CONVERGENCIA CIUDADANA PARA DERROTAR LA CORRUPCIÓN
Bogotá, 18 de enero
de 2017
La precandidata a la presidencia
de la república por la Alianza Verde, Claudia López, ha anunciado que se está
construyendo una convergencia para presentar una candidatura independiente en
2018 con fuerzas políticas alternativas. Es una excelente noticia. Y es muy
alentador que uno de los temas centrales para consolidar esa unión sea la lucha
contra la corrupción político-administrativa. Es garantía de deslinde con el
uribismo y el santismo.
Son dos grandes pasos que van en
la dirección correcta. El primero, la “convergencia independiente” debe
alimentarse mucho más desde abajo. No es suficiente el acuerdo “por arriba”.
Debe construirse un gran movimiento ciudadano y social que sirva para movilizar
a las grandes mayorías abstencionistas. Sólo un movimiento de ese tipo puede
ser el soporte de verdaderos cambios en nuestro país y en el mundo.
Y en el caso de la lucha contra
la corrupción, la misma Alianza Verde ha lanzado una campaña nacional para
realizar una Consulta Nacional Anti-corrupción, para lo cual se han propuesto
recoger 5 millones de firmas. Proponen una serie de reformas como la limitación
a un máximo de tres períodos para corporaciones públicas, transparencia en el
manejo de lo público, cárcel sin reclusión especial para corruptos y rebaja de
sueldos a los congresistas.
Algunas de esas iniciativas
coinciden con puntos de lucha propuestos por el Movimiento Social E-24
y otras organizaciones que han llamado a la movilización contra la reforma
tributaria el próximo domingo 22 de enero. Si se está pensando en construir una
amplia convergencia, el contenido de la consulta anticorrupción debería ser
consensuado para fortalecer la lucha contra la corrupción mucho más allá de
simples cambios normativos.
Para en verdad luchar y derrotar
la corrupción político-administrativa hay que ir mucho más allá. Hay que acabar
con el vínculo entre poderosos intereses privados y la política. Se debe
garantizar la financiación total de las campañas políticas por parte del
Estado, acceso igualitario a los medios de comunicación, limitar al máximo el
tiempo de las campañas y hacerlas austeras y baratas. Hay que terminar con los
cupos indicativos o auxilios parlamentarios. Se debe reformar totalmente el aparato
de justicia (infiltrado de corrupción) y realizar cambios sustanciales en la
legislación sobre veedurías y control social y ciudadano.
Pero lo más importante consiste
en intervenir el alto nivel de la contratación pública. No es posible que la
política petrolera siga en manos del ejecutivo sin tener un verdadero control del
Congreso y de la sociedad. Hay que cerrar la puerta giratoria que usan los
altos funcionarios del Estado, que cuando renuncian se vinculan de inmediato a
las empresas transnacionales y poderosos monopolios. Llevan información
privilegiada y un gran poder burocrático que ponen al servicio de intereses
privados, muchas veces, extranjeros.
Y finalmente, todo ello debe ser
complementado con la organización de un gran movimiento para ejercer un nuevo
tipo de control social, permanente, incisivo, “con dientes”, que actúe desde la
licitación y adjudicación de los contratos hasta su liquidación, participando
activamente en el proceso de la ejecución de los mismos. De lo contrario, ese
cáncer de la administración pública no podrá ser ni siquiera medianamente
“tocado”. Hay que recordar que el capitalismo es esencialmente corrupto y
corruptor. Esa lucha no es fácil.
Habrá que ver con qué vínculos deberá cortar Claudia López, para poder que su iniciativa esté libre de cualquier asomo de corrupción o de intereses privados y políticos.
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