POR UNA NUEVA POLÍTICA POPULAR

POR Una nueva política POPULAR

Popayán, agosto 20 de 2013

El Polo Democrático Alternativo fue un buen intento por desarrollar en Colombia una nueva forma de hacer política. Recogía en su seno las iniciativas que se identificaban con la “franja amarilla” que apareció en la década de los años 90s del siglo XX. Se juntó el “progresismo” con la Izquierda e intentaron renovar la política en Colombia.

Sin embargo, algo falló.

Ahora estamos en otra etapa. La Izquierda – multifacética como corresponde a un país con un desarrollo desigual y complejo – estalló en sus diferentes corrientes y hoy busca en el movimiento social sus fuentes renovadoras y energías transformadoras.

El progresismo se refugia en gobiernos que considera “progresistas” y busca aliados en los “verdes” que surgieron como respuesta al vacío que empezaba a dejar el Polo. Por ese camino se irá diluyendo y será – a lo sumo – el sustituto del partido liberal. Hacia allá apunta.

Pero la necesidad de una “nueva política” sigue allí pendiente.

Muchos piensan que el error fue el programa del Polo, pero allí no está el problema. El programa del PDA recoge – en gran medida – las transformaciones que requiere el país. Democracia, soberanía, Paz, justicia social, defensa de lo público, transparencia, equidad.

Sin embargo, el diablo está en los detalles. En lo táctico no hubo acuerdo. Las prioridades nos dividieron. Para unos, era la soberanía nacional; para otros, Paz con justicia social; para otros más, la lucha contra la corrupción; y, para algunos mas, la defensa de lo público. Faltó diálogo sincero y franco, predominó la intemperancia, ganó el interés grupista y particular.   

Pero lo que más hizo daño fue la forma de hacer política. Se cayó en prácticas estrictamente parlamentaristas. Todo giraba – y aún es así – alrededor del “congresista”. Muchos para hacerse elegir recurrieron al clientelismo y la politiquería. Por ahí se filtró la corrupción y el grupismo rompió el saco. El individualismo se impuso sobre la causa colectiva.

Pero la vida jala y continúa.

Los pueblos, los trabajadores, las clases subordinadas, siguen allí, con sus diferencias y particularidades, empujando hacia adelante. La lucha por soberanía, que muchos le reclaman a la “burguesía nacional” se va concretando en reivindicaciones populares. Así ha ocurrido en diversos países de América Latina que están en proceso de consolidar su liberación nacional pero que paralelamente luchan por construir una sociedad post-capitalista.

Es importante recordar que en esos países (Venezuela, Ecuador, Bolivia), sólo cuando el pueblo derrotó políticamente a las oligarquías entreguistas, los medianos empresarios capitalistas se pusieron del lado del pueblo. Y lo hicieron para defender sus intereses. Hoy son una traba para el desarrollo de verdaderas revoluciones sociales: jalan hacia atrás, pujan por el pasado.

La dinámica de la lucha de clases en Colombia que ha sido dominada desde 1991 por un pacto de clases, entre la oligarquía y las capas medias de la población[1], tiende a romperse en pedazos por la irrupción en la política de los sectores sociales que siempre han estado subordinados y oprimidos. Indios, afrodescendientes y mestizos pobres, tanto de la ciudad como del campo, están construyendo nuevos caminos para decidir su futuro.

Su fuerza va a transformar las formas de hacer política.

La Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y otros procesos que están en construcción, son fruto y reflejo de ese movimiento social que, por ahora, se expresa en paros y protestas, pero que en poco tiempo se van a manifestar como movimiento político.

Y será, de nuevo tipo.

Esas nuevas expresiones políticas están por superar los errores cometidos por sus antecesores. Se trata de realizar un trabajo innovador en lo local y regional, combinado con un proceso de transformaciones a nivel nacional. Así se derrotará el parlamentarismo distorsionado, que ha devenido en una forma que el establecimiento oficial (colonial[2]) utiliza para cooptar las nuevas expresiones políticas. Las absorbe y cercena por la cabeza.

Ya existe el núcleo de ese proceso. Las comunidades indígenas vienen transformando su entorno. Van tras el espíritu de los “municipios rebeldes autónomos” de los neo-zapatistas mexicanos. En esa misma dirección deben transitar las Zonas de Reserva Campesina, sin pedirle permiso al Estado y colocando a la insurgencia en su verdadero lugar, creando nuevas formas de democracia directa y participativa.

A nivel urbano también se debe intentar ese camino transformador. El Estado colombiano deja abiertos grandes espacios para que una autonomía popular crezca en comunas y barrios populares. Ya existen gérmenes de importantes iniciativas en el terreno de la cultura y la comunicación. La resistencia civil que surge entre sectores populares contra los abusos de las empresas privatizadas de los servicios públicos también marcha en esa dirección.

La autonomía popular implica nuevas formas de poder democrático construidas en veredas y corregimientos, barrios y comunas, municipios y regiones. Significa también, idear modelos de desarrollo que rompan con la hegemonía capitalista imperial. La autonomía popular no negocia con el Estado, carcome y subvierte “desde abajo” las formas de dominación colonial y capitalista. 

En verdad, una nueva forma de hacer política está emergiendo.

Pero claro, no podemos renunciar a la lucha por el poder político central. No obstante, dicha lucha debe ser revisada. El aparato estatal colonial que existe es una verdadera trampa para quienes en nombre de los sectores populares llegan a esos escenarios. Debemos llegar allí con objetivos precisos: destruir la máquina estatal opresora y sustituirla por un sistema que se apoye progresivamente en la acción administrativa y coactiva de las masas.

La experiencia de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia nos muestran los nuevos retos que tenemos por delante. El Estado Colonial se resiste a desaparecer. Las fuerzas políticas que constituyeron los gobiernos “progresistas” no tenían fuertes lazos con los movimientos sociales y rápidamente han sido absorbidos por una dinámica burocrática. En Colombia esa experiencia ya se ha vivido en el ejercicio de los gobiernos locales y regionales.

La verdadera revolución social está pidiendo pista. Una nueva forma de hacer política se requiere para impulsarla.

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[1] Pacto de clases de 1991 que le dio vida a la Constitución vigente. El M-19 representaba los intereses de las capas medias de la población (pequeña burguesía citadina, especialmente) que pactaron con la oligarquía y la burguesía burocrática una Constitución “garantista” que aprobó derechos en el papel y legitimó el neoliberalismo.    

[2] Cuando hablamos de “Colonial” nos referimos a la dominación económica, política, ideológica y cultural que el imperio capitalista impone de forma integral. Va más allá del viejo colonialismo.  Sin embargo, el Estado colonial de viejo tipo subsiste en los actuales Estados latinoamericanos con su patrimonialismo, burocratismo, leguleyismo, clientelismo, corrupción y otras características.  

SANTOS: JUGADAS, ENGAÑOS Y APARIENCIAS

Popayán, agosto 12 de 2013

Se hacen por estos días balances de los 3 años de gobierno de Santos. Se colocan como aspectos “positivos” el inicio de los diálogos con las FARC, la distención con los órganos de justicia, la ley de víctimas y de restitución de tierras, y el restablecimiento de las relaciones con los países vecinos. De resto, la mayor parte de su gestión – reforma de la justicia, reforma tributaria, impulso de la “locomotora” minero-energética, promoción de la Alianza del Pacífico, aprobación e implementación de múltiples TLCs., manejo de los conflictos sociales y otros aspectos – es calificada como “negativa”.

