LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, EN LA NUEVA COYUNTURA DE COLOMBIA
Lucía Vásquez
Celis M.Sc.
Febrero 2017,
cuando la Paz se vuelve Esperanza para unos y diatriba para otros
Abordo esta
reflexión, sin pretender erudición, ni mucho menos respuestas o verdades
absolutas, sino como una reflexión de una ciudadana del común, en la coyuntura
actual de Colombia en la que pese al proceso
de implementación de los Acuerdos de la Habana, Gobierno- Farc, la corrupción
se evidencia y percibe como uno de los males mayores de la política y del sine
quanom social, y la lucha contra ésta, se plantea como la bandera
reivindicativa más poderosa para la
contienda del 2018 por parte de partidos, movimientos y procesos políticos que se pueden alinear en el genérico
de alternativos.
Me interesa aportar algunas pistas en la
perspectiva de la construcción de agendas hacia el
debate electoral del 2018, abordando tres
componentes: 1. Etimología, dimensiones política, jurídica, ética y cultural implícitas
en el término corrupción; 2. ¿El poder y la corrupción son una asociación
inherente?; 3. ¿La lucha contra la corrupción
político-administrativa es suficiente como bandera de movimientos políticos
alternativos, en la nueva coyuntura de Colombia?
ETIMOLOGÍA, DIMENSIONES POLÍTICAS, JURÍDICAS, ÉTICAS Y
CULTURALES IMPLÍCITAS EN EL TÉRMINO “CORRUPCIÓN”
Etimológicamente,
“corrupción”, emana del vocablo “corruptio” del latín, el cual está conformado
por tres elementos: i. El prefijo “con” que significa “junto”; ii. El verbo
“rumpere”, que hace alusión a “hacer pedazos”; iii. El sufijo “tio” que hace
referencia a “acción y efecto”, esto nos conlleva a que etimológicamente, corrupción, es acción y a su vez efecto de depravar,
echar a perder, pervertir, dañar, sobornar.
Para el diccionario
de la Real Academia Española, la corrupción es el vicio o abuso en cosas
materiales y no materiales. Esta definición, implica que la corrupción es también
una depravación moral o simbólica[1].
Platón y Aristóteles
consideraban la corrupción como “la
degeneración de las formas de gobierno a consecuencia de la pérdida de la
virtud del gobernante que, embriagado por el poder, pospone la utilidad común
al interés propio y para Roma una cultura universal que así como se había
convertido en un eje del mundo, también fue una cuna para la aparición de
funcionario corruptos, que ante el poder que ejercían estos comenzaron a
manipular su economía siempre a favor de la clase que oprimía a las más baja”
Desde el sentido clásico del pensamiento político, la corrupción se
asume como el abuso autoritario del poder, hasta llegar incluso a
su ejercicio tiránico, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente”[2]. Por
su parte, Humberto Njaim en 1955, señalaba, que “la corrupción es un importante
medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de
la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro”.
En el discurso político actual, la corrupción se
asume desde el sentido clásico de abuso del poder, aunque predomina
el entenderla como el enriquecimiento
ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades
(corrupción personal) o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u
organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien personalmente
(corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con
quienes los tienen, bien sea en el sector oficial o empresarial para afectar lo
oficial. En este sentido, la corrupción se percibe por un lado, como manejo
deshonesto de recursos públicos o recursos en torno a una gestión pública y por
otro, como deshonesto en particular, en un sentido individual, dirigidas hacia
actividades del estado, empresas o actores privados en general.[3]
En América Latina se pasa del uso
del término corrupción administrativa o peculado desde la década de los cuarenta
hasta mediados de los setenta del siglo XX, al empleo predominante del vocablo corrupción política o, simplemente, corrupción.
El Banco Mundial - BM
(2000) desglosa el concepto, y hace principal hincapié en la distinción entre
la corrupción como captura del Estado y la corrupción administrativa. La
corrupción como captura del Estado, la define como las acciones de individuos,
grupos o firmas, tanto en el sector público como en el privado, para influir
sobre la formación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas
gubernamentales para beneficio propio y la corrupción administrativa como la
imposición intencional[4]
Por su parte, el ex
fiscal de Colombia Alfonso Gómez Mendez, (2016)[5],
señala “La corrupción se
refiere al ejercicio indebido de lo público para satisfacer, por torcidos
métodos, ambiciones económicas y por lo tanto es política” y agrega, “La ausencia de control político, y de
separación real de poderes, unida a la falta de partidos políticos, es el gran
catalizador de la corrupción”.
Dentro de la
corrupción política se señalan las siguientes formas o modalidades:
Cleptocrácia: Término que se usa para calificar a un gobierno corrupto y ladrón, que desarrolla su poder
basado en el robo de capital al Estado institucionalizando la corrupción, de
forma que estas acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los
sectores del poder están comprometidos.
Nepotismo: Es la
deferencia que algunos gobernantes o funcionarios
públicos que tienden
a dar empleos públicos a familiares, amigos o pertenecientes al partido
político dominante
Plutocracia:
Sistema de gobierno en el poder
que está favor de los que ostentan las fuentes de riqueza, donde la
representación atiende únicamente a aquellos que le apoyaron, sin corresponder
a la voluntad de los ciudadanos.
Peculado: Entendido como los delitos
cometidos generalmente por servidores públicos o en su defecto, cualquier
persona que aplique de forma distinta a la de su objeto o fin: dinero, valores,
fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, que por razón de su cargo
los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
Varios autores, incluyen el clientelismo político, como elemento
constitutivo de la corrupción. Para estos autores, el clientelismo político es
el intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por apoyo político
y votos que perdura como una institución
extremadamente influyente, informal y como estrategia
aggiornada de reproducción del poder a veces oculta, en la que las y los ciudadanos asisten y participan[6].
