Popayán, 22 de diciembre de 2010
El pasado jueves 16.12.10 se realizó en la localidad de Pescador (Caldono-Cauca-Colombia) una nutrida reunión de dirigentes, directivos y colaboradores de Acueductos Comunitarios de 17 municipios, con la iniciativa y ayuda de las Alcaldías de Corinto y Caldono y algunas ONGs. Se escucharon exposiciones muy importantes e interesantes. La gestión social del agua de las comunidades campesinas indígenas, afros y mestizas es impresionante a lo largo y ancho de nuestra región. La necesidad nos ha obligado a ser creativos en este campo del abastecimiento de agua.
Se hizo evidente que está en marcha un plan continental para crearle condiciones al capital financiero internacional para irse apropiando de este sector de nuestras vidas. Los Planes Departamentales de Agua están diseñados para tal fin. En Colombia la Ley 142/94 se creó con ese propósito pero por ahora sólo los acueductos de las ciudades más importantes tienen las condiciones materiales para que el capital privado se involucre en ese negocio.
Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en organizarse para defender y fortalecer los acueductos comunitarios. Sin embargo, dos posiciones aparentemente contradictorias afloraron en dicha reunión:
Una, se plantea derrotar la política, las normas y leyes de carácter neoliberal vigentes que tienen como principal fin convertir este líquido vital en una mercancía. Se busca entonces que el Estado garantice el derecho fundamental al agua. Se llama a no involucrarnos con los Planes Departamentales de Agua, a mantenernos al margen de los requisitos que exige la Superintendencia de Servicios Públicos, y a defender la autonomía comunitaria así ello signifique renunciar a los recursos nacionales, departamentales y municipales que existen – y son transferidos - para el rubro de agua potable y saneamiento básico.
La otra, considera que si las comunidades se organizan, si son altamente eficientes, adecuando tecnologías acordes a sus condiciones y desarrollan una cultura de sostenibilidad y de responsabilidad social, pueden no sólo mantener su autonomía sino que con mayor autoridad pueden reclamar y exigir modificaciones en las normas nacionales para adecuarla a la realidad de los acueductos rurales, pequeños, comunitarios. Así, la población puede satisfacer los requerimientos vitales relacionados con el agua potable.
Conciliar estas dos posiciones es clave para poder avanzar con una organización departamental y nacional que responda a las necesidades de las comunidades. Es claro que no podemos caer en generalizaciones: debemos estudiar caso por caso. No se puede asimilar la situación de un acueducto de un corregimiento semi-urbano a la de un acueducto interveredal o regional, o la de una zona cafetera – donde se utiliza el agua para beneficiar el café o para el pequeño regadío – con el acueducto de una ciudad en donde el uso del agua es estrictamente doméstico.
Considero que la amenaza de la privatización es cierta pero para la mayoría de las comunidades rurales del Cauca el problema inmediato más grave consiste en el deterioro ambiental. La presión en el Cauca sobre las fuentes de agua es brutal. A lo largo de la panamericana ha crecido una economía cafetera que hoy es importante a nivel nacional. Los ríos y quebradas de las cordilleras central y occidental son cada vez más exigidos en sus caudales para apropiar agua para miles de familias que se han ido ubicando en esa zona que va de sur a norte. Además, la deforestación es brutal por efecto de la economía del narcotráfico, igual que las amenazas que se ciernen por efecto de la minería transnacional a cielo abierto y los efectos del calentamiento global.
Por otro lado, los recursos del Plan Departamental de Aguas ya están siendo dilapidados por el gobierno departamental. En sólo burocracia y pre-inversión (elaboración de proyectos) ya se han invertido miles de millones de pesos, y por ahora, el grueso de esos recursos va a ser invertido en “fortalecimiento institucional” de acueductos de capitales de municipio. Los acueductos rurales no son prioridad para el gobierno. Así mismo, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC cobra periódicamente las tasas por concesión de aguas pero no se observan mayores inversiones en programas y proyectos de conservación de las fuentes hídricas del departamento.
Las dos actitudes expuestas deben entenderse y combinarse. Visión global y acción local. Nuestra gente necesita capacitación a todo nivel: política, económica, administrativa, técnica, legal, ambiental, organizativa. El problema de cómo apropiarse de los llamados “bienes comunes” es una temática que se está estudiando a nivel mundial. En el tema de los servicios públicos domiciliarios no se ha dicho la última palabra.
Transcribo aquí unas conclusiones elaboradas por Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009, que me parecen muy apropiadas para un tema como el de los Acueductos Comunitarios:
“1. Cuando no se permite a los usuarios de un recurso comunicarse, tenderán a sobre-extraerlo a un nivel agregado que se acerca al nivel previsto por la teoría convencional sobre la propiedad colectiva.
2. Cuando se permite a los usuarios comunicarse, obtienen beneficios conjuntos sustancialmente mayores.
3. Cuando los pagos son relativamente bajos, la comunicación cara a cara permite a los usuarios alcanzar y mantener acuerdos cercanos a los niveles óptimos de apropiación.
4. Cuando los pagos son más altos, algunos participantes están tentados a incumplir los acuerdos; los resultados conjuntos mejorados son más bajos que en la situación de pagos bajos.
5. Si se ofrece la oportunidad de participar en un monitoreo costoso y en la aplicación de sanciones, los usuarios están dispuestos a pagar para castigar a quienes sobre-utilizan el recurso común.
6. Cuando los usuarios discuten abiertamente y acuerdan sus propios niveles de uso y sus sistemas de sanciones, el incumplimiento de los acuerdos se mantiene muy bajo y se obtienen resultados cercanos a los óptimos.” [1]
[1] Ver: Ostrom, Elinor. Premio Nobel de Economía 2009. “El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva”. AUM, Fondo de Cultura Económica. México, DF. 2000. pp. 11
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