¿Qué nos mostró el
estallido social en Colombia?
Popayán, 8 de julio de 2021
Hemos entrado en lo que llamo la “cuarta
fase” del estallido social. Es la etapa que enfrenta a los diversos sectores sociales
y políticos, a la sociedad y al Estado, a gobernados y gobernantes, en torno a
aprovechar política (y electoralmente) esos acontecimientos inéditos.
Para los sectores más obtusos del
gobierno, lo ocurrido fue un ataque sistemático y violento de grupos armados coordinados
por “enemigos
internacionales” del país y de la democracia que aprovecharon la protesta
social para intentar desestabilizar a la nación e imponer una dictadura.
Para los sectores más fundamentalistas
de la oposición al gobierno, fue un ataque sistemático y violento de grupos
armados coordinados por “enemigos
internos” de la paz y la democracia que aprovecharon la protesta social
para desestabilizar a la nación e imponer una dictadura.
Para el gobierno (y el “uribismo”),
el supuesto atentado
contra la vida del presidente Duque hace parte de ese intento. Para la
oposición (y el “petrismo”), el asesinato de líderes sociales y de más de 70
participantes en la protesta fueron parte de esa estrategia del gobierno y Uribe.
Para la “derecha extrema”, Gustavo
Petro es la cabeza principal de ese complot, lo que -según ellos- demuestra que sus aspiraciones
políticas son peligrosas para la sociedad colombiana porque es un “dictador en
potencia”. Para la “izquierda extrema”, Duque ya es
dictador.
Quien se atreva a hacer la más
mínima separación entre el conjunto de lo que fue la protesta social y los fenómenos
particulares que condujeron a algunos sectores sociales hacia la violencia
abierta o directa, puede ser señalado por ambas posiciones de traidor o de “tibio”.
Hasta el informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH se queda corto para ellos.
Para unos, faltó señalar la sistematicidad de la acción represiva y asesina del
Estado; para otros, no se identifican las fuerzas oscuras que sistemáticamente
actuaban contra el país.
No obstante, a pesar de esas interpretaciones,
la realidad es menos plana y simple. Hay que intentar ir más allá para comprender
el estallido social y lo que sacó a relucir sobre lo que realmente somos. Si no
lo hacemos podemos terminar como Haití, aunque en gran medida ya lo parecemos.
Algunas pistas para entender
el estallido social
En anteriores escritos se
describieron algunos hechos comprobables que nos ayudan a ver la complejidad de
la vida y de nuestra sociedad. Se presentan aquí en forma resumida:
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El estallido social se produjo en gran parte del
país y se realizó básicamente en forma pacífica.
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Durante los primeros días fue una acción masiva
y contundente que arrinconó al gobierno.
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Con el paso del tiempo y la vinculación de
sectores sociales y organizaciones específicas (indígenas, transportadores, maestros,
etc.), la naturaleza del estallido se fue transformando.
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De ser un estallido general se lo trató de conducir
hacia intereses sectoriales y parciales. El estallido quiso ser paro, huelga,
minga y/o insurrección pero, tampoco lo logró. Se fue disipando y cambiando de
acuerdo a la región, ciudad o sector social. No hubo control ni dirección.
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Rápidamente el gobierno reaccionó con violencia
premeditada, infiltró el movimiento con grupos de provocadores y logró incidir
en la pronta generación de violencia. El
antecedente de ese comportamiento ocurrió en Bogotá en septiembre de 2020. Asonadas
a alcaldías (Yumbo, Jamundí, La Plata, Tuluá) y saqueos de centros comerciales,
fueron algunas de esas acciones orquestadas desde el gobierno. Los civiles
armados en Cali que disparan contra integrantes de la Minga contando con la
protección de la policía, es uno de los hechos más grotescos.
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De igual manera, grupos armados ilegales de
diferente naturaleza (“disidencias”, ex-Farc, Eln, mafias, narcos y
delincuentes) penetran e infiltran la protesta en algunas ciudades y sectores, y
“embarcan” a grupos juveniles en una confrontación inútil y desgastante con la
policía (Esmad).
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En algunas regiones en donde predominan los
intereses de pequeños productores agrarios como Boyacá, Cundinamarca,
Santander, Eje Cafetero, Nariño, y parcialmente en Huila y Cauca, y en donde se
presenta cierto entrelazamiento con los gremios de transportadores, esas fuerzas
sociales logran controlar el estallido, se moderan los bloqueos y poco después son
suspendidos, y el grueso de la población se muestra expectante frente al
desarrollo del movimiento.
