Popayán, 9 de marzo de 2023
Como afirmamos en
anterior
artículo, se desató la confrontación abierta entre el gobierno que encabeza
Gustavo Petro y los sectores más parasitarios de la oligarquía financiera. Con
ocasión de la presentación de la reforma al sistema de Salud, de los anuncios
de las reformas pensional y laboral y la intervención directa del Presidente en
la regulación de los servicios públicos, se desplegaron las fuerzas encontradas
y el ambiente político está caldeado.
La “alianza
interclasista” y la “amplia coalición de gobierno” –como era de esperarse– están
siendo sacudidas desde adentro y desde afuera. Las diversas clases sociales,
sus fracciones internas y sus representantes políticos, se alinean de un lado u
otro. Crujen con diferentes sonidos y formas las débiles costuras de esas
alianzas y la intensidad de la confrontación hace que el bloque de poder
tradicional muestre su verdadero rostro y el de “sus instituciones”.
En esta semana
han sucedido hechos de suma importancia. Muestran la forma como la casta
dominante en su conjunto reacciona contra las reformas sociales que impulsa el
gobierno. El Fiscal y la Procuradora que lideran la oposición en coordinación con
los gremios empresariales son reforzados –ahora– por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional que directamente intentan
obstaculizar la acción del gobierno por medio de fallos judiciales.
Intentan amarrar de pies y manos a Petro para que poco pueda hacer y desanimar
a su gente.
Lo anterior ha
sido adobado con el “affaire” de la familia presidencial que obligó
a Petro a solicitar una investigación de la Fiscalía sobre el
comportamiento de su hijo mayor y hermano, y la ocurrencia de la primera crisis
ministerial. Todo ello y mucho más, es resultado de las tensiones reales y
artificiales que se orquestan para debilitar al gobierno, mermarles fuerza a sus
reformas, y hacer creer que el país vive su “peor momento” por efecto de la
“inexperiencia de Petro”. Olvidan los opositores y sus medios de comunicación
que hace 4 años le concedieron
a Duque más de un año de aprendizaje.
Poco a poco en
Colombia se acumulan condiciones para que ocurra algo similar al “Golpe de
Pasto” contra el entonces presidente Alfonso López Pumarejo (1944). Por ahora son
sólo gestos e insinuaciones como la propuesta del expresidente
Pastrana de “hacerle un juicio político a Petro”, recordando el “proceso
8.000” que se utilizó en 1994 para deslegitimar y paralizar al gobierno de Samper.
Así, tensionan la cuerda y tratan de provocar reacciones aventureras tanto
dentro como fuera del gobierno. El atentado
contra el director de la UNP, mano derecha del presidente, pareciera ser
parte de una campaña de crispación de nervios.
Vale la pena,
entonces, observar, describir y analizar, así sea brevemente, el comportamiento
de las clases sociales y de sus diversas fracciones durante estos primeros
meses del gobierno del Pacto Histórico. Ello, a fin de identificar y comprender
sus expresiones políticas y avizorar las principales tendencias en desarrollo. Sólo
así podremos aproximarnos a la realidad nacional que es una verdadera olla a
presión, en donde a lo largo de décadas se han acumulado conflictos que se
expresan en el actual “estallido social” (parcial, disperso, “sordo”, latente),
que se ha desencadenado en diferentes territorios y regiones de Colombia.
Las clases sociales, sus fracciones y el gobierno
de Petro
En forma muy
sintética presento algunas ideas al respecto. Se requiere más adelante un texto
más amplio y profundo que detalle el movimiento real de la vida en Colombia y de
sus manifestaciones políticas y culturales. Por ahora, veamos:
- Los sectores populares y sus diversas
clases y sectores sociales como son los trabajadores (formales e informales,
precariados, urbanos y rurales), los campesinos mestizos, indígenas y afros,
los pequeños y medianos productores, los colonos cocaleros y pequeños mineros
ancestrales y artesanales, y todos aquellos sectores que de una u otra manera
participaron en el estallido social de 2021, apoyan a Petro y están a la
expectativa de sus realizaciones. Algunos de esos sectores, presionados por
circunstancias como los desastres causados por el invierno o por el acumulado
de problemas que estaban represados, aprovechan la presencia de un gobierno que
“dialoga y no reprime” para conseguir soluciones inmediatas. Han protagonizado
a lo largo de estos primeros siete (7) meses un verdadero “estallido social” como
lo ocurrido con las comunidades de La Mojana, el Canal del Dique, los indígenas
de Risaralda, Valle y norte del Cauca, las comunidades de El Guavio
(Cundinamarca), los colonos de Puerto Gaitán, el sindicato de maestros del
Cauca, los campesinos de Los Pozos (San Vicente del Caguán), los mineros del Bajo
Cauca antioqueño y del sur de Córdoba y otros sectores de variadas regiones.
