Construir el pacto histórico desde las regiones para garantizar el triunfo progresista en 2022

 Construir el pacto histórico desde las regiones para garantizar el triunfo progresista en 2022

Popayán, 25 de febrero de 2021

En las elecciones presidenciales de 2018 -especialmente en la segunda vuelta- se presentó un fenómeno político que de repetirse en 2022 (y de ser bien manejado por las fuerzas progresistas) va a ser determinante para lograr un triunfo contundente con Gustavo Petro y desplazar del poder gubernamental a las fuerzas tradicionales y oligárquicas colombianas.

Para analizar ese fenómeno me apoyo en lo ocurrido en el departamento del Cauca. Allí, en junio de 2018 las bases liberales de todos los municipios obligaron a los  candidatos de los partidos tradicionales que habían apoyado en marzo de ese mismo año para Cámara de Representantes y Senado, a respaldar a Petro en su aspiración presidencial.

Es más, en algunos municipios de tradición conservadora ese fenómeno también se hizo presente como se puede observar en el análisis de las cifras por candidatos de cada uno de esos partidos en sus respectivos municipios y a nivel departamental.

Las cifras son contundentes si se comparan las votaciones obtenidas en los municipios, ya sea por Temístocles Ortega o Luis Fernando Velasco para Senado o para otros candidatos a la Cámara, con las votaciones logradas por Gustavo Petro en junio/2018. Dichos resultados fueron contundentes y, por ello, dichos políticos quedaron notificados y sintieron la fuerza popular y la movilización política que significó ese proceso electoral en esta región.

Desgraciadamente, en algunas zonas del Cauca, en donde las guerrillas cometieron numerosos atropellos contra las comunidades rurales, muchas personas liberales y hasta viejos gaitanistas, fueron influenciados y manipulados por el uribismo con el argumento de que Petro era el candidato de las Farc y, por tanto, se perdieron importantes votos.

El reto de 2022: alianzas o no con políticos tradicionales (y cómo hacerlas)

En marzo de 2022 se realizarán las elecciones para Congreso (parlamento) y las fuerzas  progresistas del Cauca deberán enfrentar el dilema de realizar o no alianzas con políticos tradicionales que se vienen acercando a la candidatura de Petro (que hoy es un fuerte “atractor” político) o de enfrentarlos e intentar desplazarlos de esa representación política.

Para hacerlo se tiene que evaluar con todo detalle lo que significan las relaciones clientelistas construidas a lo largo de décadas por parte de políticos de profesión que se han apoyado en las dádivas y prebendas que les garantiza el control del Estado a nivel nacional para sostener su poder local y regional en alcaldías y gobernaciones. El carácter presidencialista del Estado colombiano se expresa en ese terreno con una innegable fuerza.  

Es importante recordar que los movimientos sociales y las  organizaciones alternativas que han surgido en la región, a pesar que lograron desplazar del gobierno departamental a las fuerzas tradicionales con ocasión de la elección como gobernador del dirigente indígena Floro Alberto Tunubalá en 2001, en realidad no lograron construir -en estos casi 20 años- fuertes partidos o movimientos políticos progresistas y/o de izquierda.

Es importante insistir en que ese extraordinario acontecimiento político -que en ese momento también se presentó en Nariño, Tolima y La Guajira- en el caso del Cauca se apoyó en una poderosa movilización social de amplia cobertura indígena y campesina que se sostuvo por más de una década, pero con la particularidad de que no existían las expresiones políticas que hubieran podido darle continuidad, como si sucedió parcialmente en Nariño y Tolima.

La hipótesis que se plantea con base en esa realidad y experiencia vivida consiste en que debemos ser muy conscientes de lo difícil que es romper esos lazos clientelares soportados desde el gobierno nacional y, que, por tanto, debemos darle total prioridad al logro de la presidencia de la república por parte de las fuerzas progresistas y de izquierda, para romper ese poder clientelar y avanzar por una camino más despejado.

