de Duque fue cómplice
con el fortalecimiento de los grupos armados ilegales (sean de origen
paramilitar, guerrillero o delincuencial), por cuanto permitió su crecimiento
para desacreditar el “proceso de paz”, hoy ese “chicharrón” le corresponde
enfrentarlo al gobierno de Petro.
Por lo anterior, no es casual el
nombramiento de Iván Velázquez como Ministro de Defensa. Seguramente Petro ha
encontrado a importantes sectores de las Fuerzas Armadas que se cansaron de la
corrupción de la cúpula “uribista” y están dispuestos a sanear al ejército y a
comprometerse con atacar a fondo tantos problemas de seguridad y de delincuencia.
No obstante, es un “chicharrón”
de alta complejidad. La única forma de enfrentarlo es acabar con el combustible
que alimenta esa violencia, o sea, el narcotráfico. Y para hacerlo se tiene que
enfrentar la política “prohibicionista” que impone el gobierno de los EE.UU.
Esa política
de prohibición es la que crea las condiciones artificiales para que el negocio
de la cocaína adquiera las dimensiones increíbles. Y, es claro que en medio de
la crisis que vive el capitalismo, ellos no van a renunciar a un negocio que
les genera pingües ganancias.
Además, necesitan justificar
su “guerra contra
las drogas” que ha sido un instrumento muy eficaz para intervenir en países
como Colombia y México, en donde agencias como la DEA y la CIA, actúan a sus
anchas para desestabilizar gobiernos y atacar potenciales enemigos.
Es por ello que en Washington
no han nombrado al embajador en propiedad en Colombia dado que están a la expectativa
de la actitud del nuevo gobierno en política interna y externa, y
especialmente, frente a la “lucha contra las drogas” y la extradición.
Además, como quien no
quiere la cosa, Biden envía a Samantha
Power como cabeza de la delegación estadounidense a la posesión de Petro y
Francia. Ella es una de las impulsoras de la “doctrina
de la intervención humanitaria”, alumna avanzada de los “halcones gringos”
en Bosnia y los Balcanes, y actual directora de la USAID. Es un mensaje
cifrado.
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