Las clases sociales y su evolución en Colombia desde 1991
¡OPORTUNIDAD!… ¿LA SABREMOS APROVECHAR? (I PARTE)
Popayán, 4 de
septiembre de 2017
“El hecho de que no podamos "conocer
plenamente" la realidad no es, pues, solo un signo de la limitación de nuestro
conocimiento sino indicación de que la realidad misma es
"incompleta", abierta, una actualización del proceso virtual
subyacente del Devenir.”
Slavoj Zizek
A 100 años de la revolución de
octubre de 1917, una mirada retrospectiva nos sirve de referente para analizar
la evolución de nuestros propios y actuales procesos sociales y políticos.
Nuevas lecturas, otras visiones, diferentes perspectivas, nos ilustran sobre
ese acontecimiento y nos dan luces para reinterpretar nuestra realidad.
En la Rusia de finales de siglo
XIX y principios del XX, el acelerado desarrollo del capitalismo creó una
formidable y poderosa clase obrera y un proletariado industrial que irrumpió
con una fuerza avasalladora en la vida semi-feudal y clerical de ese imperio dominado
por el zarismo. Una entusiasta e instruida intelectualidad influida por ideas
liberales, socialistas y comunistas se puso al frente de la revolución obrera y
campesina que se llevó por delante a una débil burguesía que no estaba
preparada para tamaño reto. La primera guerra mundial sirvió de marco épico y
trágico para el triunfo de los insurrectos. Sin embargo, la cultura proletaria –internacionalista
y colaborativa– no era todavía una construcción real y efectiva entre las masas
obreras; era un sentimiento, algo instintivo, más que una posición consciente y
práctica. El debate sobre la “guerra defensiva” y la “guerra
inter-imperialista” que antecedió al acuerdo (“casi” una claudicación) entre
rusos y alemanes en Brest-Litovsk, dejan ver que sólo muy pocos dirigentes bolcheviques
tenían la suficiente claridad sobre el horizonte y la situación internacional
de la lucha de clases. Las herencias y tradiciones nacionalistas, religiosas e
individualistas, fuertemente ancladas entre los campesinos y pueblos sometidos
por el imperio zarista, terminaron por imponerse (e incluso, hoy reviven con
más fuerza como expresión de “raíces culturales”). Los intelectuales más
consecuentes fueron derrotados y aislados del proceso, y una cúpula de
funcionarios y burócratas se puso al frente del aparato estatal anulando y
destruyendo las formas democráticas de poder obrero-campesino que se habían
construido en los momentos de fervor revolucionario. El trabajo colectivo, el
esfuerzo de los trabajadores y labriegos, el sacrificio libertario y la lucha
nacionalista frente a los imperios occidentales, fueron insumos durante varias
décadas para electrificar e industrializar el país, mejorar el nivel de vida de
millones de personas, derrotar al fascismo alemán en la segunda guerra mundial y,
durante un tiempo, alentar y estimular a los trabajadores y pueblos oprimidos
del mundo en la búsqueda de una alternativa superior al capitalismo. Sin
embargo, el impulso inicial se perdió y el capitalismo se filtró por los
diversos tejidos de la sociedad y asumió nuevas formas en la vida de esa
sociedad, no sin producir enormes tragedias y dolores en el alma de esos
pueblos. Quedan las enseñanzas que siguen elaborándose con base en la evaluación
de esa primera gesta triunfante de los trabajadores en esa región del planeta. Entre
otras, las graves consecuencias de la deriva autoritaria que produjo millones
de muertos y se convirtió en un fardo fatal para el ideario y la causa
socialista y comunista. Un sueño justo de búsqueda de igualdad y equidad se
convirtió por el camino en una “causa capturada” por una cúpula burocrática y
militar; se pasó de un “zarismo blanco feudal”
a un “zarismo rojo socialista”, la lucha emancipadora de los
trabajadores derivó hacia un nacionalismo ruso con prácticas imperiales
presentado como “solidaridad proletaria”. Se intentó transformar “desde arriba”
y “a la fuerza” a la sociedad usando un Estado “proletario”, que de proletario
tenía muy poco y mucho de burocrático y policial. Ese aparato estatal se separó
tanto de la sociedad que aspiraba transformar, que terminó ahogando lo
fundamental y básico en el ser humano: la capacidad crítica, la creatividad, la
invención, la innovación y la libertad. La supuesta revolución mató el espíritu
revolucionario y se suicidó en su intento emancipatorio. Es real y verídico lo
ocurrido, y además, se sigue repitiendo en otros ámbitos y regiones.