Intentaremos hacer un balance con un enfoque diferente. Trataremos de responder los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el carácter de clase que ha mostrado este gobierno a lo largo de los últimos tres años? ¿Qué sectores de la oligarquía colombiana apoyan sus políticas y cuales son sus intereses? ¿Cuáles son sus logros, desde el punto de vista de quienes apoyan al gobierno? ¿Cuál es el devenir de quienes adversan esa política?

El “viraje” frente a los 8 años de Uribe

La burguesía transnacionalizada – sector hegemónico al interior de la oligarquía colombiana – comprendió al final del 2° gobierno de Uribe que la ansiada pacificación por la vía militar no iba a ser posible. Pudo comprobar que la estrategia desarrollada contra la insurgencia – alianzas con narcomafias y uso sistemático de paramilitares –, no sólo descomponía su precaria “democracia” sino que creaba problemas con la comunidad internacional. Además, frente al cambio táctico-estratégico de la guerrilla, ésta ya no era efectiva.

Así mismo, se hizo evidente que los recursos comprometidos en la guerra contrainsurgente desequilibraban sus finanzas y mermaban sus ganancias. Además, la crisis económica mundial obligó al gobierno de los EE.UU. a recortar el nivel de ayuda financiera y militar. Pero, lo principal: la burguesía colombiana entendió que frente a la situación económica internacional se hacia necesario un viraje para garantizar condiciones óptimas para la inversión extranjera en áreas estratégicas como el sector minero-energético y la agroindustria. Por ello, antes de terminar su segundo gobierno, Uribe ya no era la ficha favorita para ejercer un nuevo período de gobierno. 

Esa burguesía – con asesoría gringa – pensó y diseñó el camino de la desmovilización de la guerrilla vía diálogos y negociación. No porque sea amante de la paz y de la convivencia sino porque sus necesidades materiales la obligaban a buscar esa alternativa. Y lo hacen sobre el convencimiento de que la estrategia utilizada desde el gobierno de Pastrana – pasando por los gobiernos de Uribe –, habían fortalecido al ejército, mermado las fuerzas guerrilleras, y por sobre todo, le habían quitado la bandera de la Paz a la insurgencia. Según sus cálculos, la derrota política obligaba a la guerrilla a concertar el fin del conflicto.

Con ese presupuesto Santos inicia su gobierno. Había que mostrar una cara humanitaria y para ello impulsó la ley de víctimas y de restitución de tierras. No importaba que el otro sector de las clases dominantes – grandes latifundistas y empresarios del campo gestores del paramilitarismo – se fuera a resentir. Tenían que aprobar esa política pero sin colocarle dientes ni herramientas. Por ello a lo largo de los años dicha ley no ha traído resultados efectivos para las víctimas y desplazados. Se trataba de un gesto. Nada más. Una jugada, un engaño, una apariencia.

Por ello calificar de “positiva” esa política es errado. Sus intenciones son oscuras; su fin, engañar. Están dispuestos a devolver algunas áreas despojadas por narcos y paramilitares pero en el fondo es una simulación de “reforma agraria” para simultáneamente entregar millones de hectáreas a los conglomerados capitalistas transnacionales (extranjeros y “nacionales”) que aspiran a “invertir” en el campo en grandes proyectos minero-energéticos, de agrocombustibles y agro-negocios industriales. La fórmula de la “asociación” entre campesinos y empresarios está en su cabeza.

Las investigaciones y denuncias realizadas por Wilson Arias, congresista del PDA, sobre el apoderamiento ilegal de tierras en la altillanura oriental por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo (Riopaila), Cargill y otras empresas nacionales y extranjeras, y la insistencia del gobierno por elaborar a las carreras una ley para legalizar dichas adquisiciones y convertirla en una política hacia el futuro, demuestran la anterior apreciación.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y Ecuador tenía esa misma lógica. Están dispuestos a “integrarse” con el resto de Sudamérica pero con la intención de aprovechar los beneficios comerciales, ser parte del bloque frente a otros polos de desarrollo e inversión mundial (Brasil, China, Rusia, etc.), pero a la vez, convertirse en “caballo de Troya” neoliberal y “librecambista”. Con esa intención construyen el eje México, Colombia, Chile y Perú, que hoy es la Alianza del Pacífico. Otra jugada, otro engaño, otra apariencia.  

Y el proceso de Paz va por el mismo atajo. La bandera de la Paz ha servido para que bajo su cobertura se impulsen políticas regresivas y anti-populares en todos los terrenos. Se realizan negociaciones en La Habana, se permite cierto proselitismo de las FARC, se posa de ser un gobierno “democrático” y de estar buscando la “reconciliación”, pero en los hechos – en la realidad – frente a amplios sectores populares que se han movilizado por justas reivindicaciones sociales, se contesta con dilación y represión. Otra jugada más, otro engaño, otra apariencia.

Los logros de Santos y de la burguesía transnacionalizada

Esa política de apariencias se patentizó durante la campaña electoral con el nombramiento como candidato a la Vicepresidencia de Angelino Garzón. Así consiguió resultados inmediatos: la elección de Santos. Ya en la presidencia, una vez posesionado, Santos da el “viraje” a nivel internacional reuniéndose con el presidente Hugo Chávez. Se distensionan las relaciones con Venezuela y más adelante con Ecuador. Se recoge parte del programa de Petro sobre las víctimas y las tierras, y se llama a constituir la “unidad nacional”. Se hacen todos los esfuerzos por mostrarse no sólo diferente sino contrario a Uribe, se restablecen relaciones con la Corte Suprema de Justicia y se nombra una Fiscal General (Viviane Morales) que inició su gestión llevando a la cárcel a algunos de los principales cómplices y compinches de Uribe.

Los logros para la clase dominante se pueden sintetizar así:

-       Neutraliza el aislamiento en que estaba el gobierno colombiano en el ámbito internacional, sobre todo en el terreno de la violación de los derechos humanos y asesinato de sindicalistas, que eran las principales trabas para la aprobación de los TLCs con EE.UU. y la UE.

-       Inicia la recuperación de las relaciones comerciales con los países vecinos Venezuela y Ecuador, y logra ser mirado con nuevos ojos por el bloque de Unasur, Mercosur y Celac.

-       Divide a la izquierda colombiana entre quienes califican como positivas esas políticas y quienes no perciben ningún cambio.

-       Consigue presentar su gobierno como “reformista” y “progresista”.

-       Inicia diálogos con la insurgencia con el mensaje de que está dispuesto a “jugársela por la Paz” y se muestra ante la opinión pública como el presidente que va a obtener la reconciliación sin sacrificar la “institucionalidad democrática”.

-       Envía un mensaje de tranquilidad y estabilidad a sus socios capitalistas transnacionales que están ansiosos por invertir en agro-negocios, infraestructura, exploración y explotación de petróleo y otras áreas estratégicas (mega-proyectos energéticos, minería, agro-combustibles, biodiversidad ambiental, comunicaciones, tierras, turismo, etc.).

-       Aprueba una reforma tributaria que otorga todas las ventajas al gran capital y descarga las obligaciones impositivas sobre los hombros de la clase media y los trabajadores.

Con el tiempo se ha hecho visible que su “reformismo” sólo eran jugadas, engaños y apariencias.

La encrucijada de la Paz y la movilización social

Faltando un año para terminar su gobierno, Santos se ve enfrentado a una situación muy particular. Sus logros, que desde los intereses de la burguesía transnacionalizada son notables, no le tienen garantizada la reelección. A medida que pasa el tiempo su popularidad se ha ido mermando y las luchas sociales – que empezaron lentamente y fueron estimuladas por la movilización estudiantil de 2011 – se han ido incrementando, no parecen decaer y por el contrario construyen mayores niveles de coordinación y contundencia.

