de
1991 a 2013… ¿UN NUEVO PACTO DE CLASES?
Popayán, 22 de septiembre de 2013
En 1991 la oligarquía en su conjunto logró convertir el
acuerdo de Paz con el M-19 en un pacto de clases. La Asamblea Nacional
Constituyente y la posterior aprobación de la Constitución Política de 1991 fue
la oficialización de ese “contrato social”.
Los tres presidentes de la Constituyente representaban a cada
uno de los sectores de clase comprometidos en ese pacto. La gran
burguesía-terrateniente, la burguesía burocrática y la pequeña burguesía. La
clase obrera y los campesinos pobres tuvieron una mínima representación que nos
les alcanzó para hacer valer sus intereses.
Álvaro Gómez Hurtado encarnaba la política de la gran
burguesía y los grandes terratenientes unificados en su programa neoliberal. Paradójicamente
ese programa vino ser concretado por Cesar Gaviria Trujillo, heredero del
legado de Luis Carlos Galán, último representante de la débil burguesía “progresista”
que no profesaba el credo neoliberal.
Horacio Serpa Uribe representaba a la burguesía burocrática,
heredera de la burocracia colonial que se consolidó durante el Frente Nacional.
Ésta fracción de la burguesía recogió las ideas de Jorge Eliécer Gaitán – quitándole
su contenido revolucionario – y construyó un supuesto ideario “socialdemócrata”
que fue el sustento ideológico para ganar el apoyo de la cúpula burocratizada
de los trabajadores, especialmente los estatales.
Antonio Navarro Wolf personificaba a las llamadas “clases
medias” (pequeña-burguesía, sobre todo urbana) y a los pueblos indígenas y
afrodescendientes. Su ideario vacilaba entre los intereses de la burguesía y
los del proletariado. Querían construir “nacionalidad” con base en la fusión de
intereses entre los capitalistas y los trabajadores. Vano espejismo.
Aprovechando las ilusiones “democráticas” del M-19, la
burguesía aprobó una Constitución supuestamente “garantista”, con un amplio compendio
de “derechos fundamentales”, sociales, económicos y culturales, pero con una esencia
neoliberal. Tal base jurídica le permitió – dado que mantenía el poder –, aplicar el paquete privatizador, la
apertura económica y profundizar la entrega de nuestras riquezas al capital
imperialista.
Los desarrollos políticos y económicos sucedidos durante los
22 años que hay entre 1991 y 2013 ratifican los resultados negativos que dejó
ese pacto para el conjunto del pueblo colombiano. Sus inspiradores todavía lo
defienden sin reflexionar en los hechos concretos. Ni siquiera los conceptos de
multi-etnicidad y pluri-culturalidad han sido desarrollados. Menos, el ordenamiento
territorial que lo ha realizado de facto el gran capital, “ordenando” mediante
el despojo amplios territorios a su amaño, desplazando poblaciones y adecuando
el espacio a sus intereses capitalistas.
Ahora tenemos una nueva coyuntura. Estamos en medio de una
negociación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. Un nuevo pacto de
clases está en desarrollo. La diferencia esencial es que mientras el M-19 logró
convertir una derrota militar en un relativo triunfo político, las FARC desde
1998 ha venido convirtiendo un relativo triunfo militar en una derrota
política.
Es por ello que este nuevo proceso es contradictorio y hasta
paradójico. El paro nacional agrario de 2013 desbordó los acuerdos que se han
firmado en materia agraria. Mientras en La Habana se negocia sobre la condición
impuesta por la gran burguesía de que “no se negocia el modelo económico y
político vigente”, la realidad del movimiento social y popular colocó el tema
de los TLCs y la esencia neoliberal de la política agraria en el primer lugar
de la política nacional.
El gobierno – hábilmente – ya está utilizando esos acuerdos (rebasados por
la dinámica social) para imponer a la sociedad colombiana unos límites que
fueron concertados con una guerrilla políticamente derrotada. Ella no
representa plenamente los intereses del conjunto del pueblo colombiano. En ese
sentido la “paz negativa” de La Habana se convierte en “paz positiva” pero a
favor de los intereses de las clases dominantes.[1]
Las FARC deberían reflexionar
sobre ese tema. Si no tiene la fuerza política para conseguir verdaderas
conquistas para el pueblo colombiano es mejor que no justifique esos límites. Debería
concentrarse en los temas que son necesarios para su integración a la vida
civil y permitir que sea la sociedad la que confronte al Estado en temas económicos
y sociales. Si no puede ofrecer verdaderos avances, es mejor que no le permita
a la oligarquía la autentificación de una política anti-popular a la sombra de
los acuerdos de Paz.
Pareciera que la guerrilla es consciente
de esas contradicciones. Por ello exige la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente. Pero allí se vuelve a equivocar.
La oligarquía colombiana convocó
la Asamblea Constituyente de 1991 porque sabía de antemano que – por un lado –,
iban a imponer sus mayorías y – por el otro – las propuestas que agenciaba el
M-19 no eran un peligro para el ejercicio de su poder. Eran, por el contrario, aprovechables
para adornar de democracia su verdadera dictadura neoliberal.
En la actualidad la situación es
todavía más favorable a la oligarquía. Las fuerzas de los trabajadores y el pueblo
recién empiezan a respirar y a recuperarse. Después dos décadas de de
represión, terror, asesinatos y masacres, de destrucción de organizaciones
populares, amedrentamiento y cooptación de dirigentes, en medio de la
degradación del conflicto armado, los movimientos sociales han reiniciado un
proceso de acumulación de fuerzas que ha mostrado – con este paro agrario – que
las potencialidades son inmensas.
La insurgencia no tiene que
afanarse a firmar un pacto de clases. El que les ofrece la oligarquía es una
verdadera trampa para ellos y para el pueblo. Deben integrarse a la lucha
política sin armas pero confiar en que los trabajadores, los campesinos pobres
y las “clases medias” en proceso de proletarización y empobrecimiento, van a
imponer su propia fuerza en el próximo futuro. ¡Un pacto de los marginados y
oprimidos está en construcción!
Ya vemos como el “pacto agrario”
que ofrece la oligarquía es un engaño. La gran burguesía transnacionalizada no
renuncia a su modelo agro-exportador. La burguesía burocrática a lo máximo que
aspira es a revivir una especie de Fondo DRI, para las zonas o regiones de
colonización que se concierten con las FARC, con escasos recursos económicos y
sin una verdadera institucionalidad estatal. Las ONGs y los grandes
contratistas están ya a la expectativa de quedarse con esos dineros, estafando
una vez más a los campesinos colonos.
La experiencia de países como
Venezuela, Ecuador y Bolivia nos enseña que las Asambleas Constituyentes sólo son
beneficiosas para los trabajadores y los pueblos cuando son convocadas por
gobiernos progresistas y democráticos. Ellas son herramientas adecuadas cuando
son convocadas en medio del ascenso revolucionario del pueblo. Deben ser citadas
y realizadas después de haber derrotado políticamente a la oligarquía.
Hacerlo ahora es facilitarle a la
oligarquía un nuevo “pacto de clases” en donde ellos tienen la hegemonía. Pacto
de “tigre suelto con burro amarrado”.
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