“Los distintos
actores, patrones, mediadores y clientes se ubican en redes y se enlazan. La
estructura de estas “redes de dominación” y los sujetos que en ella participan
implican relaciones clientelares y son vistas como arreglos jerárquicos, como
lazos de control y dependencia; verticales y basados en diferencias de poder y
en desigualdad. Al ser altamente selectivas, particularistas y difusas, las
relaciones clientelares se basan en el intercambio simultáneo de diferentes de
recursos y servicios: políticos o económicos y promesas de lealtad y
solidaridad. Constituyen una esfera de sumisión, un conjunto de lazos de
dominación, con el agravante de que ésta práctica política, que adquiere nuevas
configuraciones en cada elección y que sigue el mismo proceso nacional, quizás,
no el mismo ritmo, logra regular la ciudadanía. Hay algo nuevo y algo viejo,
hay sujetos sociales y políticos que se resisten al cambio porque son los
principales beneficiarios de las peores prácticas de la democracia, pero que
detrás de su mantenimiento ‘formal’ logran su reproducción y la de su poder. Y
no sólo los políticos, también los empresarios – que viven al calor de las
prebendas que pueden extraer al estado”[7]
Para otros autores, Graziano
(1974 y 1980)[8] el
clientelismo y la corrupción poseen una función instrumental similar, como
fenómenos que privatizan la vida pública y consideran a los bienes públicos
como elementos divisibles y excluyentes, a los que se les da un precio y los
cuales no se desenvuelven dentro de los parámetros de legalidad sino en un intercambio
cimentado sobre una fuerte desigualdad en cuanto al poder de que dispone cada
uno de los protagonistas. Para Graziano, el elemento crucial de la relación
clientelar en la corrupción, es el monopolio del que disfruta el político,
“patrón” sobre ciertos recursos que, aunque para él fueran marginales, resultan
importantes, incluso críticos, para manipular al votante, quien entonces
entrega el voto para acceder a esos recursos a veces tan pírricos como un
almuerzo o una teja de zinc. Por su parte, Cazzola (1988 y 1992)[9],
señala que hay una continuidad entre estos dos fenómenos, considerando aspectos
como el intercambio de favores, la desconfianza generalizada o la ausencia de
una cultura política.
En lo que
respecta a la corrupción en el ámbito
institucional, se identifican tres factores: la falta de formación de las/os
servidoras/es públicas/os, el tráfico de influencias e irregularidades en los
procesos de contratación de servidores/as públicos/as y las evaluaciones que se
realizan sin parámetros de ética pública, ni de calidad eficacia y eficiencia,
en el servicio público, lo que genera desconfianza en la capacidad de gestión y
transparencia del sector público por parte de la sociedad civil.
Desde el campo jurídico, la
corrupción se asume desde varias tipologías,
el pedido, la oferta o el recibo de sobornos, peculado, consideraciones
o comisiones clandestinas, extorsión,
concusión, tráfico de influencias, valimiento, peculado, abuso de información
privilegiada, o de bienes, el tráfico de influencias.
Esta diversidad de tipologías
jurídicas en que se sitúa la corrupción, conlleva a que la corrupción no sólo
sea política en cuanto que en ella estén envueltos
políticos sino también en cuanto que los
políticos ya no pueden prescindir de producir políticas y normas contra ella y
que estas políticas y normas deben orientarse a crear fuertes restricciones al
actuar político.
En cuanto a la dimensión legal,
se señalan dos nudos críticos, en primera instancia los vacíos legales que dan
espacio para lo ilícito a pesar de la abundante legislación que rige en el
país. En segundo lugar, la falta de credibilidad de la justicia debido a la
demora, la morosidad en la tramitación de los procesos, la falta de personal,
la impunidad, la ausencia de sanciones y falta de garantías para los y las
denunciantes de actos de corrupción, factores que contribuye a la desconfianza
ciudadana en la lucha contra la corrupción, desde el sistema de administración
de justicia. En Colombia como en otros países de América Latina, predomina la
corrupción en la administración de justicia, varios analistas señalan también
que la aplicación de las leyes y los esfuerzos de reforma se ven obstaculizados
por jueces, abogados, fiscales, agentes de policía, investigadores y auditores
corruptos. “Esas prácticas son contrarias
al derecho de igualdad ante la ley y el derecho a un juicio imparcial. En
especial, van en menoscabo del acceso de los pobres a la justicia, pues no
pueden permitirse ofrecer o prometer sobornos. Un aspecto importante es que la
corrupción contribuye a una cultura de la impunidad, dado que los actos ilegales
no se castigan sistemáticamente y las leyes no siempre se respetan”.
Adicionalmente, varios
autores consideran que la dimensión ética también es implícita al abordaje de la
corrupción porque “en la política también operan argumentaciones y se emprenden
acciones que no pueden ser comprendidas si no se tienen en cuenta valores que
los actores postulan como absolutos e incondicionados por contraposición a
argumentaciones y actuaciones fundamentadas en filosofías puramente
utilitarias. Al respecto, se cita entre otros ejemplos, que en la actualidad en
el campo de los derechos humanos y cada vez más en materia ecológica y de
conservación de la naturaleza, se
manejan posiciones éticas que van más allá de cálculos de costos y beneficios y
con base en este análisis se afirma que pese a toda la dificultad que para
regular la corrupción deriva de su conexión con la política, se trata también de un asunto donde tiene mucha fuerza
y hasta predomina la posición de que debe ser perseguida y reprimida
independientemente de los costos que ello acarree”[10].