Frente a esta avalancha de estallidos populares localizados
y dispersos en diversos territorios de Colombia, que en su mayoría son por causas
legítimas pero que, en algunos casos, es estimulada por actores armados de
diverso tipo o por autoridades locales y regionales que juegan a desestabilizar
y debilitar al gobierno progresista, la respuesta de la administración nacional
–en general– ha sido “reactiva”, y “tradicional”. A pesar de los
pronunciamientos y de la buena voluntad del presidente Petro, el Estado es
lento, burocrático e ineficiente. Se organizan comisiones, se firman acuerdos,
se prometen soluciones y se aplazan decisiones.
El único cambio, que es importante pero no es suficiente, es que no se acude a la
represión de las fuerzas armadas, aunque no dejan de presentarse enfrentamientos
violentos que han dejado los primeros muertos en Los Pozos (un policía y 2
campesinos), y, además, los bloqueos sucesivos de las carreteras (única forma
de presión) crean graves problemas para el conjunto de la población como el desabastecimiento
y problemas de diverso tipo (inseguridad, violencia, etc.). La oposición se
frota las manos y posiciona la idea de que tenemos un “gobierno débil” que es
incapaz de mantener el orden y la estabilidad, y que con su actitud “permisiva”
estimula el caos y el desorden a todo nivel.
Es importante resaltar que entre los sectores más
marginados de nuestra sociedad se está pasando de la expectativa positiva al desencanto,
la desilusión y el pesimismo. Algunos sectores de la juventud rebelde,
especialmente la que se identifica con la “primera línea”, que no entienden lo
de la “separación de poderes”, se empiezan a sentir traicionados. Amplios
sectores de la población, golpeados por la inflación, la escasez y altos costos
de los alimentos, el desempleo y demás crisis acumuladas, aunque saben que son
fenómenos causados por la guerra y otras situaciones internacionales, tienden a
culpar al gobierno de “no hacer nada” y empiezan a creer las versiones de la
oposición que le achacan todos los problemas a Petro que “con
sus reformas genera incertidumbre entre los inversionistas”.
Todo lo anterior influye de una u otra manera en
la correlación de fuerzas, que lo decide
todo. No es casual que sea después del 14 de febrero, cuando la respuesta
popular no fue lo suficientemente robusta y fuerte ante el llamado del
presidente Petro a movilizarse en apoyo a las reformas sociales, que se
profundice la ofensiva de la “institucionalidad dominante” contra el gobierno,
que aparezcan las denuncias y rumores contra el hijo y el hermano del presidente,
y que las fisuras dentro del Pacto Histórico, la “coalición de gobierno” y el
mismo gabinete presidencial se hagan visibles y empiecen a generar conflictos y
fracturas. No es la hecatombe ni una crisis general, pero es una alerta.
- Las “clases medias” y las burguesías
emergentes tienen un comportamiento contradictorio frente al gobierno y a sus
iniciales reformas sociales. También están a la expectativa, pero sus diversos componentes
sociales tienen posiciones más definidas. La reforma laboral es la que más les
preocupa por cuanto saben que el incremento en el costo de la fuerza de trabajo
golpea sus ingresos y ganancias. Frente a la reforma al sistema de salud les inquieta
que se puedan perder algunos de los logros obtenidos a lo largo del tiempo, que
no son por obra de la gestión de las EPS sino por la presión sostenida de los “usuarios”,
que han interpuesto millones de tutelas a lo largo de los 30 años de vigencia
de la Ley 100. Apoyan la intervención frente a los monopolios que manejan las
pensiones y los servicios públicos, dado que les interesa que la gente se
pensione y que se rebaje el valor de las tarifas, especialmente de la energía
eléctrica, pero aspiran a que dichos cambios no generen inestabilidad económica
y que se realicen en forma tranquila y consensuada.
