SANTOS: JUGADAS, ENGAÑOS Y APARIENCIAS
Popayán, agosto 12 de
2013
Se hacen por estos días balances
de los 3 años de gobierno de Santos. Se colocan como aspectos “positivos” el
inicio de los diálogos con las FARC, la distención con los órganos de justicia,
la ley de víctimas y de restitución de tierras, y el restablecimiento de las
relaciones con los países vecinos. De resto, la mayor parte de su gestión –
reforma de la justicia, reforma tributaria, impulso de la “locomotora”
minero-energética, promoción de la Alianza del Pacífico, aprobación e
implementación de múltiples TLCs., manejo de los conflictos sociales y otros
aspectos – es calificada como “negativa”.
Intentaremos hacer un balance con
un enfoque diferente. Trataremos de responder los siguientes interrogantes:
¿Cuál es el carácter de clase que ha mostrado este gobierno a lo largo de los
últimos tres años? ¿Qué sectores de la oligarquía colombiana apoyan sus
políticas y cuales son sus intereses? ¿Cuáles son sus logros, desde el punto de
vista de quienes apoyan al gobierno? ¿Cuál es el devenir de quienes adversan
esa política?
El “viraje” frente a los 8 años de Uribe
La burguesía transnacionalizada –
sector hegemónico al interior de la oligarquía colombiana – comprendió al final
del 2° gobierno de Uribe que la ansiada pacificación por la vía militar no iba
a ser posible. Pudo comprobar que la estrategia desarrollada contra la
insurgencia – alianzas con narcomafias y uso sistemático de paramilitares –, no
sólo descomponía su precaria “democracia” sino que creaba problemas con la
comunidad internacional. Además, frente al cambio táctico-estratégico de la
guerrilla, ésta ya no era efectiva.
Así mismo, se hizo evidente que
los recursos comprometidos en la guerra contrainsurgente desequilibraban sus
finanzas y mermaban sus ganancias. Además, la crisis económica mundial obligó
al gobierno de los EE.UU. a recortar el nivel de ayuda financiera y militar.
Pero, lo principal: la burguesía colombiana entendió que frente a la situación
económica internacional se hacia necesario un viraje para garantizar
condiciones óptimas para la inversión extranjera en áreas estratégicas como el
sector minero-energético y la agroindustria. Por ello, antes de terminar su
segundo gobierno, Uribe ya no era la ficha favorita para ejercer un nuevo
período de gobierno.
Esa burguesía – con asesoría
gringa – pensó y diseñó el camino de la desmovilización de la guerrilla vía diálogos
y negociación. No porque sea amante de la paz y de la convivencia sino porque
sus necesidades materiales la obligaban a buscar esa alternativa. Y lo hacen
sobre el convencimiento de que la estrategia utilizada desde el gobierno de
Pastrana – pasando por los gobiernos de Uribe –, habían fortalecido al
ejército, mermado las fuerzas guerrilleras, y por sobre todo, le habían quitado
la bandera de la Paz a la insurgencia. Según sus cálculos, la derrota política
obligaba a la guerrilla a concertar el fin del conflicto.
Con ese presupuesto Santos inicia
su gobierno. Había que mostrar una cara humanitaria y para ello impulsó la ley
de víctimas y de restitución de tierras. No importaba que el otro sector de las
clases dominantes – grandes latifundistas y empresarios del campo gestores del
paramilitarismo – se fuera a resentir. Tenían que aprobar esa política pero sin
colocarle dientes ni herramientas. Por ello a lo largo de los años dicha ley no
ha traído resultados efectivos para las víctimas y desplazados. Se trataba de
un gesto. Nada más. Una jugada, un engaño, una apariencia.
Por ello calificar de “positiva”
esa política es errado. Sus intenciones son oscuras; su fin, engañar. Están
dispuestos a devolver algunas áreas despojadas por narcos y paramilitares pero
en el fondo es una simulación de “reforma agraria” para simultáneamente
entregar millones de hectáreas a los conglomerados capitalistas transnacionales
(extranjeros y “nacionales”) que aspiran a “invertir” en el campo en grandes
proyectos minero-energéticos, de agrocombustibles y agro-negocios industriales.
La fórmula de la “asociación” entre campesinos y empresarios está en su cabeza.
Las investigaciones y denuncias
realizadas por Wilson Arias, congresista del PDA, sobre el apoderamiento ilegal
de tierras en la altillanura oriental por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo
(Riopaila), Cargill y otras empresas nacionales y extranjeras, y la insistencia
del gobierno por elaborar a las carreras una ley para legalizar dichas adquisiciones
y convertirla en una política hacia el futuro, demuestran la anterior
apreciación.