Reflexionando sobre esa experiencia,
intentaremos visualizar la evolución de las clases sociales y sectores de clase
en Colombia desde 1991 hasta la fecha. En ese año se convocó una Asamblea
Nacional Constituyente y se aprobó la nueva Constitución Política vigente,
después de firmar acuerdos de paz con el M19 y otras guerrillas. Hoy siguen vigentes
en la vida política colombiana muchos de los actores políticos que en esa fecha
representaban a diversas clases y sectores de clase; esos actores han sufrido cambios
a lo largo de este tiempo y hoy se encuentran frente a un nuevo “momento de
oportunidad”. Es importante destacar que han aparecido nuevas formaciones
sociales como la “burguesía emergente”, variada, multicolor y con orígenes en
economías legales e ilegales, y los “profesionales precariados” (nuevo proletariado),
que son jóvenes trabajadores citadinos de nueva generación, que se constituyen
en actores sociales de primer nivel pero todavía sin representación política
definida. Así mismo, los campesinos, pequeños y medianos productores, las comunidades
indígenas y negras y las clases medias, también han ido evolucionando en todos
los aspectos. En lo fundamental, el reto que tenemos es el mismo: derrotar a
unas clases dominantes que le temen a la democracia, que en forma absoluta están
al servicio y subordinadas a la burguesía financiera global, que han sido
incapaces de resolver los problemas básicos y vitales de la población
colombiana, que han profundizado la exclusión, la desigualdad, la pobreza y la
injusticia social, y que en 2018, pueden sufrir su primera derrota histórica (parcial
pero significativa) desde los tiempos de Gaitán.
Unas preguntas sirven para
orientar éste balance y exposición. Ellas son:
¿Las fuerzas democráticas y sus
expresiones políticas están preparadas para responder con asertividad y
capacidad política al momento en que confluyen una serie de circunstancias especiales
de carácter global, regional y nacional, tanto en lo económico, social,
político y cultural? ¿Acaso la confluencia de la terminación del conflicto
armado con las FARC, la crisis profunda de gobernabilidad, la descomposición
moral de los partidos políticos tradicionales y de sus nuevas expresiones, la crisis
del modelo de desarrollo productivo rentista y extractivista, la grave
situación fiscal del Estado, y otras condiciones relacionadas con la justicia,
salud, educación, medio ambiente, no son oportunidades para que las clases y sectores
de clase subordinados y subalternos logren construir una nueva hegemonía social
y política? ¿Podrán esas clases y sectores de clase construir un proyecto
social, político y cultural de largo aliento, aprendiendo de las experiencias
de países y pueblos vecinos en donde después de una década y media de gobiernos
“progresistas” se notan las enormes limitaciones frente a los retos planteados?
¿Podrá el pueblo colombiano aprovechar la oportunidad para dar un salto cualitativo
en el terreno de construir nuevas formas de participación democrática o las
clases dominantes lograrán canalizar y cooptar a los representantes de esas
clases sociales subalternas para mantener intacto su modelo económico de
explotación monopólica y su régimen político injusto y excluyente?