Santos se ha encontrado en el tema de la Paz frente a una paradoja. En el país ha hecho carrera el escepticismo y la incredulidad. Es una situación propia de un país que ha vivido durante décadas en medio de la violencia. La desconfianza marca la tendencia mayoritaria. Por ello Santos enfrenta el “proceso de diálogos” al filo de la navaja. Mientras una gran mayoría de la población apoya la iniciativa de superar el conflicto por medio de la negociación con la guerrilla, a la vez, amplios sectores de colombianos no confían en la voluntad de Paz de la insurgencia y por ello no están dispuestos a conceder mayores ventajas para su inserción en la vida civil.

Y esa desconfianza se acrecienta con la oposición del ex-presidente Uribe. Éste dejó la presidencia siendo el supuesto “campeón anti-guerrillero” y se ha opuesto a los diálogos de Paz. Su argumento es que “se va a entregar el país a la guerrilla”, “se va a negociar el Estado” y “se les va a premiar con la impunidad”. Se refuerza así, la duplicidad entre esperanza e incredulidad.

La fórmula de negociar en medio de la confrontación también se ha vuelto un embrollo. Santos dice jugársela por la Paz pero le pone plazo a las negociaciones. Dialoga en La Habana pero trata a sus interlocutores como “bandidos” y “terroristas”. Habla de justicia social pero aplica políticas que agudizan la desigualdad y la injusticia. Se compromete a ampliar la democracia pero incumple los acuerdos que las organizaciones populares han concertado con su gobierno y reprime las protestas populares a sangre y fuego.

Sin embargo, es tal la urgencia por conseguir condiciones para la inversión capitalista que, la gran burguesía está dispuesta a ofrecer una Paz reducida a cambios no estructurales. Ellos tienen claro que no corren riesgos inmediatos ante la situación de “derrota política de la guerrilla”. Por ello se muestran dispuestos a “tragarse algunos sapos”. Esa burguesía no teme plasmar algunas reformas institucionales no determinantes. Está dispuesta a “compartir” ciertos espacios de poder con la guerrilla. Aprendieron del proceso constituyente de 1991. Mientras ellos tengan el poder, la ley puede “estirarse” sin ningún peligro. Otra jugada, otro engaño, otra apariencia.

El devenir desde la Izquierda

Desde las fuerzas de Izquierda – fuertemente divididas – no ha existido capacidad de reacción. Existen tres posiciones básicas: quienes en aras de la Paz le aceptan a regañadientes los engaños al gobierno; quienes recogen la bandera de la Paz y hacen esfuerzos porque la movilización social obligue a Santos a ceder cambios sustanciales en lo social, político y económico; y quienes al no ver diferencias entre Santos y Uribe – desde un principio – se oponen de plano a su política.

La primera actitud termina legitimando la política neoliberal de Santos. La segunda se ilusiona con el posible auge del movimiento social por la Paz, que hasta ahora sólo crece en torno a reivindicaciones concretas (zonas de reserva campesina y política agraria). Y la tercera actitud se contenta con ser oposición pero no logra canalizar el desgaste de Santos. 

Hace falta una política que consiga desenmascarar ante el pueblo esa estrategia de la burguesía que oculta sus verdaderos intereses detrás de poses reformistas. Hace falta la unidad de la Izquierda para actuar con más contundencia. Hace falta un bloque de izquierdas que impida que quien canalice la situación sea el derechista “Centro Democrático” de Uribe.

Por ello es urgente caracterizar al gobierno y al proceso de Paz. Hay que establecer la búsqueda de la Paz negociada como una política de Estado, que vaya más allá de un gobierno u otro. Se debe definir al gobierno de Santos como demagógico. Llegó el momento de las definiciones. En aras de conseguir la Paz no podemos permitir que se engañe al pueblo. El paro nacional agrario del próximo 19 de agosto obligará a las diferentes corrientes de Izquierda a asumir una posición: o están con el gobierno o se distancian de él. No hay término medio.

Paralelamente se requiere desarrollar una consistente labor política y social en las ciudades. La insurgencia pacífica de los pequeños y medianos productores del campo sólo será exitosa, siempre y cuando haya un levantamiento masivo de la población citadina. Temas como el desempleo, los servicios de salud, la educación, los servicios públicos, requieren nuestra atención y acción unificada. De lo contrario el alzamiento campesino será neutralizado y debilitado.

El auge de la rebelión popular estimula e impulsa las definiciones políticas.

Triunfalismo y prepotencia: malos consejeros

TRIUNFALISMO Y PREPOTENCIA: MALOS CONSEJEROS

Popayán, mayo 3 de 2013

Escuché las declaraciones de Jesús Santrich, comandante y delegado de las FARC en los diálogos de Paz de La Habana, en el sentido de que no se someterán a la justicia colombiana a la que descalifican para poder juzgarlos, y me sorprendí al no poder entender cuál era la intención de hacer – en este momento – ese tipo de declaraciones públicas.

Hemos reconocido que el conflicto armado que vive Colombia tiene orígenes auténticos – causas económicas, sociales, políticas y culturales – y que en determinados momentos de la vida de nuestra nación la rebelión armada no sólo fue necesaria sino justa.

Sin embargo, también es verdad que a lo largo de los años que llevamos en guerra – por diversos motivos que es necesario analizar y precisar – los métodos utilizados en la confrontación armada no sólo se degradaron a límites insospechados sino que en gran medida atentaron (y aún lo hacen) contra la justeza de las causas que explican la acción insurgente.

Es cierto que esa degradación fue provocada por el Estado y las fuerzas paramilitares, pero también es verdad que las fuerzas revolucionarias se dejaron llevar a ese terreno y cometieron graves crímenes – que así fueran involuntarios, aislados, ocasionales, etc. – quedaron en la memoria de los colombianos, con la ayuda de los medios que aprovechan cualquier ocasión para desacreditar a la insurgencia.

Que por parte del Estado (incluyendo el paramilitarismo) se cometieron gravísimos y numerosísimos crímenes, eso no está en duda. Aún se cometen. Pero la realidad es que ese Estado – a través de la política uribista – consiguió convencer a gran parte de la opinión pública que esas acciones eran reacciones (para ellos igualmente justas) contra la actividad insurgente.

Ahora entramos en el desenlace. Esa buena parte de la opinión pública (manipulada y todo) que justificó los crímenes del Estado paramilitar, debe ser convencida – por las fuerzas insurgentes – que estaba equivocada, que la causa de los rebeldes tiene una justificación ética y moral, y que en medio del fuego la degradación de la guerra se jugó de ambos lados.

Es por ello que las declaraciones del Comandante Santrich son inoportunas y nada políticas. Para recuperar credibilidad ante el pueblo colombiano se requiere gran humildad y reconocimiento de las “equivocaciones” que significan dolor y sufrimiento para miles de colombianos. Las víctimas – de todos los bandos – exigen y merecen respeto y consideración.

Paralelo a las declaraciones de Santrich, en Toribío (Cauca), las comunidades indígenas encabezadas por sus autoridades ancestrales juzgaron en audiencia pública – a la que asistieron más de 4.000 personas – a 2 milicianos de las FARC y los condenaron a 40 años de cárcel, que deberán pagar bajo la modalidad de “patio prestado” en prisiones oficiales, por el asesinato de su líder espiritual (The Wala) Benancio Taquinás en el municipio de Jambaló. Además en carta abierta a Timoleón Jiménez, máximo comandante de las FARC, el movimiento indígena caucano exige a la guerrilla un proceso de verdad, justicia y reparación.  