En su mayoría, desconfían que las reformas lleven
a la “estatización” de la economía y temen que el Estado acapare la gestión y
administración de los servicios públicos por cuanto la identifican con
politiquería y corrupción, y, además, les preocupa que aparezcan fuertes
sindicatos que terminan exigiendo exagerados privilegios para los trabajadores
de esas empresas y entidades estatales. Frente a la “paz total”, a las
políticas de industrialización y al cambio de la matriz energética, muestran en
general una actitud positiva siempre y cuando se realicen en forma metódica,
gradual y planificada.
Las clases medias y burguesías emergentes (sean de
origen legal o ilegal; de sectores agrarios, de servicios o industriales; urbanas
o rurales), son en general conservadoras. La mayoría de estos sectores apoyaron
a Rodolfo Hernández y no a Petro en importantes regiones que se caracterizan
por su peso económico (Antioquia, Santander, Eje Cafetero, etc.) pero se puede
afirmar, que sólo quienes fueron fuertemente afectados por las guerrillas y
quienes tienen un origen vigorosamente tradicional (clericales, militares,
etc.) están decididamente en contra del gobierno, identifican los cambios y
reformas propuestas con el “castro-chavismo”, y, por tanto, apoyan todo lo que
signifique derrotar a Petro. El resto –la gran mayoría– también están
expectantes, y aunque no apoyan al gobierno no les interesa “tumbarlo”.
- A nivel de lo que llamo las castas dominantes,
o sea, la oligarquía financiera, los grandes terratenientes y la burguesía
burocrática de alto nivel (grandes contratistas, políticos tradicionales, etc.),
que es un grupo de familias totalmente minoritario dentro de la sociedad
colombiana pero que son la que tienen –en verdad– el Poder económico y político, la posición frente al gobierno de Petro
es más homogénea pero no es única y está en evolución. En la recta final de las
elecciones de 2022, algunas de sus fracciones, especialmente las que se venían
deslindando de Uribe con ocasión del “proceso de paz” liderados por Santos,
prefirieron a Petro frente a un Rodolfo Hernández que les generaba mayores
preocupaciones e inseguridades. Liberales, conservadores y el Partido de la U,
parcialmente y con vacilaciones, decidieron sumarse obligados por sus bases y
así defender desde adentro sus intereses y controlar (moderar, domesticar) al
nuevo gobierno.
En cambio, los sectores más parasitarios de esa
oligarquía (grandes banqueros y especuladores financieros) y los terratenientes
más reaccionarios que se aliaron con paramilitares para despojar a campesinos
de sus tierras, nunca consideraron esa opción. Petro es su enemigo y no lo consideran
un demócrata. Se sumaron taimadamente a Hernández en la campaña electoral
porque sabían que eran una carga, pero en la recta final, cuando Rodolfo viajó
a Miami, mostró toda su esencia y ello sentenció su derrota. La fracción oligárquica
y burguesa “pacifista o santista” se acabó de marear y aunque tampoco apoyó
abiertamente a Petro, envío a sus mandaderos políticos a hacer la tarea, ya fuera
dentro del Pacto Histórico o en el “frente amplio” (actual coalición de
gobierno).
En el actual período, cuando Petro ha dicho que “el
cambio no será retórico” y que efectivamente está decidido a tensar la cuerda “hasta
donde el pueblo quiera”, esa fracción oligárquica continúa jugando a la “moderación”.
Saben que tienen las mayorías en el Congreso, pero también son conscientes que
la crisis económica y social que vive Colombia –así no lo reconozcan
abiertamente– es profunda y monumental, y que ellos y sus gobiernos son
responsables de esa situación. Ya vivieron la experiencia con Petro en la
alcaldía de Bogotá de querer sacarlo del gobierno en las primeras de cambio y,
no sólo no pudieron hacerlo, sino que lo convirtieron en víctima y lo
potenciaron hacia la Presidencia de la República.
Por ello, se ven obligados a soportarlo, “jugar a
la política”, desgastar al gobierno, quitarles el filo a sus reformas,
desesperar a sus bases sociales y a sus seguidores, provocar reacciones
inmaduras o infantiles dentro del gobierno o sus partidos políticos, y mediante
la guerra jurídica (lawfare) y mediática, generar divisiones para provocar su desmotivación
y llevarlos hacia la auto-derrota. Dicha estrategia empezó desde el mismo día
en que se posesionó Petro, dado que saben que la ventaja obtenida en las
elecciones es insuficiente para hacer cambios estructurales en nuestro país y
aspiran a que Petro no consiga ampliar su base social y política.