No obstante, para poder garantizar desde ahora que ese proceso se va a desarrollar, es necesario colocar dos condiciones básicas para la realización de ese tipo de alianzas:

Una, que los candidatos provenientes de los partidos tradicionales que hagan parte de las LISTAS DE UNIDAD TRANSFORMADORA o del Pacto Histórico, se comprometan no solo con el Programa Político que ha venido construyendo Gustavo Petro y la Colombia Humana, sino que se sumen a la tarea de aterrizar ese programa a las realidades del departamento.

Y dos, que dichos compromisos se oficialicen de frente a las comunidades, en cada municipio y en eventos departamentales, con la presencia y aprobación de los dirigentes de los movimientos y organizaciones sociales y las bases de los partidos políticos alternativos, progresistas y de izquierda, a fin de que la fuerza popular sea un factor de presión y garantía de transparencia y coherencia.  

Estas dos condiciones son esenciales para evitar los peligros y/o amenazas que tienen que ver con lo sucedido en anteriores ocasiones, que es la cooptación y/o domesticación de la dirigencia alternativa y social por parte de los políticos tradicionales, que se concreta cuando los dirigentes alternativos o sociales se vuelven politiqueros de nuevo tipo, lo que significa  la descomposición de los procesos de lucha social y política.

Casos se han dado en el pasado y no estamos vacunados contra esas enfermedades. La alianza con Santos tuvo un alto componente de subordinación que debe ser evaluado para no repetirlo. Lo importante de este nuevo momento es que las fuerzas populares y verdaderamente democráticas cuentan con un extraordinario candidato (Gustavo Petro) que va madurando y afinando tanto su programa como la táctica y la estrategia.

Es evidente que lo descrito no es un fenómeno exclusivo del departamento del Cauca y que las condiciones para jugar con contundencia hacia un triunfo del progresismo en la primera vuelta, están dadas en todo el país. Y eso lo saben las fuerzas retrógradas y poderosas del país.

Nota: En Cauca están dadas las condiciones para construir una fuerte lista para Cámara con un cupo para el movimiento indígena (MAIS), otro para las fuerzas alternativas unidas (Colombia Humana, Alianza Verde, Polo, Marcha Patriótica, ASI, y movimientos sociales), y los otros 2 cupos para “liberales socialdemócratas” que ya se han mostrado proclives al proyecto progresista.   

Movimientos sociales y partidos políticos… ¿Cómo articularlos? (2)

 

Movimientos sociales y partidos políticos… ¿Cómo articularlos? (2)

Popayán, 18 de febrero de 2021

Ahora que hemos definido que para construir y avanzar con amplias convergencias democráticas se requiere la articulación de los movimientos sociales con las expresiones políticas (partidos, movimientos), es necesario recordar aspectos esenciales sobre este tema.

Los movimientos sociales no son otra cosa que la sociedad en movimiento. Son las gentes mismas en su diversidad que se mueven en torno a intereses que las convocan. Existen amplios movimientos sociales cuando está en peligro la sociedad, la vida, la paz, la libertad y la democracia.

La movilización de noviembre de 2019, especialmente la de los jóvenes liderados por los artistas, tuvo componentes de ese tipo. Allí no había color político que determinara la participación en las movilizaciones, y por ello, la forma de identificación eran mensajes personales y, a la vez, “anónimos”, pero fuertes y directos. Hubo alegría, decisión, independencia y creación colectiva.

También existen movimientos sociales sectoriales de los trabajadores, maestros, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, LGTBI, pequeños y medianos productores, etc. Son expresiones también amplias de acción colectiva que tienen un interés común. Tampoco allí deben aparecer los intereses partidistas porque éstos dividen y debilitan. Son causas comunes que unen y mueven.