El restablecimiento de las
relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y Ecuador tenía esa misma
lógica. Están dispuestos a “integrarse” con el resto de Sudamérica pero con la
intención de aprovechar los beneficios comerciales, ser parte del bloque frente
a otros polos de desarrollo e inversión mundial (Brasil, China, Rusia, etc.),
pero a la vez, convertirse en “caballo de Troya” neoliberal y “librecambista”.
Con esa intención construyen el eje México, Colombia, Chile y Perú, que hoy es
la Alianza del Pacífico. Otra jugada, otro engaño, otra apariencia.
Y el proceso de Paz va por el
mismo atajo. La bandera de la Paz ha servido para que bajo su cobertura se
impulsen políticas regresivas y anti-populares en todos los terrenos. Se
realizan negociaciones en La Habana, se permite cierto proselitismo de las
FARC, se posa de ser un gobierno “democrático” y de estar buscando la
“reconciliación”, pero en los hechos – en la realidad – frente a amplios
sectores populares que se han movilizado por justas reivindicaciones sociales,
se contesta con dilación y represión. Otra jugada más, otro engaño, otra
apariencia.
Los logros de Santos y de la burguesía transnacionalizada
Esa política de apariencias se patentizó
durante la campaña electoral con el nombramiento como candidato a la Vicepresidencia
de Angelino Garzón. Así consiguió resultados inmediatos: la elección de Santos.
Ya en la presidencia, una vez posesionado, Santos da el “viraje” a nivel
internacional reuniéndose con el presidente Hugo Chávez. Se distensionan las
relaciones con Venezuela y más adelante con Ecuador. Se recoge parte del
programa de Petro sobre las víctimas y las tierras, y se llama a constituir la
“unidad nacional”. Se hacen todos los esfuerzos por mostrarse no sólo diferente
sino contrario a Uribe, se restablecen relaciones con la Corte Suprema de
Justicia y se nombra una Fiscal General (Viviane Morales) que inició su gestión
llevando a la cárcel a algunos de los principales cómplices y compinches de
Uribe.
Los logros para la clase
dominante se pueden sintetizar así:
-
Neutraliza el aislamiento en que estaba el
gobierno colombiano en el ámbito internacional, sobre todo en el terreno de la
violación de los derechos humanos y asesinato de sindicalistas, que eran las
principales trabas para la aprobación de los TLCs con EE.UU. y la UE.
-
Inicia la recuperación de las relaciones
comerciales con los países vecinos Venezuela y Ecuador, y logra ser mirado con
nuevos ojos por el bloque de Unasur, Mercosur y Celac.
-
Divide a la izquierda colombiana entre quienes
califican como positivas esas políticas y quienes no perciben ningún cambio.
-
Consigue presentar su gobierno como “reformista”
y “progresista”.
-
Inicia diálogos con la insurgencia con el
mensaje de que está dispuesto a “jugársela por la Paz” y se muestra ante la
opinión pública como el presidente que va a obtener la reconciliación sin
sacrificar la “institucionalidad democrática”.
-
Envía un mensaje de tranquilidad y estabilidad a
sus socios capitalistas transnacionales que están ansiosos por invertir en
agro-negocios, infraestructura, exploración y explotación de petróleo y otras
áreas estratégicas (mega-proyectos energéticos, minería, agro-combustibles,
biodiversidad ambiental, comunicaciones, tierras, turismo, etc.).
-
Aprueba una reforma tributaria que otorga todas
las ventajas al gran capital y descarga las obligaciones impositivas sobre los
hombros de la clase media y los trabajadores.
Con el tiempo se ha hecho visible
que su “reformismo” sólo eran jugadas, engaños y apariencias.
La encrucijada de la Paz y la movilización social
Faltando un año para terminar su
gobierno, Santos se ve enfrentado a una situación muy particular. Sus logros,
que desde los intereses de la burguesía transnacionalizada son notables, no le
tienen garantizada la reelección. A medida que pasa el tiempo su popularidad se
ha ido mermando y las luchas sociales – que empezaron lentamente y fueron
estimuladas por la movilización estudiantil de 2011 – se han ido incrementando,
no parecen decaer y por el contrario construyen mayores niveles de coordinación
y contundencia.