Esa fracción “pacifista” de la oligarquía aprendió
mucho durante el proceso de desmovilización y desarme de las Farc, y sabe que
tampoco pueden frustrar en forma burda, inmediata y arbitraria los anhelos de
democracia y de cambio de una gran parte del pueblo colombiano. Además, como lo
comprueba el escrito
sobre la reforma de la Salud del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras,
saben que efectivamente se requieren cambios tanto en el sector de la salud como
en lo pensional, laboral, servicios públicos y otras áreas de la administración
pública y del aparato productivo, y que oponerse tajantemente a dichas
transformaciones puede llevar a este país a una desestabilización más profunda
y de pronóstico reservado.
Y, además, después de haber impulsado un “proceso
de paz” con bombos y platillos a nivel internacional, de posar como demócratas y
“humanitarios” con el apoyo de la ONU, no pueden orquestar y ejecutar un golpe
de Estado sin tener los motivos de fuerza mayor que exigirían que Petro –en verdad–
se coloque por fuera de las instituciones “democrático-liberales”. Además,
saben que para dar un “golpe suave” se necesitan condiciones especiales (graves
delitos) para que el Congreso pueda “destituir por sentencia” al presidente de
la República, dado que no existe la figura de la revocatoria o que un simple “juicio
político” pueda terminar en destitución.
Conclusiones y propuestas
Es evidente que
la estrategia desarrollada por las castas dominantes colombianas, especialmente,
por la oligarquía financiera más parasitaria, que utilizan la guerra mediática
y el “bloqueo jurídico” contra el gobierno de Petro, han afectado parcialmente su
iniciativa política y podrían debilitar la gobernabilidad de su ejercicio y gestión
transformadora. Hábil y ladinamente han logrado posicionar la idea de que el Presidente
tiene un sesgo “anti-empresarial” y que solo le preocupa el futuro de “los más
pobres”, colocando a la defensiva a amplios sectores de la sociedad.
Es posible que el
acento y la priorización del ejercicio legislativo de las reformas sociales
(salud, pensiones, laboral) sin contar
con una base social y política más amplia y consolidada, y algunos errores
de coordinación y comunicación entre el presidente Petro y demás miembros de su
gobierno, además del escándalo orquestado alrededor de los supuestos delitos
cometidos por integrantes de su familia, sumado a la explosión de “estallidos
populares” localizados pero conflictivos, estén afectando la imagen del
Presidente. Así
lo indican las encuestas.
Pero también, las
circunstancias internacionales que son la causa de la inflación y de la
inestabilidad de la moneda (devaluación del peso) más los problemas propios y relacionados
con la llamada “paz total” y otras iniciativas polémicas del gobierno (justicia
restaurativa, pedagogía en las calles, etc.), no sólo sean una preciosa oportunidad
para que los opositores fortalezcan sus campañas de mentiras y embustes, sino
que efectivamente se esté enviando un mensaje de “tener mucho afán” y de “querer
abarcar más de lo que se puede hacer”.
Si ello es así,
se requiere repensar más la estrategia. El presidente Petro tiene muchas
herramientas en sus manos para mostrar su voluntad de cambio, más allá de hacer
aprobar unas reformas legales. Habría que modificar los “ritmos del cambio”,
mostrar más realizaciones y ejecuciones concretas en áreas sensibles (producción
de alimentos, apoyo a emprendimientos, etc.) y acumular más fuerza entre las
clases medias y burguesías emergentes que les interesa la industrialización y
la modernización de la infraestructura para generar empleo formal y fortalecer el
mercado interno.
Y claro,
comprometer a las bases sociales del Pacto Histórico a desplegar como prioridad
una campaña sostenida de pedagogía en las calles, pero protagonizada por militantes
y simpatizantes, dirigida no sólo a obtener el apoyo de la población a las
reformas sociales planteadas sino a mostrar el enorme potencial de progreso,
bienestar y justicia social que tenemos entre manos si logramos consolidar el
proceso de cambio que va mucho más allá de la gestión de gobierno.
Ello implica
rectificar algunos comportamientos puramente electorales y burocráticos, que
pecan de “electorerismo”, que se alcanzan a observar en las dinámicas políticas
de los grupos y partidos que hacen parte del Pacto Histórico en este momento
que se avecinan las elecciones regionales y locales. ¡Todo está en nuestras
manos!