Dichos movimientos sociales muchas veces se concretan en organizaciones sociales como los sindicatos, asociaciones, centrales obreras, cooperativas, etc. En Colombia las más visibles y poderosas han sido la Unión Sindical Obrera USO y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Las organizaciones sociales son necesarias para concretar las aspiraciones de los movimientos sociales pero muchas veces en ese proceso se burocratizan y se separan del movimiento que les dio vida.

Lo ideal es que los partidos políticos influyan en los movimientos sociales con sus ideas, iniciativas y acciones, pero la experiencia mundial, latinoamericana y colombiana demuestra que no es conveniente que esos partidos se apropien de ellos a través del control de las direcciones de las organizaciones sociales o de otras formas mediáticas. Cuando lo hacen, los debilitan y anulan.

Mucho más cuando, como lo hemos señalado, los partidos políticos que han venido surgiendo en Colombia no han dado la talla. Son pequeñas agrupaciones electoreras, sin fondo social e ideológico, que giran alrededor de intereses pueriles, burocráticos, estrechos y personalistas. Y más, porque no logran interpretar la complejidad de nuestras sociedades “abigarradas”[1], mestizas, multi-poli-clasistas, pluriétnicas y multiculturales.

Lo acabamos de vivir en Chile, Bolivia y Ecuador. Los inmensos y poderosos movimientos sociales que le dieron vida a procesos políticos recientes y anteriores[2], han vuelto a mostrar su fuerza con base a la recuperación de su autonomía. En Chile, en forma radical y masiva distanciándose de los partidos de la “Concertación”; en Bolivia, rectificando a Evo y a las cúpulas del MAS; y en Ecuador, enfrentando a Correa y a sus partidos de la Revolución Ciudadana.  

En Colombia los partidos políticos de izquierda, desde la fundación del Partido Comunista (1930), han pretendido fortalecerse apropiándose de los movimientos sociales, monopolizando -sectaria y burocráticamente- la dirección de las organizaciones sociales. Cómo lo recordábamos en el anterior artículo, así lo hicieron con el incipiente movimiento obrero, campesino e indígena que empezaba a organizarse en los años 20s del siglo XX y que tuvo como expresión partidaria al PSR.

A veces, los movimiento sociales cansados de la manipulación burocrática y defraudados de los partidos políticos que han apoyado, deciden lanzar sus propios movimientos políticos y sus candidatos. Tienen derecho a hacerlo. Debe evaluarse seriamente esas experiencias.

El CRIC en Colombia y la CONAIE en Ecuador crearon partidos políticos para intentar resolver el problema. Primero fue la ASI, que fue cooptada por sectores clientelistas, y luego MAIS, que tiene problemas similares a los de su anterior intento. Pachakutik en Ecuador ha tenido problemas similares, aunque ahora, alentada por el alzamiento social de octubre de 2019, acaba de protagonizar un evento electoral que está generando importantes impactos en ese país.

Otra organización indígena como las Autoridades Indígenas de Colombia AICO (inicialmente AISO, o sea, del Sur Occidente), construida por dirigentes de los pueblos Misak y Pastos, no separó lo social-étnico de lo electoral, y ha tenido que enfrentar mayores problemas que los sufridos por los pueblos agrupados en el CRIC. No ha sido una buena idea, el clientelismo hizo mucho daño.

Nadie debe apropiarse de los movimientos sociales; su fuerza y continuidad está en su autonomía y en la posibilidad de presionar y vigilar libremente a los gobiernos y al Estado. No es conveniente que los partidos políticos se apoderen burocráticamente de las direcciones de las organizaciones sociales y pretendan instrumentalizar sus luchas hacia intereses electorales.

Son las ideas, programas y acciones de los partidos políticos y de sus representantes las que deben llegar a las bases de los movimientos sociales y de sus organizaciones, y convencer a cada individuo de la necesidad de apoyar con su voto a una u otra expresión política de la sociedad.

Ahora que se ha lanzado la propuesta de construir un Pacto Histórico para superar 5 siglos de opresión y exclusión, y rebasar 200 años de falsa república y espuria democracia, se requiere un debate profundo y amplio que ayude a clarificar la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales.