Es por este tipo de hechos contradictorios que podemos afirmar que de nada sirve el triunfalismo que no reconoce que políticamente la insurgencia debe recuperar un gran terreno político no sólo para que las mayorías populares les perdonen sus errores sino para que los acepten como posibles actores y portadores de soluciones para la situación de crisis que vive la Nación. De nada sirve la prepotencia que justifica los errores con base en los crímenes cometidos por su enemigo.

Esas actitudes sólo envían un mensaje negativo. Amparados en ese tipo de declaraciones, los promotores de la guerra montan todo tipo de campañas para afirmar que la insurgencia no reconoce a sus víctimas y que por tanto no son confiables a la hora de pactar acuerdos de Paz.

Ser juiciosos y objetivos con la realidad política del país es una de las condiciones para acertar. La mayoría de los colombianos quiere la Paz pero esa misma gente desconfía de la palabra de las FARC. La mayoría de los colombianos desea fervientemente la Paz pero no va a aceptar que el proceso de diálogos no concierte algún tipo de penas para quienes han cometido graves crímenes, así éstos posteriormente sean perdonados por algún mecanismo de la Justicia Transicional.

El triunfalismo y la prepotencia que lleven a desconocer estos aspectos básicos en la búsqueda de la Paz en Colombia, ya están contribuyendo a que los enemigos de la misma fortalezcan sus posiciones y debiliten las de quienes aspiramos a conseguirla.

Ser más prudentes y sensatos, aceptar los errores y culpas, reconocer a las víctimas y a sus dolientes, ser más humildes y fuertes de espíritu, son condiciones indispensables para que la insurgencia consiga una amplia y fuerte credibilidad pública, que a su vez se constituye en una condición indispensable para avanzar hacia la conquista de la Paz.

Tal tipo de declaraciones – que reflejan triunfalismo y prepotencia – le hace más daño a los diálogos que los torpedos que todos los días lanza la derecha uribista contra el proceso.   

LA IMPORTANCIA DEL "CONGRESO POR LA PAZ"

LA IMPORTANCIA DEL “CONGRESO POR LA PAZ”

Popayán, 19 de abril de 2013

Se realiza en estos momentos el Congreso por la Paz en la ciudad de Bogotá (19 al 22 de abril/2013). Fue convocado por calificados movimientos y organizaciones sociales que han participado en los diferentes eventos nacionales y regionales dinamizados por el Congreso de los Pueblos. Cuenta también con la participación de otros procesos, movimientos y organizaciones político-populares que tienen presencia a lo largo y ancho del país.

La importancia de este evento – realizado después de la masiva Marcha del 9 de abril – más allá del número de delegados y participantes, está relacionada con la calidad de las conclusiones y los llamados que se hagan desde su seno. Es evidente que las fuerzas democráticas progresistas y revolucionarias de nuestro país requieren de sus aportes sustanciales para entender el momento y unificar posiciones políticas.

Posibles aportes sobre la Paz

De acuerdo a lo que han definido los eventos preparatorios del Congreso por la Paz realizados en las diferentes regiones y subregiones en que se desarrolló dicha labor, podemos adelantarnos a prever algunos aspectos que podrán ser contemplados y aprobados en tan trascendental evento. Veamos:

-       La Paz es un derecho humano fundamental que debe ser conquistado por los trabajadores y los pueblos. No es un problema secundario, es de gran trascendencia.

-       La Paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. La salida negociada del conflicto armado es parte de ese proceso pero la conquista de la Paz implica transformaciones estructurales de nuestra sociedad y del Estado.

-       La lucha contra el modelo neoliberal y el sistema capitalista en auge en Colombia debe estar ligado y en concordancia con la lucha por la Paz.

-       Los intereses de los actores armados insurgentes en su proceso de reintegrarse a la lucha política civilista y pacífica no deben confundirse totalmente con los intereses de las amplias mayorías populares. La negociación que lleve al fin de conflicto armado sólo será un paso en la lucha por conquistar la Paz con justicia social.

-       Los resultados y transformaciones que se obtengan en la mesa de negociaciones de La Habana son insumos en la lucha por la Paz. Lo que se avance en ellas corresponderá a la correlación de fuerzas alcanzada en un momento dado pero no pueden confundirse con la totalidad de las aspiraciones transformadoras de nuestro pueblo.

-       La superación vía dialogada del conflicto armado y la integración de las fuerzas insurgentes a la lucha política civilista contribuirán sustancialmente en la creación de mejores condiciones para avanzar en la lucha por la transformación estructural del país, la derrota del modelo neoliberal y la construcción de salidas post-capitalistas. 

-       La lucha por la Paz es una tarea de gran magnitud que va más allá de cualquier campaña electoral. La conquista de la Paz no admite cálculos inmediatistas e intereses mezquinos de carácter electorero. 

El Congreso por la Paz y los retos del momento

La realización del Congreso por la Paz después de haberse realizado la masiva y multitudinaria Marcha por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público es un hecho de fundamental importancia. Las conclusiones que apruebe podrán ser aportes de gran calado para el movimiento democrático progresista y revolucionario de la Nación colombiana.

El Congreso por la Paz debe recoger el espíritu y la fuerza de la Marcha. La marcha del 9 de abril mostró el camino de la inclusión de múltiples y diversas fuerzas sociales y políticas que confluyen alrededor de apoyar los diálogos de La Habana y de buscar la Paz para los colombianos. La marcha marcó un quiebre en la opinión pública a favor de la paz negociada.

El éxito del Congreso por la Paz depende de la claridad que aporten las conclusiones a la movilización social y la lucha por la Paz. Al interior de las fuerzas democráticas todavía existen vacíos, incomprensiones y vacilaciones frente a los diálogos y negociaciones del gobierno y la insurgencia en La Habana. No se entiende plenamente su relación con la tarea suprema de conquistar la Paz para los colombianos, y por ello su clarificación es la tarea política del momento.

Se trata de colocar en su lugar cada proceso relacionado con la búsqueda de la Paz. Valorar los avances de la mesa de negociaciones en su verdadera dimensión. Insistir en que el principal campo de acción está en el terreno de la movilización popular contra todas las políticas que desde el gobierno se siguen profundizando contra el pueblo. Seguramente los aportes del Congreso por la Paz irán en esa dirección.

Entender que la confluencia parcial y coyuntural que existe entre importantes fuerzas sociales y políticas de carácter popular con algunos sectores gubernamentales en torno a sacar adelante las negociaciones de La Habana (firma de la terminación del conflicto armado) no significa un respaldo a las políticas neoliberales que impulsa el gobierno. Es sólo una concurrencia parcial y circunstancial.

El Congreso por la Paz deberá tener plena conciencia de las fisuras que existen al interior de las fuerzas del establecimiento oligárquico en el terreno de la solución al conflicto armado. Comprender que el gobierno aspira a obtener la desmovilización de la insurgencia  con el mínimo de concesiones. A la vez entender que éste gobierno debe ser presionado desde la sociedad civil para que ese paso sea dado con el máximo de garantías para que las fuerzas insurgentes puedan hacer política por la vía pacífica y civilista.

A su vez, se trata de concebir las negociaciones de La Habana y la movilización popular por la Paz como procesos convergentes pero diferentes. La sociedad movilizada deberá tener la más amplia autonomía, independencia y auto-determinación y no puede estar condicionada por los intereses de los actores armados o por las partes en conflicto armado.

En últimas se trata de hacer aportes para unificar un gran escenario de luchas democráticas y populares entre las cuales la causa de la Paz y de la terminación consensuada del conflicto armado está entre las principales.

