¿Qué hay detrás del atentado contra Francia
Márquez?
Granadas y disparos contra los defensores de
las comunidades negras del Norte del Cauca. ¿Por qué quieren matarlos?
Publicado en Razón Pública
Una masacre en ciernes
El pasado sábado 4 de mayo, integrantes de los
consejos comunitarios de la población
negra del Norte del Cauca sufrieron un ataque con granadas y armas de fuego
cuando estaban reunidos en la finca La Trinidad, vereda Lomitas, municipio de
Santander de Quilichao. El ataque fue repelido por agentes encargados de la
seguridad de algunos de los líderes, evitando lo que iba a ser una masacre.
Los líderes y representantes de
las comunidades estaban reunidos para planear las negociaciones pendientes con
el gobierno nacional a raíz de su participación en la Minga reciente junto con indígenas y
campesinos de la región, y donde deben acordarse las políticas y recursos
estatales para beneficio de sus comunidades.
Allí se encontraban dirigentes del
Movimiento de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios
Ancestrales, entre las cuales se destaca Francia Márquez, quien hace poco recibió un premio destacado
por su labor como líder dedicada a proteger el medio ambiente. También estaban
presentes, entre otros, el dirigente nacional del Proceso de Comunidades Negras
(PCN) y el coordinador de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del
Cauca (ACONC).
El hecho, donde
resultaron heridos dos agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue
condenado por todos los estamentos políticos y sociales, incluyendo al
presidente Duque. También resonó entre la comunidad internacional, que de
inmediato exigió protección de las comunidades y sus líderes, como lo hizo un comunicado de la Oficina de Derechos
Humanos de la ONU.
El
incidente se da días después de producirse la declaración del Canciller en el
sentido de que “Maduro había recomendado infiltrar La Minga”. En medio del
ambiente de crispación que vivimos, la afirmación constituye una acusación
velada contra las comunidades movilizadas y sus dirigentes, entre quienes se
cuentan las víctimas del atentado de Lomitas.
Las reivindicaciones y la actitud
del gobierno
 |
| Movilización del pueblo negro encabezado por sus mujeres cimarronas |
Entre los acuerdos de la pasada Minga, el
gobierno se comprometió a crear una mesa de negociación con las comunidades
negras del Norte del Cauca. Las exigencias planteadas por la ACONC giran
alrededor de los siguientes puntos:
- Mecanismos legales para cumplir los acuerdos incumplidos desde 1984, con prioridad para las mujeres negras.
- Respeto y garantía de los derechos colectivos y reglamentación de la ley 70 de 1993, siguiendo los principios de progresividad de los derechos colectivos y de consulta previa;
- Cumplimiento de los acuerdos de paz en cuanto a reparación colectiva a las víctimas, protección de líderes y comunidades y apoyo para desarrollar estrategias productivas, sustitución de cultivos ilícitos y mecanismos de seguridad comunitaria como las “guardias cimarronas”.
- La tierra y el territorio, lo que implica la compra y adjudicación colectiva, el control de la minería ilegal y la defensa del agua y los bosques.
Los líderes
de estas organizaciones han subrayado la necesidad de incluir los acuerdos en
el Plan Nacional de Desarrollo con indicadores y metas precisas e instrumentos
expeditos de cumplimiento.
Hasta ahora
la actitud del gobierno ha sido dilatoria, distante e intransigente.
Incumpliendo lo acordado, la ministra del Interior no asistió a la primera
reunión realizada después del levantamiento del bloqueo a la carretera
panamericana, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo en Santander de Quilichao.
Además, el presidente Duque hizo saber que por riesgos de seguridad no acudiría
a la región e invitó a los dirigentes a dialogar en la Casa de Nariño en
Bogotá, situación que ellos han rechazado.
Las organizaciones del pueblo negro
del Norte del Cauca
 |
| Francia Márquez, Carlos Rosero, Victor Hugo Moreno y Clemencia Carabalí |
¿Pero quiénes son esos dirigentes y por qué luchan? Los consejos
comunitarios agrupan a campesinos negros, mineros artesanales y comunidades en
general ubicadas en zonas rurales y urbanas de los diversos municipios. Son el
fruto de un proceso organizativo relativamente reciente y que ha sido complejo,
difícil y lento.
La aprobación de la Ley 70 de 1993 —desarrollo del artículo
transitorio 55 de la Constitución de
1991— fue un importante incentivo para la organización de la población negra
del Norte del Cauca. La ley, que reconoce los derechos étnicos y territoriales
de las comunidades negras, fue una conquista del movimiento afro de esa época y
de constituyentes colaboradores como Orlando Fals Borda (QEPD) y el “taita”
Lorenzo Muelas.