La ONU[11]
menciona la dimensión
cultural
de la corrupción, señalando que en general “persiste
una escasa implementación de una cultura de la transparencia, y que más bien se
mantiene una cultura de tolerancia entre servidor público y ciudadanía, que
dificulta el acceso ciudadano a los servicios y fomenta el ocultamiento de
información de tal suerte que se afectan los derechos de acceso a la
información y de libre expresión y que
adicionalmente, la falta de una cultura de denuncia obstaculiza la promoción de
la investigación y sanción de actos de corrupción, abonando al desprestigio de
lo público y/ o fomentando en el imaginario ciudadano la normalidad de la
corrupción que impide reaccionar frente a abusos y arbitrariedades aunado al
debilitamiento del ejercicio de valores éticos y democráticos” y agrega: “La corrupción debilita el deber de rendición
de cuentas de los funcionarios del Estado, reduce la transparencia en la labor
de las instituciones públicas y permite que las violaciones de los derechos
humanos queden impunes. La corrupción repercute negativamente en la realización
de los derechos básicos. Las prácticas corruptas desvían fondos destinados a
los servicios sociales y con ello socavan la capacidad del Gobierno para
prestar un conjunto de servicios, entre ellos servicios sanitarios, educativos
y de seguridad social, que son indispensables para la realización de los
derechos económicos, sociales y culturales. En particular, la corrupción afecta
a los más pobres y más marginados, que dependen en gran medida de los servicios
públicos. La corrupción también discrimina en el acceso a los servicios
públicos en favor de los que tienen capacidad para sobornar y están dispuestos
a hacerlo. La corrupción puede debilitar las instituciones democráticas tanto
en democracias bien establecidas como en democracias nuevas. Los funcionarios
corruptos dejan de tener presentes los intereses de la sociedad cuando adoptan
decisiones, lo que lleva a una pérdida de apoyo público a las instituciones
democráticas. En esas situaciones, se desalienta a los ciudadanos a ejercer sus
derechos civiles y políticos y a exigir que esos derechos sean respetados”.
En este primer abordaje
epistemológico y de las dimensiones implícitas en el concepto “corrupción”, se
ilustra que:
En la corrupción
confluyen dimensiones de orden político, jurídico, cultural y ético. La
corrupción va más allá de la apropiación ilegal de recursos del Estado para
beneficio particular, incluye prácticas aberrantes como el clientelismo, se
manifiesta no solo en la política interna sino en el ámbito internacional y en
situaciones en las cuales no están en juego simples operaciones comerciales,
sino también luchas de poder, donde los estados, en el mundo de la
competitividad y el globalismo, tienden a identificar su interés con el de sus
empresas. Por ser un fenómeno multifactorial, la corrupción se debe resolver en
la dimensión moral en la familia, el sistema educativo, las iglesias y en otras
instancias públicas y privadas así como en las estructuras de justicia,
económica, política, social y ambiental. Solo lo punitivo no resuelve el
problema estructural de la corrupción.
¿SON EL PODER Y LA
CORRUPCIÓN UNA ASOCIACIÓN INHERENTE?
Una amplia gama
de estudiosos y expertos en el tema, sustentan con análisis de diferentes
épocas a lo largo de la historia que poder y corrupción son inherentes. “Todo poder conlleva elementos de corrupción”[12].
Otros van más allá, al considerar que el acceso al poder, es a su vez inherente
a la corrupción y señalan como evidencia el “clientelismo”, en el que sitúan
dos tipos de sujetos, el político y el sujeto (ciudadano), articulados mediante
lazos clientelares verticales que debilitan la democracia y las posibilidades
de Estados Sociales de Derecho. No obstante, también en diferentes momentos
históricos y en el siglo XX, se evidencian iniciativas encaminadas a otras
formas de hacer política, con estrategias y mecanismos para mitigar y/o
prevenir la corrupción en el ejercicio de la política, en lo administrativo y
en la vida social. En los siguientes párrafos, retomo algunos ejemplos en los
dos sentidos:
ejemplos que sostienen la tesis de que poder y
corrupción son inherentes, así como que el acceso al poder, es a su vez
inherente a la corrupción
En el estudio comparativo de economías antiguas Grecia y de Roma y
actuales, se mencionan diferentes casos de corrupción. Se señala: “La
corrupción existió en Grecia aunque se legislo contra ella, sin mucho éxito,
por supuesto. Ni siquiera dejó de existir en la democracia recién inventada, de
la que se sintieron tan orgullosos los atenienses. la corrupción ha estado
presente desde los inicios de la civilización muy especialmente cuando el
hombre se agrupa, inteligente y sistemáticamente, dando lugar a múltiples
formas de organización social, política y económica, como las naciones y la
propiedad privada, y con ello dando lugar también a valores y conductas
relativas a sus actividades comerciales, de gobierno y religiosas nace la
competencia por recursos económicos, poder y posición social que los propios
grupos humanos reglamentan a través de sus gobiernos como ocurrió en la antigua
Grecia. Un famoso ejemplo de corrupción es el “adjudicado al gran Demóstenes el
duro nacionalista ateniense que se opuso al avance de Filipo, el rey de
Macedonia padre de Alejandro, con sus famosos y duros discursos, fue siempre
coherente en la defensa de Atenas, pero cedió abecés en su labor como abogado
al mejor pagador, como nos cuenta Aulo Gelio en Noches Áticas” según
Antiquitatem (2014). Historia sobre los embajadores de Mileto y el orador
Demóstenes escribió que llegaron a Atenas unos embajadores de Mileto por un
asunto de estado, se diría que para pedir ayuda. Entonces los abogados, que
pareció que habían llamado para hablar en su favor, hablaron. como se les había
ordenado, ante el pueblo a favor de los Milesios; Demóstenes respondió con dureza
a las peticiones de los milesio, planteando que ni los milesios eran dignos de
ayuda ni aquello fuese una cuestión de estado. El asunto se pospuso para el día
siguiente. Los embajadores acudieron a casa de Demóstenes y le rogaron con gran
insistencia que no hablase en contra; él (Demóstenes) les pidió dinero y
recibió cuanto había pedido. Al día siguiente, cuando el asunto comenzó a
tratarse de nuevo, Demóstenes se presentó ante el pueblo con el cuello y la
garganta tapados con una gran bufanda alrededor y dijo que padecía de “anginas”
y que por eso no podía hablar contra los milesios. Entonces uno del pueblo
gritó que de lo que Demóstenes padecía no era de “anginas” sino de platangina
“refiriéndose al dinero que había recibido”.