El ascenso y triunfo de la burguesía transnacional
En la Colombia de las últimas 3
décadas del siglo XX y los primeros 17 años del siglo XXI, unos pocos grupos
económicos[1]
en medio de su ascenso como clase dominante canalizaron importantes recursos
del narcotráfico y se convirtieron en una burguesía transnacionalizada, íntimamente
ligada a los conglomerados capitalistas de EE.UU. y Europa. La constitución de
1991 se constituyó en la oficialización de su triunfo sobre una débil burguesía
industrial que nunca se atrevió a desafiar el poder de los terratenientes e
impulsar una verdadera reforma agraria, y menos, nunca retaron al imperio
estadounidense para desarrollar (o intentar hacerlo) una economía capitalista
relativamente autónoma. El último representante político de esa burguesía
industrial, Luis Carlos Galán Sarmiento, fue asesinado por una alianza entre la
clase política tradicional y las mafias de narcotraficantes, pero su sacrificio
fue utilizado por esa misma burguesía para consolidar su poder. En los años
siguientes, esa burguesía transnacional se va a apoderar de las principales
empresas creadas en la fase anterior, algunas de ellas estatales o
semi-estatales, y las va a privatizar, destruir o compartir con el gran capital
global. Casos como la Flota Gran Colombiana, Avianca, Coltejer, Bavaria, Banco
Cafetero y otras instituciones financieras del gremio caficultor, son una
muestra de esa acción. Solo sobrevivieron Ecopetrol y algunas empresas del
sector eléctrico (ISA, ISAGEN) que están hoy en proceso de privatización y
entrega al gran capital. Los grandes terratenientes dueños de las mejores
tierras mutaron en grandes empresarios capitalistas de la caña de azúcar,
ganadería, palma africana y otros productos, pero ante el incremento del
conflicto armado interno, esa transformación se detuvo y, sólo ahora, en 2017,
al calor del proceso de paz, los planes de inversión en el campo vuelven a tener
en la mira a las amplias extensiones de tierra para que –en alianza con
corporaciones capitalistas de todo el mundo– se impulse una nueva oleada de
inversiones en lo que denominamos el segundo paquete neoliberal. La Orinoquía,
el Chocó Bio-geográfico y otras ricas zonas del territorio colombiano están
programadas para grandes proyectos agroindustriales, energéticos, gran-minería,
turismo internacional y explotación de su formidable biodiversidad.
La burguesía transnacionalizada
impuso su hegemonía sobre las demás clases y sectores de clase, ensanchó sus
inversiones hacia Sudamérica, Centroamérica y los mismos EE.UU. y Europa, y
puso a su servicio el aparato estatal que fue hábilmente reglamentado en la
Constitución de 1991, adobándola con derechos fundamentales y normas
garantistas y sociales en el papel, dejándole las manos libres a esa burguesía
financiera para trazar la política monetaria, desregular la normatividad
laboral, privatizar el sistema de seguridad social (salud y pensiones) y los
servicios domiciliarios de las principales ciudades (telecomunicaciones,
energía eléctrica, agua potable y aseo), y estimular la educación privada en
detrimento de la educación pública a cargo del Estado. El mismo conflicto
armado fue instrumentalizado a favor de sus intereses, desplazando y despejando
de población indígena, afro-descendiente y mestiza amplios territorios con el
impacto de la economía del narcotráfico y la minería ilegal, al calor de una
guerra manipulada y controlada que servía de cobertura para sus planes
estratégicos. Ahora, así como instrumentalizaron la guerra, manipulan la paz. Presentan
los acuerdos con las guerrillas como bases jurídicas y legales para que se
desarrollen supuestas aperturas democráticas pero sin tocar la esencia de su
modelo económico y, mucho menos, la estructura excluyente de su Estado y
régimen político.
En el proceso de consolidar su
hegemonía, la burguesía transnacionalizada se encontró a principios del siglo
XXI con un fenómeno político particular. Un importante sector de los campesinos
ricos, recogiendo experiencias anteriores (“chulavitas”[2]),
organizó una alianza político-militar, en parte, como reacción a las tropelías
de carácter delincuencial que la guerrilla de las FARC desarrolló en ciertas
regiones contra ellos, y en parte, como estrategia para apoderarse de nuevas
tierras con base en el despojo de campesinos pobres. Esa acción se entroncó con
la estrategia paramilitar que las mafias narcotraficantes organizaron en
los años 80s con los grandes
terratenientes, que obtuvo el apoyo de sectores de la burguesía agraria especialmente
ganadera y cafetera de regiones tradicionalmente conservadoras. La burguesía
transnacionalizada, en acuerdo con grandes empresas estadounidenses como la
Chiquita Brands, la Drummond, Coca-cola y otras, deciden apoyar dicha
estrategia y de paso reprimir con violencia a sus trabajadores organizados en
sindicatos. Fruto de ese proceso llega a la dirección del Estado Álvaro Uribe
Vélez, quien se pone a la cabeza del gobierno durante 8 años a partir de 2002.
