LA LUCHA POR DEMOCRACIA POLÍTICA Y LA CONSTITUYENTE
Popayán, 2 de enero
de 2014
En Colombia han evolucionado en
el tiempo dos sectores de izquierda que se diferencian en la forma como
relacionan la política y la economía.
Un sector se ha caracterizado por
reducir la política a la lucha económica y social. Menosprecia así la lucha por
la democracia política.
El otro sector se ha distinguido
por limitar la política a la lucha por derechos plasmados en la norma
constitucional. Sobreestima de esa manera, la lucha por la democracia política.
El uno menosprecia la lucha por
la democracia política. El otro la supervalora. Allí radican sus diferencias,
confrontaciones y actual distanciamiento.
El primer sector cae en el economismo;
el segundo se enreda en el democratismo. Ninguno ha podido fundir lo social con
lo político y avanzar en la conquista de transformaciones estructurales de la
sociedad y del Estado.
Hoy la situación del país está
creando las condiciones para que esas vertientes confluyan. El pueblo empieza a
entender que si derrotamos la falsa democracia existente, se desencadenarán las
transformaciones estructurales en lo económico y social.
Si logramos unir esos dos
sectores de la izquierda colombiana, la lucha por la defensa de la democracia
adquirirá la forma de lucha contra el neoliberalismo.
Para los primeros ese avance
significará descubrir que la soberanía nacional va más allá de la economía. Para los segundos ese paso les revelará que los derechos y libertades requieren
de una base económica democrática para convertirse en hechos y conquistas efectivas.
Para los primeros será entender
que fue un error no haber participado en la Constituyente de 1991 para hacer
evidente y visible su posición nacionalista y anti-neoliberal.
Para los segundos será la
confirmación de que en la Constituyente de 1991 fueron ilusos e ingenuos,
creyendo que la oligarquía iba a respetar un supuesto acuerdo de voluntades.
Para unos y otros será entrar en
una etapa de creación, de soltar amarras y buscar nuevos horizontes. Los
primeros podrán hacerse entender de las capas medias de la sociedad y los
segundos podrán encontrarse plenamente con los sectores populares.
Para el pueblo en general será un
avance decisivo. Combinaremos la lucha por soberanía popular con la lucha por
soberanía nacional. Se hará indisoluble e indetenible el nuevo sujeto social que
requiere esta fase de la lucha revolucionaria en Colombia.
Los dos sectores son, por un
lado, los herederos de Francisco Mosquera organizados en el MOIR, fuerza
predominante en el Polo, y por el otro, los herederos de Jaime Bateman Cayón,
antiguos militantes del M19, hoy llamados Progresistas.
Los sectores más avanzados de
cada fuerza, deben influir para producir ese encuentro transformador y creativo.
De darse ese desarrollo, el MOIR
entenderá que la política imperial, colonialista, se concreta también en el
conflicto armado y en la propiedad monopólica de la tierra.
Por su parte, los Progresistas
comprenderán que el modelo neoliberal – en sí mismo – es la negación de cualquier
tipo de democracia.
Esta divergencia es el resultado
de una mirada unilateral sobre la naturaleza del derecho y la ley. Sabemos que el
hecho precede al derecho pero, la ley también se convierte en herramienta de
dominación o de liberación. Depende de quién tenga el poder político para
utilizarla: la oligarquía o el pueblo.
Los unos quieren obtener
resultados económicos y sociales inmediatos sin transformar las leyes. Temen a
las posibles desviaciones reformistas y al peligro de la cooptación.
Los otros, por el contrario,
reducen la lucha a los cambios en las normas (Constituciones Políticas) sin
percatarse que ellas solas no son soporte de cambios reales. Lo comprobamos a
lo largo de los últimos 22 años.
Hoy – con el “incidente Petro” –
podemos decir que se hacen visibles las limitaciones de ambas posiciones, pero
afloran sus potencialidades.
Los Progresistas desde 1991
creían en la buena fe o voluntad de un sector “progresista” de las clases
dominantes (sector que encabezaba en aquel tiempo Álvaro Gómez Hurtado). En la
actualidad, cuando a la burguesía le estorba hasta la “acción de tutela”[1],
se puede comprobar que la oligarquía colombiana en su totalidad es
profundamente reaccionaria.
El MOIR desde siempre ha pensado
que la participación en los gobiernos locales era un esfuerzo perdido ya que
las estructuras anti-democráticas nacionales hacían imposible cualquier avance
contra el neoliberalismo. Ahora – con la experiencia de Petro –, podemos ver
que es posible atrevernos a desmontar el engranaje privatizador que los
capitalistas han organizado en municipios y distritos, ya que ello se convierte
en punto de avance en la conciencia popular sobre los alcances del modelo
impuesto y los intereses en juego.