Una de las propuestas que personalmente más me interesa impulsar es la de articular dos grandes movimientos sociales que en Colombia tienen una existencia real aunque muchos sectores no los perciben: por un lado, los pequeños y medianos productores agrarios y, por el otro, los profesionales precariados. Su unión en torno a lo productivo puede transformar nuestro país en su base económica, ayudar a industrializar nuestras materias primas, agregarles valor mediante el desarrollo de tecnologías de punta, generar nuevos tipos de asociatividad empresarial y de economías colaborativas, y además, acercar y fundir el trabajo manual e intelectual.

Nota: En próximos artículos se seguirán desarrollando los otros puntos planteados anteriormente.

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[1] Sociedad abigarrada, concepto trabajado por René Zavaleta, intelectual revolucionario boliviano. Ver: “Lo nacional-popular en Bolivia”. En dichas sociedades se superponen también los tiempos históricos.

[2] En Chile, los movimientos sociales que derrotaron parcialmente a Pinochet y presionaron la llamada “Concertación”; en Bolivia, la rebelión que derrocó al presidente Lozada, incluyendo la “guerra del agua” que desencadenó el proceso de Evo y el MAS; y en Ecuador, los alzamientos sociales que derrocaron a tres presidentes (Mahuad, Bucarám y Gutiérrez) que le dieron vida al proceso político de Rafael Correa y su Revolución Ciudadana.   

Movimientos sociales y partidos políticos en Colombia (1)

 

Movimientos sociales y partidos políticos en Colombia (1)

Popayán, 11 de enero de 2021

En el anterior artículo quedó planteada la tarea de impulsar desde las regiones y localidades un proceso de convergencia y unidad que presione a las cúpulas de los partidos democráticos, alternativos, progresistas y de izquierda para llegar a acuerdos y derrotar en las elecciones de 2022 al proyecto autoritario y antidemocrático que está en cabeza de Uribe pero que parece contar con el apoyo de todo el bloque oligárquico dominante.

Intentaremos desarrollar este tema planteado desde la perspectiva de los sectores populares, es decir, no actuando desde un sector político en particular sino desde el escenario de los Movimientos Sociales (que no es lo mismo que Organizaciones Sociales), para contribuir desde esos espacios a la más importante tarea de 2021, que es construir esa indispensable unidad transformadora.

Son cuatro (4) los temas que abordamos:

a)    La estrategia política que tiene que ver con la unidad y/o articulación de los movimientos sociales con los partidos políticos alternativos, progresistas y de izquierda;

b)   La táctica de este bloque social-alternativo frente a otros sectores democráticos, a fin de atraer fuerzas políticas diversas, incluso a personalidades y votantes de los partidos tradicionales y a gentes sin partido (muchos de ellos abstencionistas);

c)    Los métodos de trabajo, organización y de acción, que tienen que ver con las formas y contenidos democráticos de todo el proceso; y

d)   Los puntos programáticos para construir la unidad, de cara a ser gobierno en 2022 pero, también, en la perspectiva de construir una hegemonía democrática, social y política hacia el futuro.

Es decir, se trata de ayudar a construir estrategia y táctica, métodos y programa. En primera instancia se presenta así una breve reflexión a fin de alimentar el debate, propiciar encuentros y avanzar en la acción colectiva y comunitaria.  

Movimientos sociales y partidos políticos

La experiencia de América Latina nos permite plantear que los partidos políticos del tipo “europeo” no han logrado organizar, movilizar y representar al grueso de los pueblos, en especial, a los sectores populares. Los partidos tradicionales, liberales y conservadores, se impusieron desde el siglo XIX con base en los intereses de los grandes terratenientes, comerciantes y capitalistas. Así, eran organizaciones políticas autoritarias, antidemocráticas, clientelistas y patrimoniales.