Éste político logró maniobrar con cierta autonomía e independencia, cooptando
parcialmente el aparato del Estado con la consigna de derrotar a las guerrillas
por la vía armada y exterminar cualquier expresión política de izquierda. La
“refundación del Estado”, la formación de un “Estado comunitario” y la
centralización del poder en manos de una pequeña cúpula burocrática y mafiosa,
estuvo en desarrollo durante esos 8 años. Amplió la cobertura de los “auxilios
monetarios condicionados” (subsidios) para sectores sociales vulnerables
(“familias en acción” y otros programas), construyendo un movimiento político
clientelista y neo-populista mediante un trabajo frenético de contacto con la
población a través de los “consejos comunitarios”. En esa dinámica se
desencadena el despojo de tierras de millones de campesinos y la apropiación
ilegal de numerosos e importantes baldíos en diversas regiones del territorio nacional.
Sin embargo, los estrategas estadounidenses de la globalización se dan cuenta
del peligro que representa un proyecto de ese tipo en la región que, así fuera
liderado por un gobernante de derechas, podría derivar en una especie de nacional-socialismo
que sería un mal ejemplo para otros países. Entonces, deciden –en coordinación
con los sectores tradicionales de la oligarquía colombiana– retirarle el apoyo
e impulsar más adelante el proceso de paz que está en desarrollo. Sin embargo,
el monstruo que ayudaron a crear –que ha derivado hacia un proyecto político de
claros ribetes neo-fascistas y neo-populistas– consigue mantener cierto poder,
apoyándose en las fuerzas más reaccionarias del país, aglutinando a los
terratenientes surgidos del despojo ilegal de tierras, a sectores de la
burguesía emergente que se entronca con las expresiones más retrógradas del
viejo conservatismo laureanista y, consigue jalonar a sectores sociales que
desde posiciones nacionalistas estrechas logran estimular sentimientos racistas,
homofóbicos y clericales. Éste proyecto “uribista” es similar a lo que actualmente impulsa Trump en EE.UU.,
como reacción a la globalización neoliberal que afectó a “sociedades cerradas”
que sufrieron el deterioro de sus privilegios tradicionales. También mantiene
fuerza entre amplias capas de la población permeada por la economía del
narcotráfico y la cultura “traqueta”[3].
El fenómeno del “uribismo”, que
derrotó en las elecciones del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 a las “fuerzas
de la paz”, adelantándose al “Brexit” inglés y a la elección de Trump, sólo se
explica como la reacción de sectores sociales afectados por la globalización
neoliberal que, en el caso de Colombia, son encabezados por la burguesía
agraria conservadora, que a pesar de que tiene contradicciones con los
intereses de la burguesía transnacionalizada y con el imperio estadounidense y
europeo, no es capaz de aliarse con los pequeños y medianos productores para enfrentar
esas políticas, sino que utiliza sus luchas para obtener subsidios y prebendas
coyunturales del gobierno, sin poder ni querer trazarse una política progresiva
frente a los grandes terratenientes, y prefiere, entonces, utilizar la lucha
contra las guerrillas “izquierdistas” para fortalecer la capacidad de esas
fuerzas obtusas y retrógradas en la disputa por el control del Estado. En esa
tensión, la insurgencia armada en su proceso de degradación político y militar
fue convertida en motivo y excusa para impulsar esa reacción rancia y atrasada
(hoy, después del desarme de las FARC, se utiliza en remplazo la “amenaza castro-chavista).
Su aspiración es impedir cualquier tipo de acuerdo en torno al tema de tierras
y oponerse a la más mínima democratización del régimen político, por cuanto son
conscientes que, una verdadera reforma política se puede convertir en una
oportunidad y canal por donde se desencadene la acción de nuevas fuerzas
sociales y políticas que puedan poner en peligro su poder monopólico sobre la
tierra y su régimen político oligárquico y excluyente.