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En otras zonas como el Suroccidente colombiano, especialmente
en el Valle del Cauca y el Norte del Cauca, el estallido evoluciona en forma
diferente. Fuertes y beligerantes bloqueos de carreteras expresan la
frustración y oposición de amplios sectores de la población contra el poder de
los grandes ingenios azucareros y otras agroindustrias, que antes generaban
empleo y riqueza social mientras en la actualidad son verdaderos oligopolios completamente
deshumanizados que expolian el poco trabajo que generan y los recursos
naturales de la región (tierra, agua). Además, en antiguos centros urbanos
donde existía industria (Cali, Yumbo, Palmira, Buenaventura, etc.) el desempleo
y la descomposición social hoy es estructural y escandalosa. Las mafias y grupos
armados han encontrado allí un caldo de cultivo para construir poderes
delincuenciales que juegan con el mejor postor y que son una verdadera amenaza
para cualquier democracia.
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En el Cauca el llamado “paro nacional” es encabezado
por el movimiento indígena (los Nasas con el cierre de ruta de la carretera
panamericana y los Misak con actos simbólicos y movilizaciones masivas hacia
Popayán) y se suman sectores de afrodescendientes, campesinos, y productores de
coca de la cordillera occidental (Argelia, Huisitó-El Tambo). Algunas
organizaciones de productores agrarios (cafeteros), campesinos y otros sectores
sociales, intentaron convencer a la Minga de flexibilizar el bloqueo de la vía
central por los efectos negativos que generaba para las mayorías de la región.
No lo logran pero expresan su posición.
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En las principales ciudades donde se moviliza la
juventud vale la pena diferenciar a dos sectores notorios y visibles. Los
profesionales precariados (que algunos analistas identifican con “clases medias”)
se movilizan en los primeros días pacífica y masivamente con arte y cultura.
Luego, lo hacen periódicamente pero se van deslindando del movimiento. El otro
sector de la juventud más beligerante en la forma de actuar, que utiliza las
barricadas y bloqueos del transporte para hacerse visible y enfrentarse con la
policía, tiene un origen social más
popular, la mayoría son influenciados por estudiantes ideologizados, y expresan
una enorme frustración con lo que la sociedad y el sistema les ofrece. A lo
largo del proceso terminaron “cargando” con la responsabilidad de mantener el movimiento
(“el paro no para”),
haciendo intentos por articularse entre ellos, organizarse y mantener algún
tipo de dinámica identitaria (“jóvenes rebeldes”). Al final, en parte, cayeron
en la trampa del gobierno de enfrentarlos con el Comité Nacional de Paro CNP.
-
El movimiento de
protesta ha sido reconocido por casi todos los sectores políticos. Tirios y
troyanos, derechas e izquierdas, y medios de comunicación, han justificado las
causas económicas y sociales de ese acontecimiento. Sólo el uribismo más
estrecho y torpe, desconoce esas causas y continúa achacando el origen de la
protesta a la acción de fuerzas desestabilizadoras (“castro-chavistas”). La
gran mayoría de la población apoyó la protesta y solo se desencantó y deslindó parcialmente
por efecto de los actos de violencia y los bloqueos de vías que generaron
graves problema en desabastecimiento de alimentos, medicinas y obstáculos totales
para la movilidad. La protesta logró construir una agenda
social para el futuro y hacer visibles la enorme desigualdad y pobreza existentes
en nuestro país.
Diversidad, complejidad, no linealidad
y atractores extraños
Se puede afirmar que la protesta
se manifestó en todo el territorio nacional, con ocurrencia especial en las
grandes ciudades, y regiones particulares. Dice el
informe de la CIDH que “el gobierno reportó que entre el 28 de abril y el 4
de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862
municipios de los 32 departamentos, que incluyen 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632
movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron
sin registrar hechos de violencia”
(párrafo 25).
Mientras en la Costa Caribe el “paro”
se expresó con alguna fuerza en Cartagena y Barranquilla, en el resto de la
región fue relativamente débil. En el Suroccidente Colombiano y el Catatumbo
(Norte de Santander) se concentraron las acciones más “visibles” y “explotables”
por el gobierno y las fuerzas políticas que necesitaban una mayor exacerbación
del conflicto social.
Por otro lado, como ya lo hemos
reiterado, la participación más organizada y masiva estuvo localizada en los
departamentos del centro del país. En las grandes ciudades estuvo a cargo de los
profesionales precariados, que se habían mostrado en noviembre de 2019, con sus
movilizaciones festivas y su consigna central: “No se trata de tumbar al
gobierno, queremos cambiar la sociedad”.