Solo en algunos países en donde existió un desarrollo capitalista más consistente y en donde la influencia europea era más visible (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile), surgieron partidos clasistas, partidos de los trabajadores, socialistas y comunistas, aunque en Uruguay y Argentina fueron permeados y cooptados por corrientes ideológicas liberales, populistas y hasta, “neo-fascistas” (peronismo).

En los demás países en donde la clase obrera no tuvo mayor empuje y presencia debido a la debilidad del desarrollo capitalista, a principios del siglo XX también se organizaron partidos de los trabajadores (socialistas revolucionarios) pero dichas organizaciones a partir de 1930 fueron destruidas y/o cooptadas por los partidos comunistas y liberales, que aprovecharon su fragilidad para imponer la visión y práctica “euro-céntrica”, vertical, patriarcal, homogenizante, “proletaria”,  que no podía reconocer las particularidades de nuestro mundo[1], lo que ha sido una carga negativa para nuestras izquierdas.

En realidad, nunca esos partidos (incluyendo a los “comunistas”) lograron interpretar y adecuarse a la estructura “abigarrada” de nuestras sociedades, en donde lo indígena, afro, mestizo, campesino, colono, etc., no solo es diverso y complejo, sino que las diferencias de clase no se expresan con tanta fuerza teniendo en cuenta que el colonialismo y capitalismo no logró romper -hasta hace pocos años- a las sociedades comunitarias, con economías y dinámicas propias.

No obstante, en los últimos tiempos, en medio de la heroica resistencia de las comunidades, el gran capital intenta arrasarlas y destruirlas por medio del despojo violento, que se concreta con los megaproyectos mineros, extractivistas y turísticos; el narcotráfico y la violencia; y la nueva ofensiva sobre sus territorios para impulsar agronegocios de diverso tipo.

Sin embargo, hay que destacar que muchos de estos sectores se han transformado en pequeños y medianos productores agrarios que se enfrentan al mercado global de diversas maneras, en medio de una gran precariedad pero también de una inmensa creatividad. Estos sectores sociales y productivos han sido importantes proveedores de alimentos durante la actual pandemia y son un factor económico y cultural a tener en cuenta en el inmediato futuro.

Y, así mismo, han aparecido nuevos sectores sociales que deben ser reconocidos para poder ser interpretados y recreados en la lucha política y social. Al lado de las comunidades indígenas y afros que avanzan en identidad y organización, surgen en las ciudades nuevos sectores sociales que se expresan de diversas formas con protestas de nuevo tipo, expresiones culturales y artísticas, estrategias de sobrevivencia, nuevas formas de organización y de acción.

Así, vemos como en las grandes ciudades se hicieron visibles en noviembre de 2019 no solo las mujeres y jóvenes que luchan por sus derechos, sino que -por primera vez- el “precariado” en sus diversas expresiones se hizo sentir en la movilización social, actuando ya fuera al lado de las organizaciones sociales tradicionales o en forma paralela, planteando un programa más político en defensa de la vida, la naturaleza, la democracia y la paz (puntos programáticos que en octubre de 2020 fueron asumidos por La Minga Indígena y Social).  

Al lado de ellos vemos la variedad de sectores sociales que se expresan a lo ancho y largo de Colombia: vendedores ambulantes, mototaxistas, sectores LGTBI, ambientalistas, estudiantes, campesinos, afros e indígenas, que van conformando verdaderos movimientos sociales y que buscan formas de expresión y representación, sin que los partidos políticos existentes logren canalizar de una forma creativa todo ese potencial de lucha y resistencia.

La evolución de los partidos políticos       

En Colombia a partir de 1991 se inició un proceso de debilitamiento de los partidos tradicionales (liberal y conservador) y aparecieron nuevas agrupaciones que heredaron su poder y control clientelista que giraba alrededor del manejo patrimonial y el saqueo de las arcas del Estado. También, desde el campo de la izquierda aparecieron expresiones políticas legales como la Alianza Democrática M19, y más adelante el Frente Social y Político. 