En el caso de Roma, señalan, “en la Roma antigua, además del
clientelismo y del favoritismo, o lo que es lo mismo, del tráfico de
influencias y de favores, reinaba la extorsión y la mordida (coima) desde los
más simples funcionarios hasta el emperador; por lo que ni aun las provincias
fueron la excepción, dado a que esto ya era parte de su sistema.” Por tal
diremos que la corrupción es una enfermedad la cual ha sido originada desde
inicios de la civilización, presentándose en sus diversas formas y adaptándose
al sistema contemporáneo en el que se convive, desequilibrándolo y
convirtiéndolo en algo normal e inevitable, ya que inicialmente se creía,
especialmente en la escuela romana, que la corrupción estaba interrelacionado
con la administración pública la cual era considerado un cargo honorifico, al
mismo tiempo que significa “poder”, y para acrecentar este último, muchas veces
se tenía que cometer actos ilícitos, tales como cobrar coimas, sobornos,
extorciones, practicar el clientelismo, etc. ya que solo las personas ricas
podían aspirar a cargos públicos dado que prácticamente estos últimos eran
vendidos, los que gustosamente eran pagados al precio que sea necesario, ya que
al estar en el poder estos podrían gobernar en beneficio propio, de tal forma
que recuperaban todo su capital invertido, aun a costas de las dificultades que
le podría ocasionar a la población estos actos ilícitos, los cuales ya
prácticamente estaban acostumbrados a ser gobernados por este tipo de
personalidades.
[13]
En www.forosperu.net , se cita el estudio de Alfonso Quiroz sobre la corrupción en
el Perú desde la época del imperio Inca, hasta la época
republicana,[14]
quien expone que el ejercicio del poder en el imperio Inca así como el
ejercicio del poder en las épocas colonial y republicana han estado marcados de
hechos de corrupción, “El Inca y sus parientes, la nobleza
privilegiada, bajo el pretexto de las guerras, habían formado una casta aparte,
excluida del trabajo, parásita y holgazana. En torno de ella se quebraban todos
los viejos principios. El pueblo trabaja rudamente para ellos; tenía que labrar
no solamente las tierras del Inca y del Sol, y las de la comunidad, sino la de
estos nuevos señores. El Inca, rompiendo la unidad económica del Imperio,
obsequiaba tierras a los nobles y curacas, quienes las daban en arrendamiento a
indios que las cultivasen, con obligación de entregar cierta parte de los
frutos. Estas propiedades individuales, dentro de un pueblo acostumbrado al
colectivismo, herían el espíritu mismo de la raza y presagiaban la disolución,
o un ciclo nuevo bajo normas diversas. Los nobles favorecidos trataban de
perpetuar el favor recibido, trasmitiendo la propiedad individual. El reparto
periódico de las tierras se hacía cada vez más formal y simbólico”.
Para el caso de la corrupción de los conquistadores españoles, se señala: "La gente de guerra tiene muy sojuzgada a los que son labradores o gente
del campo que entienden la agricultura".
ejemplos de iniciativas hacia otras formas de hacer política,
con estrategias y mecanismos para prevenir y/o mitigar la corrupción.
Las Naciones
Unidas en el 2008 en su documento “Prácticas de buen gobierno para la
protección de los derechos humanos”, presenta 21 estudios de casos de reformas
en materia de buena gobernanza, entre los cuales 6 ilustran, estrategias,
políticas y medidas contra la corrupción en el entendido para la ONU de que la
lucha contra la corrupción también, forma parte del marco de la buena
gobernanza. Igualmente, la ONU sustenta que las estrategias encaminadas a
combatir la corrupción comparten muchas cosas con los principios de derechos
humanos. En los 6 casos que ilustran iniciativas anticorrupción, se subraya la
importancia de la transparencia y la
rendición de cuentas y hace hincapié en el derecho a solicitar y obtener
información de los funcionarios del Estado, así como en la importancia de
proporcionar información de forma fácilmente accesible y comprensible[15].
1.
Establecimiento
de comisiones anticorrupción (Botswana). Sobre esta iniciativa la
ONU arguye que “desde que alcanzó la independencia en 1966, Botswana ha
experimentado elevadas tasas de crecimiento económico, posee un sistema
político multipartidista y celebra elecciones periódicas pero que sin embargo,
a principios de los años noventa, el país sufrió una serie de escándalos de
corrupción en los que estaban involucrados ministros del gabinete y
funcionarios de alto rango. Para la ONU, la gravedad del problema se hizo
evidente cuando la clase política no adoptó las medidas apropiadas en respuesta
a los escándalos hasta que fue empujada a hacerlo por los medios de información
y los ciudadanos. Se sustenta que el alcance de la corrupción entre los altos
funcionarios no sólo amenazaba con convertirse en un obstáculo para la
sostenibilidad del crecimiento económico, sino que también minó la confianza de
la ciudadanía en las instituciones y los procesos democráticos. Se señala que para enfrentar la escandalosa
ola de corrupción, se propuso un sistema
nacional de promoción de la integridad, en el que confluyen una amplia gama
de instituciones públicas y organismos oficiales y los ciudadanos e incluye medidas tanto preventivas como punitivas.
