LA PROTESTA SE JUSTIFICA
Popayán, 8 de enero
de 2016
El minúsculo aumento del salario mínimo es una condición
impuesta por los países de la OCDE (el imperio capitalista global) al gobierno
de Santos.
Se trata de garantizar la rentabilidad de las inversiones
que están proyectando las grandes transnacionales para la etapa del llamado
"postconflicto".
Vienen tanto por los recursos naturales pero principalmente
por la sobre-explotación de los trabajadores, que es la principal fuente de
riqueza.
La política de Santos no es soberana. Todas sus actuaciones
están al servicio del gran capital. Incluido los nuevos impuestos y la venta de
ISAGEN.
Por ello no se puede confundir la "terminación del
conflicto armado" (que hay que apoyar) con una supuesta "política de
paz" de Santos (que no existe, es un embeleco, un engaño).
Para garantizar claridad y contundencia en las protestas que
hay que preparar, organizar e impulsar, es necesario tener claridad en ese
aspecto.
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La situación fiscal del gobierno es desesperada. Se queda
sin recursos para cofinanciar la construcción de las carreteras del 4G y el
llamado "post-conflicto".
El hueco fiscal provocado por la caída de los precios del
petróleo y su errada política económica, supera los 20 billones de pesos para
este año.
Por ello, el mismo gobierno filtró lo planteado por la
comisión de estudio de la reforma tributaria para después presentarse como el
gran salvador. Santos sabe que si impone el IVA a productos básicos de la
canasta familiar, habrá un levantamiento popular.
Por eso va a tratar de incrementar el IVA pero con
"suavidad" y con el argumento de la "paz". Y paralelamente,
ajustará otros impuestos, especialmente gravará las rentas e ingresos de
trabajo (ingresos y salarios de la "clase media").
Es una jugada perversa para distraer y justificar la venta
de ISAGEN. Hay que oponerse con todo a la venta de ese bien común que tiene un
carácter estratégico. Hay que cogerles la caña a los liberales y al CD
uribista.
Sin temor hay que organizar un gran frente contra esa
privatización que tiene carácter confiscatorio y expropia en favor de empresas
transnacionales una propiedad que es de todos los colombianos.
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