Con Álvaro Uribe Vélez (2002) surge un movimiento político de nuevo tipo, una especie de “nacionalismo paisa”, de carácter corporativo, anticomunista por esencia, un “populismo autóctono de derecha” bastante sui géneris, que se venía organizando desde 1994 en Antioquia, y que se colocó como principal objetivo “salvar a Colombia” del castro-comunismo o “castro-chavismo” representado en Colombia por las Farc, según esa mirada.

Paralelamente, aparecen nuevas agrupaciones políticas alternativas, progresistas y de izquierda, que recogen las expresiones que surgieron en los años 90s del siglo XX, como el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde, la Colombia Humana, y otros partidos más pequeños como la Unión Patriótica, MAIS, ASI y otros, algunos que venían de procesos de organización anterior, y que como la UP habían sufrido un proceso de exterminio a manos de fuerzas paramilitares.

En la actualidad, después de un proceso de paz que oscila entre el fracaso y el avance, entre la perfidia y el falso cumplimiento, la sociedad colombiana pareciera entrar en una fase de definiciones. Con todo y lo que ha pasado después de la desmovilización de las Farc, se ha abierto la posibilidad de que las fuerzas democráticas puedan derrotar -así sea en el terreno electoral- a las expresiones políticas de la oligarquía que ha dominado desde hace más de 500 años.

Esa casta dominante construyó a lo largo de cinco siglos una hegemonía criminal, gran terrateniente y clerical, autoritaria y ladina, que usa una falsa democracia para someter a los pueblos por medio de guerras y conflictos armados siempre provocadas y orquestadas desde las elites dominantes; que odia y desprecia al negro, al indio, al pobre y al miserable, y explota y segrega a los trabajadores, a los campesinos, a los precariados, a los pequeños y medianos productores, y al conjunto de los sectores sociales que sobreviven en medio de la violencia y la desesperanza.

En medio de esa tragedia el pueblo colombiano nunca dejó de luchar. Surgió la resistencia indígena y campesina, y las luchas obreras se hicieron sentir. El asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán desencadenó una rebelión armada que mediante diversas estrategias fue degradada a lo largo de siete décadas. No obstante, en medio de la persecución, el asesinato selectivo y las masacres abiertas, los pueblos y comunidades de la ciudad y del campo sostuvieron diversas formas de movimiento y organización social.

De esa manera se han mantenido la lucha de los sindicatos y centrales obreras, el movimiento indígena con el CRIC a la cabeza, organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores agrarios, movimientos barriales y por el derecho a la vivienda, luchas permanentes por el derecho al agua y en contra de megaproyectos minero-energéticos, e infinidad de luchas por servicios públicos, contra la privatización de la salud y la educación, por la paz, contra la erradicación forzada de los cultivos de coca, y por democracia.

En gran medida los partidos alternativos, progresistas y de izquierda son herencia, resultado y realidad de esas luchas populares. Sin embargo, en la gran mayoría de esas organizaciones no existe el vínculo y el reconocimiento suficiente de la dinámica de los movimientos sociales. Existe una separación, a veces abismal, entre algunos de esos partidos políticos y los movimientos y organizaciones sociales.   

Hoy gran parte de esos partidos alternativos, progresistas y de izquierda, replican muchas de las prácticas de los partidos tradicionales. A pesar de los esfuerzos que realizan muchos de sus dirigentes, desgraciadamente se imponen prácticas electoreras alimentadas por nuevas formas de clientelismo y aspiraciones individualistas que no permiten que en dichas organizaciones políticas se construya efectiva democracia, trabajo colectivo y participación creativa.

Ese gran limitante y falencia debe ser reconocido y abordado para que la estrategia de unidad que se propone logre efectivamente movilizar a las inmensas mayorías de la población.