Estamos seguros que el Congreso por la Paz hará grandes contribuciones a la lucha del pueblo colombiano, por la Paz y la justicia social. 

LA MARCHA POR LA PAZ: NI PLEBISCITO NI FRACASO, UN PASO ADELANTE

LA MARCHA POR LA PAZ: NI PLEBISCITO NI FRACASO, UN PASO ADELANTE

Popayán, 12 de abril de 2013

La Marcha por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público realizada el pasado 9 de abril (2013) es un reflejo nítido de cómo se mueve la sociedad colombiana – las fuerzas sociales y políticas – frente al proceso de paz, y es un referente para prever lo que puede ocurrir hacia el futuro.

En cuanto a participación de manifestantes se debe destacar la movilización de Bogotá. La asistencia fue multitudinaria. Cientos de miles de personas desfilaron desde varios puntos de concentración en la ciudad. Sin embargo, a nivel nacional sólo en Pasto (Nariño), Puerto Asís y algunas otras capitales de departamento (Villavicencio, Bucaramanga, Pereira), la presencia de manifestantes fue importante.  

Se debe anotar que es la primera marcha en que se convoca a la ciudadanía en general a sumarse masivamente como apoyo al proceso de Paz que se lleva a cabo en La Habana (Cuba) para firmar el fin del conflicto. Como primer paso fue un pleno éxito.

No se puede afirmar que sea una marcha histórica. Se requiere mucho más. Deberá involucrar a varios millones de personas a lo largo y ancho del país. Se debe superar la movilización por la Paz de 1997 y la que convocó Uribe contra las FARC en 2008, para que se configure un verdadero plebiscito por la Paz. Sin embargo, esta manifestación es un gran avance en el esfuerzo de movilizar a la mayoría de colombianos en esa dirección.  

Evolución de las posiciones y actitudes

Además de la decisión mostrada desde un principio por los dirigentes de Marcha Patriótica y de la oportuna participación de Gustavo Petro en cabeza de la Alcaldía de Bogotá, lo sobresaliente de la jornada fue que el gobierno de Juan Manuel Santos – incluyendo los comisionados en la negociación de La Habana –, aunque un poco tarde, mostraron disposición de sumarse a la manifestación y convocar al pueblo colombiano a marchar.

En la práctica el presidente de la república no participó plenamente en la Marcha hacia la Plaza de Bolívar de Bogotá. Lo hizo simbólicamente en un desfile con funcionarios del Estado en honor a las víctimas que tuvo como punto de llegada el Centro de la Memoria Histórica en donde con Gustavo Petro sembraron un árbol en forma conjunta. Muestra Santos que todavía se deja presionar por quienes llaman a “no revolverse con terroristas o con quienes simpatizan con terroristas” y que le falta mayor decisión en la lucha por una paz negociada. Tantea el terreno pero poco a poco va soltando las amarras.

De todas maneras es un paso adelante por parte del gobierno. Éste empieza a decidirse a movilizar a la población civil frente al tema de la Paz. Ese paso es provocado por:

-       Los recios ataques contra el proceso de Paz que ha recibido de parte del uribismo y demás enemigos de las conversaciones de La Habana y la necesidad de buscar apoyo popular para el proceso mismo.

-       El convencimiento de que la firma de la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las FARC (y más adelante con el ELN) no se va a lograr – como lo quisieran – en tiempos expeditos, rápidos y cortos.

-       La inminencia de una campaña electoral que ya está encima y que obliga a buscar a la población para refrendar los avances del proceso.

Que el gobierno haya pasado de una actitud vacilante y temerosa a una más decidida y resuelta es algo notable que va a facilitar los avances no sólo en la mesa de negociaciones, sino en el entorno social que esas conversaciones requieren para ir construyendo un clima apropiado para la conquista de la paz.

Se debe destacar también el respaldo a la política de paz que la plana mayor de los empresarios antioqueños organizados en Pro-Antioquia le otorgó al presidente Santos en Medellín en la misma fecha. Es un hecho significativo.

Marcha Patriótica logra un triunfo político importante al tomar la iniciativa y conseguir que otras fuerzas y gobiernos (nacional y distrital) se sumaran a la iniciativa. Como principal convocante Marcha Patriótica da un paso adelante al proponerse una acción de este tipo en unidad de acción con Progresistas de Petro y con el mismo gobierno nacional. Demuestra que no le teme a alianzas multipartidistas y que piensa en las amplias mayorías populares – las no organizadas – que deben ser convocadas con un espíritu amplio e incluyente.

Gustavo Petro jugó a unificar simbólicamente las dos marchas. Estuvo con Santos en el acto de las víctimas y se puso al frente de la marcha de la Plaza de Bolívar. Al lado de Piedad Córdoba lideró el llamado a unir a la mayoría de los colombianos en torno a la causa de la Paz sin mostrar temor o mezquindad frente al hecho de que un avance sustancial del proceso de Paz puede – objetivamente – disparar positivamente la campaña de reelección de Santos.

Mientras tanto el Polo Democrático Alternativo PDA se pronunció a favor del proceso de Paz pero no llamó a sus bases a participar de la marcha por el hecho de que el gobierno de Santos se había sumado a la convocatoria. Primó el temor de confundirse con quienes apoyan la reelección de Santos y renuncia – de hecho – a dar la lucha por la Paz en el terreno de la verdadera política que exige mayor capacidad de acción y de riesgo.

Balance estricto

Es necesario hacer un balance estricto para no hacer cuentas alegres y sobredimensionar voluntaristamente los hechos. Veamos:

-       A nivel nacional no se consigue movilizar al ciudadano del común. En Bogotá y Pasto el impacto es un poco mayor. Fue una prueba destacada pero no es suficiente para superar el escepticismo que todavía existe entre la población en general.

-       El gobierno de Juan Manuel Santos pasó raspando su primera movilización por la Paz. Centró su participación en el tema de las víctimas como contentillo para no asustar a las fuerzas militares. Sin embargo, da un paso adelante en la dirección correcta.

-       La actitud de la mayoría de alcaldes y gobernadores fue vacilante, calculadora y temerosa. El gobierno se movió muy tarde y no logró un impacto nacional generalizado.

-       Tres sectores se unieron en la marcha por la paz. Marcha Patriótica fue la convocante, Gustavo Petro y progresistas se sumaron con decisión, y al final, el gobierno nacional – presionado por los ataques uribistas – se decidió a convocar a la población a marchar.  

-       El Polo Democrático Alternativo una vez más se equivoca en materia grave. Se muestra temeroso, mezquino e inseguro. Privilegia la política coyuntural frente a una meta de gran y mayor calado como es la conquista de la Paz. Se aísla y termina confluyendo con el uribismo.  

Conclusión

Lo que interesa a los demócratas colombianos (progresistas y revolucionarios) es que Santos se comprometa a fondo con la causa de la Paz. Que sin ningún temor enfrente a los enemigos de la Paz en todos los terrenos. Que convoque masivamente a la población a sumarse a esa causa. Nos interesa llegarle a decenas de millones de colombianos, así lleguen a las marchas y demás eventos o escenarios de la mano del gobierno. No importa.

La causa de la Paz sólo se conseguirá con ese gran torrente de opinión pública y participación masiva de ciudadanos del común. Con las solas fuerzas "organizadas" ya sea de izquierda o de la democracia progresista, no alcanza. Además, sólo llegándole a esas amplias mayorías es que podemos avanzar como Nación y como fuerzas democráticas.