Santos se ha encontrado en el
tema de la Paz frente a una paradoja. En el país ha hecho carrera el
escepticismo y la incredulidad. Es una situación propia de un país que ha
vivido durante décadas en medio de la violencia. La desconfianza marca la
tendencia mayoritaria. Por ello Santos enfrenta el “proceso de diálogos” al
filo de la navaja. Mientras una gran mayoría de la población apoya la
iniciativa de superar el conflicto por medio de la negociación con la
guerrilla, a la vez, amplios sectores de colombianos no confían en la voluntad
de Paz de la insurgencia y por ello no están dispuestos a conceder mayores
ventajas para su inserción en la vida civil.
Y esa desconfianza se acrecienta con
la oposición del ex-presidente Uribe. Éste dejó la presidencia siendo el supuesto
“campeón anti-guerrillero” y se ha opuesto a los diálogos de Paz. Su argumento
es que “se va a entregar el país a la guerrilla”, “se va a negociar el Estado”
y “se les va a premiar con la impunidad”. Se refuerza así, la duplicidad entre
esperanza e incredulidad.
La fórmula de negociar en medio
de la confrontación también se ha vuelto un embrollo. Santos dice jugársela por
la Paz pero le pone plazo a las negociaciones. Dialoga en La Habana pero trata
a sus interlocutores como “bandidos” y “terroristas”. Habla de justicia social
pero aplica políticas que agudizan la desigualdad y la injusticia. Se
compromete a ampliar la democracia pero incumple los acuerdos que las organizaciones
populares han concertado con su gobierno y reprime las protestas populares a sangre
y fuego.
Sin embargo, es tal la urgencia
por conseguir condiciones para la inversión capitalista que, la gran burguesía
está dispuesta a ofrecer una Paz reducida a cambios no estructurales. Ellos
tienen claro que no corren riesgos inmediatos ante la situación de “derrota
política de la guerrilla”. Por ello se muestran dispuestos a “tragarse algunos
sapos”. Esa burguesía no teme plasmar algunas reformas institucionales no
determinantes. Está dispuesta a “compartir” ciertos espacios de poder con la
guerrilla. Aprendieron del proceso constituyente de 1991. Mientras ellos tengan
el poder, la ley puede “estirarse” sin ningún peligro. Otra jugada, otro
engaño, otra apariencia.
El devenir desde la Izquierda
Desde las fuerzas de Izquierda –
fuertemente divididas – no ha existido capacidad de reacción. Existen tres
posiciones básicas: quienes en aras de la Paz le aceptan a regañadientes los engaños
al gobierno; quienes recogen la bandera de la Paz y hacen esfuerzos porque la
movilización social obligue a Santos a ceder cambios sustanciales en lo social,
político y económico; y quienes al no ver diferencias entre Santos y Uribe – desde
un principio – se oponen de plano a su política.
La primera actitud termina
legitimando la política neoliberal de Santos. La segunda se ilusiona con el
posible auge del movimiento social por la Paz, que hasta ahora sólo crece en
torno a reivindicaciones concretas (zonas de reserva campesina y política
agraria). Y la tercera actitud se contenta con ser oposición pero no logra
canalizar el desgaste de Santos.
Hace falta una política que
consiga desenmascarar ante el pueblo esa estrategia de la burguesía que oculta
sus verdaderos intereses detrás de poses reformistas. Hace falta la unidad de
la Izquierda para actuar con más contundencia. Hace falta un bloque de
izquierdas que impida que quien canalice la situación sea el derechista “Centro
Democrático” de Uribe.
Por ello es urgente caracterizar
al gobierno y al proceso de Paz. Hay que
establecer la búsqueda de la Paz negociada como una política de Estado, que vaya más allá de un gobierno u otro. Se
debe definir al gobierno de Santos como demagógico. Llegó el momento de las
definiciones. En aras de conseguir la Paz no podemos permitir que se engañe al
pueblo. El paro nacional agrario del próximo 19 de agosto obligará a las
diferentes corrientes de Izquierda a asumir una posición: o están con el
gobierno o se distancian de él. No hay término medio.
Paralelamente se requiere
desarrollar una consistente labor política y social en las ciudades. La
insurgencia pacífica de los pequeños y medianos productores del campo sólo será
exitosa, siempre y cuando haya un levantamiento masivo de la población
citadina. Temas como el desempleo, los servicios de salud, la educación, los
servicios públicos, requieren nuestra atención y acción unificada. De lo
contrario el alzamiento campesino será neutralizado y debilitado.
El auge de la rebelión popular estimula
e impulsa las definiciones políticas.