Por ello – y es paradójico
constatarlo – Petro se ha alejado de los Progresistas, ha dado un paso hacia la
izquierda revolucionaria y, tal vez sin quererlo, está contribuyendo a que la dirigencia
del MOIR reflexione más profundamente sobre su estrategia y de un paso adelante
en la lucha por democracia política.
Otros sectores de la izquierda
social en construcción (Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y demás procesos
locales y regionales), deben contribuir para que ese encuentro se produzca. La
construcción de un movimiento por la defensa y ampliación de la escasa y
precaria democracia existente debe ser ese punto de confluencia.
Allí volverán a saltar nuevas
diferencias que seguramente serán secuelas del pasado. Pero ellas deberán ser tratadas
en el marco de una nueva fase de la lucha que nos va a traer nuevos retos y
aprendizajes.
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Es fundamental la aclaración de
este tema frente a los retos del actual proceso de Paz.
Existen sectores de izquierda –
entre ellos las FARC – que proponen la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente para refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana. Esa posición
parte de suponer que la correlación de fuerzas sería favorable al pueblo.
Hemos afirmado que en Colombia se
ha iniciado un nuevo auge de las luchas populares. En ese sentido planteamos que el proceso de
acumulación de fuerzas es todavía incipiente e inmaduro. Se necesita una
verdadera conducción revolucionaria que evite la provocación guerrerista pero –
a su vez – defienda la independencia ante la cooptación política.
Plantear en este instante la
convocatoria a una Constituyente es repetir los errores de 1991. Es redundar en
la ilusión de creer que la aprobación de nuevas normas constitucionales – sin
derrotar políticamente a la oligarquía, sin desplazarla del poder político –,
ello de por sí va a ser garantía de cambios estructurales en la sociedad y el Estado
colombiano.
El proceso de acumulación de
fuerzas populares requiere tiempo y claridad política. En las condiciones actuales
una Constituyente sólo serviría para abortar el proceso de acumulación de
fuerzas y de avance revolucionario en Colombia.
Se constituiría en una trampa
política e ideológica por cuanto las conquistas estarían limitadas por una
correlación de fuerzas favorable a la oligarquía y al imperio en donde – como
se observa en los avances de los acuerdos de La Habana y en los resultados de
las luchas populares – la esencia del modelo no ha sido derrotada.
Es decir, una Constituyente en
este momento sólo serviría para legitimar política e ideológicamente un paquete
de reformas limitadas que corresponden a un desfase existente entre las
posibilidades reales de una guerrilla activa en lo militar pero débil en lo
político, y entre un movimiento popular en ascenso pero con grandes
limitaciones en unidad y organización.
Las lecciones de los “procesos de
cambio” de América Latina y de todas las revoluciones en el mundo – confirmadas
recientemente en Egipto y en Túnez – nos indican que primero debemos desplazar
del poder político a la oligarquía, llegar a ser un fuerte gobierno popular, y
sólo después, convocar al constituyente primario para aprobar una carta
política que abra compuertas hacia cambios y transformaciones estructurales de
largo plazo.
Diciéndolo en términos concretos,
las fuerzas populares no están en condiciones de colocar las mayorías en esa
supuesta Constituyente, y por tanto, allí se concretaría un nuevo pacto de
clases en donde el pueblo volvería a estar subordinado a los intereses
capitalistas, como ocurrió en 1991.
Las fuerzas revolucionarias debemos
combatir la ilusión legalista y constitucionalista, principal obstáculo ideológico
en la tarea de construir independencia y autonomía política frente a la
oligarquía.
Que la interferencia política e
ideológica de las fracciones burguesas – “nacional” y “burocrática” –, sea
plenamente derrotada al interior del movimiento revolucionario.
Que la lucha por soberanía
nacional se funda con la lucha por soberanía popular, única garantía de que la
hegemonía de los trabajadores y campesinos pobres se ponga a la cabeza de un
gran frente por la democracia, la Paz y la justicia social.
“No por mucho madrugar amanece
más temprano” es el refrán que se nos pretende aplicar cuando éste “cae como
anillo al dedo” a la propuesta prematura de la Constituyente.
[1] Acción de Tutela en Colombia es el mismo Derecho de
Amparo, que es un mecanismo extraordinario para proteger los derechos
fundamentales "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".
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