Nota: En los siguientes artículos se continuará desarrollando esta idea.

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[1] María Tila Uribe describe con mucho detalle en su libro “Los años escondidos” lo que sucedió en Colombia con el Partido Revolucionario Socialista fundado en 1926, que también ocurrió en otros países de América Latina. Uribe, M. T. (1994). “Los años escondidos. Sueños y rebeldías en la década del veinte”. CESTRA-CEREC, Bogotá, Colombia. Ver: https://www.universilibros.com/temas/ciencias-sociales-y-humanas/novela-historica-y-cronica/los-anos-escondidos   

Frente al avance democrático… ¿Vuelve el embrujo autoritario?

Frente al avance democrático… ¿Vuelve el embrujo autoritario?

Popayán, 4 de febrero de 2021

Nos hemos preguntado por qué un gobierno tan aparentemente débil e incapaz como el de Duque-Uribe no ha podido ser “frenado” o “neutralizado” por la ciudadanía o los sectores populares, a pesar que ha retado de diversas maneras a los movimientos sociales y a las fuerzas democráticas, no sólo negándose a dialogar sino asumiendo una actitud provocadora y agresiva.

Dicha actitud se materializa en la desidia y el desprecio como manejan la problemática de la violencia, las masacres y los asesinatos de líderes sociales; el saboteo al proceso de paz; el apoyo irrestricto a las acciones criminales de la policía y la satanización de la protesta social (caso del 8 y 9 de septiembre en Bogotá); los intentos por desprestigiar y destruir la JEP y/o cooptar las Cortes Judiciales; y cómo colocan su economía por encima de la salud en el manejo de la pandemia.

Además, ese comportamiento autista y autoritario se manifiesta también en la forma como manipulan y monopolizan los llamados “órganos de control”, la fiscalía general y la dirección del Banco de la República, en donde combinan cierta soberbia y sobradez con formas aparentemente moderadas, populistas y “almibaradas”, mientras preparan -casi a escondidas- las reformas que ahora consideran indispensables para atender la pandemia como la laboral, pensional y tributaria.

En ese sentido es importante recordar que:

a)    La oposición democrática, incluido el progresismo y la izquierda, obtuvo una votación importante en 2018 (más de 8 millones de votos);

b)   Ese resultado electoral fue relativamente confirmado en las elecciones locales y regionales de 2019, en donde el uribismo fue derrotado en importantes ciudades y departamentos;

c)    A finales de ese año (2019) se desencadenó una movilización social (21N) de importantes dimensiones, que se compara con el último Paro Cívico Nacional realizado en 1977.

d)   Las denuncias y evidencias sobre la forma fraudulenta como Duque se hizo elegir, habían logrado desprestigiar y debilitar al gobierno ante la opinión pública.

Las razones que se plantean para explicar esta situación en la que Duque avanza “con nadadito de perro”, tienen que ver con que el gobierno logró construir una coalición mayoritaria en el Congreso, o sea, “que no es tan débil”; que el impacto de la pandemia le ha dado un respiro, a pesar de los problemas que implica; que cuenta con el apoyo de los principales medios de comunicación, algunos de los cuales se han alineado abiertamente con el uribismo; y además, que las fuerzas de oposición no han diseñado una estrategia unificada.

Aunque esas razones pueden ser ciertas, pienso que es necesario revisar con mayor detalle la naturaleza y el carácter del gobierno de Duque. En anterior artículo planteamos que Duque como gobierno es un fracaso. No obstante ha sido útil para su “manager” Uribe y el Centro Democrático, y les ha cumplido hasta donde ha sido posible. El carácter de su gobierno está determinado por las necesidades de Uribe y de las diversas mafias (narcos, burócratas, banqueros) que paulatinamente se han apoderado de este país y del Estado.