Petro – se puede decir – se sintoniza mejor que todos con los diferentes escenarios, el de la institucionalidad, incluyendo la militar (a la que hay que llegar) y con los sectores organizados. Al interior de la Marcha Patriótica falta algo de claridad sobre eso de “que apoyamos el proceso de conversaciones pero no apoyamos a Santos”. La realidad es que quien apoya el proceso de paz actual, apoya parcialmente a Santos (como lo hace con claridad Piedad Córdoba), pero otra cosa es que nos casemos o no con una posible candidatura de Santos.

Por todo lo anterior podemos afirmar que a la totalidad de la izquierda colombiana le hace falta una estrategia política unificada (incluyendo la electoral). Dicha estrategia le permitiría actuar con mayor coherencia y disposición en la lucha por ganar a la opinión pública y a las amplias mayorías populares. Esa estrategia le facilitaría enfrentar tanto a Santos como a otros sectores que están vacilantes o decididamente contra el proceso de paz.

Las fuerzas democráticas y de izquierda pueden colocar los cimientos de la justicia social en el proceso de Paz si desarrollan esa estrategia amplia e incluyente. De lo contrario todo se jugará y decidirá en el estrecho marco de la mesa de negociaciones de La Habana.  

P.D. Coincide la realización de la Marcha por la Paz con el fortalecimiento de la delegación de las FARC en la Mesa de conversaciones y negociaciones de La Habana con nuevos integrantes representativos de esa organización insurgente. Es una buena noticia.

EL PARO CAFETERO: UNA REBELIÓN CÍVICO-POPULAR

EL PARO CAFETERO: UNA REBELIÓN CÍVICO-POPULAR

Popayán, 15 de marzo de 2013

Una verdadera rebelión cívico-popular se desarrolló al calor del paro realizado por los caficultores colombianos entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013. Lo que más llama la atención es la naturaleza del movimiento en donde participaron de una manera directa más de 120.000 manifestantes y aproximadamente un millón y medio de personas de forma indirecta.

¿Cuál es esa naturaleza? Para algunos analistas el paro fue cafetero, nada más. La verdad es que esta inmensa movilización comprometió a todos los sectores del gremio caficultor, desde el más pequeño parcelero y proletario recolector hasta el campesino rico y el empresario cafetero que se vieron representados por el “Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Caficultores”.

Pero además, en toda la región cafetera – que hoy comprende el eje cafetero tradicional (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y del Tolima) y departamentos como los del Cauca, Huila, Nariño, Caquetá, Putumayo y Santander –, se sumaron de diferentes formas al movimiento decenas de miles de personas que están vinculadas al sector cafetero por lazos de trabajo (jornaleros), comerciantes de toda clase, transportadores y compradores de café. Fue así como el paro nacional cafetero se convirtió, en efecto, en un gran paro cívico de la región andina colombiana.

Ello se manifestó claramente en la escogencia que se hizo de los sitios de concentración y de bloqueo, todos muy cerca de cabeceras de municipios cafeteros sobre carreteras nacionales y departamentales como Bolombolo y La Pintada en Antioquia; Irrá en Caldas; Belem de Umbría y Remolinos en Risaralda; Calarcá en Quindío; El Líbano y Boquerón en Tolima; Piendamó, Timbío, Galíndez, Pescador y Mondomo en el Cauca; Neiva, Garzón, Pitalito y Pescadero en el Huila; Chachagui y El Pilón en Nariño y 15 sitios más en diversos departamentos.  

Se debe resaltar la participación masiva del pequeño caficultor aunque todos los sectores cafeteros estuvieron representados y fueron partícipes  activos, ya que los organizadores del paro acertaron en hacer girar el centro del movimiento alrededor del problema del precio sin introducir el criterio de las distinciones por dimensión de área sembrada que el gobierno quiso manejar en las negociaciones para dividir el movimiento.

Es destacable la solidaridad manifiesta que se expresó en dos capitales de departamento como Popayán y Neiva, encabezada especialmente por el movimiento estudiantil y algunas organizaciones sociales. Pero además, el paro contó con una opinión pública francamente favorable a pesar de la campaña de desprestigio que el gobierno intentó montar con el argumento de siempre: la infiltración de la insurgencia o por las consecuencias que los bloqueos ocasionaban para la población del suroccidente colombiano, donde los bloqueos a la carretera panamericana fueron totales y absolutos.

El desarrollo del movimiento

Desde el año pasado los caficultores colombianos venían llamando la atención sobre diversos problemas que azotan éste sector de la agricultura nacional como la baja producción, la pérdida del ingreso por cuenta de los bajos precios internacionales y la revaluación del peso colombiano, el alto costo de los insumos – especialmente los fertilizantes –, la incapacidad para pagar los créditos bancarios y otra serie de problemas relacionados. En esa dinámica se movilizaron a Manizales el 13 de agosto de 2012 y desde ese momento hicieron conocer su pliego de exigencias que sólo hasta el 6 de febrero de 2013 fue respondido por el gobierno reiterando la ayuda aprobada el año anterior de $6.000 por arroba o $60.000 por carga de 125 kg.

Ante la insuficiente respuesta del gobierno los caficultores colombianos se aprestaron a cumplir con el paro anunciado para el 25 de febrero de 2013. El gobierno a última hora intentó abortar la movilización convocando para el domingo 24 a los dirigentes cafeteros a reunirse en Bogotá en horas de la tarde. La dirigencia del paro no se dejó distraer y se concentraron en la realización del movimiento que para mediados del primer día (lunes) ya tenía más de 20 sitios de concentración a lo largo y ancho de los departamentos comprometidos, a los cuales se sumaron contingentes importantes de cacaoteros de Santander concentrados en La Lezama (carretera entre Barrancabermeja y Bucaramanga) de los municipios de Cimitarra, San Vicente del Chucurí y Landázuri. Al cierre del día se calculaban entre 80.000 y 100.000 campesinos movilizados.

El gobierno juega al desgaste dejando que los días pasaran sin llamar a negociar e intenta mediante la represión policial, militar y de la ESMAD desalojar a los manifestantes de sus sitios de concentración y bloqueo, causando numerosos heridos y detenidos en diversos lugares de movilización. Los manifestantes consiguen el apoyo de nuevos contingentes que a finales de la semana superaban los 100.000 manifestantes.

El sábado 2 de marzo el gobierno se reúne con los representantes de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, gremio oficial que agrupa a la denominada institucionalidad cafetera y aparenta un “acuerdo” alrededor del aumento de la ayuda para la compra del café a razón de $5.500 por arroba o $55.000 por carga, quedando en la suma de $115.000 por carga de café para caficultores con menos de 20 hectáreas de cultivos y de $95.000 para quienes poseyeran más de 20 has.

Esa pantomima de acuerdo fue rechazada tajantemente por la dirigencia del paro y fue asumida como un agravio por parte de las bases cafeteras que ya no se sienten representados por la burocracia de la Federación. Tal trampa y burla hizo que nuevas y renovadas fuerzas de caficultores se movilizaran a los sitios de concentración y que los bloqueos de carreteras se fortalecieran. En el Cauca más de 5.000 indígenas nasa y Misak (guambianos) se unieron a la protesta.

Como se puede observar la firmeza y beligerancia del movimiento cafetero desnudó las falencias y la soberbia del gobierno que se negaba a negociar “bajo presión de bloqueos de vías carreteables”. Mientras tanto los medios de comunicación se encargaban de deslegitimar el paro tratando de enfrentar a la población de las ciudades sitiadas por los bloqueos, por diferentes clases de problemas como el desabastecimiento de combustibles y víveres, la insuficiencia de insumos hospitalarios en algunas regiones y otras situaciones propias de un movimiento de tal envergadura.