En el marco de dicho sistema, en 1994 se aprobó la Ley contra la corrupción y los delitos económicos y se estableció la
Dirección de Corrupción y Delitos Económicos, cuyo mandato incluye, la investigación de denuncias y presuntos
delitos, la educación del público y la mejora de los procedimientos de lucha
contra la corrupción dentro de los organismos públicos. El objetivo de la
Dirección es combatir la corrupción como
un problema sistémico que exige una respuesta en varios frentes: investigar cualquier denuncia de
corrupción en un organismo público; investigar cualquier delito presunto o
sospechado en relación con la Ley o con la legislación del país; examinar las prácticas y los
procedimientos de los organismos públicos y garantizar la revisión de los métodos de trabajo o procedimientos
que, a juicio del Director, pudieran conducir a prácticas corruptas. En este
marco, la Dirección también ha llevado al Parlamento un nuevo código ético que exige que todos los diputados hagan público
su patrimonio y que esa información se ponga a disposición del escrutinio
público; asesorar a los jefes de los
organismos públicos acerca de cambios en sus prácticas o procedimientos habituales
a fin de reducir la corrupción; educar
al público acerca de los efectos negativos de la corrupción. En este campo,
tanto la Dirección como los medios de información han realizado una amplia
campaña de sensibilización del público, así como un programa de educación pública que hace hincapié en el daño que
causa la corrupción, el hecho de que la corrupción equivale a la apropiación de
fondos públicos y el deber que tienen los ciudadanos de denunciar las conductas
corruptas de los funcionarios. La Dirección ha llevado la lucha contra la
corrupción a las escuelas, la universidad, los ministerios, las cooperativas y
otras organizaciones de voluntariado como sindicatos e iglesias; conseguir y promover el apoyo de los
ciudadanos para eliminar la corrupción.
2.
Adopción de
medidas para mejorar la transparencia y el acceso a la información (el Líbano): Señala la
ONU, a finales de los años noventa, la corrupción era uno de los problemas más
urgentes de resolver en Libia, la esfera de actividad económica
particularmente afectada por la corrupción era el entonces floreciente sector
inmobiliario y de la construcción, y las cinco instituciones y varios
departamentos oficiales, relacionados con este sector se identificaban como los
más corruptos bajo la modalidad del soborno de funcionarios. “Si no se pagaban
sobornos, la demora en la obtención de una licencia podía ser de hasta un año”.
Se plantea por parte de la ONU que la falta de transparencia en las distintas
etapas para la obtención de una licencia y en el valor de las tasas violaba el
derecho de los ciudadanos a la información, incluido el derecho a ser informado
acerca de las actividades y los procedimientos de la administración y favorecía
a los que podían y están dispuestos a pagar sobornos. Se señala que para afrontar esta creciente
corrupción, en 2002, la Asociación
Libanesa pro Transparencia, impulsó una estrategia de elaboración,
información y difusión de medidas y procedimientos unificados para mejorar la
transparencia en las solicitudes de licencias de obras y el acceso a la
información, en un folleto muy didáctico en el que se daban a conocer a los
ciudadanos, los instrumentos y los conocimientos necesarios para no tener que
someterse a prácticas corruptas. Según la ONU este instrumento de información ha
servido como punto único de referencia para los ciudadanos al aclarar los
distintos documentos, etapas y tasas que se requieren para completar los
trámites. También ofrece consejos para ayudar a los ciudadanos a evitar la
corrupción.
3.
Establecimiento
de alianzas entre grupos sociales y grupos de intereses en apoyo de las medidas
contra la corrupción India. La ONU arguye que: - la corrupción y la falta de
transparencia son comunes en los gobiernos locales de la India con efectos muy negativos para los trabajadores
rurales y los agricultores; - Los funcionarios locales corruptos ponen en
peligro los medios de sustento de los pobres al desviar recursos destinados a
proyectos de desarrollo, obras públicas o sueldos de trabajadores y que en
estos casos, los fondos públicos son gestionados sin transparencia ni rendición
de cuentas, y sin apenas esfuerzo alguno por incluir a los ciudadanos en el
diseño y la ejecución de los proyectos de desarrollo, así como que tampoco, se publicasen
documentos oficiales sobre presupuestos y proyectos públicos. Se señala que
para enfrentar este problema, se vienen implementado medidas de prevención y mitigación, sustentadas en la práctica de auditorías sociales, motivada por la
convicción de que las prácticas corruptas van en contra de la protección de los
derechos humanos y dejan sin poder a los pobres. La ONU enfatiza en que la
falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos
obstaculiza los esfuerzos encaminados a proteger los derechos de los pobres.
Para hacer frente a la falta de transparencia y responsabilidad en el gobierno
local, señala que se promovió el derecho
a la información, incluido el derecho
a consultar y copiar documentos oficiales, como uno de sus instrumentos básicos
para combatir el abuso de poder y la corrupción. Además, se introdujeron
las audiencias públicas como instrumento
participativo de la auditoría social a fin de someter a escrutinio los
proyectos y los gastos públicos. La ONU resalta “un aspecto importante es que
la práctica de las auditorías sociales sensibilizó a la sociedad civil, los
políticos y los ciudadanos sobre el vínculo entre la corrupción, el derecho a
saber y el derecho a un medio de subsistencia”. Igualmente, se exige un compromiso sostenido y
alcanzar el derecho a la participación tanto en la formulación como en la
aplicación de políticas.
4.
Lucha contra el
soborno en la sanidad pública – Polonia. En este caso que aborda la corrupción en el sector de la salud
en Polonia, la ONU señala: los sobornos
son comunes en el sistema médico y de atención sanitaria debido a varios
factores, entre ellos la falta de normas claras para evaluar la actuación
profesional de los proveedores, la falta de una supervisión efectiva y la ausencia
de seguimiento. Referencia una encuesta realizada en 2001, la cual
muestra que los médicos eran percibidos como el grupo profesional más corrupto
y, en 2003, la sanidad era percibida como el segundo sector más corrupto; el
61% de los pacientes reconocían ofrecer sobornos a los médicos. Los bajos
sueldos de los profesionales sanitarios combinados con una falta de
capacitación ética, la falta de transparencia del sistema de financiación por
los Servicios Nacionales de Salud y la deficiente financiación de los centros
de salud abonaban el terreno para que prosperase el soborno. Argumenta la ONU que “la prevalencia del soborno en la sanidad pública hace que la práctica
sanitaria viole el derecho de toda persona al disfrute del más alto grado posible
de salud física y mental porque el soborno crea discriminación en el acceso a
la atención médica en favor de los pacientes que tienen capacidad para pagarlo”.