Es importante anotar en ese
aparte que la diversidad social y regional de nuestro país parece todavía
mantenerse a pesar de la gran movilidad social y la migración interna y externa
que ha impactado a la sociedad colombiana en
las últimas siete décadas. Varias regiones superpuestas contribuyen con
la enorme complejidad de nuestro pueblo; el desarrollo económico y social “no-lineal”
nos sorprende a cada rato con variantes insólitas, vueltas y revueltas, que desconciertan
hasta al más conocedor de nuestra realidad. Una sociedad cada vez más abigarrada
parece estarse formando.
Esa diversidad abigarrada se
puede observar en nuestras regiones. El suroccidente colombiano con su orígenes
yanaconas, negros e indígenas nativos (nasa, misak); la región bio-pacífica
principalmente afrodescendiente; el eje cafetero con su tradición blanca
española y su marginal mestizaje afro-indígena; la planicie cundi-boyacense con
su pasado muisca (chibcha) y la gran migración de todo el país hacia Bogotá; la
región caribe en lo fundamental mestiza pero con gran tradición afro-indígena
diversa, y su núcleos coloniales (Cartagena, Santa Marta, Mompós, etc.) pero con una de las ciudades más modernas del país
(Barranquilla); y los Santanderes blanco-españoles con herencias del Común
rebelde traído de España. Y nos quedan los Llanos y el Tolima Grande con pasados
de resistencia y las migraciones paisas que han marcado su destino.
A todo lo anterior debemos sumarle
la evolución de la población citadina y urbana. Hoy Colombia está más abierto al
mundo. Bogotá con su área metropolitana con más de 10 millones de habitantes es
otro país dentro de la nación colombiana, muy cosmopolita y globalizado.
Quienes han heredado la tradición insurreccional del pasado rural de este país
se equivocan al creer que la juventud de esas grandes ciudades van a jalarle a
una nueva guerra. Igualmente yerran las fuerzas conservadoras y guerreristas que
aprovecharon en el pasado las aventuras armadas para inocularle al pueblo
colombiano un miedo alienante al cambio,
después de haber asesinado a Jorge Eliécer Gaitán.
Es indudable que durante el reciente
estallido social actuaron “atractores extraños”, que incidieron en la evolución
del movimiento. Dichos atractores han surgido en Colombia en el seno de las
mafias de todos los pelambres. Mafias del narcotráfico y mafias vinculadas a la
gran propiedad terrateniente (algunas “legales” y otras “ilegales”). Los grandes
terratenientes devenidos en capitalistas agroindustriales que no han superado
la mentalidad colonial-esclavista son uno de esos “atractores”, y los principales financiadores
del proyecto político extremista y criminal vigente.
Ellos se han encontrado con las mafias
de narcotraficantes que -a su vez- han construido a lo largo de cuatro décadas una
identidad narco-violenta, vinculada a la tierra, a la especulación financiera y
a la cultura del despojo brutal. Todas son fuerzas reaccionarias, patriarcales,
clericales, racistas y pro capitalistas salvajes . Se identifican con los neoconservadores
de EE.UU. u otros países como España, Brasil, México, Perú, Chile y Venezuela y
se conciertan para impedir las transformaciones estructurales que requieren nuestros
pueblos. Son fuerzas atadas al pasado de inestabilidad, guerra fratricida, entrega
de nuestra soberanía a imperios extranjeros y clericalismo religioso a todo
nivel.
Un cambio en las relaciones de
producción en el campo
La oligarquía colombiana, heredera
de las peores tradiciones coloniales de Europa (España), que se entroncó desde principios
del siglo XX con el imperio estadounidense, siempre ha sabido jugar la carta de
la división de los sectores populares para seguir dominando.
Esa oligarquía construyó durante
el siglo XX una base social de campesinos medios y ricos (principalmente
cafeteros) mediante una estrategia corporativa, que tuvo como eje central el
Eje Cafetero y Antioquia. La iglesia católica siempre estuvo presente ese “pacto
social” entre empresarios exportadores y medianos productores. Ese acuerdo les permitió garantizarle a los
productores la compra subsidiada del grano y que se sintieran como un sector privilegiado. La oligarquía siempre
los concibió como aliados frente a la amenaza de los campesinos sin tierra.
A finales de la década de los años
80s, con la caída del Acuerdo Internacional del Café, ese control corporativo
empezó a tambalear. Aunque los antiguos caficultores se movilizaron y presionaron
al gobierno y a los grandes exportadores de café por mejores subsidios y otras reclamaciones,
su visión y práctica estrechamente reivindicativa, no cuestionaba el poder
corporativo y oligárquico. Y en paralelo, la burda estrategia de las Farc centrada
en acosar a los campesinos medios y ricos, sirvió de cobertura para que la
oligarquía colombiana mantuviera su control paternalista.