Es así como en la segunda semana de paro cafetero el gobierno se ve obligado a entablar conversaciones directas con los organizadores del paro, encargando al vicepresidente Angelino Garzón y al seudo-ministro “Lucho” Garzón la labor de mediadores, convocando para el miércoles 6 de marzo a la ciudad de Pereira a los organizadores del paro para buscarle una salida negociada al conflicto.

Los logros del paro

La negociación del pliego cafetero se centró en el tema del precio del café. El movimiento cafetero exigía un precio de sustentación alrededor de $700.000 por carga. Al final de dos días largos de negociaciones se acordó lo que el gobierno llamó un apoyo para la Protección del Ingreso Cafetero PIC que consiste en un valor de $145.000 por carga de 125 kg sobre el precio publicado por la Federación. Es así como se obtiene un incremento de 141% sobre la cifra de $60.000 y de 26% sobre los $115.000 que el gobierno había ofrecido en su frustrada negociación del 2 de marzo con la Federación.

De acuerdo al Acta del convenio “Cuando el precio base de compra sea inferior a los $480 mil por carga de café pergamino seco de 125 Kg., el PIC será de $165 mil por cada carga de café pergamino seco de 125 Kg.”. Así mismo se establece que “Este apoyo se entregará a los caficultores cuando el precio base de compra publicado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia sea inferior a los $700 mil por carga de café pergamino seco de 125 Kg.” y “En ningún caso la suma entre el precio base de compra y el PIC será superior a los $700 mil por carga de café”.

Es así como el punto central del movimiento se acerca a las expectativas de los caficultores colombianos representando para el gobierno la asignación de una partida de $830.000 millones de pesos del presupuesto nacional para cubrir dicho subsidio; monto de recursos económicos que irrigará la economía de más de 550 municipios cafeteros de 14 departamentos.

Para los demás puntos del pliego – créditos, costo de fertilizantes e insumos, minería en zonas cafeteras, importación del grano y otros – se acordaron mesas de trabajo con presencia ministerial que “sesionarán por 90 días a partir de la fecha de su instalación, para deliberar y obtener conclusiones, recomendaciones, acuerdos o decisiones”.

Entre los principales logros del paro se debe destacar haber vinculado a la lucha social (y política, en el mejor sentido de la palabra) a cientos de miles de productores cafeteros, que si bien habían luchado en la década de los años 90s del siglo XX por condonación de deudas bancarias y otros puntos relacionados, no lo habían hecho con la beligerancia, organización y cohesión que demostraron en esta ocasión.

Así mismo, además de la importante solidaridad obtenida por el movimiento a lo largo y ancho de la región cafetera, se podría afirmar que ésta histórica jornada va a inaugurar una nueva oleada de luchas sociales que están relacionadas íntimamente con las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales impuestas en Colombia, que por efecto de la criminalización de la lucha social y la dura represión de las últimas décadas no había logrado la dimensión política que ha conseguido en el resto de Sudamérica.

Algunos significados del paro cafetero

Esta gran expresión de rebelión cívico-social y política ha demostrado que:

-       La crisis del sector agropecuario es profunda, estructural y se va a manifestar con mayor fuerza en el inmediato futuro en otros sectores productivos como el lechero, ganadero, arrocero, etc. Todo el modelo de apertura y de “libre comercio” ha sido puesto al desnudo. Las clases campesinas van a protagonizar nuevas luchas relacionadas con la política productiva y económica del país.

-       La situación del sector cafetero colombiano es de una insondable gravedad, no sólo por su baja producción y por los bajos niveles del ingreso del caficultor, sino porque todo el modelo productivo está en cuestionamiento y profunda crisis. La subordinación de los pequeños caficultores a los grandes exportadores colombianos y de todo el sistema cafetero colombiano a los intereses de las grandes transnacionales tostadoras y comercializadoras de café, es un hecho que se traduce en tal lamentable circunstancia.

-       La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es una institución paquidérmica, de tipo “corporativo”, controlada por el gobierno, alejada de los intereses de los caficultores, burocratizada y clientelizada, que requiere de una transformación democrática para ser puesta al servicio de los intereses de las amplias mayorías de productores.

-       El mapa cafetero ha cambiado. La producción se ha desplazado a departamentos como el Huila, Cauca y Nariño, en donde los pequeños y medianos productores han podido resistir – relativamente – la crisis del sector cafetero, acudiendo a mano de obra familiar y adecuando su cafetal a dinámicas de economía parcelaria campesina.

-       Se puede afirmar que una gran parte de los campesinos actuales tienen un pié en la finca y otro en un centro urbano en donde la familia encuentra educación y otros servicios públicos, pero además en donde se rebuscan económicamente combinando labores como la pequeña industria, artesanía, comercio, construcción, etc. El campesinado colombiano del siglo XXI es esencialmente distinto del que existía en el siglo XX.

-       Este gobierno de Juan Manuel Santos es muy débil frente al movimiento social. No sólo hubo imprevisión e incapacidad de leer la situación de los productores de café sino que existió una combinación de prepotencia, torpeza y soberbia a la hora de enfrentar el paro, lo cual en gran parte fue uno de los determinantes del éxito del movimiento.

-       La concreción de las reivindicaciones cafeteras (precios, créditos, costo de insumos, etc.) de fácil comprensión para el conjunto de los productores cafeteros, constituyó la base de la fortaleza del movimiento. Se unificó a todos los sectores y la consigna del precio movía a todas las partes interesadas. Grandes masas de productores dieron un paso hacia la protesta social. Esa es su fortaleza.

La perspectiva inmediata es encontrar puntos de acción coincidentes con otros sectores de la producción agropecuaria lo que le dará a la lucha y al movimiento un nivel superior en las reivindicaciones económicas y políticas. El camino ha quedado desbrozado.

COLOMBIA: ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ

ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ

Popayán, 7 de febrero de 2013

Es evidente que los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos han entrado en una especie de embudo negativo. Tiene que ver con la contradicción que existe en la vida real entre un conflicto que se escala y se agudiza, y una mesa de conversaciones que intenta lenta y pausadamente conciliar posiciones encontradas.

El planteamiento de que sólo hasta que se lleguen a concertar la totalidad de los acuerdos para el fin del conflicto se puede hablar de cese de fuegos u otros pasos hacia la aclimatación de la Paz, se contrasta con la cruda y discordante realidad que consiste en que la escalada del conflicto coloca a la opinión pública – como está sucediendo – en contra del proceso de conversación y búsqueda de acuerdos.

Esa contradicción puede llegar a extremos y debe alertarnos. Consiste en que por más que se logren acuerdos importantes al interior de la mesa, a la hora de refrendar los pactos estos encuentren un clima de resistencia tan grande que – ya sea por el mecanismo que sea, referendo, consulta popular, asamblea constituyente o constitucional – el pueblo colombiano se exprese en contra de lo acordado.   

Por ello la dirigencia de la insurgencia – si en verdad quiere colocarse a la cabeza de la lucha por la Paz – debe, no solo tratar de entender a su contraparte en la mesa, ubicar claramente sus intereses e intenciones, comprender su enorme debilidad política frente al proceso, sino ponerse por encima de esas circunstancias asumiendo los riesgos de ganarse a la mayoría de los colombianos usando creativas y originales herramientas políticas.

Ya sabemos que agudizar y escalar el conflicto no es la salida más recomendable. Ello sólo fortalece a Uribe y debilita la precaria posición “conciliadora” de Santos, o lo que es lo mismo, fortalece la posición guerrerista que todavía se percibe en el establecimiento en general y que influye considerablemente en la opinión pública.

Le ha llegado la hora a la insurgencia de reafirmar su vocación pacifista, de hacer mayores sacrificios en ese sentido. El cese unilateral de fuegos – ya utilizado recientemente – debe ser una herramienta política. Así mismo, diversos mecanismos para regularizar el conflicto deben ser puestos en práctica de manera unilateral, así se constituyan en relativas ventajas militares para el ejército oficial.  

Es la única manera – práctica y concreta – que tiene la insurgencia de ponerse a la altura de los acontecimientos que vive América Latina. Es la única forma de colocarse, políticamente, a la cabeza de la lucha por la Paz y la Democracia en Colombia.

Sólo recurriendo a herramientas políticas, sólo asumiendo consistentes actitudes políticas, es como las FARC va a contribuir con el desarrollo de un gran movimiento de masas en Colombia que se coloque la suprema tarea de conquistar la Reconciliación y la Paz. 

Pedirle a la contraparte que actúe de la misma manera es idealismo. Partimos de observar a una burguesía financiera internacionalizada (transnacionalizada) que sólo recientemente empieza a tomar conciencia de sus posibilidades en el marco de una Latinoamérica en proceso creciente de unificación. Somos conscientes de que es una burguesía débil políticamente aunque – económicamente – ya ha subordinado al latifundismo ganadero.

Por ello no debe sorprendernos que el gobierno hable al mismo tiempo de Paz y de guerra; por ello no debe impresionarnos que sea incapaz de declarar un cese bilateral de fuegos o siquiera se atreva a concertar una regularización del conflicto; por ello no debe asustarnos con sus continuas vacilaciones. Tiene tras de sí a la rancia oligarquía terrateniente que cuenta todavía con una gran influencia en la cúpula del ejército, de un ejército antinacional y entreguista de nuestra soberanía, y de unos medios de comunicación que hacen eco interesado y negativo de cualquier acción militar que emprenda la insurgencia.

Por parte de las organizaciones sociales y políticas que están por construir Paz con justicia social, debemos entender que lo que ocurra con el proceso de diálogos en La Habana y todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, está en el centro de esa lucha, y que por tanto, debemos presionar consistente y permanentemente a todos los actores del conflicto para que no sólo avancen las conversaciones por buen rumbo sino que consigamos – entre todos – crear un clima de confianza, credibilidad y seguridad en el proceso, que haga posible la reconciliación pronta y duradera entre los colombianos.

De no crearse ese clima, de no mostrar riesgos y arrojos para conseguir la superación del conflicto armado y por ende, de no encontrar formas creativas para transitar por caminos de Paz y Reconciliación, seguro vamos a enfrentar otras cuantas décadas de violencia fratricida que impiden – como lo han impedido – el tránsito de nuestra Colombia hacia una democracia plena y a una vida en plenitud. 

Entre la guerra y la Paz vivimos a diario. Que ceda la guerra y crezca la Paz. Es lo que necesitamos con urgencia.

COLOMBIA: ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ

ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ

Popayán, 7 de febrero de 2013

Es evidente que los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos han entrado en una especie de embudo negativo. Tiene que ver con la contradicción que existe en la vida real entre un conflicto que se escala y se agudiza, y una mesa de conversaciones que intenta lenta y pausadamente conciliar posiciones encontradas.

El planteamiento de que sólo hasta que se lleguen a concertar la totalidad de los acuerdos para el fin del conflicto se puede hablar de cese de fuegos u otros pasos hacia la aclimatación de la Paz, se contrasta con la cruda y discordante realidad que consiste en que la escalada del conflicto coloca a la opinión pública – como está sucediendo – en contra del proceso de conversación y búsqueda de acuerdos.

Esa contradicción puede llegar a extremos y debe alertarnos. Consiste en que por más que se logren acuerdos importantes al interior de la mesa, a la hora de refrendar los pactos estos encuentren un clima de resistencia tan grande que – ya sea por el mecanismo que sea, referendo, consulta popular, asamblea constituyente o constitucional – el pueblo colombiano se exprese en contra de lo acordado.   

Por ello la dirigencia de la insurgencia – si en verdad quiere colocarse a la cabeza de la lucha por la Paz – debe, no solo tratar de entender a su contraparte en la mesa, ubicar claramente sus intereses e intenciones, comprender su enorme debilidad política frente al proceso, sino ponerse por encima de esas circunstancias asumiendo los riesgos de ganarse a la mayoría de los colombianos usando creativas y originales herramientas políticas.

Ya sabemos que agudizar y escalar el conflicto no es la salida más recomendable. Ello sólo fortalece a Uribe y debilita la precaria posición “conciliadora” de Santos, o lo que es lo mismo, fortalece la posición guerrerista que todavía se percibe en el establecimiento en general y que influye considerablemente en la opinión pública.

Le ha llegado la hora a la insurgencia de reafirmar su vocación pacifista, de hacer mayores sacrificios en ese sentido. El cese unilateral de fuegos – ya utilizado recientemente – debe ser una herramienta política. Así mismo, diversos mecanismos para regularizar el conflicto deben ser puestos en práctica de manera unilateral, así se constituyan en relativas ventajas militares para el ejército oficial.  

Es la única manera – práctica y concreta – que tiene la insurgencia de ponerse a la altura de los acontecimientos que vive América Latina. Es la única forma de colocarse, políticamente, a la cabeza de la lucha por la Paz y la Democracia en Colombia.

Sólo recurriendo a herramientas políticas, sólo asumiendo consistentes actitudes políticas, es como las FARC va a contribuir con el desarrollo de un gran movimiento de masas en Colombia que se coloque la suprema tarea de conquistar la Reconciliación y la Paz. 

Pedirle a la contraparte que actúe de la misma manera es idealismo. Partimos de observar a una burguesía financiera internacionalizada (transnacionalizada) que sólo recientemente empieza a tomar conciencia de sus posibilidades en el marco de una Latinoamérica en proceso creciente de unificación. Somos conscientes de que es una burguesía débil políticamente aunque – económicamente – ya ha subordinado al latifundismo ganadero.

Por ello no debe sorprendernos que el gobierno hable al mismo tiempo de Paz y de guerra; por ello no debe impresionarnos que sea incapaz de declarar un cese bilateral de fuegos o siquiera se atreva a concertar una regularización del conflicto; por ello no debe asustarnos con sus continuas vacilaciones. Tiene tras de sí a la rancia oligarquía terrateniente que cuenta todavía con una gran influencia en la cúpula del ejército, de un ejército antinacional y entreguista de nuestra soberanía, y de unos medios de comunicación que hacen eco interesado y negativo de cualquier acción militar que emprenda la insurgencia.

Por parte de las organizaciones sociales y políticas que están por construir Paz con justicia social, debemos entender que lo que ocurra con el proceso de diálogos en La Habana y todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, está en el centro de esa lucha, y que por tanto, debemos presionar consistente y permanentemente a todos los actores del conflicto para que no sólo avancen las conversaciones por buen rumbo sino que consigamos – entre todos – crear un clima de confianza, credibilidad y seguridad en el proceso, que haga posible la reconciliación pronta y duradera entre los colombianos.

De no crearse ese clima, de no mostrar riesgos y arrojos para conseguir la superación del conflicto armado y por ende, de no encontrar formas creativas para transitar por caminos de Paz y Reconciliación, seguro vamos a enfrentar otras cuantas décadas de violencia fratricida que impiden – como lo han impedido – el tránsito de nuestra Colombia hacia una democracia plena y a una vida en plenitud. 

Entre la guerra y la Paz vivimos a diario. Que ceda la guerra y crezca la Paz. Es lo que necesitamos con urgencia.