Para enfrentar la
prevalencia de la corrupción en la sanidad pública en Polonia, se abordaron varios
y distintos métodos articulados a una legislación
apropiada que prohibiese los sobornos en el sector sanitario, el reconocimiento del problema y el establecimiento de alianzas entre
activistas sociales, medios de información y la profesión médica. Además, de
mecanismos de gobernanza apropiados para inyectar responsabilidad y
transparencia en la gestión de los servicios públicos. En 2001, ese conforma el
Grupo de Trabajo sobre Medicina,
formado por activistas civiles y de derechos humanos, médicos, periodistas y
representantes del Gobierno, el cual inició el debate público sobre los sobornos en el sector de la salud, dirigió
campañas de concienciación del
público y elaboró normas de buen
gobierno para la gestión de los servicios sanitarios, incluida la gestión
de las listas de espera de los servicios de salud especializados. Adicionalmente,
se señala que en enero de 2000, la Fundación Batory y la Fundación Helsinki
para los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos de Polonia,
establecieron un programa anticorrupción conjunto, el cual pretendía cambiar la
actitud de los ciudadanos hacia la corrupción publicando informes y
patrocinando campañas de sensibilización. En 2001, el programa anticorrupción
estableció un grupo de trabajo formado por médicos y encargado de abordar los
problemas éticos en la sanidad pública y mejorar el acceso a los servicios
médicos. El Grupo de Trabajo está formado por periodistas, representantes del
Fondo Nacional de Salud, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, la
Cámara de Médicos de Polonia, el Banco Mundial y la Fundación Batory.
Respondiendo a la necesidad de mayor transparencia, el Grupo de Trabajo lanzó
el proyecto piloto “Listas de espera para cirugía”. Se agrega que el Grupo de
Trabajo también intensificó el diálogo con el Ministerio de Salud para
contribuir a los debates en el Gobierno sobre la enmienda de la Ley de organizaciones de gestión sanitaria.
En particular, propuso que la Ley estableciese criterios claros para las listas
de espera, garantizase el derecho del público a acceder a la información y
previese la supervisión por los ciudadanos de los tiempos de espera. En 2003,
el Ministerio estableció un departamento
consultivo de expertos, que incluía a miembros del Grupo de Trabajo, para que
elaborarse un sistema de gestión de las listas de espera de pacientes para
servicios médicos especializados. En 2004, el Grupo de Trabajo elaboró un
proyecto de reglamento sobre listas de espera públicas para los servicios
médicos racionados, que fue incluido en la Ley
sobre instituciones de atención sanitaria adoptada por el Parlamento. A
raíz de los cambios legislativos, los proveedores financiados por el Fondo
Nacional de Salud deben establecer un registro de pacientes en lista de espera
y adoptar criterios transparentes para su gestión.
5.
Reforma
municipal para combatir la corrupción y mejorar la prestación de servicios –
Bolivia Se
plantea en el documento que a mediados de los años ochenta, la corrupción
impregnaba todas las esferas del gobierno municipal en la capital de Bolivia,
La Paz, desde la prestación de servicios hasta la ejecución de obras públicas,
la inspección de mercados municipales y la concesión de permisos y licencias.
La corrupción generalizada había producido tal deterioro institucional que la
autoridad municipal prácticamente había desaparecido. Esta situación se vio
agudizada por la grave crisis económica que atravesaba Bolivia y por el mal estado
de las finanzas de las ciudades, causado por los recortes en la asistencia
económica del gobierno nacional y el agotamiento de los ingresos municipales.
El declive de las instituciones municipales y la gestión fraudulenta de los
recursos públicos pusieron en peligro la capacidad del municipio para
garantizar derechos humanos como el derecho a la salud, a una vivienda
adecuada, a la alimentación y a una educación de calidad. Se señala en el
documento que la corrupción era un
problema sistémico, más que un problema debido a personas corruptas. Se
trataba de un fenómeno profundamente
arraigado en la cultura política de la ciudad y que por consiguiente, era
importante emprender una reforma amplia
y conseguir la participación de los empleados municipales en el esfuerzo.
Para prevenir y
mitigar la corrupción, se señala que en 1985, los habitantes de La Paz
eligieron por primera vez en 40 años su gobierno municipal, el cual adelantó
como una de sus primeras medidas contra la corrupción, conseguir la participación de los empleados municipales,
y de ciudadanos, en la elaboración del diagnóstico
sobre la naturaleza y el alcance de la corrupción, así como autoanálisis y
autoprescripción. Con base en el diagnóstico, refiere la ONU que se
liberalizó el proceso de concesión de permisos y licencias de obras, también se
reformó el sistema de solicitud de permisos, se creó un registro único para
todas las solicitudes de permisos y licencias, gestionado por funcionarios que
no intervenían en la concesión. Además, para aumentar la transparencia, se
imprimió y difundió ampliamente un manual para informar a los ciudadanos sobre
las tasas de los permisos de obras, los trámites de solicitud de distintos
servicios, qué organismo era responsable de cada servicio y cuánto tiempo
llevaba prestar cada servicio. En segundo lugar, se hizo un esfuerzo por
reducir la corrupción en la oficina municipal de obras públicas, en la que
trabajaban 4.000 empleados y de la cual se sustraían habitualmente maquinaria,
piezas y combustible. Se modificó la función principal de esta oficina de modo
que pasase a realizar reparaciones de emergencia, pero no grandes proyectos de
construcción. Las grandes obras públicas se contrataban en el exterior con
arreglo a un proceso basado en incentivos que vinculaba los pagos al logro de
objetivos y a la conclusión satisfactoria de los proyectos. La oficina de obras
públicas se transformó en un organismo de reglamentación que funcionaba con
arreglo a este proceso basado en incentivos. En tercer lugar, un conjunto de
iniciativas contra la corrupción ayudaron a simplificar el sistema fiscal,
recortando el número de impuestos desde 126 hasta 7, con el fin de restringir
las oportunidades de connivencia entre recaudadores de impuestos y
propietarios, contratar a jóvenes bolivianos en el servicio municipal y
aumentar los sueldos gracias a la asistencia internacional. Además, a lo largo
de todas las actuaciones, los dirigentes municipales informaron al público
sobre los progresos realizados en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se
señala que el esfuerzo por reducir la corrupción en el cuerpo de policía topó
con importantes obstáculos y en última instancia fracasó.