Sin
embargo, en la década de los noventa no existía aún una efectiva participación
de las comunidades. Se desató una rapiña entre supuestos dirigentes por la
representación en las “comisiones consultivas” aprobadas por la Ley 70, y una
competencia insulsa entre las ONG y grupos políticos que se crearon aprovechando
los nuevos espacios. La dispersión, la división y las pujas burocráticas
impidieron el avance.
Pero con el
paso de los años los problemas reales y concretos obligaron a las comunidades a
apropiarse de los consejos comunitarios y finalmente ha surgido una nueva
dirigencia que hoy se apoya en la experiencia de activistas que han perseverado
en la lucha social y cultural.
Hoy existen
cuarenta y tres consejos comunitarios en los diez municipios del Norte del
Cauca que agrupan a 126 mil personas. Son expresión de la lucha contra:
· El
despojo de tierras a manos de los grandes terratenientes;
· El
desalojo violento de cientos de familias por la construcción de la represa de
La Salvajina en 1983;
· El
intento de desviación del río Ovejas para alimentar el caudal del embalse;
· La
presencia agresiva y depredadora de la minería legal e ilegal.
En
contraste, los consejos defienden la minería artesanal o ancestral y luchan por
obtener del Estado servicios públicos como electricidad, carreteras, acueductos,
salud y educación.
Las
comunidades negras tienen ya una trayectoria de movilización social, que
incluye la lucha en la década de los noventa en alianza con comunidades
indígenas que logró la adjudicación de las tierras de la hacienda El Pílamo en
Caloto; la disputa por ampliar la cobertura del Acueducto Regional del Norte
del Cauca que abastece a Puerto Tejada, Villarrica, Guachené y numerosas
localidades y veredas de la región; y los paros y huelgas de los “corteros de
caña” contra la súper-explotación de los ingenios azucareros.
Hoy en día,
los consejos comunitarios han asimilado la experiencia de organización de las
comunidades indígenas vecinas, y aspiran a ser atendidas por el Estado y a
dotarse de formas de autogobierno como “Pueblo Negro”. Su propósito es compensar
las consecuencias de “un desarrollo que se hace a costa de
nosotros”, como
dice Francia Márquez.
Conflicto y violencia en el norte del
Cauca
 |
| Manifestación contra el desvío del río Ovejas |
Desde
entonces han aumentado las amenazas contra la dirigencia negra. Los líderes
como Francia Márquez ahora se enfrentan con quienes están detrás de la explotación minera legal e ilegal, pero el conflicto más profundo en
la región es relacionado con [FD1] la apropiación del territorio y el
modelo de desarrollo que perjudica a las comunidades.
El norte
del Cauca es a la vez una verdadera “mina de oro” y una bomba de tiempo social
y política. De sus montañas surge el agua que irriga los grandes cultivos de
caña de azúcar que son el eje económico del Valle del Cauca. El embalse de la
Salvajina regula el caudal del río Cauca, evita las inundaciones cíclicas que
afectaban las tierras planas, y es además la única fuente de agua que la ciudad
de Cali podrá utilizar para atender sus necesidades futuras. Negros e indios son sus “invisibles cuidadores”
que, en vez de ser reconocidos y apoyados, son percibidos como enemigos por quienes
se benefician de esos recursos.
Además, a
esa región se desplazaron grandes industrias para aprovechar las ventajas tributarias de la Ley Páez (ley 218/1995), aprobada en beneficio de las
comunidades indígenas afectadas por la avalancha del río Páez en 1994, y a cuya
sombra se creó una zona franca que ha sido aprovechada por grandes empresarios
nacionales y extranjeros. Allí funciona una economía de enclave que genera
algunos empleos formales, pero no logra compenetrarse con la vida de los
habitantes de la región.
Los grandes
terratenientes y sus socios políticos tradicionales temen que los pueblos del
Norte del Cauca identifiquen sus intereses comunes y desarrollen un proceso
autónomo de apropiación del territorio. La violencia –en sus diversas
expresiones– se ha utilizado desde tiempos coloniales para enfrentar a negros
contra indígenas y campesinos, y como instrumento para paralizar los procesos
de organización.
Sin
embargo, hoy las nuevas generaciones parecen encontrar la unión en la espiritualidad
ancestral y en acciones colectiva como la Minga. Como parte de este movimiento
renovado, Francia Márquez es hoy símbolo de un pueblo que está dispuesto a
romper con esa tradición violenta y a continuar con las justas luchas de las
comunidades del norte del Cauca. Su trabajo y el de los demás dirigentes merecen
respeto y consideración.
 |
| Minería artesanal y ancestral |
E-mail: ferdorado@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario