Popayán, 27 de mayo de 2010
La principal tarea de los demócratas colombianos es derrotar la alianza criminal uribista que se formó en Colombia desde los años 90; la cual, durante los últimos 8 años se apoderó del aparato de gobierno y se enquistó en una parte del Estado.
Esa estructura delictiva se puso al servicio del gran capital internacional. Con su ayuda, poderosos grupos corporativos transnacionales se apropiaron de territorios estratégicos, de significativas riquezas naturales y de fundamentales sectores económicos del país. Coincidió con la “nueva colonización económica y cultural” lanzada desde Europa.[1]
Además, han convertido a Colombia en un “Estado fallido”[2]. Su intención es usar al país a modo de instrumento de contención de las revoluciones nacionalistas que hoy se desarrollan en América Latina.
Durante dos décadas el conflicto armado interno y la economía del narcotráfico han sido utilizados para debilitar la precaria institucionalidad neo-granadina; engañar y someter a nuestro pueblo con la fórmula del miedo; y suprimir cualquier vestigio de dignidad nacional. Y vaya que lo han conseguido.
Hay que tener presente los intrincados lazos y relaciones entre esa mafia criminal, la oligarquía colombiana, el gobierno de los EE.UU., las transnacionales extranjeras y gran parte de la clase política nacional y regional de nuestro país.
Desmontar ese poder es una labor monumental y riesgosa. Se requiere ir paso a paso. Hay que construir un gran movimiento democrático para adelantar un proceso que pueda ser coronado con éxito. No es fácil, hay demasiados intereses en juego.
El próximo 30 de mayo/2010 está en juego la permanencia en el gobierno de la cabeza de esa “empresa criminal”[3]. Derrotar al uribismo mafioso en esta coyuntura es fundamental. Sin embargo, parece que todavía no somos lo suficientemente conscientes de la importancia de esa tarea.
Las fuerzas y los pasos
¿Cómo realizar con éxito dicha tarea? ¿Tenemos hoy, la capacidad y la fuerza para movilizar a nuestro pueblo y derrotar plenamente los poderes establecidos? No, no la tenemos. Muy pocas fuerzas han resistido la arremetida antidemocrática que ha utilizado todo tipo de armas, legales e ilegales. Es algo palpable.
El movimiento social ha sido absolutamente postrado. Hay que reconocerlo: las organizaciones populares están supremamente dispersas, golpeadas y debilitadas. Las fuerzas políticas de oposición han sido perseguidas y vilipendiadas. La izquierda democrática ha resentido los ataques y no pasa por su mejor momento.
Todos quisiéramos acabar de una vez con todos los males. Pero ello no es posible. La razón y la lógica nos dice que hay que ir poco a poco. Una oleada revolucionaria en Colombia no está a la vista. Ante ese panorama se hace obligatorio diseñar una estrategia realista. La confrontación total es suicida e impensable.
En esa dinámica hace dos años y medio Gustavo Petro trazó una táctica: “unir a las fuerzas sanas de la Nación”. Ahora, la “ola verde” se plantea construir la “legalidad democrática”. Son acciones concordantes. Ello haría viable un nuevo ambiente. Nos facilitaría “tomar aire”, reconstruir fuerzas y movimientos sociales, consolidar un clima de institucionalidad apuntalado en reglas democráticas básicas, y poder resolver en el inmediato futuro - de forma pacífica y civilista - los problemas económicos, sociales, territoriales y étnico-culturales que nos garanticen la existencia como país soberano.
Esa etapa inicial podría contener los siguientes momentos inmediatos:
Primero, sacar del gobierno a los agentes políticos de la alianza mafiosa eligiendo el próximo 30 de mayo o el 20 de junio, si hay segunda vuelta, a personas y grupos políticos comprobadamente éticos y honestos. Debe ser la única condición para poder sumar las mayorías necesarias.
Segundo, rodear al aparato de justicia, garantizar el nombramiento de un fiscal capaz e independiente, proteger a la Corte Suprema de Justicia, estimular y organizar a la población para denunciar los crímenes y la corrupción, lograr la condena penal y el rechazo social de la cúpula criminal. “Identificar a su principal orquestador” ha dicho el magistrado Jaime Arrubla.[4]
Tercero, diseñar una avanzada contra la ilegalidad y criminalidad en todos los terrenos, que a mediano plazo, tendrá que abordar la liquidación de la industria ilegal del narcotráfico, vía legalización. Deberá ser un esfuerzo del nuevo gobierno y de las fuerzas vivas de la Nación, que habrán de recurrir a los gobiernos de los países latinoamericanos y a la comunidad internacional. No hay otro camino.
Cuarto, en forma simultánea deberá trazarse una estrategia integral para desactivar los diversos factores de violencia, guerrilla, grupos paramilitares y bandas criminales.
Es evidente que derrotar electoralmente a esa alianza mafiosa va a ser difícil. Pero será casi imposible lograrlo si no entendemos el momento. Hay que tener en cuenta que todavía un buen número de colombianos cree en la “buena voluntad” y en la inocencia del presidente Uribe. Es decir, una fuerza “no uribista” que acceda al gobierno, va a llegar con mínimos márgenes de gobernabilidad. Pero puede ser un punto de apoyo para avanzar.
La “equidad social” y la “soberanía nacional” son aspiraciones de todos los demócratas. Pero, lo que hay que entender es que, mientras no tengamos mínimas condiciones de institucionalidad legal, será imposible re-construir las fuerzas sociales capaces de luchar contra las inequidades y desigualdades socio-económicas que sufre nuestro pueblo.
La resistencia criminal
Ante la eventualidad de perder las elecciones, la elite gobiernista uribista reacciona como le corresponde: amenaza, chantajea y muestra los dientes. Su comportamiento es de fiera acorralada. Ante las nuevas pruebas de sus delitos y de sus vínculos con el paramilitarismo, salen a denunciar imaginarios complots internacionales.
En esa misma dinámica la cúpula militar envía mensajes subliminales reclamando el fuero y la justicia penal militar. Los pronunciamientos de los generales retirados, aduciendo una “baja moral en las filas”, son muy dicientes. Los grupos paramilitares han reactivado su acción de muerte sistemática. Los recientes asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes del Polo, así lo ratifican.[5]
El presidente Uribe defiende a muerte su “gallinita de los huevos de oro” (gobierno). Es lo único que le puede garantizar impunidad y libertad. Ya ha ubicado a sus principales agentes en embajadas claves a manera de avanzada estratégica. En las siguientes semanas su desesperación va a ir in crescendo.
También el embajador estadounidense actúa con cinismo, desfachatez e insolencia. Rechaza la supuesta interferencia de gobiernos extranjeros en las elecciones colombianas al estilo de un virrey colonial que reclama soberanía sobre un territorio ocupado. Es increíble.
Todas estas manifestaciones de la reacción gobiernista deberían servir para unir a los demócratas. Ante las dificultades reales para concertar “acuerdos programáticos” entre los “verdes”, “rojos” y “amarillos”, el movimiento social y las organizaciones no-gubernamentales podrían ayudar para facilitar acercamientos y acuerdos mínimos.
Después del 30 de mayo la estatura política, la generosidad política y la visión de Nación de los demócratas colombianos, se pondrán una vez más a prueba.
[1] Ver: Bonugli, Eduardo. Europa: Dictadura financiera, terrorismo económico. Selvas blog. (26.05.10). http://selvasorg.blogspot.com/2010/05/europa-dictadura-financiera-terrorismo.html
[2] Según la Revista Foreign Policy, es un país en el que el Gobierno no tiene el control real de su territorio, no está considerado como legítimo por una parte importante de la población, no ofrece seguridad interna o servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Ver: http://www.fp-es.org/estados-fallidos
[3] Así la definió recientemente la Fiscalía General para el caso de las interceptaciones telefónicas o “chuzadas”.
[4] Declaraciones a Caracol Radio del magistrado Presidente (E) de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla (27.05.10).
[5] Además de varios militantes del Polo asesinaron a Rogelio Martínez en San Onofre (Sucre) y a Alex Quintero en Santander de Quilichao (Cauca), ambos dirigentes campesinos y representantes de organizaciones de víctimas de los grupos paramilitares.
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