Con base en los ejemplos señalados, se evidencia que aunque difícil, SI, es posible
prevenir y/o mitigar la corrupción, requiriéndose, entre otros: - Políticas Públicas de
Participación, Control Social, Rendición de Cuentas, Transparencia y Lucha
Contra La Corrupción; - Impulsar
y/o fortalecer la organización social, el liderazgo democrático, los consensos,
para que prevalezca el manejo ético y transparente, sobre la cultura clientelar
y autoritaria que desvaloriza lo público; - Desarrollar programas de formación
a la ciudadanía, autoridades y servidores/as públicos/as con énfasis en
derechos humanos, interculturalidad, ética, diversidad e inclusión para
promover la participación ciudadana democrática, la gestión transparente de los
sectores públicos y privados que maneja fondos públicos, atendiendo al desafío
de la escasa organización social que existe en algunas regiones, al
debilitamiento del tejido social en casi todo el país, a la incipiente
formación ciudadana y a la necesidad de una cultura pública de transparencia,
control social y rendición de cuentas; - Impulsar la coordinación multinivel e
intersectorial entre los Gobiernos
locales y las políticas
sectoriales del ejecutivo, para atender los problemas de descoordinación
institucional, la desconfianza y disputa de espacios entre las institucionales
y la poca continuidad de acciones; - Apoyo y promoción de veedurías y
contraloría social que aseguren la gestión transparente y eficaz de lo público,
que enfrenten el fuerte escepticismo, promuevan el interés y compromiso de
funcionarios/as públicos/os frente a la participación, y el ejercicio de
gobiernos transparentes y éticos; - Esfuerzos de alianzas institucionales,
redes y plataformas; fortalecimiento del carácter vinculante de los ejercicios
de control social, así como de la relación con los organismos de control[1].“La organización de un gran proceso social-político para ejercer un nuevo tipo de control social, permanente,
incisivo, “con dientes”, que actúe desde la licitación y adjudicación de los
contratos”.
¿LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN ES SUFICIENTE COMO BANDERA DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS ALTERNATIVOS?
“En lo
interno de los estados la variable compleja que parece crucial para entender el
auge de la corrupción como issue central
de opinión pública es
la generalización de la democracia como régimen político y del mercado
como principio fundamental de organización económica. Perdida la conexión
revolucionaria, ya desde antes de la caída del muro de Berlín, que el llamado
socialismo científico pretendía establecer entre economía y política, la oposición interna de izquierda
desprovista de grandes consignas ha tenido que buscar otros cauces. Uno de
ellos es la lucha contra la corrupción que ha venido a sustituir la lucha por
la revolución (Njaim 1995) y curiosamente converge con las corrientes de
derecha tradicionalmente enemigas de la democracia, nacionalistas, militaristas, etc. Una consecuencia
teórica de esta situación es que la discusión vuelve al terreno de los clásicos
del pensamiento político. Para estos, en efecto, la cuestión fundamental no era
la economía; ésta debía ser disciplinada en cuanto a los excesos en que podían
incurrir los particulares, pero no se cuestionaba que, en lo fundamental,
bastaba dejarla correr por los rieles muy firmes que le trazaba el interés
egoísta. La cuestión crucial era más bien de tipo político-ético y estaba
constituida por la pregunta de si el régimen realizaba los fines de bien
general que proclamaba o si, por el contrario, había degenerado en despotismo.
La situación es muy semejante en la actualidad porque aunque usamos el término
corrupción en un sentido más delimitado, que era secundario o no problemático
para los clásicos, en el fondo el robo de fondos públicos o, en general, los
fenómenos de privatización de lo público, los tomamos como manifestación de una
decadencia más profunda. Por ello no hay en este momento un factor de
desestabilización y deslegitimación de los sistemas políticos más virulento que la corrupción”
Colombia ha obtenido 37 puntos en el Índice de percepción
de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia
Internacional. Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida
en 2015, así pues sus ciudadanos mantienen estable su percepción de la
corrupción en Colombia. A pesar de ello, Colombia empeora su posición respecto
al resto de los países hasta el puesto 90 del ranking de
percepción de corrupción formado por 176 países.
La percepción de la corrupción en los
últimos cinco años en Colombia ha mejorado, aunque ha sufrido un descenso de su
posición en el ranking internacional de corrupción.