Lo que cambió esa situación fue
un fenómeno que la oligarquía no podía
impedir. La caficultura colombiana, por efecto de la crisis de precios internacionales
empezó a trasladarse de región. Del Eje Cafetero pasó a departamentos como Huila,
Cauca, Nariño, Tolima, etc. en donde los pequeños y medianos productores (campesinos
pobres) podían subsidiar los costos de producción con prácticas no ortodoxas y
economía familiar, que los cafeteros paisas no podían emular.
De esa forma también se ensanchó
a lo largo de los últimos 40 años una economía de pequeños y medianos
productores más allá del café. Al lado de ellos han surgido decenas de miles de
paneleros, pequeños ganaderos de doble propósito (leche y carne), arroceros,
paperos, yuqueros, plataneros, cebolleros, fruticultores, cacaoteros,
piscicultores, etc., que se han ido liberando del control corporativo de la
oligarquía terrateniente y que, aunque se relacionan con la oligarquía
financiera, no la ven como aliada. Es en gran medida su verdadero explotador y enemigo.
En la actualidad, esos pequeños y
medianos productores están pidiendo pista para pasar a una economía que les
permita industrializar sus materias primas y exportarlas directamente hacia los
países industrializados, pasando por encima de las empresas transnacionales y
otros intermediarios. Para hacerlo necesitan resolver tres temas centrales: a)
democratizar la propiedad de la tierra; b) democratizar y abaratar el crédito
productivo; y c) asociarse colaborativamente y aliarse con los profesionales
precariados para tecnificar y mejorar su aparato productivo.
Ellos saben que la oligarquía
terrateniente y financiera no puede enfrentarse o traicionar a los grandes
emporios capitalistas de carácter corporativo que controlan el territorio y el mercado.
Por ello, paulatina y pacientemente se han ido liberando de ese dominio y
buscan alternativas políticas que los apoyen pero sin que ello signifique la
estatización de la economía o un rompimiento total con la economía capitalista
global. No les interesan experiencias como las de Cuba o Venezuela porque saben
que el bloqueo del imperio sería la alternativa insalvable.
El eterno dilema colombiano
Es en ese marco de transformaciones
socioeconómicas es donde debe ubicarse la estrategia de la oligarquía terrateniente
y financiera durante el estallido social. Ellos temen perder el control de
amplios sectores sociales que hasta ahora han sido su soporte de dominación. Haber
perdido alcaldías claves como las de Bogotá, Medellín, Cali o Santa Marta, y departamentos
como Boyacá, Magdalena y otros, a manos de nuevos sectores políticos, es un
verdadero problema para quienes han monopolizado por siempre el poder
presidencial en Colombia. Quieren meter miedo.
Es por lo anterior que las
fuerzas políticas que empujan los cambios en nuestro país deben hacer el máximo
esfuerzo por sintonizarse con esos sectores sociales, con sus anhelos y
esperanzas, sin dejarse llevar a posiciones y -sobre todo- a formas de actuar que
puedan ser manipuladas por quienes aprovechan los más mínimos errores para
acusar de “comunistas” y “extremo-izquierdistas” a quienes vienen demostrando
que aspiran a fortalecer la democracia y avanzar dentro del marco de la
institucionalidad existente.
Mostrarse como los “campeones de
la protesta” por encima de intereses reales y concretos de sectores
productivos, como son los pequeños productores del campo y los profesionales
precariados de las ciudades, es hacerse un harakiri. Es un verdadero suicidio. Es
indudable que el estallido social colocó un punto alto en cuanto a propuestas
de carácter social que han sido lideradas por Gustavo Petro, pero de allí a
sentirse como un seguro triunfador hay mucho trecho.
El informe presentado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH colocó un punto de referencia importante
frente a los retos que tienen las fuerzas políticas para canalizar los
resultados y efectos del estallido social. Recién entramos en esa cuarta fase y
hay que poner “cable a tierra” para no
errar. Los sueños insurreccionales deben dejarse definitivamente en el pasado y
se deben asumir las principales tareas que quedaron planteadas por el movimiento
real:
- Organizar y articular las
fuerzas democráticas a fin de desalojar del aparato de gobierno a las fuerzas
recalcitrantes de la oligarquía terrateniente y financiera; y,
- Desarrollar nuevas formas de
organización popular “desde abajo” para no depender exclusivamente de la acción
de los políticos profesionales y del Estado “heredado”.
Son tareas posibles y urgentes que no se contraponen a miradas y
acciones de largo plazo. Todo a su tiempo.