En ese sentido es importante identificar los cambios que se están operando al interior de las castas dominantes. El avance electoral de un candidato como Gustavo Petro ha alertado a las altas cúpulas de la oligarquía colombiana. Con Santos lograron desmovilizar y desactivar a las Farc, y hoy pareciera que con eso se conforman. Entienden que en el nuevo escenario las fuerzas alternativas y de izquierda pueden llegar a la presidencia de la república, y esa percepción ha empezado a unificarlas alrededor de una estrategia que por ser macabra puede parecer increíble y suicida.   

Un hecho que debe alertar a todos los sectores democráticos es que existe una especie de inacción gubernamental ante el avance de la violencia en muchas regiones. Ese es un aspecto central ligado al control mafioso de la economía, del Estado y de la vida. Así, existen numerosos estudios nacionales e internacionales que muestran cómo durante la administración Duque todos los indicadores de violencia han crecido en forma alarmante. Es algo realmente preocupante.

Hace pocos días el Representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas Morán, denunció hechos muy graves en el sur del Cauca. “En Argelia parece existir un pacto de no agresión entre la fuerza pública y los distintos grupos armados”, aseveró y complementó: “Lo que afirma la gente es que el Ejército prácticamente no realiza ninguna acción ofensiva contra esos grupos”. Y todo indica que es la actitud asumida por el ejército en todo el territorio nacional.

Así recrean la “nueva guerra” e imponen la percepción de inseguridad. Necesitan que los grupos armados ilegales -sin importar su origen o actuar- crezcan y se fortalezcan. Como no lograron destruir la JEP, ahora recrean las condiciones que le dieron vida al “embrujo autoritario”. Con los “entrampamientos” del anterior Fiscal General (NHMN) forzaron a un sector de comandantes farianos a rearmarse, acción que les sirvió para posicionar la idea de que esa violencia es resultado de los acuerdos de paz y una estrategia “castro-chavista”. Hacen trizas la paz.

Todo lo anterior lleva a pensar que este gobierno es un instrumento para realizar un sistemático y calculado asalto a la institucionalidad existente. Parecieran estar quemando las naves de la precaria democracia colombiana, y no sólo como un intento uribista sino como una acción concertada del bloque dominante. Perciben los avances de los sectores democráticos como una amenaza a sus intereses, y no están dispuestos a ceder en lo más mínimo.

Su modelo económico, dependiente de la extracción de materias primas, del narcotráfico y de la informalidad, que es obra de una oligarquía permeada por toda clase de mafias (narcos, burócratas y contratistas corruptos, banqueros parásitos y usureros, etc.), a pesar de las apariencias está haciendo agua, y ellos no están dispuestos a concertar soluciones estructurales con los pequeños y medianos productores, los trabajadores, los profesionales precariados, los campesinos e indígenas, y otros sectores sociales, y prefieren el camino de la antidemocracia y el autoritarismo.

Es por ello que los sectores democráticos debemos replantear nuestro accionar. No será con acuerdos burocráticos de cúpulas electorales como podremos enfrentar el reto que tenemos al frente. Hay que acudir, convocar y articular a los amplios sectores independientes y sin partido que no quieren saber de peleas y debates de egos y orgullos, que solo llevan a más división. Con esos sectores se puede y debe construir el escenario para canalizar y encauzar el estallido social que inevitablemente detonará en el futuro inmediato.

No se trata tampoco de desesperarnos y llamar a la movilización y la protesta cuando en plena pandemia es otro desgaste. Se trata de tejer y construir acuerdos locales y regionales, que repercutan en Bogotá y a nivel nacional y nos preparen para enfrentar seriamente al enemigo común. Todas las fuerzas deben ser tensionadas y unificadas. Si tenemos claro el diagnóstico, será relativamente fácil concertar la estrategia y las acciones para consolidar ese frente político y social.

Nota: La acción de alcaldes y gobernadores que mantienen su autonomía e independencia frente al gobierno nacional debe ser respaldada sin ninguna reserva, dado que han sido casi los únicos actores que han logrado “frenar” al gobierno nacional.