Éste índice clasífica a los países
puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción
de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción
del sector público que tienen sus habitantes[16]
Desde mi punto de vista de
optimista modera que no pesimista mal informada, desde mi visión de
mujer-ciudadana, que aún le apuesta a la Esperanza de un mundo, un país,
nuestro país mejor, considero que la corrupción como un factor de desestabilización tan virulento, se deberá
incluir como preponderante en la agenda política de movimientos o partidos
alternativos, en la actual coyuntura de
Colombia y en la perspectiva de la contienda electoral del 2018 pero, en el
marco de una gran
agenda estratégica que no se limite al fenómeno de la corrupción, como tampoco
a administrar coyunturas impuestas por la dinámica mundial, sino que se
proponga la construcción de un mejor país para todas y todos y el compromiso
con la implementación de los Acuerdos de la Habana. Dicha agenda deberá ser construida en un gran consenso
nacional con movimientos sociales y populares cada vez más originales y
activos como los movimientos de Jóvenes, movimientos agrarios, étnicos, feministas,
ambientalistas, urbanos, no para cooptarlos de manera pasiva sino para potenciar sus autonomías y la de las
nuevas formas de resistencia civil, siendo urgente como punto de
partida, la definición de
unos nuevos términos de relación con dichos movimientos sociales y en la perspectiva de acometer de manera
definitiva la tarea de asegurar la gobernabilidad futura del país. Así
mismo en ese consenso nacional se deben incluir alianzas fundamentadas
en acuerdos programáticos con partidos y
movimientos políticos.
El
consenso nacional se plantea como estrategia de integración política hacia un
gobierno que: - involucre la
participación directa de las comunidades, la sociedad civil y los pueblos indígenas
en la gestión del Estado”[17],-
trabaje por la transformación de las
estructuras socio-económicas, territoriales, culturales y políticas del país
para propiciar la equidad, el buen vivir y la paz, - favorezca la complementariedad entre la representación política y la
creación de redes territoriales autónomas de producción de poder económico y
social, - promueva cambios políticos e institucionales que eviten nuevas justificaciones
para el uso de las armas, - facilite mecanismos que permitan avances en la
consolidación del Estado Social de Derecho así como en los términos de un nuevo
concepto de ciudadanía, basado en “el derecho a tener derechos y que sustente
su quehacer en la concertación plural de acuerdos”.
Recogiendo
diversas propuestas, propongo que para la agenda programática se consideren los
siguientes ejes estratégicos:
Ø Implementación de los Acuerdos de la Habana
Ø PAZ, DDHH, Democracia
Ø Política y nuevos Paradigmas para la seguridad integral en el postconflicto y la
Paz
Ø Ni corrupción ni impunidad
Ø Reformas
estructurales, laboral, educativa, salud, en el marco de Derechos y fiscal en
el marco de la justicia social
Ø Política
de soberanía y autonomía alimentaria
Ø Cambio político
básico referido a los ciudadanos (se hace
necesario replantear los mecanismos de construcción de ciudadanía y derechos
políticos, sociales, económicos y culturales reconocidos a los ciudadanos)[18]
Ø Nuevas formas de acción política, para la
promoción e interconexión de la democracia económica y la democracia política
Ø Institucionalización
de iniciativas de economía solidaria, innovación social y estrategias de
convergencia de iniciativas dispares en un imaginario político común
Ø Articulación de
iniciativas estatales y autónomas en el marco del Estado Social de Derecho
Ø Preservación de
la universalidad del Estado de Bienestar, fomentando al mismo tiempo el control
social y las concepciones y prácticas de las instituciones estatales como
‘nuevos comunes’
Ø Política minera-energética
que respete las capacidades y limitaciones de ecosistemas naturales, los
Derechos y expectativas de poblaciones locales, refuerce la soberanía nacional
y el bienestar de las regiones y que posibilite repensar e implementar, un
nuevo modelo minero-energético, alternativo al modelo neo-extractivista tipo
enclave, predominante y vigente en la actualidad en Colombia.
Ø Investigación
científica y tecnológica que promueva el desarrollo territorial regional,
fortalezca los planes de vida de los pueblos indígenas y grupos étnicos, la economía campesina y garantice la
conservación de la naturaleza
Ø La
convergencia de la inversión pública y privada en el marco de estrategias de
desarrollo territorial regional, del respeto de los planes de vida de los
pueblos indígenas y grupos étnicos, con
la participación activa y concertada de
los diferentes sectores sociales y de
los agentes económicos de las propias regiones.
Ø Política
exterior sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos, la
no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de
la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad
jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la
lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación de la
naturaleza.
[1] http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3
[2]
John Emerich Edward Dalberg Acton, 1er Barón de Acton
fue un historiador inglés.
Frases y Citas - http://akifrases.com
Frases y Citas - http://akifrases.com
[5] www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-corrupcion-es-politica...el.../16772330
[6] Audelo Cruz,
Jorge M. ¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la política en
los países en vías de consolidación democrática Estudios Sociales, vol. XII,
núm. 24, julio-diciembre, 2004, pp. 124-142
[7] Luorno, Graciela
Elvira y Favaro, Orietta. 2005. Poder político y estrategias de reproducción en
los territorios de Neuquén y Río Negro, Argentina (1983-2003)
[8] Graziano, L.,
ed. (1974) Clientelismo e mutamento político, Milano, Angeli. (1980)
Clientelismo e Sistema Político, Il caso dell’Italia, Milan.
[9] Cazzola, F.
(1988) Della Corruzione, Bologna, Il Mulino. (1992) L’Italia del pizzo,
Torino-Einaudi.
[11]
OFICINA DEL
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 2008.
PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
[12] Gumucio Rafael. Chile:
corrupción y poder
[13] Yamacero Vargas et al. 2015.
[14] Quiroz Alfonso Historia de la
corrupción en el Perú
[15] OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 2008. PRÁCTICAS
DE BUEN GOBIERNO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
[16] http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/colombia ÍNDICE DE
PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2016
[17] Bruckmann Mónica. 2016. La Democracia
en Jaque: por una agenda para América Latina. ALAI
[18] Patiño Villa,
Carlos Alberto. POSCONFLICTO EN COLOMBIA: RETOS COMPLEJOS
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