Esa contradicción política entre la
burguesía transnacionalizada (imperial), por un lado, y por el otro, los
grandes terratenientes y burguesía agraria, está en proceso de transacción por
la vía conservadora y reaccionaria. Una vez se logró la desmovilización y el
desarme de las principales fuerzas guerrilleras como las FARC, los acuerdos
firmados en La Habana en torno a la tierra, reforma política y justicia
transicional, que aunque ya eran bastante limitados, están sufriendo recortes
sustanciales para tranquilizar a los terratenientes e integrarlos al programa
de inversiones que se ha trazado el gran capital en la fase de “post-conflicto”.
El plan es garantizar algunos aspectos de los “acuerdos de paz” que faciliten
la asimilación institucional de los activos más importantes de las FARC y,
posteriormente, del ELN y otros grupos, pero blindar los privilegios de las
clases dominantes y mantener su control político incólume.
Lo que se puede evidenciar en la
actualidad es que el mantenimiento de las condiciones materiales que generan
violencia estructural (legal e ilegal), como la economía del narcotráfico, el
monopolio de la tierra fértil, la entrega ominosa de la riqueza nacional al
gran capital transnacional, la exclusión política, el tratamiento violento y
criminal de la resistencia popular a dichos planes (asesinato selectivo de
dirigentes sociales), el recorte sistemático de las consultas populares y la
consulta previa a las comunidades indígenas y afros, todo ello y mucho más,
impide la consolidación de una verdadera paz y crea las condiciones para que
los territorios desocupados por las guerrillas y otros territorios, se
conviertan en escenario de nuevas guerras, más sordas y sórdidas, más
degradantes y descompuestas, que en gran medida, ya se viven en regiones como
Urabá, Costa Caribe, Antioquia, Chocó, Nariño y la Costa Caucana.
Próxima entrega: La burguesía burocrática y su papel
frente a las clases subalternas
[1]
A lo largo de la historia de Colombia, los grupos económicos han tenido gran
importancia para la economía nacional. Éstos han logrado importantes
desarrollos en diversos sectores de la economía que los han llevado a ser
protagonistas de la historia del país. En la década de los años 80s ya se
habían formado los principales que fueron descritos por Julio Silva Colmenares
en su clásico libro “Los verdaderos dueños del país: oligarquía y monopolios en
Colombia” (1977). Los principales son: Organización Ardilla Lulle, Grupo Santo
Domingo, Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo y Sindicato Antioqueño (Argos,
Nutresa y Sura). Hoy con la presencia de transnacionales estadounidenses,
españolas, mexicanas y chilenas, esa situación ha variado pero esos grupos se
mantienen. (Nota del Autor).
[2]
Chulavitas: epíteto utilizado para denominar las bandas armadas de origen
campesino en Colombia que existieron durante los primeros años de la Violencia,
conformado por gentes del campo procedentes de la vereda Chulavita del
municipio de Boavita en el departamento de Boyacá, reclutados rápidamente en
enclaves conservadores del nororiente del departamento de Boyacá, para defender
al gobierno conservador del presidente Mariano Ospina Pérez, con el objetivo de
restablecer el orden en Bogotá, la cual estaba sumida en el caos, el pillaje y
la violencia callejera debido al Bogotazo, que fue una manifestación espontánea
de una turba enfurecida tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer
Gaitán. Los Chulavitas cumplieron su misión con eficacia, aunque con exceso de
fuerza; luego fueron usados como contrapeso a las guerrillas liberales
denominadas también como los “cachiporros”, estacionadas en los Llanos
Orientales, razón por la cual algunos historiadores los definen como la semilla
del conflicto armado en Colombia. Además de los Chulavitas, surgieron los
llamados Pájaros, asesinos a sueldo, muchas veces patrocinados por
terratenientes o gente del poder, también para eliminar opositores políticos.
[3]
Cultura “traqueta”: En los últimos veinte años se consolidó en Colombia una
cultura que puede ser denominada como traqueta, un término procedente del
lenguaje que utilizan los sicarios del narcotráfico y del paramilitarismo. Ver:
“La formación de una cultura traqueta en Colombia”, Román Vega Cantor.
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